La justicia le exige al Banco Central que informe dónde está el oro de las reservas

La justicia le exige al Banco Central que informe dónde está el oro de las reservas

 

Cuando LPO reveló que Toto Caputo y Santiago Bausili sacaron del país las reservas de oro del Banco Central, en un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario.

El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen dónde está el oro y qué tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quién lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.

Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro.

 En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.

El vice del Central viajó a Basilea y crece la incógnita sobre el destino del oro que entregó Argentina

Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la «administración» de la reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.

 Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. «La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado», sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido. 

La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado.

En efecto, hace más de un año, el líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo preguntando si efectivamente envió lingotes de oro al exterior, cuántos, en qué fechas, con qué destino y bajo qué condiciones, tal como reveló LPO en ese momento. 

El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que «había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas», sin precisar monto, destino ni motivo concreto. 

La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central. 

Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo.

El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras. La falta de transparencia no es solo un problema para analistas curiosos. 

LPO reveló en exclusiva que la Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es «confidencial» y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos.

Bausili se resiste a entregar información a la Auditoria sobre las operaciones con el oro y el préstamo repo

La cuestión adquiere otro matiz cuando se mira el contexto internacional: el precio del oro alcanzó niveles récord y ronda los USD 4.400 la onza. Ese aumento de precio actúa como un salvavidas contable para las reservas del país. Aunque las reservas líquidas, las que realmente se pueden utilizar para pagar importaciones o deuda están hundidas, el aumento del valor del oro hace que el deterioro no sea aún peor. 

Según estimaciones de analistas de LCG, las reservas netas reales del BCRA podrían estar en torno a USD 18.000 millones negativos, un rojo espeluznante que sería aun peor si el oro de alto precio no estuviese amortiguando parcialmente la caída. 

La paradoja es que los lingotes están en destino desconocido y aun así siguen computando como reservas en los balances oficiales. Pero so se sabe si esas onzas están depositadas en el Banco de Londres o Basilea -como trascendió en su momento- y si están aportando rendimiento o fueron depositadas como garantía para obtener financiamiento en dólares. 

A esa nebulosa se suma la crítica política. Diversos referentes de la oposición y ex funcionarios, como Martín Redrado, exigieron al BCRA mayor transparencia sobre el manejo del oro y cuestionaron que la entidad evada explicar que hizo con ese activo.

Como sea, la pregunta sigue flotando en el aire: ¿dónde está el oro de la Argentina? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Bausili.

 

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    Renunció Cordero Fabbri: se cae otro engranaje del escándalo de las coimas de Karina en la ANDIS

     

    La salida de Ernesto Camilo Manuel Cordero Fabbri de la Oficina Anticorrupción profundiza la crisis que gira en torno a las presuntas coimas del 3% para Karina en la ANDIS. El funcionario, ya señalado en una investigación de Noticias La Insuperable por su vínculo con Miguel Ángel Calvete, presentó su renuncia en medio de un clima que huele cada vez más a encubrimiento, armas, listas manuscritas y negocios turbios con fondos destinados a personas con discapacidad.

    Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable

    Un renunciante que ya venía manchado

    La renuncia de Cordero Fabbri no cayó del cielo. Hace apenas unos días, Noticias La Insuperable expuso su nombre dentro de la lista manuscrita que manejaba Miguel Ángel Calvete, acusado de ser el operador central del denominado “choreo a los discapacitados” que dejaba un 3% para Karina. Con ese dato, Rodolfo Tailhade encendió todas las alarmas: el funcionario aparecía no solo en la lista de recaudadores sino también como abogado personal de Calvete en la causa donde este último terminó condenado por facilitación de la prostitución.

    Esa doble condición —funcionario de la Oficina Anticorrupción y defensor del jefe del entramado— ya era, de por sí, un escándalo institucional.

    La OA, la lista del “Tuco” y un cargo imposible de sostener

    Según expuso Tailhade, la lista incautada a Calvete incluía nombre, apellido y rol de Cordero Fabbri, que desde 2014 integraba un área clave de la OA: Coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias. El mismo que debía recibir denuncias de corrupción aparecía, según la investigación, vinculado a quienes las cometían.

    Como si esto fuera poco, su declaración jurada de 2021 consignaba ingresos patrimoniales en 1969, casi veinte años antes de haber nacido. Un registro absurdo, pero asentado oficialmente.

    Mientras tanto, ni Alejandro Melik (titular de la OA) ni Mariano Cúneo Libarona (Justicia) movieron un dedo. Cordero Fabbri siguió en su cargo como si nada.

    Hasta hoy.

    Finalmente, la renuncia

    En las últimas horas se confirmó que Camilo Cordero Fabbri dejó su puesto en la OA. Según trascendió, presentó su renuncia luego de que se multiplicaran los pedidos de explicaciones por su rol en el caso. El funcionario representaba jurídicamente a Calvete en la causa donde el operador recibió una pena de cuatro años de prisión por explotación de la prostitución ajena.

    La presión mediática, política y judicial hizo imposible sostenerlo. La renuncia, sin embargo, no aclara nada: solo muestra que el gobierno intenta despegarse del escándalo cuando el agua ya llegó al cuello.

    El caso ANDIS aprieta: Picardi avanza

    El fiscal Franco Picardi investiga a Calvete, al ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo y a otros 14 implicados por integrar una organización que direccionaba las compras de las Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), un área especialmente sensible porque maneja tratamientos quirúrgicos complejos y medicamentos biológicos para enfermedades raras.

    Es decir: plata para las personas con discapacidad.

    La acusación es clara: una estructura aceitada que recaudaba retornos, direccionaba compras y filtraba negocios para unos pocos. Y que, según las revelaciones ya conocidas, dejaba un 3% para Karina.

    La caída de un engranaje no desarma la máquina

    La renuncia de Cordero Fabbri puede leerse como un intento desesperado de Milei por despegarse de uno de los capítulos más oscuros de su gestión. Pero la estructura denunciada por Tailhade no depende de una sola persona: involucra funcionarios, operadores, abogados, ex directores y relaciones que vienen de años.

    Como ya había mostrado Noticias La Insuperable, Calvete movía su red con total impunidad. Que uno de sus defensores fuera funcionario clave de la OA no fue un accidente, sino parte del mismo entramado.

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    Si un funcionario de la Oficina Anticorrupción aparece en listas de recaudación ilegal, tiene un patrimonio inexplicable, porta un arsenal de armas y oficia de abogado de quien lideraba el “choreo” en la ANDIS…

    ¿Quién controla a los que supuestamente controlan?

    En un gobierno donde Milei grita que lucha contra la casta, lo que surge aquí no es épica libertaria sino una trama de complicidades, favores cruzados y silencios funcionales.

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