Nada de pan: circo, precarización y despidos
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Nada de pan: circo, precarización y despidos

 

Una macrista del núcleo duro PRO le pone el autocrático sello anti-derechos a la cultura porteña desde hace dos años.

Por Nerio Corello para Noticias La Insuperable

La nostalgia del circo enternece hasta al más desencantado de los ancianos, atraviesa generaciones en virtud de la oralidad familiar e impacta en la cultura gracias a las propuestas que actualizan la tradición circense. Una relación estrecha con este arte parecería, a priori, una buena carta de presentación para cualquier funcionario con responsabilidades en la cartera cultural porteña.

Gabriela Ricardes, actual ministra de cultura de la Ciudad de Buenos Aires, en funciones desde fines de 2023, impulsó en 1995 el proyecto “Circo de la Costa”, en 2000 fundó el circo escuela “El coreto” y el Centro de Artes del Circo de la Provincia de Buenos Aires. Su formación circense, teórica y práctica, es amplia e internacional. A la luz de estos datos, ¿quién no festejaría su nombramiento?

Los amantes del teatro, que no ignoran la importancia del circo criollo para nuestra tradición escénica, tal vez hayan creído que se trataba de la excepción que confirma la regla de elección de funcionarios impresentables que rige al macrismo. Pero no, con macrismo no hay excepciones ni paraíso: puliendo un poco los archivos, el oro de Ricardes trueca en oropel.

Entre tanto canto de sirenas circense, la actual ministra también cultivó un ultra-derechismo rancio traducido en acciones: como directora del Centro Cultural San Martín, protagonizó tropelías varias ligadas a feroces represiones, contrataciones irregulares y turismo personal a costa de «las cajas especiales» que su mentor, Hernán Lombardi, exprimía gracias al decreto 556 del GCBA.

Como secretaria de Contenidos Públicos, siempre bajo la égida del ex Grupo Sushi, dejó sin trabajo a casi seiscientos empleados del CCK. Ufana, sin fundamento alguno, tildó de ñoquis a las víctimas. Más tarde, en 2022/23, con nuevo cargo, puso en el freezer la actividad artística del Complejo Teatral de Buenos Aires y su conservadurismo se vio claro también en la desigualdad de género en la programación 2023 del CTBA.

Este resumido historial de Gabriela Bárbara Ricardes puede ampliarse –delicados de estómago, abstenerse- con las investigaciones de Juan Alonso (octubre de 2015) y María Daniela Yaccar (diciembre de 2023), e informes intermedios como el de Mariana Carbajal (noviembre de 2022) o la tesis doctoral de Julieta Infantino, “Circo y política cultural en Buenos Aires” (2014), publicada en junio de 2015 en la Revista del Museo de Antropología, vol. 8, no.1, Córdoba.

Entre acrobacias que finalmente la enquistaron con múltiples beneficios personales en la función pública, agachadas que enfurecieron al colectivo circense que tanto le dio, e inclemencias de variada índole que perjudicaron a trabajadores, artistas y espacios culturales, Ricardes llegó al ministerio porteño con su primera consigna: desplazar a Jorge Telerman -a quien había sucedido en el CTBA- y entregarle el Colón a Gerardo Grieco y adláteres.

Por información que ya circula a pesar de la pauta que beneficia con silencio mediático al GCBA, y artículos publicados aquí, en NLI, sabemos que su objetivo de ajustes en el Teatro Colón también incluye una precarización laboral que comienza en el cuerpo estable del ballet y no se prevé hasta qué punto de indignidad llegará:

la dirección del ente autárquico [Teatro Colón] y el gobierno de Jorge Macri con Ricardes en Cultura promulgaron el miércoles 12 [de febrero] el decreto 71/2025 que establece la creación del «Cuerpo Artístico de Ballet».
La creación de un nuevo cuerpo artístico que desarrolle la misma tarea que otro ya consagrado a lo largo de un siglo es una de las maneras que ha encontrado la dirección para profundizar el desguace y aniquilar todo tipo de derechos adquiridos. (“El Ballet Estable del Teatro Colón en peligro de extinción”)

En paralelo, a partir de mediados de 2024, Ricardes encaró, con ajustadora mano de hierro, el cierre sorpresivo de al menos un centenar de talleres culturales gratuitos (Programa Cultural en Barrios) a través de la Dirección General de Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura, y la virtual paralización o recortes profundos en el área de Impulso Cultural.

En línea con la batalla cultural libertariana, desde el GCBA Gabriela Ricardes representa el fanatismo anti-derechos, desde el fomento de la desigualdad de géneros hasta la indignidad laboral de la precarización, la visión elitista, prebendaria y privatizadora de la cultura, el conservadorismo reaccionario y el espíritu del ajuste regresivo.

Puede inferirse que la insolencia del director uruguayo del Teatro Colón, Gerardo Grieco, que asombró por su desparpajo ofensivo a fuerza de calumnias, no es más que la punta de iceberg de una política de desguace e iniquidad que la ministra Ricardes parece decidida a llevar hasta las últimas consecuencias.


 
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    Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La insuperable

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    La causa federal: 134 millones por presunto fraude al Banco Nación

    Según la investigación judicial, la jueza federal Belén López Macé ordenó un embargo por 134 millones de pesos en el marco de una causa por fraude contra la sucursal del Banco Nación de Quitilipi (Chaco). La sospecha no es menor: Paoltroni habría librado y endosado cheques a través de empresas vinculadas que luego fueron desconocidos, una maniobra que excede la simple negligencia y habilita el camino penal.

    No se trata de un expediente técnico, señalan desde EnOrsai: es dinero público en riesgo y un legislador nacional operando sobre el sistema bancario con estructuras empresariales opacas. Y todo esto mientras Milei declama auditorías y “fin del curro” como mantra de ocasión.


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    En paralelo, la Fiscalía de Estado de Formosa ejecutó multas por más de 104 millones de pesos contra firmas vinculadas directa o indirectamente a Paoltroni por desmontes sin autorización.

    Los registros oficiales hablan de 904 hectáreas afectadas, pero estimaciones internas elevan el número a 2.239 hectáreas, en zonas como Ibarreta, Estanislao del Campo y Subteniente Perín. La práctica es conocida: desmontar, sembrar, producir, pagar la multa años después y seguir facturando. Un esquema que en Formosa se naturalizó y que ahora, con este caso, vuelve a quedar expuesto.


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