El despliegue de Estados Unidos en el caribe es cada vez más grande y amenaza con un inminente ataque por tierra que pondría a la región en una situación de caos total. Pero la narrativa explosiva y la idea de una intervención que motorizan los sectores duros de los republicanos y la oposición a Nicolás Maduro se mezcla con la posibilidad de un diálogo entre Donald Trump y Nicolás Maduro que podría poner una pausa a esa ofensiva.
Como sea, la tensión es máxima y quien aparece como el gran articulador de toda esta presión es Marco Rubio, sectario de Estados que fue corrido de las decisiones en otros conflictos como la guerra en Ucrania o la tensión con Brasil por la prisión de Jair Bolsonaro para dejarlo solo en el tema Venezuela.
Rubio ganó una interna en ese sentido porque logró el desplazamiento de Richard Grenell, enviado especial de la Casa Blanca, muy cercano a Chevron que había tendido puentes con Maduro pero quedó fuera de la escena.
En ese contexto, el sito estadounidense Político dijo que la campaña de presión de Rubio está motivada en su pretensión de ser candidato a presidente en 2028.
«Si la estrategia fracasa, podría arruinar las perspectivas presidenciales de Rubio, perjudicando su imagen ante votantes clave, especialmente en su estado natal, Florida. Rubio, quien también se desempeña como asesor interino de seguridad nacional, es uno de los principales artífices de la estrategia del gobierno para Venezuela, que incluye un masivo despliegue militar estadounidense en el Caribe y letales ataques aéreos contra barcos presuntamente transportando drogas», detalla el prestigioso medio norteamericano.
Si la estrategia fracasa, podría arruinar las perspectivas presidenciales de Rubio, perjudicando su imagen ante votantes clave, especialmente en su estado natal, Florida. Rubio, quien también se desempeña como asesor interino de seguridad nacional, es uno de los principales artífices de la estrategia del gobierno para Venezuela, que incluye un masivo despliegue militar estadounidense en el Caribe y letales ataques aéreos contra barcos presuntamente transportando drogas
En ese sentido afirma que «el objetivo declarado de la campaña es combatir a los cárteles de la droga, pero funcionarios estadounidenses y personas cercanas al gobierno afirman que Rubio y sus asesores esperan que la campaña conduzca a la caída de Maduro».
«La disposición del presidente Donald Trump a ejercer tanta presión sobre Maduro es, en cierto modo, ideal para Rubio y otros floridanos de línea dura que desde hace tiempo han detestado a los autócratas de izquierda latinoamericanos. Pero para Rubio, a quien Trump ha nombrado como posible sucesor en 2028 junto al vicepresidente J.D. Vance, la operación conlleva riesgos políticos especiales. Si no logra derrocar a Maduro, Rubio podría perder el apoyo de los exiliados latinoamericanos, especialmente en Florida», sostiene.
La estrategia de hacer cae a Maduro es compleja y pone en tensión a la base republicana porque los seguidores al MAGA, la línea dura y original del trumpismo como Steve Bannon o Tucker Carlson no comparten la idea de una intervención militar porque podría replicar las experiencias de Irak y Afganistán.
LPO adelantó en exclusivo que el príncipe saudí, Mohammed Bin Salman, estrecha lazos con Trump y busca alejarlo de un conflicto armado en Venezuela evitar un conflicto directo y forzar una transición dentro del régimen.
La disposición del presidente Donald Trump a ejercer tanta presión sobre Maduro es, en cierto modo, ideal para Rubio y otros floridanos de línea dura que desde hace tiempo han detestado a los autócratas de izquierda latinoamericanos. Pero para Rubio, a quien Trump ha nombrado como posible sucesor en 2028 junto al vicepresidente J.D. Vance, la operación conlleva riesgos políticos especiales. Si no logra derrocar a Maduro, Rubio podría perder el apoyo de los exiliados latinoamericanos, especialmente en Florida
La jugada de Rubio genera nerviosismo porque una salida de Maduro no garantiza que las Fuerzas Armadas Bolivarianas sean leales a la oposición y la necesidad de dejar militares estadounidenses en el territorio alargaría el conflicto.
Matthew Bartlett, estratega republicano que trabajó en el Departamento de Estado durante el primer gobierno de Trump, afirmó a Político que «en la base del MAGA no hay apetito ni voluntad política para un cambio de régimen en Venezuela». «Si bien ese grupo de votantes podría estar dispuesto a aceptar acciones militares con un propósito específico, desconfía de intervenciones estadounidenses más imprecisas», agrega.
Barlett destacó que «como vimos con los ataques a Irán, la guerra está en el ADN del Partido Republicano. La gente se convenció. Pero aún existe una gran reticencia a una mayor implicación con motivos poco claros».
La no reelección de Trump acelera los tiempos de sus sucesores pero Rubio dejó en claro que no será candidato si JD Vance decide presentarse con la bendición de Trump. Por eso, en Washington se habla de una posible formula con el Secretario de Estado como vicepresidente.
De todas formas, no se descarta que sea candidato a gobernador de Florida donde los votos de los migrantes venezolanos y cubanos son claves.
Como sea, se viven horas decisivas en lo que puede ser un ataque de Estados Unidos a Venezuela y el futuro de Marco Rubio parece depender del éxito o fracaso de esa arriesgada operación. Por lo pronto, la declaración de Trump como terrorista al Cartel de los Soles y al propio Maduro le da herramientas para una intervención.
Entre las causas que forzaron la renuncia del juez federal Marcelo Bailaque, tuvo especial resonancia el armado de una causa penal a un agente de bolsa rosarino, al que le pidieron 200 mil dólares para ser beneficiado en el trámite. Una serie de audios incorporados al expediente descubre que en este caso intervino en un rol activo un operador que actúa en la cumbre del Poder Judicial de la Nación. Y que las presiones para que se avanzara en esa causa espuria venían de Buenos Aires.
El agente de bolsa al que en 2019 le armaron una causa penal a partir de un anónimo que recayó en el juzgado del ex juez Bailaque es Claudio Iglesias. Ese anónimo denunciaba, sin ningún dato concreto, que Iglesias manejaba una de las cinco grandes mesas de dinero de Rosario y que había lavado activos para la banda de Los Monos. Con ese solo elemento, inusualmente desestimado por genérico, Bailaque formó causa penal contra Iglesias y, como nunca hacía, conservó para sí la investigación sin derivarla a un fiscal.
Los audios aludidos son una especie de hoja de ruta de cómo se armó esa causa y de los intereses que había en Buenos Aires para su impulso. Los que los intercambian son Santiago Busaniche, un escribano santafesino que desde hace 25 años es un lobista free lance en el Poder Judicial de la Nación, y el ex director regional de ARCA, ex AFIP, en Rosario por esos tiempos, Carlos Vaudagna.
Busaniche reside en el Palacio Paz, la joya arquitectónica de Santa Fe 750 donde está el Círculo Militar de Buenos Aires, frente a la Plaza San Martín. Ese departamento fue allanado hace dos semanas, al igual que la escribanía de su familia en Santa Fe. Vaudagna desde la ex AFIP asesoraba a fuertes contribuyentes para ayudarlos a evadir sumas millonarias. Está imputado junto al ex juez Bailaque y al financista rosarino Fernando Whpei por urdir la causa contra Iglesias, quien por esos días aspiraba a postularse a presidente en la aseguradora San Cristóbal.
El 14 de agosto de 2019 se presentó la denuncia anónima en el juzgado de Bailaque. El magistrado mandó oficios a AFIP, a la Fiscalía de Rosario, a la Bolsa de Comercio, a la Inspección General de Justicia y a la UIF requiriendo información sobre Iglesias. El 29 de octubre de ese año Busaniche tiene una primera y sugestiva comunicación con Vaudagna. Le remite un audio a su teléfono y le dice:
Carlitos, ¿cómo estás? Bueno, ya me hablaron hace un rato de Buenos Aires, como veras tempranito ya. Tratá de verlo a Marcelo lo antes que puedas, tratá de darle algo y pregúntale de acá al viernes qué día va a ser la visita. Yo quedé que hoy más tarde, después de la reunión de vos con él, ya le iba a precisar un día. Ya está hablado con él y demás. Avísame, por favor, cuando puedas. Un abrazo grande. Gracias.
En este mensaje queda claro para los investigadores que Busaniche le pide a Vaudagna que desde la AFIP que conduce le remitan algún informe sobre la situación fiscal de Iglesias para mandarle a «Marcelo», que es el juez Bailaque. La alusión al día de «la visita», interpretan, refiere a los allanamientos a realizarse contra Iglesias. Estos ocurrieron dos días más tarde: el 1º de noviembre de 2019.
En un segundo audio, a instantes del primero, Busaniche insistía:
Pero me dijo ayer Marcelo que hoy te veías con él, ¿puede ser? Trata de verlo, de darle hoy mismo algo y que te defina una fecha porque te juro que no aguanto más la presión, no aguanto la temperatura, Carlitos, dame una mano con esto. Te agradezco mucho, avísame por favor.
Carlos Vaudagna.
La respuesta de Vaudagna llega enseguida:
Bueno, lo voy ir a ver, entonces. El tema es que yo había quedado que le mandaba el escrito con la gente que lo iba a laburar, porque que vaya yo no tenía mucho sentido, porque por ahora es ver nomás los papeles, y cuando tenga algún punto de donde agarrarme, sí, ir a verlo, pero listo, voy y lo lo veo, lo veo hoy mismo, Santi.
Los mensajes escritos que continúan de parte de Busaniche son los de un hombre extrañamente agobiado por las presiones que recibe. Le dice en relación a Bailaque y el allanamiento: «No puedo dar más vueltas. Necesito que haga eso por favor». Agrega: «Él ya sabe que tiene que ser de acá al viernes. Gracias por entender». Vaudagna lo tranquiliza: «Ok, querido, ayudo en todo lo que puedo». Y Busaniche dice: «Te lo voy a agradecer mucho. Decile que haga eso».
Efectivamente, como deseaba Busaniche, los allanamientos a Iglesias se concretan el viernes 1º de noviembre. Después de eso, Vaudagna, con el detalle de los elementos secuestrados, le manda un audio al juez Bailaque:
Marcelo, quería comentarte que hemos encontrado en la oficina de Iglesias, en la compañía de seguros, contratos y contradocumentos interesantes, y secuestramos una computadora y una tablet también en otro domicilio. Hasta ahora, eso es lo más jugoso que tengo. Abrazos, Marcelo.
La causa entró en una extraña y súbita parálisis hasta 2021. Pero hubo un pedido de nulidad de los defensores de Iglesias de las actuaciones que habría motivado varias cosas. Primero, algo ya admitido, un intento de que el abogado tributarista de Rafaela Guillermo Zenklusen tomara la defensa de Iglesias. Eso lo negoció como mediador el financista Whpei, que es, según Iglesias, a quien le pagó en cinco encuentros un total de 160 mil dólares para frenar la causa en su contra. En el medio de esos movimientos, Busaniche se volvió a comunicar con Vaudagna para mayo de 2021:
Carlitos, ¿sabés qué necesito? Que respondan lo antes posible este oficio de la AFIP al juzgado federal N° 4 del doctor Marcelo Bailaque. ¿Me das una mano con la gente de Rosario conocida tuya? Me hacés ese favor. De paso, me dijo Marcelo que te llamó para comer, pero bueno, que no, ese día no podías.
Marcelo Bailaque.
Vaudagna le responde de inmediato:
Hola, querido, ¿cómo andás, viejo? Ya ya hablo con la gente de Jurídica que me responde. Esos son recontra fieles. ¿Cómo es? Sí, me llamó Marcelo, pero vos sabés que me llamó, ponele, un miércoles a las 11 para ir a comer al mediodía, y yo… es un despelote, ¿viste? No este, el otro, y me volvió a llamar este miércoles y yo estaba en Rosario, así que no me puedo cruzar con Marcelo todavía. Pero obviamente que lo voy a hacer, ni bien pueda, y te llamo y nos juntamos todos. Che, loco, ya me ocupo de esto, Abrazo, viejo. Chau.
Unos días después reanuda Busaniche su pedido:
Carlitos, ¿cómo estás? Bueno, si vas a andar por Buenos Aires, avisame, yo voy a estar hasta el viernes a la mañana allá. Che, Carlitos, bueno, si podés reforzá, a ver que manden ese oficio de una buena vez, y si el informe es bueno, mejor todavía, así ya cierran esa novela. Te agradezco muchísimo. Disculpá que te moleste.
Según expone la fiscalía, y lo refuerza con el testimonio del agente de Bolsa, para entonces Iglesias iba concretando el pago de los sobornos que implicarían el cierre del trámite en su contra. Es por eso que aparece el apuro de los que orquestaron la apertura de la causa. Necesitan documentos oficiales que respalden la idea de que el agente bursátil y directivo de San Cristóbal no está complicado en el delito que motivó que lo implicaran.
Busaniche vuelve a mandarle un mensaje a Vaudagna:
Carlitos, ¿cómo estás, querido? Che, insisto y te pongo énfasis en eso del oficio de AFIP. Tratá de que sea, que no los comprometa los tipos si ya terminamos con esa novela, ¿viste? Yo ya hablé con Marcelo. Necesita eso tenerlo, a más tardar, lunes o martes de la semana próxima. Haceme el favor, Carlitos. Te agradezco mucho. Un abrazo grande.
Vaudagna le responde por texto que está en el tema, que se reunió para eso con el jefe del área Jurídica de AFIP, Pablo Alegri, directivo que está implicado en la causa por extorsión, que se lo pasó a su superior para que lo firme. En otro texto, le señala que el problema para agilizar es que «cuando lo tiene que firmar el boludo del director se fuga y desaparece dos semanas. Y a él no llego yo».
Hay un último mensaje de Busaniche en el que pide de nuevo el informe de AFIP a Vaudagna:
Carli, ¿cómo estás? Che, Carli, bueno, yo te estoy viendo, mañana, pasado, en estos días me traen la documental de AFIP que tienen que acompañar por el caso que te vi. Eso por un lado. Por el otro, me dicen que el oficio por el cual te molesté pidiéndote el favor, ya lo respondieron. Primera pregunta: ¿Se podrá conseguir una copia de eso? Y segundo, que me confirmes que efectivamente lo hayan respondido. Un abrazo grande, muchas gracias.
Busaniche demuestra conocimiento interno de lo que pasa en los juzgados, refiere que habla con Bailaque, que está al tanto del trámite contra una persona a la que le están exigiendo dinero y muy interesado en el curso del expediente.
Pasan cosas llamativas en menos de un mes, entre agosto y septiembre de ese 2021. El 2 de agosto de ese año Bailaque llama a Iglesias para tomarle declaración indagatoria. Es a esta instancia donde el grupo pretendía que su defensor en esta instancia fuera Zenklussen. La razón es que no querían un planteo defensivo destemplado por las contradicciones y desmesuras del armado que derivó en la imputación. El 18 de agosto Iglesias y el empresario Jorge Oneto, al que implican en la misma causa, son indagados. Dos semanas después, el 7 de septiembre, Bailaque le dicta falta de mérito a Iglesias.
La intensidad de la insistencia de Busaniche, primero por implicar a Iglesias en la causa y luego por aliviarlo, deja ver dos cosas para los investigadores fiscales de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac) en Rosario. Primero que era parte del grupo extorsivo o que trabajó para que ese chantaje se concretara. La segunda -que se desprende de sus palabras- es que ese interés, que él llama repetidamente presión, viene de Buenos Aires.
Hace tres semanas, el 7 de octubre, Vaudagna amplió su declaración como arrepentido antes seis fiscales. Allí el ex jefe de la AFIP de Santa Fe y de Rosario dio pistas cuando los fiscales se le fueron encima sobre quién podía ser la persona que en Buenos Aires estaba tan pendiente de la causa de Bailaque en Rosario contra Iglesias y Oneto.
«El colorado»
Le citaron alguno de sus audios. Precisamente donde Vaudagna le reenvía a Busaniche el audio en el que le informa a Bailaque los resultados del allanamiento. Allí Vaudagna, después de pasarlo, le pide a Busaniche que no le pase crudos los materiales «al colorado».
La referencia, reconoció Vaudagna, era al por entonces administrador general de la Corte Suprema de la Nación, Héctor Daniel Marchi, oriundo de Rafaela y clave en la gestión de fondos judiciales. Un hombre que suele ser mencionado como cercano al ministro Ricardo Lorenzetti, lo que el integrante de la Corte Suprema le negó hace dos semanas a LPO. Vaudagna dijo a los fiscales que había un interés directo en que se perjudicara a Iglesias en relación a sus aspiraciones a ser candidato a presidente en San Cristóbal, una de las compañías aseguradoras más importantes del país, con sede en Rosario.
La referencia, reconoció Vaudagna, era al por entonces administrador general de la Corte Suprema de la Nación, Héctor Daniel Marchi, oriundo de Rafaela y clave en la gestión de fondos judiciales. Un hombre que suele ser mencionado como cercano al ministro Ricardo Lorenzetti, lo que el integrante de la Corte Suprema le negó hace dos semanas a LPO.
Lo que queda al desnudo para la fiscalía con la declaración de Busaniche, manifiesta un interés extremo en que se avance con informes oficiales contra el agente de Bolsa Claudio Iglesias y que posteriormente se realicen allanamientos en su contra.
A dos días de los primeros audios consignados en esta nota a Claudio Iglesias le abrieron una causa por lavado de dinero. Para formalizarla con mayor fuerza, dicen los fiscales, incluyeron a Jorge Oneto en esa causa, que era operador de bolsa y acababa de estar públicamente implicado en un delito de fraude inmobiliario del que terminó sobreseído.
Héctor Marchi.
Con elocuencia queda indicado, también porque lo reconoce Vaudagna hace tres semanas en su testimonio agregado, que Busaniche tiene un rol activo en la trama de este chantaje en el que Iglesias paga para ser desvinculado. Como ocurre cuando el juez Bailaque le dicta un falta de mérito a tres semanas de indagarlo sin que medie ninguna novedad. Más que el agregado del documento de AFIP que Busaniche tanto apuraba.
Ligado a la política santafesina, al mundo económico y especialmente al judicial, Busaniche tiene 52 años. Fue empleado de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, a donde ingresó por impulso del ex diputado provincial Julio Gutiérrez, de quien es yerno. Reside en Buenos Aires hace veinte años y se mueve entre funcionarios del mayor nivel del Poder Judicial de la Nación y de los servicios de inteligencia del Estado. Tiene mucha influencia en las designaciones de personal en el ámbito de la Justicia Federal de Rosario, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires. Tras los allanamientos de hace dos semanas, los fiscales federales Juan Argibay Molina y Diego Velasco, de Procunar, solicitaron su imputación.
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El ex jefe de Gabinete Guillermo Francos sigue figurando como director titular de YPF, una semana después de haber dejado su cargo. La petrolera estatal no aclara si continúa cobrando los honorarios millonarios aprobados en abril de 2024, mientras el Gobierno recorta fondos a jubilados y universidades. Un caso que que vuelve a desnudar los privilegios de los funcionarios del mileísmo.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable
El misterio del salario de Guillermo Francos se transformó en uno de los temas más comentados de la semana. Tras su salida del Gabinete el 3 de noviembre, el ex ministro todavía figura en los registros oficiales de YPF como director titular Clase A, en representación del Estado nacional. La empresa, sin embargo, no confirma ni desmiente si continúa cobrando el salario de 70 millones de pesos mensuales, una cifra que contrasta brutalmente con la austeridad que el propio Milei dice imponerle al país.
La noticia, publicada por La Política Online el 10 de noviembre, generó un fuerte revuelo y reabrió un viejo debate sobre los privilegios dentro del gobierno libertario. En paralelo, el periodista Nicolás Valdez, desde el portal EnOrsai, recordó que los honorarios fueron aprobados durante la asamblea de abril de 2024, cuando el directorio —integrado por Nicolás Posse, María Ibarzábal, Rolandi y el propio Francos— multiplicó por cinco los montos anuales, pasando de 2.000 a más de 10.000 millones de pesos. Cada director pasó así a percibir un equivalente a 70.000 dólares mensuales, al tipo de cambio blue de entonces. Todo esto, en plena prédica del “no hay plata”.
Durante su etapa como funcionario, Francos había presentado documentos asegurando que renunciaba a cobrar esos honorarios, percibiendo únicamente su sueldo como ministro. Pero ahora, sin cargo público, su permanencia en el directorio reaviva las sospechas. Consultadas por LPO, fuentes de YPF se limitaron a responder: “No sabemos”.
El silencio oficial y la doble moral libertaria
Desde el Ejecutivo dejaron trascender que Francos “no está obligado a renunciar” a su puesto en la petrolera, lo cual deja abierta la puerta a que siga cobrando. La justificación, sin embargo, choca de frente con el discurso del ajuste. Mientras jubilados, docentes y personas con discapacidad ven recortados sus recursos, los funcionarios cercanos al poder parecen moverse con impunidad. Una vez más, la motosierra no corta para arriba.
La situación se vuelve más incómoda todavía porque Lisandro Catalán, ex secretario del Interior y mano derecha de Francos, ya solicitó ocupar su asiento en el directorio de YPF. Es decir, mientras nadie aclara si el ex ministro sigue cobrando, ya hay cola para sucederlo. La escena revela con crudeza la lógica interna del mileísmo: predican el ajuste, pero se reparten los privilegios.
El “salariazo” que destapó la hipocresía
El tema de los sueldos de YPF no es nuevo. En abril, los diputados Itai Hagman y Marcela Pagano habían denunciado el “salariazo” del directorio, cuestionando que se duplicaran y triplicaran los ingresos de sus miembros mientras se desfinanciaban las áreas sociales del Estado. En ese momento, Francos se defendió mostrando un certificado que acreditaba que no cobraba honorarios. Pero ahora, sin esa restricción funcional, la falta de una renuncia formal mantiene todo en un limbo que nadie parece querer despejar.
La contradicción es evidente: el gobierno de Milei ajusta al pueblo, pero protege a sus propios funcionarios. En nombre del “orden fiscal”, despide trabajadores estatales, congela salarios y recorta presupuestos, pero se muestra incapaz de aclarar si uno de sus hombres fuertes sigue cobrando millones de una empresa estatal.
Transparencia ausente, privilegios presentes
La permanencia de Francos en YPF expone una falla estructural: la opacidad en la gestión de las empresas públicas bajo el actual gobierno. El 51% de YPF pertenece al Estado, lo que convierte cada decisión, cada sueldo y cada designación en una cuestión de interés público. Sin embargo, la falta de respuestas oficiales y la ambigüedad del Ejecutivo sólo alimentan la desconfianza.
Mientras Milei insiste en que “no hay plata”, el caso Francos se convierte en una metáfora del doble estándar moral del mileísmo. Hay plata, pero para los amigos del poder.
La pregunta sigue abierta y nadie parece dispuesto a contestarla: ¿Guillermo Francos sigue cobrando de YPF? En la empresa dicen no saberlo. En el gobierno prefieren callar. Y el silencio, como siempre, vale más que cualquier explicación.
