Rucci asumió un nuevo período en Petroleros y alertó sobre la defensa de derechos

 

Bajo el lema «Hacia una PFA moderna y orientada hacia la investigación», el presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron los alcances del decreto 383/2025, que modifica la ley orgánica de la fuerza, la separa de la Justicia y amplía su autonomía para realizar ciber patrullaje de las redes sociales, requisas, allanamientos y detenciones de personas y vehículos sin orden judicial. Además, habilita a la PFA a «esgrimir ostensiblemente sus armas» y redefine su función central como ejecutora de las políticas de «seguridad nacional». En este marco, inauguraron el Departamento Federal de Investigaciones (DFI). «Vamos a aprender de Estados Unidos e Israel y a colocar a la PFA en los estándares del FBI», celebró Milei. Mientras que Bullrich anunció que «el corazón de esta nueva PFA» será «llegar al hueso de cada una de las organizaciones que intentan tener poder y dinero en este país». María del Carmen Verdú, abogada e integrante de CORREPI, alertó: «ya no estamos en un estado de excepción no declarado, sino ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos, garantías y libertades democráticas. Están reestructurando todo el sistema represivo estatal», aseguró. El Estado policial avanza. Por ANRed.

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Tras publicar esta madrugada en el Boletín Oficial el decreto 383/2025, este martes 17 de junio a las 14.15 en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron los detalles del DNU, que separa a la Policía Federal de la Justicia y amplía su autonomía para realizar ciber patrullaje de las redes sociales, requisas, allanamientos y detenciones de personas y vehículos sin orden judicial. Además, el DNU autoriza a la PFA a «esgrimir ostensiblemente sus armas» y redefine su función central como ejecutora de las políticas de «seguridad nacional».

«Vamos a aprender de Estados Unidos e Israel y a colocar a la PFA en los estándares del FBI«, celebró Milei, haciendo referencia a país del norte gobernado de forma autoritaria por Donald Trump, que reprime y amenaza a buena parte de su población por protestar en las calles contra las redadas masivas antimigrantes, acumulando episodios espantosos, crueles y disparatados; y al país de Medio Oriente gobernado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, que acumula repudios en todo el mundo por sus incontables crímenes de guerra en el marco del genocidio planificado que desata día a día sobre la población palestina en la Franja de Gaza.

Siguiendo su entusiasmo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló que «el corazón de esta nueva PFA» va a estar concentrada «en una tarea fundamental: llegar al hueso de cada una de las organizaciones que intentan tener poder y dinero en este país«.

Además de inaugurar el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), el decreto 383/2025, que expresa el objetivo de «reorientar la misión de la institución hacia una policía de investigación enfocada en cierto tipo de delitos», autoriza a la PFA a «realizar tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas». En la misma línea, la reglamentación también habilita a la fuerza a realizar detenciones sin orden de un juez.

Realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicosdigitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas, conforme a las pautas yprincipios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente

En esa línea, el DNU le permite también a la PFA «tener acceso a información y bases de datos públicas con el fin de llevar adelante, de manera justificada, tareas de investigación o de inteligencia criminal«, además de la facultad de «solicitar el acceso a bases privadas«.

También, en su artículo 6, inciso 8, habilita a la fuerza a «registrar y calificar a personas dedicadas habitualmente a actividades que debe reprimir», sin orden judicial, además de requisar a personas o bienes, cuando haya elementos suficientes que «hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo». Es decir, la posibilidad de requisar o detener queda sujeto al criterio discrecional de cada agente o de las órdenes de la mismísima Bullrich.

El DNU incluye, además, la prohibición de la posibilidad de que la fuerza sea conducida por un civil. En ese sentido, en el artículo 20 del capítulo II del Anexo establece que «la Jefatura de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA será ejercida por UN (1) Oficial Superior de la máxima jerarquía de la institución en actividad o retiro, que designará al efecto el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL».

Finalmente, el decreto firmado por Milei, Bullrich y el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, crea un Programa Presupuestario de Modernización de la Policía Federal Argentina», bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, destinado a realizar inversiones en bienes y soluciones tecnológicas, y que señala que será financiado con el ahorro derivado de la reducción de la cantidad de ingresantes. Asimismo, el punto 9 del DNU declara en emergencia a la Federal por dos años, lo que concede discrecionalidad al ministerio que conduce Bullrich para hacerse cargo de las licitaciones express.

«Estamos ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos garantías y libertades democráticas»

Entrevistada esta tarde por Alejandro Bercovich en «Pasaron Cosas» (Radio Con Vos), María del Carmen Verdú, abogada y militante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), consideró que con este nuevo DNU del gobierno nacional «ahora la Policía Federal pasa a ser una especie de ejecutora o garante de la seguridad nacional«, porque «le dan facultades para hacer ciberpatrullaje, las páginas web que visitamos, requisas, detenciones y allanamientos«.

Asimismo, tras historizar los fallos a favor y en contra y debates judiciales en torno a la cuestión particular de las requisas durante los últimos 40 años, Verdú recordó que «en los últimos fallos la Corte iba en contra de estas requisas», y consideró que «lo que hace esta resolución es habilitar de forma absolutamente discrecional las requisas sobre cualquier persona o vehículo en cualquier circunstancia» y, al respecto, parafraseó al periodista y militante Rodolfo Walsh, quien sostenía: «ya sabemos que los antecedentes y el fierro también lo ponen los policías».

Pero, principalmente, hizo hincapié en la gravedad del último párrafo del DNU, que habilita «la exhibición ostensible del arma de fuego», cuando la policía lo considere necesario.

«Lo que pretende Patricia Bullrich es esto de convertir a la PFA en una especie de FBI, cuando en realidad la PFA tiene funciones muy claras. Tienen todo el paquete de delitos federales a su cargo. Tienen dos funciones básicas: la de la prevención y la judicial. Distingamos, como es en EE.UU., la policía de prevención, que está en la calle, y otra la de investigación, que es la policía judicial, que tiene que depender de los jueces«, remarcó.

Para finalizar, consideró: «es una medida más que se suma a todas las que venimos padeciendo desde diciembre de 2023 a la fecha, que explican porqué decimos que ya no estamos, como con Macri y Bullrich, en un estado de excepción no declarado, sino que estamos ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos garantías y libertades democráticas. Nos va a costar muchísimo volver a donde estábamos. Porque están haciendo pelota todo el sistema normativo y reestructurando todo el sistema represivo estatal», alertó.

En tanto, en un comunicado titulado «Nuevo estatuto orgánico de la PFA: Menos libertad, más represión«, CORREPI remarcó que a partir del nuevo DNU, «en lugar de investigar hechos o personas a pedido del poder judicial, es la policía la que decide qué elementos reunir, respecto de qué hecho, para luego dar inicio a una causa judicial», y que, para eso, «también pueden acceder a información y bases de datos públicas y privadas y elaborar sus propias bases de datos y sistemas de información». También, remarca que «la PFA decidir qué allanamientos, detenciones o secuestros hay que efectuar y requerir a los magistrados la autorización para hacerlos».

El organismo antirrepresivo también destaca «la habilitación a la fuerza para realizar requisas personales, de vehículos y pertenencias sin orden judicial, especialmente en la vía pública o en lugares de acceso público». Es decir, «basta que armen un control rutinario de la circulación para poder requisar a su gusto personas, pertenencia y vehículos», advierte CORREPI.

Asimismo, alerta: «en consonancia con el protocolo de uso del arma de fuego vigente desde diciembre de 2023 y el proyecto de reforma del art. 34 del Código Penal presentado por el poder ejecutivo en el Congreso, la resolución faculta a la PFA a hacer uso de la fuerza para el cumplimiento de sus funciones y específicamente a esgrimir ostensiblemente sus armas para asegurar la defensa oportuna de las personas o derechos de terceros o los propios, sin referencia alguna a las leyes y convenios internacionales supra constitucionales que imponen como requisito para usar el arma una amenaza equivalente y del mismo grado».

«Este decreto y su anexo reglamentario se suman al conjunto de medidas ya implementadas desde el gobierno nacional, que vienen ampliando al infinito las facultades policiales, reduciendo controles y garantizando la impunidad de sus ejecutores y mandantes, lo que ya se refleja en el abultado aumento de los fusilamientos de gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y la represión cotidiana a la protesta social«, finaliza el comunicado de CORREPI.

 

 

Durante los días previos al Gran Premio de Brasil, todo indica que Alpine oficializará la renovación de contrato de Franco Colapinto, quien continuará en la escudería francesa durante la próxima temporada de Fórmula 1.

“El acuerdo se da por hecho y el anuncio es inminente”, escribió el periodista especializado Roberto Chinchero, al confirmar que la decisión responde a la satisfacción del equipo con las mejoras mostradas por el piloto argentino en la segunda parte del campeonato.

Otro indicio de la inminencia del anuncio fue la presencia de representantes de los principales patrocinadores de Colapinto en el paddock durante el Gran Premio de México, donde el piloto de Pilar volvió a mostrar un rendimiento competitivo pese a las limitaciones del monoplaza.

Uno de los factores decisivos para la continuidad del argentino fue su notable evolución: en la segunda mitad de la temporada, igualó e incluso superó en varias oportunidades a su compañero Pierre Gasly, con un auto que no ha recibido grandes mejoras y que mantiene al equipo enfocado en el desarrollo del modelo 2026.

El jefe de equipo, Steve Nielsen, también destacó la labor del piloto de 22 años tras la carrera en México:

“Sabíamos que iba a ser una tarde dura. Hay que reconocer el mérito de Pierre (Gasly) y Franco (Colapinto) por darlo todo en una situación difícil, en la que el coche era complicado de conducir y había poco por lo que luchar en pista”.

Consultado sobre su futuro, Colapinto se mostró cauto pero confiado:

“Sí, creo que solo el tiempo lo dirá. No lo sé, para ser honesto. Yo no soy quien toma las decisiones ni el que tiene la mayoría de las conversaciones. Ojalá llegue un punto en el que pueda correr sin tanto estrés y un poco más relajado”, expresó.

Desde su debut con Alpine en el Gran Premio de Emilia Romaña, el piloto argentino demostró una constante evolución, tanto en clasificación como en carrera. “Este auto es difícil de manejar. En Austin intenté encontrar un equilibrio más fácil y terminó siendo lo contrario. No conocerlo del todo me afecta, pero sigo aprendiendo”, reconoció.

Con Paul Aron y Jack Doohan relegados en la consideración del equipo, y con pilotos como Checo Pérez y Valtteri Bottas asegurando su futuro en el nuevo proyecto de Cadillac, Colapinto aparece como la opción más firme y confiable para Alpine en 2026.

Todo apunta a que la renovación se anunciará oficialmente antes del Gran Premio de Brasil, en lo que será una noticia esperada por todos los fanáticos argentinos.

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Mónica Mego había quedado parapléjica estando detenida en la Unidad Penal 32 de Florencio Varela, como consecuencia de la falta de atención médica. Por las secuelas irreversibles que le dejó su problema de salud desatendido había quedado sobreseída pero nunca mejoró del todo y murió en 2022. Ahora el fiscal pidió que se enjuicie a siete integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense, un jefe y seis médicos por abandono de persona agravado, vejaciones, severidades y lesiones culposas. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) interviene como particular damnificado institucional en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Por Agencia Andar/CPM.

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El fiscal Christian A. Granados, a cargo de la Fiscalía de Instrucción y Juicio Nº 9 Descentralizada de Florencio Varela, solicitó que se eleve a juicio la causa contra siete integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense por abandono de persona, severidades, vejaciones y lesiones culposas en el caso de Mónica Mego. Mónica era una mujer trans que estaba detenida en la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela cuando quedó parapléjica por no recibir tratamiento médico a tiempo. Las secuelas de su desatención fueron fatales.

A inicios del 2019 Juan Manuel González, jefe de la Sección de Control perteneciente al área de asistencia y tratamiento de esa unidad, retrasó la atención médica de Mónica Mego a pesar de conocer su delicado estado de salud. Aunque era evidente que necesitaba atención de forma inmediata en un centro de salud extra muros por la complejidad el cuadro, demoró su traslado y la derivó a otra Unidad en el mismo complejo. A su regreso la alojó en un buzón o celda de contención y la atacó de forma reiterada mediante tratos humillantes. Quedó imputado por los delitos de abandono de persona calificado por las lesiones y severidades y vejaciones.

Ese abandono concurrió con la negligencia del personal médico de la Unidad, y la víctima sufrió como consecuencia la pérdida total de movilidad en sus miembros inferiores, quedó postrada y con imposibilidad de valerse por sus propios medios. Por esto quedaron acusados los médicos que la atendieron en las unidades del complejo Florencio Varela, Matías Pérez Núñez, Walter Raúl Piñón, Elvira Tucto, Francisco Artola, Claudio Piccin y María Guzmán por el delito de lesiones culposas.

El fiscal considera “que los médicos de las unidades que la atendieron actuaron de modo imprudente sin agotar los medios para dar con un diagnóstico y tratamiento en la Unidad, lugar en el que comenzaron a manifestarse de forma progresiva los signos y síntomas característicos de lo que se denomina síndrome medular”. Para esto se apoya, entre otras pruebas, en los peritajes de una junta médica especialmente constituida para analizar el caso que señaló que “los profesionales de esta Unidad Penitenciaria […] [efectuaron] una subvaloración del cuadro clínico” y calificaron de “desaprensiva” su conducta concluyendo que “violando el deber de cuidado, contribuyeron a aumentar el riesgo para la paciente Mego, circunstancia que pudo haber sido evitada”.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) entrevistó a Mónica Mego en 2019 cuando estaba internada en el Hospital San Martín de La Plata, derivada desde la Unidad Penitenciaria hospital de Lisando Olmos; desde ese momento, coordinó acciones junto a su defensa e hizo presentaciones ante la justicia y otras dependencias del Estado, e impulsó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En ese primer momento, la investigación penal tuvo una demora importante por el planteo de competencia entre los departamentos judiciales de Quilmes y La Plata. Luego de ese derrotero, la instrucción recobró impulso con la intervención de la UFI N° 3 de la Plata, a cargo de Gonzalo Petit Bosnic y la Ayudantía Fiscal de delitos ocurridos en cárceles de ese departamento judicial, quienes llamaron a los funcionarios penitenciarios a declarar en condición de imputados. En esa instancia, y ante la constatación de que la mayor parte de los hechos habían ocurrido en las cárceles de Florencio Varela, el juez de garantías se declaró incompetente y remitió la causa al departamento judicial de Quilmes, que recayó en la Fiscalía de Instrucción y Juicio Nº 9 Descentralizada de Florencio Varela. El fiscal Granados actuó rápidamente, tomó una declaración que estaba pendiente y solicito la elevación a juicio por abandono de persona, lesiones, severidades y vejaciones.

A fines del 2021, Mego fue sobreseída mediante la aplicación de la doctrina y jurisprudencia de la pena natural entendiendo que los padecimientos que sufrió la mujer permitían prescindir de la pena que se le pudiera imponer. Pocos meses después, en marzo de 2022, la mujer trans murió a los 36 años. Luego de su muerte, la CPM acompañó a su familia oriunda de Perú y se presentó como particular damnificado institucional a fin de lograr la condena de los responsables de su muerte. Ahora, casi 6 años después del hecho, la causa está cerca de elevarse a juicio.

Fuente: https://www.andaragencia.org/solicitan-elevar-a-juicio-la-causa-de-la-mujer-trans-que-murio-por-no-recibir-atencion-medica-en-la-carcel/

 

 

El vocero presidencial, Manuel Adorni, brindó un mensaje institucional en nombre del gobierno nacional, luego del encuentro entre el presidente Javier Milei y con los gobernadores de las provincias. Durante su intervención, reafirmó la intención del Ejecutivo de avanzar en acuerdos legislativos que permitan concretar el paquete de reformas estructurales previstas para la segunda mitad del mandato.

El mensaje se emitió este jueves por la noche a través del canal oficial de YouTube de la Vocería de Prensa. Adorni explicó que las tres prioridades legislativas estarán enfocadas en las reformas: laboral, fiscal y penal, con el objetivo de generar empleo, aliviar la presión sobre el sector privado y fortalecer el sistema judicial.

Además, destacó que el reciente encuentro entre Milei y los gobernadores, realizado tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, marcó el inicio de una etapa de mayor diálogo y consenso político para garantizar la aprobación de las reformas en el nuevo Congreso.

Tres ejes de cambio: laboral, fiscal y penal

Según detalló el vocero, las prioridades legislativas estarán centradas en tres grandes reformas: laboral, fiscal y penal. “La reforma laboral es para crear empleo, la reforma fiscal es para dejar de asfixiar al sector privado con un Estado sobredimensionado, y la reforma penal es para que el que la hace, la paga”, sintetizó.

Adorni también aseguró que el próximo Congreso “será el más reformista de la historia” y que los resultados de las últimas elecciones ratificaron “el camino de cambio y reforma”.

Reunión con gobernadores y apertura al diálogo

El encuentro entre Javier Milei y los gobernadores se produjo en un contexto de mayor apertura al diálogo por parte del Ejecutivo, tras los resultados de las elecciones legislativas del 26 de octubre. En la reunión participaron mandatarios de distintas fuerzas políticas, y el gobierno nacional considera clave su acompañamiento para viabilizar las reformas en el Congreso.

Adorni resaltó que la postura del oficialismo para esta nueva etapa estará marcada por una mayor vocación de consenso y un trabajo coordinado con los legisladores.

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Tras intensas negociaciones en la 113° Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, que se desarrolla en Suiza, los representantes de los trabajadores lograron una victoria clave: la aprobación, por votación, de la elaboración de un Convenio Universal y vinculante que regule el trabajo en plataformas digitales. Por Agencia ACTA/CTA-A.

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Tras intensas negociaciones en la 113° Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, que se desarrolla en Suiza, los representantes de los trabajadores lograron una victoria clave: la aprobación, por votación, de la elaboración de un Convenio Universal y vinculante que regule el trabajo en plataformas digitales.

La decisión fue adoptada luego de dos días de debates y resistencia por parte de varios gobiernos y del grupo de empleadores, representado en esta instancia por una delegada de Uber (Estados Unidos). Sin embargo, la postura firme de países como Uruguay, México, Indonesia y la mayoría de los gobiernos africanos resultó determinante para respaldar la propuesta de los trabajadores.

El nuevo convenio —cuya redacción será elaborada en los próximos meses— establecerá que las relaciones laborales entre las plataformas digitales y sus trabajadores queden sujetas a normas laborales internacionales. Esto supone un cambio trascendental en la lucha contra la precarización laboral que afecta a repartidores (como los de Rappi) y conductores (como los de Uber), muchas veces excluidos de derechos básicos como salarios justos, protección social y condiciones seguras de trabajo.

Jorge Castro, secretario general de Uettel y dirigente de la Conducción Ejecutiva de la Central, participó de esta comisión. “El trabajo no es una mercancía”, reza la Declaración de Filadelfia, principio fundacional de la OIT que los representantes sindicales destacaron como guía para este logro.

Aprobado el inicio del proceso, el foco ahora se traslada al contenido del futuro convenio. Entre los temas prioritarios estarán la remuneración del tiempo de espera, el acceso a salud y seguridad laboral, la protección social y una regulación clara de las condiciones de empleo en el sector digital.

El resultado marca un precedente histórico en la regulación global del trabajo digital, y representa un paso firme hacia el reconocimiento de los derechos laborales en la economía de plataformas.

Fuente: https://ctaa.org.ar/historico-avance-en-la-oit-se-aprueba-convenio-vinculante-sobre-trabajo-en-plataformas/

 

 

Este miércoles 25 las y los trabajadores de la salud del Hospital Garrahan realizarán un nuevo paro de actividades por 24 horas en reclamo de salario igual a la canasta familiar. También realizarán un festival solidario desde las 9.30 en la sede del principal hospital pediátrico del país (Combate de los Pozos 1881, CABA), del que participarán Peteco Carabajal, Baila La Chola, Camionero, Koufequín, Las Manos de Filippi, Mundo Arlequín y Divertrap, entre otros artistas. Al mediodía habrá una «ñoqueada a lo Adorni», en respuesta al vocero presidencial, Manuel Adorni, que acusó de «vagos» y «ñoquis» al personal en lucha. Mientras, el domingo 29 realizarán un paro parcial de 7 a 14 y habrá una bicicleteada desde el Obelisco organizada por madres y padres de pacientes. En este marco, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan desmintió y repudió las falsedades dichas por Javier Milei al operador oficialista Esteban Trebucq, que ya habían sido difundidas por Adorni, el ministro de Salud, Mario Lugones, y su viceministra, Cecilia Loccisano. «No aceptaremos más campañas de estigmatización ni el intento de debilitar el reclamo legítimo por condiciones dignas de trabajo, financiamiento real y respeto institucional», remarcan. Por ANRed.

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Continúa con fuerza el conflicto que mantienen las y los trabajadores de la salud del Hospital Garrahan, el principal hospital pediátrico del país, que luchan por condiciones dignas de trabajo, salario igual a la canasta familiar, contra el desfinanciamiento de la salud pública y el intento de cierre de la institución.

En ese marco, realizarán un nuevo paro de actividades por 24 horas y un festival solidario desde las 9.30 en la sede del hospital (Combate de los Pozos 1881, CABA), para buscar visibilizar el apoyo social al Garrahan y denunciar los recortes presupuestarios y el plan de ajuste del gobierno.

«El Hospital Garrahan se defiende con el corazón del pueblo y el arte en cada rincón. El Garrahan es más que un hospital: es símbolo de cuidado, de comunidad y de esperanza. Y vamos a dejar la piel por él», remarca la convocatoria, que también anuncia la participación en el festival de Peteco Carabajal, Baila La Chola, Rayo aka Big Buda + DJ Pato Smith + Villa Diamante, Camionero, Koufequín, Las Manos de Filippi, Mundo Arlequín y Divertrap entre otros artistas.

 

 

En ese marco, al mediodía realizarán una «ñoqueada a lo Adorni«, en respuesta al vocero presidencial, Manuel Adorni, que acusó de «vagos» y «ñoquis» al personal en lucha. Mientras, el domingo 29 habrá un paro parcial de 7 a 14 y una bicicleteada desde el Obelisco organizada por madres y padres de pacientes.

 

 

La medida de fuerza fue votada en asamblea por las y los trabajadores luego de que el presidente Javier Milei difundiera falsedades sobre el presupuesto del hospital pediátrico el pasado jueves 19 de junio de 2025 en el canal LN+, en una entrevista con el periodista Esteban Trebucq. «En sus declaraciones, el presidente repitió falsedades que ya habían sido difundidas por su vocero presidencial, Manuel Adorni, por el ministro de Salud nacional, Mario Lugones, por su viceministra Cecilia Loccisano, y en comunicados de la red social X (ex Twitter) del Ministerio de Salud nacional y del Hospital Garrahan, que son mentira y que pueden verificarse con los mismos datos oficiales del propio Hospital Garrahan en https://www.garrahan.gov.ar/PDFS/Estadistica/Anuario_2024.pdf«, denunció en un comunicado la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT).

Milei había sostenido que su gobierno «aumentó 240% el presupuesto del Garrahan», que «el 70% del personal es administrativo» y que el hospital «fue usado para esconder militantes políticos». Además, negó la crisis salarial de la institución, cuestionó el régimen de residencias médicas y calificó de «basuras» a periodistas por cubrir el conflicto del hospital.

«No aceptaremos más campañas de estigmatización ni el intento de debilitar el reclamo legítimo por condiciones dignas de trabajo, financiamiento real y respeto institucional – expresaron desde la APyT – Por lo que exigimos una retractación inmediata del presidente de la Nación; que se transparente el presupuesto del hospital y se abran canales de diálogo reales; que se detengan las campañas de difamación contra el personal del Garrahan y los medios que informan con datos; y que se restituya el respeto por el trabajo de quienes día a día cuidan la salud de las niñas, niños y adolescentes de todo el país. El Hospital Garrahan no se vacía en silencio. Se defiende con datos, con trabajo, con verdad y con la comunidad. El Garrahan ya es una causa nacional», sentencia la asociación.

En la misma línea que la APyT, Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan, expresó: «el propio Javier Milei ratificó las barbaridades que vienen diciendo sus funcionarios, incluidas flagrantes mentiras. Por ejemplo, que el personal administrativo es mayoría, cuando representa solo al 10% del total, según las estadísticas oficiales de una institución que está controlada en su gestión por el gobierno desde diciembre de 2023. El presidente llegó a sostener la aberración de que un salario superior a los $380.000 superaría la línea de pobreza. Como si todo esto fuera poco, planteó que las residencias deberían ser sin salario, lo cual desmantelaría por completo el sistema público de salud», declaró.

Lipcovich también denunció: «mientras el personal del Garrahan protagoniza hitos de la salud pública con salarios de hambre, el consejero nombrado por el gobierno a dedo (Jorge Menehem) acaba de dejar de estar nombrado ad honorem para pasar a percibir un salario bruto cercano a los 6 millones de pesos. Son la peor casta, y encima al servicio de destruir la salud pública», sentenció.

En tanto, Diego Saavedra, delegado de ATE Garrahan, relató: «seguimos peleando por un urgente aumento de salarios para todas y todos y para frenar el vaciamiento que el gobierno está llevando adelante. Hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo donde ni las autoridades del hospital ni del ministerio se presentaron. No hubo ninguna propuesta. Una verdadera burla. Justo cuando se acaba de dar otro hito en el hospital, donde nuestros profesionales acaban de hacer una cirugía inédita a pesar de los salarios de pobreza de Milei».

«También, creamos un fondo de lucha para poder amortiguar los descuentos que nos hace el gobierno y poder seguir la pelea«, agregó, en referencia al alias: garrahanenlucha.25

Las mentiras de Milei, desmentidas punto por punto

Compartimos la respuesta, punto por punto, de la APyT a cada una de las afirmaciones de Milei:

1. Sobre la composición del personal:

Las cifras que utiliza el presidente son falsas, contradicen el anuario estadístico oficial del Hospital Garrahan de 2024, elaborado bajo la gestión del propio gobierno nacional. Según ese informe, el 68% de los trabajadores del hospital (3.190 de 4.728) se desempeñan en funciones asistenciales, es decir, en contacto directo con los pacientes. El personal administrativo es de 473 personas, no 953 como afirmó anteriormente el vocero Adorni. De los datos oficiales también vemos que el personal asistencial incluye médicos, enfermeros, técnicos, bioquímicos, farmacéuticos, kinesiólogos, trabajadores de salud mental, entre muchos otros.

2. Sobre el presupuesto:

El gobierno nacional asegura que hubo un aumento presupuestario del 240%, sin transparentar los datos reales ni considerar que ese número no se tradujo en una mejora salarial ni en un aumento equitativo a la inflación para el funcionamiento del hospital. Por el contrario, desde diciembre de 2023 se registra una caída real del presupuesto del Garrahan, en un contexto de inflación acumulada en pesos del 310% (datos INDEC) de diciembre de 2023 a hoy, acompañado de una inédita inflación en dólares que golpea a todo insumo o maquinaria importada, que es muy significativo en el sector salud y sin actualización acorde al costo de funcionamiento de una institución de alta complejidad pediátrica nacional como es el Garrahan.

3. Sobre los salarios:

El presidente cuestionó las comparaciones salariales realizadas por trabajadores del Garrahan, diciendo que “mintieron”. La realidad es que un profesional del hospital cobra en promedio por debajo de la canasta familiar actual de 1.800.000 pesos, muy por debajo de lo que se paga por hora en el sector privado (entre 11.000 y 27.000 pesos en el sector privado frente a los 6.000 del Garrahan). Este deterioro ha provocado más de 200 renuncias de profesionales en lo que va del año.

4. Sobre las residencias:

Las declaraciones del presidente sobre el régimen de residencias médicas en Argentina y su comparación con otros países son, como mínimo, inexactas y estigmatizantes. Las residencias en el Garrahan son parte central del funcionamiento cotidiano del hospital. Las y los residentes no son empleados del hospital, sino que dependen del Ministerio de Salud de la Nación, y trabajan a jornada completa con ingresos muy por debajo de lo necesario para cubrir el costo de vida. Cuando comenzó el conflicto salarial de las y los residentes hace unas semanas, cobraban casi 800 mil pesos. Vale recordar que son médicos y médicas de los mejores promedios, y que no pueden vivir con eso. Luego, gracias a la gran repercusión nacional, recibieron una recomposición mínima e insuficiente, pero abandonaron las medidas de fuerza debido a amenazas del Gobierno, que hemos ya denunciado públicamente. Pero en la planta del Garrahan las medidas de fuerza siguen, nosotros no dependemos del Ministerio de Salud sino que somos empleados del hospital. Sí nos alcanzan los dictados de conciliación obligatoria, y la última fue declarada nula por los canales formales correspondientes, al llevarla adelante de manera totalmente irregular el gobierno nacional.

5. Sobre los ataques a la prensa:

El periodismo en un 95% o más defendió y defiende la lucha por la subsistencia del Garrahan, tanto en medios chicos, medianos y grandes, los llamados “medios hegemónicos”.

En LN+ este 19/6/2025 el presidente insultó a periodistas que informaron sobre este conflicto, llamándolos “basuras”, “delincuentes” e “impresentables”. Esta violencia verbal institucional es inadmisible y atenta contra la libertad de prensa. Rechazamos de forma categórica esta actitud, que intenta criminalizar la cobertura de una protesta legítima y basada en datos verificables.

 

6. Sobre la conducción del Hospital Garrahan:

Desde el 10 de diciembre de 2023, el Hospital Garrahan es administrado por un Consejo de Administración designado por el gobierno nacional, así como lo hace cada gobierno “de turno”. Al día de hoy, la gestión Milei ya designó dos ministros de Salud de la Nación, dos Consejos de Administración del Garrahan diferentes, y tres presidentes/as distintos, la última hace unos días. Y los datos oficiales que contradicen las declaraciones hace horas del presidente y antes de sus funcionarios, provienen de este mismo hospital, bajo la administración del propio gobierno nacional. Insólito, indignante, repudiable, denunciable.

7. 600 mil consultas por año.

Nuestro hospital atiende 600 mil consultas por año, de las cuales 400 mil son de alta complejidad. El 40% de los niños con cáncer del país se atienden en el Garrahan. Es un centro de referencia también en trasplantes de órganos.

8. Autofinanciación (ley SAMIC)

El Hospital Garrahan, además de su financiamiento estatal —80 % nacional y 20 % porteño—, cuenta con un importante componente de autofinanciamiento amparado por su régimen jurídico como hospital descentralizado bajo la Ley SAMIC (Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad). A través de este mecanismo, el Garrahan cobra prestaciones a obras sociales, prepagas y mutuales por los servicios que presta a pacientes con cobertura privada. Este ingreso no es menor: refleja el reconocimiento que tiene la institución en todo el sistema de salud argentino, incluso entre prestadores privados. Gracias a la excelencia profesional y científica de su equipo de salud, integrado por médicos y médicas que han recibido premios nacionales e internacionales, el Garrahan se ha transformado en un centro de derivación incluso para clínicas privadas. Muchos casos complejos que no encuentran respuesta en los principales sanatorios del país terminan siendo atendidos en el Garrahan, lo que habla de su prestigio como institución de referencia en pediatría de alta complejidad. Este rol estratégico, sostenido por el compromiso del personal y la inversión en formación e infraestructura, es también una fuente genuina de ingresos que se reinvierte en el funcionamiento del hospital.