Narcotest en la función pública de Neuquén

Narcotest en la función pública de Neuquén

 

La ciudad de Neuquén capital se convirtió en el primer municipio de primera categoría en adherir al Narcotest obligatorio para funcionarios públicos.

La ordenanza aprobada, establece que todos los integrantes del gobierno municipal deberán someterse a controles toxicológicos y de alcohol al menos una vez por año. Con esta adhesión, la capital neuquina acompaña la política provincial impulsada por el gobernador Rolando Figueroa. Con esta decisión, la ciudad se suma a la política de transparencia y responsabilidad institucional impulsada por la gestión provincial.

El narcotest consistirá en análisis de laboratorio para detectar la presencia de sustancias psicoactivas en muestras biológicas, bajo la supervisión del Ministerio de Salud de la provincia, que actuará como autoridad de aplicación. La normativa alcanza al intendente, concejales, defensores del pueblo, jueces de Paz, miembros de la Sindicatura Municipal, secretarios, subsecretarios y demás funcionarios del gabinete. Aquellos que den positivo o se nieguen injustificadamente a realizar el test deberán dejar sus cargos de manera inmediata. Sin embargo, el proyecto también incorpora un enfoque sanitario, estableciendo que los casos de consumo problemático deberán ser tratados como una cuestión de salud pública, garantizando acompañamiento y asistencia profesional.

Con la aprobación de esta ordenanza, Neuquén se posiciona como referente nacional en políticas de integridad institucional, sumando herramientas de control y confianza ciudadana en el ejercicio de la función pública. Desde el oficialismo destacaron que se trata de un paso importante hacia la transparencia, mientras que desde la oposición remarcaron la necesidad de garantizar un procedimiento justo y confidencial para los funcionarios evaluados. El nuevo sistema de narcotest se espera que comience a aplicarse a comienzos del próximo año.

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  • Nueva copa mundial de automovilismo: ¿qué es y qué argentinos participan?

     

    La Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmó que organizará una nueva Copa Mundial, que tendrá tres categorías diferentes y se disputará entre el 13 y el 16 de noviembre en el Gran Premio de Macao, China, con la presencia de dos pilotos argentinos.

    Mattia Colnaghi es el primer criollo en formar parte de la flamante competencia. El italo-argentino de 17 años, quien fue fichado por la Academia de Red Bull para competir en la Fórmula 3, participará en la divisional Fórmula Regional, una de las tres en disputa. A lo largo de su joven trayectoria, ganó la Eurocup-3 y la Fórmula 4 Española.

    Gino Trappa, bonaerense de 17 años, es el segundo invitado. El campeón de la F4 de CEZ, que se disputa por gran parte de Europa Central, será uno de los protagonistas de la categoría Fórmula 4, que participará por primera vez en la historia del Gran Premio. Por otra parte, la última especialidad será Gran Turismo y no contará con albicelestes en su grilla.

    Emanuele Pirropresidente del Comité de Monoplaza de la FIA, explicó: “El camino hacia una edición excepcional de uno de los eventos más prestigiosos del automovilismo comienza aquí, con la apertura de las inscripciones para lo que será un espectacular 72º Gran Premio de Macao. Con la lista de inscritos ya formada entre Fórmula Regional, GT y, por primera vez, Fórmula 4, el Gran Premio de Macao se consolida como la mayor exhibición mundial del talento juvenil«.

    El GP de Macao, que se celebra desde 1954, es un evento internacional que sirve como trampolín y permite a jóvenes pilotos mostrar sus habilidades es un circuito callejero de 6.1 kilómetros, que es conocido por ser rápido, técnico y estrecho y exige concentración y precisión.

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  • El Cuerpo Médico Forense confirmó que el disparo del gendarme Guerrero «puso en peligro la vida» de Pablo Grillo

     

    Imagen del fotógrafo Pablo Grillo y del cabo primero de Gendarmería Héctor Guerrero, que le disparó un proyectil de gas lacrimógeno directo a su cabeza, hiriéndolo de gravedad.

    La querella de la familia de Pablo Grillo, representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), informó que tras visitar al joven fotógrafo, la médica forense de la Justicia Nacional, Claudia Zuñiga Teppa, y los médicos designados como peritos de parte, Ezequiel Amar, por la querella, y María Jimena Pérez Pelliser, por la defensa, confirmaron que las lesiones sufridas por Pablo son de carácter «graves y gravísimas», y «pusieron en peligro su vida». Asimismo, respondieron contundentemente que «la herida contuso cortante frontal asociada a fractura expuesta de cráneo se corresponde con lo informado de impacto directo de proyectil sobre la tabla frontal del cráneo», en referencia al disparo directo a su cabeza de una cápsula de gas lacrimógeno que efectuó el gendarme Héctor Jesús Guerrero. Por ANRed.


    La querella de Pablo Grillo, representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), confirmó este lunes 2 de junio que el Cuerpo Médico Forense presentó el informe requerido en la causa que investiga el impacto de gas lacrimógeno en la cabeza que recibió Grillo durante la represión a una movilización de jubilados/as el 12 de marzo.

    «El lunes 26 de mayo la médica forense de la Justicia Nacional, Claudia Zuñiga Teppa, y los médicos designados como peritos de parte, Ezequiel M. Amar por la querella y María Jimena Pérez Pelliser por la defensa, visitaron a Pablo Grillo en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramos Mejía. Luego de la visita y de analizar la historia clínica y partes médicos, presentaron su informe que responde una serie de preguntas formuladas, oportunamente, como puntos de pericia», detalla la querella.

    Parte de la reconstrucción de los hechos que hace la presentación del CELS y la Liga, representantes legales de la familia de Grillo.

    En ese sentido, la representación legal del joven indicó que «sobre el grado de las lesiones que presenta Pablo, su tiempo de curación y cualquier otro tipo de información médica que pueda ser de interés, la perito médica oficial y los dos peritos de parte respondieron: “a) Herida contuso compleja en rostro región mediofrontal; b) Fractura expuesta de cráneo fronto temporo parietal izquierda. Ambas producidas por golpe o choque con o contra objeto contuso que logra vencer la elasticidad de los tejidos (piel y tejido óseo) produciendo su rotura. Demandan un tiempo de curación de más de 30 días con igual tiempo de inutilidad laborativa. c) Hematoma subdural derecho con requerimiento de cirugía de descompresión, craniectomía y toilette quirúrgica (12/03/25) y Hematoma epidural izq. con requerimiento de cirugía craniectomía de descompresión (14/03/25). Los mecanismos de producción golpe o choque con o contra objeto contuso. Tiempo de curación de más de 30 días», detalla exhaustivamente el informe del cuerpo médico forense.

    A partir de esta primera información, señala la querella, «los médicos establecieron que las lesiones sufridas por Pablo son de carácter ‘graves y gravísimas’, con tiempo de curación de más de 30 días e igual tiempo de inutilidad laboral y con respecto al peligro de «si las lesiones producidas por el disparo pusieron en peligro la vida» de Pablo Grillo, los tres médicos respondieron unánimemente: “Sí, real y concreto”.

    Parte de la reconstrucción de los hechos que hace la presentación del CELS y la Liga, representantes legales de la familia de Grillo.

    «En cuanto a la cuarta pregunta, vinculada a la existencia de secuelas neurológicas derivadas del hecho, si bien no pudo ser contestada, es de gran importancia y conecta directamente con la noción de que la conducta del gendarme Guerrero puso en serio riesgo la vida de Pablo y que su estado de salud permanece en estado crítico, concretamente, los médicos respondieron: ‘No puede apreciarse al presente momento siendo su pronóstico reservado, dado que al día de la fecha continúa internado en terapia intensiva’», informó la querella.

    La quinta pregunta buscaba «establecer si para ocasionar las lesiones comprobadas se requiere del impacto o disparo directo sobre la superficie lesionada», y el grupo de médicos respondió contundentemente: ‘Sí, la herida contuso cortante frontal asociada a fractura expuesta de cráneo se corresponde con lo informado de impacto directo de proyectil sobre la tabla frontal del cráneo».

    Finalmente, la sexta pregunta apuntaba a «establecer si las lesiones ocasionadas fueron producidas por un disparo con un proyectil de alta energía cinética sobre la superficie lesionada». A esto, los médicos respondieron: «No se puede establecer la energía cinética que albergaba el proyectil que podría haber causado la lesión, pero sí se puede decir que la apertura de la piel frontal y la fractura de la tabla interna y externa del hueso frontal del cráneo requiere de una importante fuerza de impacto para romper la elasticidad de los tejidos lesionados».

    Gendarmería ya había reconocido que disparar armas lanzagases directo a personas podría «producir lesiones graves e, incluso, la muerte»

    Cuando se cumplieron dos meses de la salvaje represión a la marcha de jubilados/as que dejó gravemente herido al fotógrafo Pablo Grillo, la querella del joven, además de denunciar que la investigación avanza lento y que todavía no se citó a declarar al gendarme Héctor Jesús Guerrero, había informado que, a partir de su pedido al Juzgado, a cargo de la jueza María Romilda Servini de Cubría, la Gendarmería Nacional reconoció que el uso de pistolas lanza gases, «en caso de impacto, podría producir lesiones graves e, incluso, la muerte», y que los reglamentos generales para el uso de esas armas no letales prohíbe dispararlas directamente contra las personas.

    Gendarme Héctor Guerrero. Acusado de ser el autor del disparo que casi asesina a Pablo Grillo. Fotografía: Kaloian Santos, despedido por aportar sus fotografías a la reconstrucción de los hechos.

    Asimismo, la querella también confirmó en ese momento que el protocolo de actuación de Gendarmería en manifestaciones «incluye un glosario de términos estigmatizantes vinculados a la protesta, los manifestantes y las organizaciones» y «establece las distintas formas de intervención frente a las multitudes, y en todas ellas el rol del jefe del operativo o supervisor es central ya que es quien da las órdenes a los gendarmes en terreno«.

     

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  • Pampa Energía renueva su aporte a las becas Gregorio Álvarez

     

    Como parte de su compromiso con la educación y el desarrollo social, Pampa Energía renovó su participación en el Plan Provincial Redistribuir Oportunidades, que impulsa el programa de becas Gregorio Álvarez. La compañía aportará 500 mil dólares y reafirma así su rol como “Aliado Plata” dentro de esta política pública que busca garantizar la igualdad de oportunidades educativas para jóvenes neuquinos.

    El acuerdo fue firmado en Buenos Aires por el gobernador Rolando Figueroa, el presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, el CEO Gustavo Mariani y el director de la Fundación Pampa Energía Comprometidos con la Educación, Pablo Díaz.

    Un compromiso conjunto entre el Estado y el sector privado

    A través del convenio, Pampa Energía se comprometió a realizar un aporte único y total de 500 mil dólares destinados a fortalecer las becas y programas educativos que lleva adelante la provincia. Además, la empresa garantizó la continuidad de los fondos comprometidos para este año y el próximo, consolidando su condición de “Aliado Plata” por el nivel de su contribución.

    El gobernador Rolando Figueroa destacó la relevancia del acompañamiento empresarial en la formación de los jóvenes neuquinos y subrayó que la educación es el eje del desarrollo a largo plazo. “Invertir en la educación de nuestros jóvenes es la mejor inversión que podemos realizar el Estado junto con las empresas”, expresó tras la firma del acuerdo.

    Por su parte, Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, señaló que la compañía continuará respaldando el programa durante los próximos años: “Estamos repitiendo lo que hicimos el año pasado y comprometiéndonos a seguir participando y apoyando este programa de becas para 2026”.

    Un programa que transforma la educación neuquina

    El Plan Provincial Redistribuir Oportunidades busca promover la permanencia, el egreso y la reinserción educativa en todos los niveles, además de impulsar la formación técnica, profesional y la capacitación laboral. A través del Plan de Becas “Gregorio Álvarez”, se asiste actualmente a 20.000 estudiantes de toda la provincia, constituyendo uno de los programas de mayor alcance en América Latina.

    El plan se financia con el aporte de empresas públicas y privadas e instituciones del sector energético y financiero, entre las que se destacan el Banco Provincia del Neuquén (BPN), Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), YPF, Pan American Energy, Pluspetrol, TotalEnergies, Shell, Vista Energy, Phoenix, la Federación de Cámaras del Sector Energético (Fecene), el Colegio de Ingenieros Neuquinos y la Fiduciaria Neuquina SRL.

    Educación, inclusión y desarrollo sostenible

    La Fundación Pampa Energía Comprometidos con la Educación impulsa programas sociales y educativos en las comunidades donde opera la empresa. Sus principales líneas de acción incluyen la promoción de la educación de calidad, la empleabilidad y la inclusión social, pilares que guían su estrategia de sustentabilidad.

    El convenio firmado busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad en Neuquén, fortaleciendo las trayectorias educativas de los estudiantes e integrando iniciativas que vinculan la educación con el desarrollo productivo y tecnológico de la provincia.

    Con esta alianza, el Gobierno de Neuquén y Pampa Energía refuerzan la articulación público-privada para ampliar el acceso a la educación y formar a las nuevas generaciones que serán protagonistas del crecimiento económico, social y energético de la región.

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  • Expulsaron del país a dos chilenos por delitos en su país y en Estados Unidos

     

    Dos hermanos de nacionalidad chilenaquienes habían ingresado al país de manera ilegal y tenían antecedentes penales, fueron expulsados en el marco de un operativo supervisado  por el Ministerio de Seguridad, y que contó con la participación de agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA).

    Precisamente, efectivos de la PFA arrestaron a los dos sujetos, quienes vivían en un hotel de la localidad de Ezeiza, en el sur bonaerense. Y tras la detención, ya fueron enviados a su país de origen, donde habían cometido diversos delitos, al igual que en Estados Unidos.

    La investigación se inició a raíz de un pedido de colaboración de Sonia Harms, directora de Control de Permanencia de la Dirección Nacional de Migraciones, solicitando pesquisas para establecer el paradero de los acusados, uno de ellos tenía pedido de captura por secuestro extorsivo en Chile y el otro había sido deportado de Estados Unidos, por el robo a lujosos inmuebles.

    Con esta información, a la que tuvo acceso Noticias Argentinas, los efectivos de la Comisaría de Asuntos Migratorios iniciaron un operativo y detectaron que los mismos se ocultaban en un hotel en el partido bonaerense de Ezeiza, donde finalmente fueron detenidos, tras un operativo en conjunto con personal de la Dirección Nacional de Migraciones y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

    De esta manera, la Dirección Nacional de Migraciones ordenó la inmediata expulsión del país de los sindicados. Posteriormente, ambos fueron trasladados bajo custodia policial en un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Santiago de Chile, donde al llegar fueron detenidos por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), para continuar la prosecución judicial.

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  • El Estado y una práctica recurrente: espiar a las organizaciones sociales

     

    Una investigación de Hugo Alconada Mon develó que desde la SIDE se había librado una orden para “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” que pudieran capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia”. Según el periodista de la Nación, la disposición fue dictada por el director general de Operaciones de la SIDE, Diego Kravetz, alguien que conoce bien a los “sectores vulnerables” de cuando oficiaba de abogado de las fábricas recuperadas a principio del 2000. No es la primera ni la última vez en la que el Estado, a través de sus organismos de inteligencia, se entromete en la vida de las organizaciones populares que desarrollan sus actividades en los barrios populares, asentamientos y villas. Por Nicolás Salas, para ANRed.


    Si bien el escenario difiere en varios aspectos culturales, políticos y económicos, la asociación con lo ocurrido durante el gobierno de Duhalde es pertinente si se tiene en cuenta que en la actualidad se desarrolla, al igual que en 2002, una de las ofensivas más importante en la búsqueda de desarticular a los movimientos sociales.

    Una caracterización común se da en la visión de los poderes de turno de asumir que el deterioro de las condiciones de vida de grandes sectores de la población pueda llegar a canalizarse en fuerza organizada que se sume a la polarización contra el gobierno. En su momento fue la devaluación, ahora es la motosierra. Tanto el duhaldismo como Milei ahora buscan anticiparse a ese posible escenario, con el atenuante actual de que el Estado se corrió de gran parte de las políticas sociales, a diferencia del 2002, donde 2 millones de planes Jefes y Jefas de Hogar inundaban las zonas periféricas al poder. Es decir, le daban una “opción” de salida a las familias golpeadas por la pobreza y la indigencia.

    Hace 23 años los infiltrados en “los grupos sociales vulnerables” fue confesado por el entonces Secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, quien en su ataque a las organizaciones había blanqueado tener información de lo que se hablaba en las asambleas previas que fijaron el plan de lucha que terminó con la masacre del Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002.

    Dos décadas atrás, el espionaje era parte de un ataque planificado que -se proponía- concluir con el encarcelamiento de las direcciones de los movimientos sociales, posibilidad abortada tras la publicación de las fotos que daban cuenta de la masacre perpetrada por parte de la policía. No es de extrañar que en esta oportunidad sea parte de la estrategia de cuatro patas del gobierno libertario, que tiene como pilares el vaciamiento de la política social, la judicialización de la militancia, la difamación mediática y la represión abierta.

    La desarticulación del Potenciar Trabajo y la FISU (entre otros), los allanamientos masivos a militantes, la agitación mediática contra las organizaciones y las sucesivas represiones de Bullrich son solo ejemplos de una estrategia que ya está en desarrollo.

    Ningún plan de ajuste estructural, y mucho menos el actual, puede pasar sin la criminalización de quienes se propongan construir una resistencia amplia. El primer año de gobierno de Javier Milei pareciera no ser la excepción y los tiempos de este proceso de avanzada dependerá de lo que dure la luna de miel garantizada por los dólares del FMI que reposan en las arcas del Banco Central.

     

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  • Caso Andrés Nuñez: niegan la prisión domiciliaria a uno de los policías condenados

     

    Se trata del excomisario Luis Raúl Ponce Peralta, condenado por el secuestro, tortura y desaparición seguida de muerte de Andrés Núñez, ocurrida en septiembre de 1990. A 35 años de los hechos, se aguarda el nuevo juicio contra sus encubridores. «Yo seguiré luchando por Andrés y todas las causas», sostuvo su compañera Mirna Gómez. Por Valeria Jasper (La Izquierda Diario).


    A 35 años de la desaparición de Andrés Núñez, la Cámara Penal de la ciudad denegó el pedido de prisión domiciliaria que había solicitado el ex comisario Luis Raúl Ponce Peralta, condenado en 2017 a reclusión perpetua por ser responsable de los delitos de “privación ilegal de la libertad calificada en concurso real con torturas seguidas de muerte”.

    A Andrés Núñez lo secuestró, mató e hizo desaparecer una patota de la ex Brigada de Investigaciones (actual DDI) la madrugada del 27 al 28 de septiembre de 1990.

    «Estoy muy contenta con lo que decidieron los jueces. Son 35 años de lucha, a pesar de que siguen encubriendo cosas en la causa», manifestó Mirna Gómez, compañera de Núñez, una gran referente en la lucha por los derechos humanos en la región. Y agregó: «Yo seguiré luchando no solo por Andrés, seguiré acompañando todas las luchas, mientras mi salud me lo permita. Agradezco el acompañamiento de todos estos años».

    Desde octubre de 2018 la familia de Núñez espera que se ponga fecha al juicio contra otro grupo de policías, acusados de encubrimiento y otros delitos dentro del “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Se trata de los exoficiales Ernesto Zavala, César Carrizo y Gustavo Veiga. Había otros dos en la lista, los excomisarios Oscar Silva y Pedro Costilla, pero ambos murieron impunes.

    La familia siempre denunció el encubrimiento del Estado a los criminales, entre ellos PAblo Martín GErez Duhalde, sobrino de Eduardo Duhalde que lleva tres décadas prófugo. Esperan que alguna vez el Estado se digne a encontrarlo y entregarlo para su juzgamiento. Es quien comandó el operativo en el que se llevaron a Núñez y proveyó el campo de General Belgrano (a unos 100 kilómetros de La Plata) donde se enterraron los restos incinerados de la víctima.

    Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Caso-Andres-Nunez-niegan-la-prision-domiciliaria-a-uno-de-los-policias-condenados

     

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