Están listos los proyectos de reforma laboral y tributaria: cuándo los enviará Milei al Congreso

Están listos los proyectos de reforma laboral y tributaria: cuándo los enviará Milei al Congreso

 

La nueva conformación del Congreso Nacional tanto en Diputados como en Senadores tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones nacionales, recibirá los proyectos de reforma laboral y tributaria. El presidente Javier Milei hizo trascender esa novedad, al tiempo que se estimó que convocará a sesiones extraordinarias para su tratamiento.  

Los proyectos se tratarían con la nueva conformación legislativa, donde el oficialismo nacional tendrá un tercio en ambas cámaras. De esta manera, se acercó al número que le permitiría aprobar leyes sin depender de la oposición. No obstante, el Ejecutivo deberá mantener contactos con algunos aliados provinciales.

En esa línea se expresó Guillermo Francos, jefe de Gabinete: “hay una voluntad del Gobierno para tener consensos y conseguir modificar la ley de Contrato de trabajo, las reformas tributarias”, dijo en diálogo con Radio Mitre.

Y agregó: “Estamos en condiciones de hablar en otra posición de fuerza, no es lo mismo tener 35 diputados que 90 y pico. Ahora nos convertimos en el bloque más importante de la Cámara, es otra cosa. Pero siempre con posición de búsqueda de acuerdos y consenso para avanzar en lo que el país necesita”.

En el Ejecutivo ya trabajan con sectores dialoguistas la letra chica de la iniciativa, para conseguir apoyos durante el tratamiento de ella. Ejemplo de ello es el Consejo de Mayo, que debate el Pacto de Mayo, y en donde figuran estos cambios. El grupo se reúne una vez por mes, y representa a Diputados, al Senado, al Gobierno, a las empresas y a los sindicatos.

Diálogo con gobernadores

Ahora, se suma el diálogo con los gobernadores que convocó Javier Milei durante su discurso en la sede de LLA. “Esa política ya está decidida. No se definió cuándo se los va a llamar, pero la idea es que vengan en el corto plazo a hablar con los interlocutores de la Casa Rosada”, expresó un funcionario en Balcarce 50.

Ante la consulta sobre quiénes son esos interlocutores, en el oficialismo aclaran que las personas válidas para hablar con los distintos actores son Guillermo Francos, Santiago Caputo, Lisandro Catalán y hasta el propio Presidente.

Lo que adelantó el secretario de Trabajo

Días atrás, Julio Cordero (secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social) anticipó que la iniciativa que busca reformar las leyes laborales incluye el concepto de “salarios dinámicos”, el cierre de convenios por empresas en vez de por actividad y la posibilidad de negociar paritarias por empresas.

De esta manera, se implementarían adicionales salariales individuales “por mérito”, la creación de un banco de horas trabajadas y la opción de pagar sueldos en distintas monedas.

Según explicó Cordero durante una exposición en la Comisión de Presupuesto de Diputados, el objetivo es que las negociaciones salariales puedan adaptarse a la realidad de cada empresa y región, y no queden sujetas a los convenios colectivos por rama de actividad, como ocurre actualmente.

Frente a este escenario, el propio Javier Milei defendió el proyecto laboral. “Los sindicatos saben que el sistema como está no funciona. Y la reforma permitirá que muchos informales pasen a la formalidad, lo que subirá la recaudación y permitirá a la vez duplicar los fondos para las jubilaciones. Ganamos todos”, aseguró en diálogo con A24.

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  • Aseguran en Miami que EE. UU. planea ataques a objetivos militares en Venezuela

     

    La administración de Donald Trump tomó la decisión de atacar instalaciones militares dentro de Venezuela, según publicó el diario Miami Herald.

    El artículo se fundamentó en “fuentes con conocimiento de la situación, mientras Estados Unidos se prepara para iniciar la siguiente etapa de su campaña contra el cartel de la droga de los Soles”.

    Los ataques planeados, también reportados por el Wall Street Journal, buscarán destruir instalaciones militares utilizadas por la organización de narcotráfico que, según Estados Unidos, está encabezada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y dirigida por altos miembros de su régimen.

    Las fuentes se negaron a contestar si Nicolás Maduro es un objetivo, pero una de ellas afirmó que le queda poco tiempo.

    “Maduro está a punto de verse atrapado y pronto podría descubrir que no puede huir del país, aunque quisiera. Lo peor para él es que ahora hay más de un general dispuesto a capturarlo y entregarlo, plenamente conscientes de que una cosa es hablar de la muerte y otra muy distinta verla venir”, indicó el diario de Miami.

    Luego recuerda que Washington duplicó la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro a 50 millones de dólares.

    Asimismo, actualmente ofrece 25 millones de dólares por la captura de algunos de sus principales colaboradores, entre ellos el ministro del Interior, Diosdado Cabello, presunto responsable de las operaciones del cartel.

    Otra figura clave del régimen que enfrenta cargos de narcotráfico en Estados Unidos es el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

    Al anunciar en agosto la decisión de duplicar la recompensa de 25 millones de dólares por Maduro, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó que aquel “lidera el Cártel de los Soles”.

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  • Cómo es la búsqueda de inversores para poner en marcha la PIAP

     

    La Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), administrada actualmente por la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI), ingresó en la etapa de sumar inversores privados para su puesta en marcha. Así lo informó el gobierno neuquino con la “convocatoria a potenciales inversores y entidades financieras con el objetivo de participar en forma parcial o total para lograr los fondos necesarios para la puesta en marcha, modernización y operación inicial” de la PIAP.

    La búsqueda está dirigida a bancos, fondos de inversión, organismos de crédito e inversores privados, tanto del país como del exterior. La planta pertenece a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y ENSI es la encargada de su operación.

    La PIAP es una de las instalaciones más importantes del mundo para la producción de agua pesada, un insumo esencial para ciertos tipos de reactores nucleares. Su reactivación permitiría que Argentina vuelva a producir y exportar este recurso estratégico, generando empleo, desarrollo tecnológico y divisas.

    En una convocatoria previa, varias empresas internacionales ya habían manifestado interés en comprar agua pesada argentina durante los próximos años. Para responder a esa demanda, sería necesario poner en marcha las dos líneas de producción de la planta, lo que requiere una fuerte inversión inicial.

    El presidente de ENSI, Rubén Etcheverry, explicó que esta convocatoria “no es todavía un compromiso contractual, sino un paso para conocer qué opciones de financiamiento existen y bajo qué condiciones”.

    Los interesados deberán presentar información sobre el tipo de financiamiento que ofrecen, plazos, tasas, formas de participación y experiencia en proyectos industriales o energéticos. Las propuestas y consultas deben enviarse a [email protected]

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  • Río Negro: ratifican condena contra cinco prefectos por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel

     

    La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina acusados de haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años Rafael Nahuel cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017. La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa». Tras el fallo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal», en referencia a quien fuera en esos años la titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich. Por ANRed.


    El fallo de Sala III de la Cámara Federal de Casación confirmó la condena dictada en diciembre de 2023 por el Tribunal Oral Federal de General Roca contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco prefectos del Grupo Albatros acusados por haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017, en el marco de un operativo para desalojar un predio de Parques Nacionales recuperado por la comunidad mapuche.

    La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa«. La condena también implicó la inhabilitación de los cinco condenados para ejercer cargos públicos.

    Rafael Nahuel en una manifestación el jueves 23 de noviembre en Bariloche. Foto: Eugenia Neme, Colectivo al Margen.

     

    El asesinato de Rafael Nahuel había sido juzgado en debate oral y público a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca – con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava – durante los últimos meses de 2023.

    Según su grado de participación en el crimen, todos recibieron la máxima pena para el delito imputado, pero ninguno fue condenado a penas superiores a cinco años y ocho meses de prisión, ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado con exceso de legítima defensa.

    La causa estuvo plagada de irregularidades y manipulaciones de parte de los propios prefectos y los medios comerciales masivos, que intentaron plantar pruebas y culpar a los/as manifestantes, incluso a quienes asistieron a Rafael Nahuel cuando fue herido con las balas de plomo de los prefectos, como Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca.

    «La sentencia no alcanzó a las autoridades políticas»

    Tras la noticia, en un comunicado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal«, en referencia a Patricia Bullrich, en ese momento también ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

    Foto: Roxana Sposaro.

    En la misma línea, señaló que el fallo de la Cámara «estableció inequívocamente el obrar delictivo de esa fuerza de seguridad al mando de Bullrich» y «desmiente las afirmaciones que al momento de los hechos formulasen Patricia Bullrich y Mauricio Macri para encubrir y justificar la brutal acción represiva del Grupo Albatros», que fue realizada el 25 de noviembre de 2017, le costó la vida a Rafael Nahuel y dejó heridas de gravedad a Johana Micaela Colhuan y Gonzalo Coña.

    «Bullrich sigue incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurídico vigente, a sabiendas de que son ellos los únicos que terminan respondiendo ante los jueces por hechos execrables, que parecen desconocer que delinque no sólo quien cumple órdenes inmorales e ilegales sino también quien las ordena», agregó la APDH.

    En tanto, en declaraciones a ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la APDH agregó: «hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados».

    «Lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse. El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del Estado», consideró.

     

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  • La nueva orden del gobierno de Trump que genera polémica: EE.UU. podrá negar visas por obesidad

     

    Una nueva directiva del Gobierno de Donald Trump considera como inelegibles a ciertos solicitantes de visas cuando presenten condiciones médicas que puedan derivar en costos públicos a largo plazo, entre las que se destaca la obesidad.

    En especial, cuando esta afección que portan más de mil millones de personas en todo el mundo está asociada a complicaciones como asma, apnea del sueño, hipertensión o diabetes, según indicó la agencia EFE.

    Si bien la orden instruída a los funcionarios de embajadas y consulados no impone un límite de peso o un índice de masa corporal determinado, apunta a evaluar si el estado de salud del solicitante podría requerir tratamientos continuos, medicación de por vida o intervenciones futuras.

    En las compañías aéreas, a veces, se presentan casos de pasajeros que sacan ticket y no caben en un asiento, ante lo que algunas, como Southwest Airlines, requieren comprar una segunda plaza, mientras que otras priorizan la seguridad y la comodidad, sugiriendo reservar un asiento extra si no es posible bajar el reposabrazos

    Las hay también que pueden pesar a los pasajeros de forma opcional para calcular el peso total del avión, según explica la finlandesa Finnair. 

    Criterios discrecionales

    Es lo que se temía que suceda con migraciones, llegado el caso, siendo que la medida autoriza a los funcionarios a “desarrollar sus propios criterios” sobre riesgos de futuras emergencias médicas o gastos futuros, lo cual expertos consideran preocupante, debido a que la mayoría de los agentes consulares no cuentan con formación médica especializada.

    Podría ocurrir que un pasajero arribado al aeropuerto presente la documentación en orden, pero el guarda, si ve que no encuadra en la disposición sanitaria, lo derive a un chequeo en la oficina interior a la garita.

    Quienes hayan llegado a los aeropuertos de EEUU de mayor movimiento conocen la existencia de un “cuartito” dependissente de Migraciones, al que algunas veces son remitidos pasajeros que despiertan dudas, a fin de ser interrogados. Una de las posibles consecuencias sería que los deporten al país de origen.s

    Trámite de visas

    Sin embargo, el abogado principal de Catholic Legal Immigration Network, Charles Wheeler, aclaró que la medida aplicará para la mayoría de quienes tramiten visas, especialmente para quienes buscan residencia permanente. 

    A la hora de evaluar cada caso, los funcionarios consulares deberán considerar los exámenes médicos oficiales, la historia clínica y la capacidad económica del solicitante para costear su tratamiento a largo plazo.

    La guía indica evaluar si la persona puede cubrir los costos de su atención “durante toda su vida esperada” sin tener que recurrir a servicios médicos públicos o asistencia financiera estatal.

    El formulario al tramitar el permiso para ingresar incluye la pregunta clave: “¿Tiene el solicitante recursos suficientes para cubrir estos costos sin recurrir a asistencia pública en efectivo o institucionalización a largo plazo?”. 

    La nueva orden también amplía los criterios para evaluar la edad de los solicitantes y la salud de familiares directos, como hijos o padres mayores, bajo el argumento de anticipar posibles futuras necesidades de asistencia social. Esto podría afectar especialmente a familias multigeneracionales o a solicitantes de edad avanzada.

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  • El Estado y una práctica recurrente: espiar a las organizaciones sociales

     

    Una investigación de Hugo Alconada Mon develó que desde la SIDE se había librado una orden para “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” que pudieran capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia”. Según el periodista de la Nación, la disposición fue dictada por el director general de Operaciones de la SIDE, Diego Kravetz, alguien que conoce bien a los “sectores vulnerables” de cuando oficiaba de abogado de las fábricas recuperadas a principio del 2000. No es la primera ni la última vez en la que el Estado, a través de sus organismos de inteligencia, se entromete en la vida de las organizaciones populares que desarrollan sus actividades en los barrios populares, asentamientos y villas. Por Nicolás Salas, para ANRed.


    Si bien el escenario difiere en varios aspectos culturales, políticos y económicos, la asociación con lo ocurrido durante el gobierno de Duhalde es pertinente si se tiene en cuenta que en la actualidad se desarrolla, al igual que en 2002, una de las ofensivas más importante en la búsqueda de desarticular a los movimientos sociales.

    Una caracterización común se da en la visión de los poderes de turno de asumir que el deterioro de las condiciones de vida de grandes sectores de la población pueda llegar a canalizarse en fuerza organizada que se sume a la polarización contra el gobierno. En su momento fue la devaluación, ahora es la motosierra. Tanto el duhaldismo como Milei ahora buscan anticiparse a ese posible escenario, con el atenuante actual de que el Estado se corrió de gran parte de las políticas sociales, a diferencia del 2002, donde 2 millones de planes Jefes y Jefas de Hogar inundaban las zonas periféricas al poder. Es decir, le daban una “opción” de salida a las familias golpeadas por la pobreza y la indigencia.

    Hace 23 años los infiltrados en “los grupos sociales vulnerables” fue confesado por el entonces Secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, quien en su ataque a las organizaciones había blanqueado tener información de lo que se hablaba en las asambleas previas que fijaron el plan de lucha que terminó con la masacre del Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002.

    Dos décadas atrás, el espionaje era parte de un ataque planificado que -se proponía- concluir con el encarcelamiento de las direcciones de los movimientos sociales, posibilidad abortada tras la publicación de las fotos que daban cuenta de la masacre perpetrada por parte de la policía. No es de extrañar que en esta oportunidad sea parte de la estrategia de cuatro patas del gobierno libertario, que tiene como pilares el vaciamiento de la política social, la judicialización de la militancia, la difamación mediática y la represión abierta.

    La desarticulación del Potenciar Trabajo y la FISU (entre otros), los allanamientos masivos a militantes, la agitación mediática contra las organizaciones y las sucesivas represiones de Bullrich son solo ejemplos de una estrategia que ya está en desarrollo.

    Ningún plan de ajuste estructural, y mucho menos el actual, puede pasar sin la criminalización de quienes se propongan construir una resistencia amplia. El primer año de gobierno de Javier Milei pareciera no ser la excepción y los tiempos de este proceso de avanzada dependerá de lo que dure la luna de miel garantizada por los dólares del FMI que reposan en las arcas del Banco Central.

     

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  • Ahora: atraparon a los cuatro prófugos de la cárcel de Senillosa

     

    Un operativo cerrojo de la policía del Neuquén logró detener a los cuatro prófugos de la Unidad 12 de Senillosa, a menos de 20 horas de la fuga que protagonizaron en la noche de ayer lunes.

    El despliegue de móviles y policías motorizados dio con los cuatro detenidos en un barrio de Senillosa, tres de ellos apresados cuando huyeron a pie y un tercero que se movilizaba en un vehículo Volkswagen.

    Los prófugos nuevamente detenidos con de Rogelio Rojas Cisterna, Lucas Nicolás Cruces, Diego Ezequiel Bastías y Josué Jeremías Fresco, todos con antecedentes relevantes y experiencia en evasiones.

    Trascendió que un llamado anónimo recibido en la Comisaría 11 de esa localidad alertó sobre la presencia de los cuatro presos fugados y de inmediato se coordinó un operativo cerrojo en torno al barrio CH de Senillosa.

    En principio los móviles policiales habrían cercado a dos de ellos que emprendieron la huida a pie por las calles del barrio, que serían Cruces y Fresco. En ese momento los otros dos también emprendieron la huida, uno de ellos a pie y otro en un vehículo VW. Con apoyo de personal motorizado, a los pocos minutos se logró la detención de ambos.

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