Apenas se conocieron los primeros números de la elección, Mayra Mendoza lanzó la primera crítica al desdoblamiento de la elección bonaerense que definió Axel Kicillof y que le permitió el triunfo en la elección de septiembre. «El conurbano va a salvar a La Patria y Cristina tenía razón (no importa cuándo leas esto)», escribió la intendenta de Quilmes en las redes.
Un par de horas más tarde, la diputada camporista de Santa Fe, Florencia Carignano, tuiteó en la misma línea «Cristina siempre tiene razón», escribió.
La referencia a la ex presidenta tiene que ver con la advertencia que Cristina le hizo a Kicillof en un congreso del PJ bonaerense en Moreno donde le dejó en claro respecto de los riesgos de desdoblar la elección en la provincia.
Apenas pasó el triunfo de septiembre, desde La Cámpora advertían que el peronismo debía lograr en octubre el mismo porcentaje. De lo contrario, la estrategia electoral del gobernador habría sido un error. En el entorno de Kicillof desestimaban por completo esa afirmación y sostenían que el peronismo siempre perdió las elecciones legislativas y que lo importante era ganar, sin importar el resultado.
Durante la campaña, las diferencias internas en el peronismo se resguardaron. Los escándalos del gobierno -primero con el 3% de Karina y luego con la caída de José Luis Espert- hicieron posible una convivencia en relativa calma.
Sin embargo, todos en el peronismo saben que la derrota hará resurgir la interna. Las próximas horas probablemente afloren las críticas hacia la estrategia electoral del gobernador. Kicillof fue el único orador en un enorme escenario ubicado frente al hotel Grand Brizo donde todo se había preparado para los festejos
Con los primeros números oficiales, Sergio Massa, Juan Grabois, Máximo Kirchner y Axel Kicillof llegaron al bunker del Brizo. Estuvieron reunidos más de una hora. Según trascendió el malestar del gobernador con el resultado electoral era evidente. Kicillof estaba incrédulo y hubo algunas discusiones.
Se definió que el gobernador sería el único orador en el escenario. Debía reconocer la derrota en soledad aunque los referentes de Fuerza Patria subirían al escenario.
«Los resultados son muy ajustados. De 0,5 puntos en nuestra contra», dijo evitando decir que el peronismo cayó derrotado en una elección que parecía ganada. Unos pasos más atrás del gobernador, Máximo Kirchner lo escuchaba serio. Masticaba bronca.
Los resultados son muy ajustados. De 0,5 puntos en nuestra contra.
En otro plano están los intendentes del conurbano que se consideran los dueños de los votos en sus populosos distritos. Por caso, este domingo el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, salió a revalorizar el rol de los jefes comunales en un proceso electoral. «Esto es un mensaje para nuestros dirigentes nacionales que tienen que entender que somos los intendentes quienes tenemos los votos», dijo Granados al festejar el triunfo en su distrito.
LPO contó que un grupo de intendentes mantuvo reuniones con Kicillof donde la futura conducción del peronismo en la provincia es un tema es transversal. Federico Otermin (Lomas), Granados (Ezeiza), Federico Achaval (Pilar) y Nicolás Mantegazza (San Vicente) se reunieron con el gobernador. Primero lo hicieron en Pilar, luego en Ezeiza.
Ese grupo de alcaldes le planteó a Kicillof que no responde a La Cámpora y que podrían articular con él de cara lo que viene. Kicillof les pidió que se sumen a su fuerza política: el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), aunque ellos prefieren mantenerse por fuera de esa estructura.
Ese grupo se plantea como una opción de «centro». Una alternativa a las posturas más extremas. No son La Cámpora ni tampoco el axelismo duro. Desde allí intentan construir el camino para quedarse con el PJ bonaerense.
Golpeada por el caso Espert, Patricia Bullrich ahora busca una foto con Jorge Macri. El jueves visitarían el penal de Marcos Paz para intentar fidelizar el voto del PRO.
El escándalo narco que protagonizó José Luis Espert cruzó la General Paz. Como contó LPO, el rechazo no se circunscribe solamente a la Provincia de Buenos Aires, sino que pegó fuerte en el electorado porteño.
Meses atrás, los libertarios estaban esperanzados en sumar a los 30 puntos de Manuel Adorni en las elecciones locales, los 15 puntos que consiguió el PRO en mayo. Pero esa hipótesis aún no se cristaliza en las encuestas.
Cuando se conoció la profundidad del vínculo con Fred Machado, Patricia fue la primera en reclamar que Espert saliera a dar explicaciones. El pedido no fue inocente: «Las cocker se ponen de mal humor con Patricia por estar con narcos «, habían dicho desde el gobierno.
Para los especialistas, el voto cocker es el segmento más potente que sigue a Mauricio Macri desde hace dos décadas y se trasladó a Javier Milei por pedido del propio líder del PRO. Lo integran las personas mayores de 57 años de clase media y alta que odian a Cristina Kirchner.
La campaña de Patricia en la Ciudad venía complicada por el malestar de los vecinos con el gobierno. En un principio, en el bullrichismo estaban ilusionados con una elección histórica que la dejara bien posicionada para pelear por la jefatura de Gobierno en 2027.
La denuncia de las coimas en Discapacidad fue el primer obstáculo en la camino de la ministra de Seguridad. Cerca de Patricia comenzaron a hablar de una elección en torno a los 40 puntos.
El escándalo de Espert empeoró las cosas: «Hoy está midiendo entre 32 y 38 puntos según la encuesta que mires», dijeron desde el PRO. «Falta proyectar indecisos, pero no pinta bien», señalaron ante la consulta de LPO.
En esa línea, está previsto que el jueves haya una foto con Jorge Macri en la nueva cárcel de Marcos Paz que está construyendo el gobierno porteño para desalojar la cárcel de Devoto y descomprimir la cantidad de presos alojados en las comisarías y alcaldías de la Ciudad.
La Gobernadora Arabela Carreras encabezó una reunión virtual con los Intendentes e Intendentas de la provincia, a quienes les transmitió que las disposiciones que determinó el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, son de cumplimiento obligatorio. Previamente, se había reunido con el Comité de Crisis. Río Negro se encuentra en alto riesgo epidemiológico, por lo…
Voy a compartir una advertencia*. Una alarma sobre los peligros de permitir que el poder estatal, esta vez utilizando herramientas tecnológicas y discursos de odio junto a estereotipos de género, se manifieste contemporáneamente como dispositivo de disciplinamiento, censura y violencia institucional.
Me voy a valer de una imagen que remite a un grabado europeo del siglo XVII. Allí se puede observar a una mujer sometida por un casco de hierro que lleva una tenaza del mismo material, con el que se le presionaba la lengua para humillarla públicamente y silenciar a las “lenguas afiladas”. Conocido como “Brida” o “Regañona”, se le colocaba a las personas que eran consideradas una molestia pública por sus opiniones (en general, emparentado con mujeres a las que se denominaba con el mismo nombre que el artefacto: regañonas). Este montaje de castigo humillante guardaba la clara intención de silenciarlas a través del escarnio público.
La imagen nos permite comprender el fenómeno que abordamos en los días que corren, porque aunque las tecnologías han cambiado, la historia del castigo de las disidencias muestra un continuum que nos lleva al motivo concreto que hoy nos vincula: el trato punitivo a aquellas personas que critican o disienten con el poder, que se torna especialmente humillante cuando se trata de la disidencia de una mujer, en razón de la sempiterna ligazón en el poder punitivo y el poder patriarcal.
El hecho concreto sufrido por nuestra colega Julia Mengolini, públicamente atacada por diversas cuentas en redes sociales, profundizada por la viralización de videos generados con inteligencia artificial, noticias falsas, las cuales fueron compartidas y/o avaladas a través de comentarios por distintos funcionarios estatales; la campaña de descrédito que sufre, el feroz ataque de que es blanco, no es en nada casual, ni aislado.
Se trata de un acto de violencia punitiva, y también política, dirigido contra una mujer crítica, con la clara intención de silenciarla, de modo de dar un mensaje a otras y otros que se sienten disidentes: “Mirá lo que te puede pasar si hablás”, «Ojo, tené miedo», “No te metas”.
A propósito de los usos del poder punitivo
Desde siempre se utilizó el poder punitivo para homogeneizar, eliminar por distintos medios las voces disidentes; claro está, desde que su origen fue la propia persecución de –principalmente- brujas y herejes.
A veces opera con mecanismos formales -persecución penal oficial, es decir, criminalización conspicua y estricta-, en tanto otras con mecanismos informales -difamación, desacreditación, aplicación de violencias directas que, tal como enseñan Zaffaroni, Alagia y Slokar, lo que también constituye trato punitivo.
La violencia que se canaliza punitivamente no es sólo individual sino también colectiva: cualquiera que ingrese a ese grupo (el disidente) podrá sufrirlas. Y siempre es importante recordar que la violencia a la que se recurre para alcanzar dicho objetivo es una violencia ilícita, que suele valerse de mecanismos informales o incluso agencias del sistema penal formal, pero mediante prácticas ilegales.
¿Por qué el Estado recurre a la violencia ilícita para sancionarla? Porque cuando no alcanza el poder punitivo legal (que también se utiliza, como sabemos en el transcurso de los últimos días), la violencia ilícita, que infunde un terror mayor sobre el sujeto en concreto y sobre el resto del grupo de disidentes, siempre resulta más efectiva. En estos casos produce un proceso de represivización – que opera a través de un sistema penal informal o subterráneo – porque le da ventajas al poder, que lo hace a través del ejercicio de una pedagogía del miedo.
Por eso, al agredir a Julia, se procura disciplinar a muchas, y también muchos. La violencia que viene del Estado busca una función ejemplificadora: castigar para que otras/os observen y callen. No se trata de otra cosa que de un dispositivo de control social. Y por eso es parte del poder punitivo. Pero es ilícito porque utiliza medios no legales, hasta humillantes, crueles y odiantes para constituir ese castigo.
Sobre el poder patriarcal
Pero el caso en análisis reúne un componente más en este cúmulo de violencias punitivas: El poder punitivo se une a su complementario: el poder patriarcal. ¿Cómo lo hace? Jerarquizando vidas o inferiorizándolas: en las vidas y cuerpos a quienes busca domesticar/dominar.
La tácticas utilizadas para inferiorizar en el caso testigo son agresiones denigrantes, pero que se constituyen además atacando los roles que el propio patriarcado y la sociedad han impuesto a las mujeres: la sexualización, el cuestionamiento de las maternidades, la lisa y llana difamación ¿Por qué? Porque si primero la inferioriza, luego se puede construir un ser a quien ver como otredad, a quien se puede odiar.
Estas técnicas sirven al poder punitivo y al poder patriarcal para castigar o disciplinar a cualquier grupo al que se señale como enemigo. Si es por motivos raciales, culturales o políticos, siempre lo hace del mismo modo: primero denigrándolos, luego maximizando el ataque y finalmente habilitando la violencia explícita. Los ejemplos son múltiples y nos vienen rápidamente a la vista.
Esa violencia resulta, precisamente, por la modalidad disciplinante y atemorizante, una forma de mordaza (brida) encubierta. El mensaje que está detrás parece prístino: no se prohíbe cuestionar, pero se castiga a quien cuestiona. Y eso alcanza para generar miedo, luego silencio y censura. La pedagogía del miedo opera disciplinarmente obturando, entre otras cosas, el básico presupuesto democrático de comunicar e informar.
El odio algoritmizado
La novedad de este tiempo es que ahora esa violencia no necesita de regañonas ni bridas. Basta con una red social, una cuenta (mejor, oficial) y un software de inteligencia artificial.
Cuando el Estado -o sus funcionarios- replican, masifican, se valen de la IA para fabricar o reproducir falsedades, y lo hace desde un lugar privilegiado de poder. No es una broma, no es un error, no es un exceso: se trata de una planificada estrategia de hostigamiento algorítmico. Y cuando ese hostigamiento se dirige a mujeres, o disidentes en términos políticos, estamos hablando de violencia tecnológica institucional.
Aunque obvio, hoy presenciamos lo que Byung-Chul Han llama un régimen de «infocracia»: una forma de gobierno basada en el exceso de información, en el que los datos sustituyen a la verdad -la posverdad- y donde la comunicación pública ya no promueve el pensamiento crítico, sino la polarización emocional. Las redes sociales y sus algoritmos no favorecen el debate democrático, sino la viralización del escándalo y la erosión del juicio colectivo. En la infocracia, la información se fragmenta, se acelera, se simplifica y termina por sustituir el razonamiento por reacción.
Así, el disciplinamiento promovido desde el poder se vuelve casi inevitable: es el algoritmo el que hace circular el odio, lo alimenta, y lo convierte en poder punitivo informal. Este régimen de información promueve una nueva tecnología para el control social, ya no solo sobre los cuerpos sino sobre la psique a través de una aparente libertad: compartir en redes sociales.
Suele decirse que el dataismo de la infocracia no necesita ideología. Aunque debemos advertir que eso no significa que no sea utilizada por ideologías con sesgos autoritarios para señalar con sus mensajes: los relatos pueden ser sustituidos por los recuentos algorítimicos, pero la creación de la falsedad o el odio es realizado por alguien hasta su viralización reproductora.
En ese universo la lengua del odio encuentra el terreno perfecto para multiplicarse. No porque sea verdadera, sino porque es rentable, porque genera likes, viralidad. Y cuando ese discurso proviene o es reproducido por el Estado, se vuelve doblemente peligroso. Primero porque es performativo por esencia, y porque además no encuentra resistencias cognitivas en una sociedad saturada de información, aunque vaciada de verdad.
Y los discursos de odio tienen una función precisa en la maquinaria del castigo: preparan el terreno para la violencia real, a veces hasta letal.
Como señalamos previamente, primero se deshumaniza, se niega que esa persona tenga valor, derechos, voz. Se transforma en “enemiga”, en “anómala”, en “mentirosa”. Después, ya no cuesta tanto investigarla, amenazarla, callarla, agredirla, o incluso eliminarla.
El Estado necesita justificar para castigar. Por eso los perpetradores utilizan las técnicas de neutralización de valores, al trivializar el daño, culpar a la víctima y apelar a lealtades superiores.
Responder a las violencias, responsabilizar a las violencias
Frente al escenario gruesamente simplificado, cabe preguntar acerca del rol del Derecho (con mayúscula), y qué consecuencias conllevan estas prácticas violentas.
Necesitamos una respuesta urgente. Jurídica en tanto el derecho debe ser constitutivo de paz y verdad. Por ello debemos preguntarnos por la respuesta: el responder, en términos de responsabilidad.
En primer término, podemos decir que existirá frente a toda violencia institucional -formal o ilícita- una responsabilidad que debe ventilarse en el plano político partidario.
En segundo lugar, sin dudas, de acuerdo al marco normativo supranacional internacional, en especial los instrumentos de DD HH y los compromisos asumidos en el orden universal y regional, estas prácticas y acciones concretas constituyen un ilícito del orden internacional.
Finalmente, basta repasar – al menos- el art. 3 segundo párrafo de la Ley Antidiscriminatoria N.º 23.592, para verificar que nuestro sistema penal criminaliza especialmente “a quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupo de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.
Los estándares legales y jurisprudenciales permiten considerar que la acción estatal que se examina —desde el momento en que reproduce desde cuentas oficiales, con contenido falso y elementos estigmatizantes de género y políticos— no sólo repugna a un entendimiento democrático básico, sino que puede encuadrarse típicamente como incitación al odio político, prohibido por la legislación vigente.
El rol del Estado
No puede haber neutralidad institucional frente al odio.
El Estado debe abstenerse de discriminar, pero también prevenir y sancionar las conductas que así lo realicen, incluyendo las violencias en redes sociales.
El Estado no puede ser un emisor de odio ni convertirse en un agresor que utiliza herramientas tecnológicas para disciplinar. Porque cuando lo hace, no sólo ataca a una persona o un grupo de personas, sino que erosiona el soporte democrático. Peor: convierte la expresión libertad en un acto peligroso.
Hoy, más que nunca, debemos defender el derecho a hablar, disentir y ocupar el espacio público sin miedo a ser destruidas. No hay democracia posible si el precio de la mera disidencia es la humillación pública.
No puede haber retorno a la regañona.
*Este texto es la adaptación de la participación de la autora en la conferencia “Inteligencia Artificial y violencia estatal: el caso testigo de Julia Mengolini” en la Facultad de Derecho de la UBA, el 15 de julio de 2025.
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Crece la bronca de los libertarios de Bahía Blanca con Sebastián Pareja luego de que el armador bonaerense haya expresado públicamente su apoyo como coordinadora seccional en la Sexta a una dirigente que fue electa senadora en el Conurbano.
En declaraciones recientes a La Nueva, Pareja destacó «el trabajo de excelencia que han hecho nuestras coordinadoras, María Luz Bambaci y Franca Grippo». Ese gesto fue tomado dentro de la interna libertaria bahiense como un destrato más a quien encabezó la lista que ganó en la Sexta, Oscar Liberman.
Sucede que Bambaci fue candidata en la lista libertaria que, en la Primera, encabezó Diego Valenzuela. «Nunca hizo campaña ni fiscalizó en la Sexta», dijo a LPO un dirigente libertario bahiense.
LPO reveló que, por las imposiciones de Pareja en la lista seccional y los problemas generados con la fiscalización del 7 de septiembre, Liberman dejó de responder al presidente del partido en la provincia y se acercó a Las Fuerzas del Cielo.
Además, la inclusión del ex intendente Hector Gay en la boleta a la Legislatura generó rispideces con el ritondismo bahiense que, a la vez, fue corrido de algunas actividades organizadas por la gente de Pareja en la Sexta, ya en la campaña al 26.
En ese contexto, en Bahía hay desconfianza con Pareja, ya que -como contó LPO-hubo inconvenientes con la fiscalización en la elección provincial y temen que se repita la historia este domingo.
«Todavía no bajaron los recursos prometidos», alertó una fuente de la interna bahiense que, durante la semana, advirtió que, solo en Bahía, a La Libertad Avanza, le faltaban 502 fiscales de mesa.
Las tensiones con Pareja también abarcan a otra de las referentes elogiadas por el armador bonaerense, Franca Grippo Harrington, quien encabezó la lista de concejales en Bahía.
De linaje estanciero por parte de madre, Grippo Harrington es nieta y bisnieta de dos ex intendentes bahienses y es delegada por Tornquist de la Sociedad Rural Argentina. Incluso, anfitrionó a Nicolás Pino en la reciente visita que el titular de la Rural hizo a Bahía.
Ahí, llamó la atención que algunos videos de la recorrida de Pino por la Expo Rural bahiense se hayan difundido con el sello La Libertad Avanza, ligando directamente al titular de la SRA con la campaña del Gobierno.
Algunos dirigentes que ni siquiera se enteraron de la presencia de Pino en la ciudad, también le recriminan a Grippo Harrington no tener una actitud aperturista hacia a otros sectores de la alianza libertaria local.
