Clausurado y allanado otra vez

Clausurado y allanado otra vez

 

Esta semana el Ministerio Publico Fiscal ordeno el allanamiento de una casa que ya había sido clausurada por microtráfico.

Un nuevo allanamiento tuvo lugar esta semana en un «kiosco narco» del barrio Belgrano de Neuquén, una vivienda ubicada sobre Bahía Blanca al 500, que ya había sido clausurada a principios de octubre tras la detención de una mujer y sus dos hijos por venta de drogas. En esta ocasión, la Fiscalía de Robos y Hurtos, junto con la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Segunda, descubrió que el lugar se utilizaba además como depósito de objetos robados.

Durante el procedimiento, ordenado por el juez de garantías Juan Kees y solicitado por el asistente letrado Luciano Vidal, se secuestró una gran cantidad de artículos: una 8 consolas de videojuegos, 10 celulares, notebooks, televisores, herramientas eléctricas, cascos, mochilas, parlantes, una mesa de ping pong y sombrillas, entre otros elementos. Los investigadores lograron establecer un “patrón delictivo” que vinculaba al inmueble con múltiples robos ocurridos en distintas zonas de la capital, como Perticone, Mitre, Tierra del Fuego, Río Negro y Libertad.

El operativo también reveló que en el lugar funcionaba un delivery de bebidas sin habilitación comercial, por lo que la Dirección de Comercio municipal secuestró bebidas alcohólicas y clausuró nuevamente el domicilio. La Fiscalía de Robos y Hurtos continuará ahora con el proceso de identificación de los bienes para devolverlos a sus dueños y definir nuevas imputaciones vinculadas a los robos investigados.

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  • Histórico avance en la OIT: se aprueba convenio vinculante sobre trabajo en plataformas

     

    Tras intensas negociaciones en la 113° Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, que se desarrolla en Suiza, los representantes de los trabajadores lograron una victoria clave: la aprobación, por votación, de la elaboración de un Convenio Universal y vinculante que regule el trabajo en plataformas digitales. Por Agencia ACTA/CTA-A.


    Tras intensas negociaciones en la 113° Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, que se desarrolla en Suiza, los representantes de los trabajadores lograron una victoria clave: la aprobación, por votación, de la elaboración de un Convenio Universal y vinculante que regule el trabajo en plataformas digitales.

    La decisión fue adoptada luego de dos días de debates y resistencia por parte de varios gobiernos y del grupo de empleadores, representado en esta instancia por una delegada de Uber (Estados Unidos). Sin embargo, la postura firme de países como Uruguay, México, Indonesia y la mayoría de los gobiernos africanos resultó determinante para respaldar la propuesta de los trabajadores.

    El nuevo convenio —cuya redacción será elaborada en los próximos meses— establecerá que las relaciones laborales entre las plataformas digitales y sus trabajadores queden sujetas a normas laborales internacionales. Esto supone un cambio trascendental en la lucha contra la precarización laboral que afecta a repartidores (como los de Rappi) y conductores (como los de Uber), muchas veces excluidos de derechos básicos como salarios justos, protección social y condiciones seguras de trabajo.

    Jorge Castro, secretario general de Uettel y dirigente de la Conducción Ejecutiva de la Central, participó de esta comisión. “El trabajo no es una mercancía”, reza la Declaración de Filadelfia, principio fundacional de la OIT que los representantes sindicales destacaron como guía para este logro.

    Aprobado el inicio del proceso, el foco ahora se traslada al contenido del futuro convenio. Entre los temas prioritarios estarán la remuneración del tiempo de espera, el acceso a salud y seguridad laboral, la protección social y una regulación clara de las condiciones de empleo en el sector digital.

    El resultado marca un precedente histórico en la regulación global del trabajo digital, y representa un paso firme hacia el reconocimiento de los derechos laborales en la economía de plataformas.

    Fuente: https://ctaa.org.ar/historico-avance-en-la-oit-se-aprueba-convenio-vinculante-sobre-trabajo-en-plataformas/

     

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  • Violencia sin freno en Loncopué: brutal golpiza dejó a un hombre con fractura de cráneo

     

    Loncopué atraviesa días marcados por la violencia. A menos de una semana del crimen de Franco Morel, la localidad neuquina volvió a estremecerse con otro episodio salvaje que dejó a un vecino gravemente herido y en terapia intensiva.

    De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el sábado por la noche, cerca de las 22, cuando la víctima fue interceptada en la vía pública por dos hombres que lo atacaron a golpes luego de una discusión verbal. Producto de la agresión, el vecino sufrió traumatismos severos, fractura de cráneo, hematomas y una hemorragia subaracnoidea. Permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

    Los agresores, identificados por sus iniciales como B.A.B. y R.S.B., fueron detenidos e imputados por el delito de lesiones gravísimas en calidad de coautores, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

    De acuerdo con lo que reconstruyó la fiscalía, el ataque se produjo en dos momentos distintos: primero, tras un intercambio de insultos, uno de los acusados se enfrentó a la víctima hasta que otras personas intervinieron para separarlos. Minutos después, ambos imputados lo emboscaron nuevamente y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente en el suelo. Testigos del hecho aseguraron que uno de ellos le dio una patada en la cabeza cuando ya estaba caído.

    La jueza de garantías Vanessa Macedo Font dio por formulados los cargos y fijó un plazo de tres meses para la investigación. Sin embargo, rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscalía, que había argumentado riesgo de entorpecimiento de la investigación. En cambio, dispuso la libertad inmediata de los imputados, aunque les prohibió mantener contacto con la víctima o los testigos.

    El violento episodio se suma al crimen ocurrido el lunes 27 de octubre, cuando Franco Morel fue asesinado a puñaladas en plena calle. El autor fue detenido y enfrenta cargos por homicidio simple.

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  • “Un nuevo intento de proscribir al Suteba Tigre”

     

    El viernes 6 de junio dirigentes de Suteba Tigre fueron notificados de su judicialización por el juez Alfredo Wagner a raíz de una “denuncia maliciosa” de funcionarios de la Dirección General De Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires. En charla con Alfredo Cáceres, referente del sindicato, nos comentó sobre las falsas denuncias que recibieron y las acciones a llevar a cabo por la seccional “para responder a esta ofensiva judicial de la patronal”. Por Ernestina Arias. 


    “En la escalada represiva y autoritaria que estamos viviendo en el país, replicada por la DGCyE, que no cesa de desconocer el libre ejercicio de la actividad sindical, los cuadros intermedios de DGCyE optan por judicializar al SUTEBA TIGRE y en particular a María Elisa Salgado, secretaria general, Marina Lascano Warnes, Secretaria de Formación Político Sindical, y Alfredo Cáceres Vocal Titular, de este sindicato. Sin más, esto implica que nuestres compañeres puedan ser detenides ejerciendo su representación sindical o la defensa de docentes del distrito o en sus tareas laborales cotidianas, es decir, obstaculizan el ejercicio de la representación sindical”. De esta forma comienza a denunciar el sindicato de trabajadores de la educación Suteba Tigre en un comunicado emitido el mismo día que recibieron las notificaciones.

    En conversación con Alfredo Cáceres, nos explica de qué se trata esa acusación. “Una inspectora del distrito de Tigre nos denuncia, argumentando hechos que tienen que ver con nuestra intervención sindical, como nombrarla, denunciar sus intervenciones, atropellos y demás. Fue alguien que llegó con el macrismo, de una manera como mínimo bastante dudosa, pero más allá de eso su irrupción como inspectora fue ser parte de la persecución desatada contra unos 500 inspectores en aquella época que hizo el macrismo para callar a las escuelas después del estallido de la escuela 49 de Moreno. Y bueno, entonces desde ese lugar arremete con una denuncia penal que el juez Wagner lo que hace es transformarla en una perimetral aunque no se declara competente sino que lo remite al fuero contencioso administrativo o sea que se lava las manos pero deja la medida cautelar de la perimetral. Con lo cual, técnicamente, si nos cruzáramos en una escuela o en la vía pública o en nuestro lugar de trabajo, o ejerciendo el rol de dirigentes, acompañando una intervención en la jefatura o en cualquier otro ámbito, podríamos ser detenidos, porque estaríamos violando la perimetral. Así que concretamente se transforma en un ataque de esta naturaleza”.

    Desde el sindicato afirman que “esta ofensiva judicial contra representantes de trabajadores de la educación no es la primera vez que ocurre y pareciera estar completamente avalada por la DGCyE que no ha dado respuesta a ninguna de las presentaciones formales que se han realizado por el sindicato.”

    A partir del momento que difundieron la situación empezaron a recibir la solidaridad de la docencia y organizaciones de zona  norte, las cuales siguen recibiendo en sus redes sociales.

    “Las campañas reaccionarias que buscan demonizar a les trabajadores acusando de violentes a quienes defiende los derechos de la clase trabajadora abonan la judicialización de nuestras organizaciones”, enuncian en el comunicado y prosiguen “hacemos responsables de la integridad de nuestres compañeres a las autoridades regionales y distritales, Amelia Bressan y Gloria Zingoni, y al Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni”.

    Finalizan el texto con la convocatoria a asambleas para resolver acciones directas para responder a esta “ofensiva judicial de la patronal”.

    Redes sociales

    https://www.facebook.com/sutebadetigreconduccionmulticolor

    https://www.instagram.com/suteba_de_tigre/?hl=es

     

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  • La causa por coimas en Discapacidad llega a la Cámara Federal

     

    La Cámara Federal porteña intervendrá por primera vez el martes próximo en la causa ANDIS que investiga el supuesto pago de coimas por parte de droguerías para la compra de medicamentos en el área de discapacidad, en una audiencia para revisar planteos de nulidad del caso.

    Los recursos de la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina, fueron rechazados por el juez federal Sebastián Casanello y ahora el tema llega en apelación a la sala II del Tribunal de Apelaciones integrada por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, quienes llamaron a una audiencia para el próximo martes 28 de octubre, informaron fuentes judiciales.

    A los planteos de invalidez del caso se sumó el también investigado ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo.

    El Tribunal debe decidir si confirma el rechazo a la nulidad, con lo cual la pesquisa que está bajo secreto de sumario seguirá su curso.

    El 9 de octubre pasado el fiscal federal Franco Picardi pidió realizar 25 allanamientos simultáneos en droguerías y domicilios particulares porque se habrían determinado graves irregularidades y direccionamiento en la compra de medicamentos de alto costo por parte de la Agencia de Discapacidad. 

    Casanello rechazó los pedidos de nulidad presentados por los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker en sintonía con la negativa del fiscal Picardi, quien sostuvo que fueron «errados» y «contradictorios» y tuvieron como fin «entorpecer una pesquisa incipiente».

    Ante la Cámara esa postura deberá ser respaldada por la fiscalía en esa instancia de apelación.

    De qué se trata el planteo de nulidad

    El planteo de nulidad se basa en que el caso se abrió por los audios de Spagnuolo, que habrían sido obtenidos de manera ilegal.

    En esas grabaciones mencionaba a la droguería Suizo Argentina como parte del esquema de pago de sobornos y se aludía también a la hermana del presidente Javier Milei, Karina Milei y a Eduardo «Lule» Menem.

    El abogado de los Kovalivker, Martín Magram, reclama la nulidad absoluta de la causa penal porque se inició en base a grabaciones  “adulteradas, obtenidas de forma ilícita o incluso creadas por inteligencia artificial”, especuló.

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  • El Gobierno busca postergar el debate del Presupuesto 2026 y tratarlo en sesiones extraordinarias

     

    El bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA) buscará acuerdos con los bloques dialoguistas para postergar el debate del proyecto de Presupuesto 2026 a fin de tratar esa iniciativa en sesiones extraordinarias y luego de que asuman los diputados electos el domingo último, con lo que el oficialismo tendrá, junto a sus aliados, la primera minoría.

    Los bloques opositores aprobaron el 8 de octubre un emplazamiento donde se estableció el cronograma de audiencias, que establecía que el 11 de noviembre se trate en el recinto para que pueda discutirse en el Senado antes de la finalización de las sesiones ordinarias.

    El peronismo quiere mantener la fecha del dictamen pero reconoce que hay bloques dialoguistas que están dispuestos a acordar una nueva citación para que se trate con la nueva composición el cuerpo, indicaron fuentes parlamentarias.

    El Gobierno tendrá a partir del 10 de diciembre 107 legisladores entre la LLA, PRO y la UCR, y podrá contar con otros 6 diputados radicales cercanos al oficialismo, con lo cual necesitará solo 13 legisladores para aprobar el Presupuesto 2026.

    Voceros parlamentarios de bloques provinciales señalaron que estas negociaciones se realizarán entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo, que acordarán una postergación del debate de la ley de gastos y recursos.

    En este escenario será crucial la posición que adopte el bloque de Encuentro Federal, ya que uno de sus diputados, Nicolas Massot, había adelantado que presentará un dictamen de minoría donde mantiene un superávit inferior al proyectado por el Gobierno para incluir las leyes de Discapacidad, Universidades y Garrahan.

    También habrá que esperar la posición que asumirá Democracia para Siempre, que también había votado el emplazamiento en la sesión del 8 de octubre. En cambio, el oficialismo tendría el aval de los bloques del PRO, la UCR y bancadas provinciales para postergar el tratamiento.

    Por lo tanto, resultarán claves las conversaciones que puedan existir en los próximos días entre el oficialismo y los bloques dialoguistas para establecer un nuevo cronograma de dictamen y avanzar así con las negociaciones para consensuar la ley de gastos y recursos para 2026.

    Por lo pronto, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto Benegas Lynch, continuará esta semana con la ronda de consultas y para mañana está previsto que terminen de responder las preguntas de los legisladores el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, además funcionarios del Ministerio de Defensa y Hacienda. Para mañana a las 14.30 también está prevista la visita del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

    El proyecto de Presupuesto que está en discusión plantea un aumento de la economía del 5% del PBI, una inflación del 10,1%; un dólar de 1423 a diciembre de 2026 y proyecta incrementos del 10,6 % de las exportaciones y 11 % de importaciones. También fija que los gastos totales serán de 148 billones de pesos, con recursos de 148,2 billones de pesos, con lo cual proyecta un superávit primario de 2 billones de pesos.

    En el proyecto girado en 2024, el Gobierno contemplaba recursos por 3,6 billones de pesos pero las universidades solicitaron 7,2 billones de pesos, y en ese punto no hubo acuerdo entre oficialismo y oposición.

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  • Vuelos afectados: el paro de controladores pone en vilo a pasajeros y cargas

     

    El conflicto entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) pone en vilo a pasajeros y transporte de cargas en todo el país. Por el momento, las medidas de fuerza se realizan por la noche, afectando las cargas y logística, pero no se descarta que se profundicen para el fin de semana largo entre el viernes 21 y el lunes 24 de este mes.

    Dentro del calendario de paros escalonados anunciados por ATEPSA para el mes, los días 21 y 24 de noviembre se presentan como jornadas de potencial afectación a la actividad aerocomercial.

    Las medidas de fuerza se están llevando a cabo en franjas horarias específicas, principalmente durante la noche (entre las 22:00 y las 06:00 horas), e impactan directamente sobre el transporte de carga. En este lapso, el gremio ha instruido la no autorización de despegues de aeronaves destinadas exclusivamente a esta actividad ni la recepción de sus planes de vuelo.

    El sindicato, que nuclea a más de mil trabajadores esenciales para la seguridad aérea, reclama el incumplimiento de acuerdos laborales y paritarios firmados por la EANA, entidad dependiente del Estado Nacional.

    Impacto en la cadena logística

    La interrupción de las operaciones de carga en horario nocturno ya está generando demoras y complicaciones en la cadena logística y comercial del país. Productos de alto valor o perecederos que dependen de la celeridad del transporte aéreo se ven afectados, lo que puede tener un efecto dominó en los plazos de importación y exportación.

    Según un comunicado difundido por el gremio, a pesar de que las medidas buscan «evitar afectar las operaciones de pasajeros», la «falta de gestión» de EANA «agrava la situación» y profundiza el conflicto colectivo.

    Advertencia de profundización del conflicto

    La tensión podría escalar, mañana se realizará un plenario nacional de delegados de ATEPSA. En esta instancia, los controladores analizarán si profundizan el plan de lucha ante la falta de respuestas de la empresa.

    El sindicato ha advertido que, si EANA no cumple con los compromisos asumidos y no convoca al diálogo, se verán obligados a incrementar las «medidas legítimas de acción sindical». Esto podría implicar una ampliación de los horarios de paro o la extensión de las restricciones a los vuelos comerciales de pasajeros, un escenario que las aerolíneas y los viajeros esperan evitar, especialmente en la víspera del fin de semana largo.

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