Julieta Corroza: «Neuquén necesita un senador que cuide sus recursos»

 

El juez federal Sebastián Ramos procesó por los delitos de «abuso de autoridad» y «lesiones leves» al policía federal Cristian Miguel Rivaldi, por tirarle gas pimienta en la cara a una nena de 10 años y su madre en la marcha de jubilados/as del 11 de septiembre del 2024. El juez consideró que Rivaldi se apartó del protocolo para manifestaciones y «arrojó gas contra dos mujeres, una de ellas menor, que se encontraban en el suelo y sin agredir a la autoridad». En aquel momento, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Javier Milei, y periodistas alineados al gobierno nacional, intentaron instalar la fake news de que el gas había sido arrojado por una activista de derechos humanos. De hecho, con el respaldo del Gobierno, Rivaldi siguió participando de los salvajes operativos represivos contra las marchas de jubilados/as, que ya dejaron decenas de personas heridas, como los casos de Beatriz Bianco, jubilada de 83 años empujada por un policía; el abogado del CeProDH Matías Aufieri, que perdió la visión de un ojo a causa de un disparo policial; o el reportero gráfico Pablo Grillo, herido de gravedad en la cabeza por una granada de gas lanzada por el gendarme Héctor Jesús Guerrero. Por ANRed.

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En las últimas horas de este jueves 29 de mayo, el juez Sebastián Ramos decidió disponer el procesamiento, sin prisión preventiva, del policía federal Cristian Miguel Rivaldi, por los delitos de «abuso de autoridad en concurso real» y «lesiones leves», por arrojarle gas pimienta en la cara a Fabrizia (niña de 10 años) y a su madre Carla Pegoraro en la marcha de jubilados/as del 11 de septiembre del 2024.

En el fallo, que se da en el marco de una causa que investiga el accionar de las fuerzas de seguridad durante esa jornada, el juez consideró que el agente se apartó del protocolo para manifestaciones: «actuó contrariando la normativa vigente, sin justificación ni necesidad de intervenir de ese modo. Arrojó gas contra dos mujeres, una de ellas menor, que se encontraban en el suelo y sin agredir a la autoridad. Apuntó directamente a sus rostros sin motivo que justificara esa acción«, aseguró en el escrito judicial.

«El agente se encontraba de pie, en una posición de dominio, y aún así eligió apuntar directamente al rostro de las mujeres. Las imágenes son contundentes y respaldan plenamente lo relatado por la denunciante. Por el contrario, los argumentos del imputado resultan poco creíbles. Es evidente en los registros fílmicos que apuntó de manera directa e intencional», concluye el fallo, en respuesta al extenso descargo de 60 páginas que presentó en su defensa el agente Rivaldi, en el que sostuvo que ningún superior le llamó la atención por su proceder, que nunca vio a una niña en la escena y que «si la hubiera visto, la habría retirado del lugar».

Respaldado como Chocobar, tras gasear a una nena y su madre, Rivaldi siguió reprimiendo en las marchas de jubilados/as

Durante el gobierno de Mauricio Macri, el policía bonaerense Luis Chocobar fue recibido en Casa Rosada, respaldado como un héroe por la entonces también ministra de Seguridad Patricia Bullrich y convertido en un emblema de la política de seguridad de la llamada «Doctrina Bullrich», quien había sido condenado por matar por la espalda a Juan Pablo Kukoc, un joven asaltante de 18 años que en 2017 huía luego de haber apuñalado a un turista estadounidense en el barrio porteño de La Boca. 

En el caso del policía Cristian Rivaldi, esta vez no hubo fotos como forma de respaldo gubernamental, pero sí Bullrich y periodistas alineados al gobierno de Mauricio Macri intentaron instalar una operación de prensa, tras los hechos represivos en la marcha de jubilados/as del 11 de septiembre de 2024 frente al Congreso, luego de que se viralizara en los medios de comunicación y en las redes sociales la imagen de Fabricia Pegoraro, la nena de 10 años, y su madre Carla, gaseadas por el policía Rivaldi cuando estaban indefensas en piso.

Rápidamente, Bullrich y los medios afines intentaron instalar la fake news de que quien había arrojado el gas era una activista de derechos humanos vestida con mameluco naranja. Luego, tras la contundencia de las imágenes del accionar represivo de Rivaldi, tuvieron que retroceder. En ese momento, la Comisión Provincial por la Memoria presentó una denuncia y Amnistía Internacional remarcó que «los niños/as no pueden ser blanco de gases u otros impactos de armas».

Sin embargo, unos días después, a pesar de las repercusiones por su indiscriminado y salvaje accionar, Cristián Rivaldi siguió participando de los operativos represivos. Hasta ahora, que fue procesado por el juez Sebastián Ramos.

Mientras, en este contexto de naturalización de la violencia institucional por parte del gobierno nacional, que se evidencia en las repetidas represiones salvajes de las diversas fuerzas de seguridad a las tradicionales marchas de jubilados/as de cada miércoles frente al Congreso, la cantidad de personas heridas van en aumento.

Algunos de los casos más recordados son los de Beatriz Bianco, jubilada de 83 años empujada por un policía; el abogado del CeProDH Matías Aufieri, que perdió la visión de un ojo a causa de un disparo policial; o el reportero gráfico Pablo Grillo, herido de gravedad en la cabeza por una granada de gas lanzada por el gendarme Héctor Jesús Guerrero.

 

 

En la industria del cine, acostumbrada a las estrellas que brillan en la alfombra roja y a los egos de carne y hueso, irrumpió una figura inesperada: Tilly Norwood. Con mirada expresiva, voz clara y gestos que transmiten emociones, podría confundirse con cualquier actriz emergente en busca de su gran papel. Sin embargo, Tilly no existe. Es una creación de Inteligencia Artificial.

El anuncio de su aparición provocó un sismo en Hollywood. Productores, guionistas y, sobre todo, actores, comenzaron a debatir el alcance de esta innovación. ¿Hasta dónde llega la amenaza? El Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG-AFTRA) no tardó en reaccionar: advirtió que Tilly Norwood representa un riesgo real para los puestos de trabajo, los salarios y, en definitiva, la valoración del arte interpretativo.

Detrás de la actriz virtual está Particle6, una productora británica que, a través de su división de talentos digitales Xicoia, trabajó durante meses en el modelado 3D, las texturas de piel, las expresiones faciales y la iluminación que le dieron vida. “Se generaron decenas de versiones hasta lograr un rostro y un cuerpo que resultaran convincentes”, reconocen desde la compañía. El resultado es inquietante: una intérprete digital capaz de recitar diálogos con naturalidad, mover los labios con sincronía perfecta y protagonizar escenas como si fuese una actriz de carne y hueso.

Mientras las alarmas suenan en Los Ángeles, en Londres celebran lo que consideran un hito tecnológico. Los creadores de Tilly aseguran que la IA puede reducir hasta un 90% los costos de producción, lo que abre la puerta a rodajes más baratos y proyectos impensados en la industria tradicional. Pero lo que para unos es innovación, para otros es un golpe directo a la esencia del cine.

En medio de la discusión, Tilly Norwood se convirtió en un símbolo. No tiene biografía ni pasado, no cobra cachets millonarios ni exige contratos exclusivos. Y, sin embargo, ya ocupa titulares y despierta pasiones encontradas. Para algunos, es la promesa de un futuro más accesible y creativo. Para otros, la antesala de un mundo en el que los actores de carne y hueso podrían quedar relegados a un papel secundario frente a sus dobles digitales.

El cine, acostumbrado a reinventarse con cada revolución tecnológica, enfrenta ahora una pregunta de fondo: ¿qué lugar tendrá el ser humano cuando las emociones que vemos en pantalla puedan ser creadas por una máquina?

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Una denuncia penal presentada por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) contra los jefes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) los acusa de abuso de autoridad por aprobar un Plan de Inteligencia Nacional que habilita tareas de espionaje sobre grupos vulnerables, actores sociales y voces críticas, en abierta violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Desarticular la protesta social a partir de la agudización de la crisis ecónomica y particularmente aplacar la resistencia en las provincias es uno de los principales objetivos luego de la aprobación de la Ley de Bases. Por ANRed.

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Hace unos días se filtro parte del Plan de inteligencia para el 2025 (PIN). Las denuncias se hicieron concretas a partir de la públicación de la Revista Crisis. El PIN, elaborado por la SIDE bajo la administración de Javier Milei, instala un esquema de vigilancia y control que apunta directamente contra voces disidentes, opositores políticos, movimientos sociales, ambientalistas, pueblos originarios, periodistas, sindicalistas y referentes opositores. Lejos de tratarse de un plan técnico o preventivo, el PIN operará como una herramienta política de persecución, basada en definiciones vagas y arbitrarias que habilitan el espionaje interno y la criminalización de la protesta.

Con el pretexto de proteger el “orden constitucional” o el “desarrollo de la infraestructura estratégica”, el gobierno utilizaría la inteligencia estatal para catalogar como amenazas a quienes cuestionen sus políticas.El plan incluso se atreve a identificar el “anarquismo” como forma de terrorismo, en un intento evidente de criminalizar. Detrás se guardan desafios que sabe el gobierno que enfrentará. Todavía están frescas las rebeliones del 2020 contra la instalación de la megaminería en Chubut y el Mendozazo en el 2019 a penas asumido Alberto. Incluso en Jujuy también una rebelión que duró varias semana hasta se realizó un acampe en el centro de CABA (El tercer malón de la paz) . También las jornadas de protesta en toda la costa bonaerense contra las petroleras offshore.

Hoy organismos de derechos humanos y actores sociales presentaron una denuncia penal contra las máximas autoridades de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, por abuso de autoridad. La acusación se centra en un Plan de Inteligencia Nacional y una orden secreta recientemente revelada, que habilitan a los servicios de inteligencia a vigilar y monitorear a grupos sociales, opositores, periodistas, académicos y ambientalistas bajo definiciones amplias y vagas. El plan amplía de forma riesgosa el concepto de terrorismo y legitima la persecución ideológica, incluyendo el espionaje sobre protestas y reclamos históricos. También apunta al seguimiento de conflictos socioambientales y a pueblos originarios. Todo esto contraviene la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, por lo que se exige una investigación judicial para determinar si ya se realizaron acciones ilegales y quiénes son los responsables.

El texto fue publicado hoy por el CELS:

«Denunciamos penalmente por abuso de autoridad a Sergio Neiffert, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y a Diego Kravetz, director general de Operaciones de la SIDE. La denuncia apunta a sus responsabilidades en la aprobación de un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y el dictado de una orden secreta que habilita a la SIDE a “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” de la Argentina y a actores que puedan capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local.

Una parte sustancial de las tareas de inteligencia, que son esencialmente secretas, estaría volcada a vigilar y caracterizar la conversación pública: lo que se dice y cómo se dice en medios y en redes sociales. Las opiniones comienzan a adquirir las características de una amenaza para el PIN cuando “promuevan la conflictividad” -una práctica de autoridades y grupos afines al gobierno, por otra parte- o cuando erosionen “la confianza” en las instituciones económicas o la reputación de empresas asentadas en el país.

La extensión de las tareas de inteligencia es enorme y tiene definiciones vagas. Pueden vigilar, según su plan, a “actores de interés”, “actores estratégicos”, “actores no estatales”, actores que tengan la capacidad de “manipular la percepción” de las personas, que promocionen la fragmentación social, sin una explicación de qué significan esos adjetivos y si tienen límites. La definición concreta y operativa queda en manos de los funcionarios de la SIDE: son quienes van a definir quiénes encarnan una amenaza. El PIN habilita la vigilancia secreta de la expresión política opositora en el espacio público, pero también de referentes sociales, economistas, periodistas, académicxs, artistas y cualquier voz crítica.

Todas estas actividades son abiertamente contrarias a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. Por eso en la denuncia pedimos, además de una serie de medidas de prueba para esclarecer estos hechos, que se determine si ya hubo acciones concretas basadas en la orden secreta y el PIN, para poder definir las responsabilidades penales.

El PIN contiene “Lineamientos Estratégicos” y “Objetivos Generales de Inteligencia”, del que se desprenden “Objetivos Particulares de Inteligencia” y de ellos “Necesidades de Inteligencia”.

Las Necesidades de Inteligencia del Objetivo Particular de Inteligencia 5 del Lineamiento Estratégico 3, por ejemplo, habilitan la vigilancia de actividades y expresiones políticas y sociales que consideren amenazas o en proceso de radicalización. Si nos remitimos a medidas o declaraciones de funcionarios para entender cuáles podrían ser esas amenazas podemos remontarnos al año pasado, cuando el gobierno usó ese tipo de calificativos para hablar de manera prejuiciosa y estigmatizante de manifestantes, de grupos anarquistas o antifascistas. El Objetivo Particular de Inteligencia 6 del mismo Lineamiento Estratégico apunta a los “potenciales impactos negativos en el desarrollo del sistema de Defensa Nacional” y allí los sospechosos podríamos ser los organismos de derechos humanos.

El PIN amplía el concepto de terrorismo de una forma muy peligrosa. Podrían quedar bajo vigilancia actividades y personas por su orientación ideológica o por sus reclamos históricos. El paraguas es tan amplio que habilitaría la vigilancia de manifestaciones públicas y de protestas que pudieran ser “oportunidad” para acciones terroristas. El plan identifica al “terrorismo anarquista” como blanco principal, lo que puede derivar en persecución ideológica: expresar ideas anarquistas sería suficiente para entrar en una lista de vigilancia.

El Plan de Inteligencia se enfoca también en seguir la conflictividad socioambiental y vigilar tanto al activismo ambientalista como a los pueblos indígenas –grupos que pretendan proteger patrimonios culturales y/o sagrados–. La mirada está puesta en situaciones y actores con capacidad de incidencia política o de obstruir proyectos extractivos, que puedan afectar la “extracción, transporte y/o comercialización” de recursos naturales estratégicos. También incorpora como objetivo el seguimiento de instancias internacionales –sistemas de protección de derechos, cooperación internacional pública y privada– que intervengan frente a “eventos climáticos extremos, la degradación del ecosistema y pérdida de biodiversidad”. Quienes promuevan acciones para evitar estas consecuencias de la matriz productiva extractivista son considerados actores “adversos al interés nacional”.

Aunque el Estado Nacional lo haya negado en un comunicado breve, está habilitando a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional a desplegar tareas de identificación, seguimiento, monitoreo, búsqueda, producción y acopio de información sobre personas y grupos por razones políticas. Es ilegal y tiene que rendir cuentas.»

 

 

Neuquén da un paso hacia la inclusión con la implementación de la aplicación “Neuquén Accesible”, que permite a los vecinos denunciar infracciones de estacionamiento en rampas y veredas.

La ciudad de Neuquén avanza hacia un modelo más inclusivo con la reciente aprobación de una ordenanza que habilita a los vecinos a denunciar infracciones de estacionamiento indebido a través de la aplicación “Neuquén Accesible”. Esta iniciativa tiene como objetivo erradicar el estacionamiento en lugares estratégicos como rampas para personas con discapacidad y veredas, lo que obstaculiza la movilidad urbana, especialmente para quienes dependen de la accesibilidad en la vía pública.

En una entrevista con AM Cumbre 1400, la concejal Victoria Fernández destacó la relevancia de la iniciativa, señalando que no se trata solo de una infracción de tránsito, sino de una falta de empatía y solidaridad. “No es solo un problema de tránsito, sino de respeto hacia las personas con discapacidad, adultos mayores o mamás con carritos”, enfatizó la edil.

Una denuncia digital y directa

Gracias a la nueva herramienta digital, los ciudadanos pueden denunciar infracciones mediante una simple fotografía, que se toma a través de la aplicación. Esta foto se valida como prueba legal para aplicar las sanciones correspondientes. “A través de esta aplicación, los vecinos podrán denunciar directamente, y la foto será tomada como prueba”, explicó Fernández, subrayando que el sistema incluye características técnicas que aseguran la validez de las denuncias.

Mirando hacia el futuro: una ciudad más inteligente y sustentable

Más allá de las soluciones puntuales, la concejal subrayó la necesidad de una revisión estructural hacia una ciudad más inteligente y sustentable. “Neuquén ha dejado de ser una ciudad mediana y debe proyectarse como una gran urbe”, afirmó Fernández, haciendo énfasis en la necesidad de replicar modelos de ciudades globales.

Entre las propuestas de modernización, mencionó la reforma del transporte público, en especial la necesidad de actualizar las vías del tren, que actualmente no cumplen con los horarios ni la funcionalidad esperada.

Asimismo, Fernández destacó la importancia de la descentralización y la digitalización para aliviar el congestionado microcentro de la ciudad. “La digitalización y la desconcentración deben ir juntas”, agregó, refiriéndose a cómo la mayor disponibilidad de trámites online ha descongestionado las oficinas municipales y reducido la presencia de personas en las calles.

Estacionamiento y urbanismo: un problema de largo plazo

Otro tema clave abordado fue la falta de cocheras en nuevos edificios, una problemática que persiste desde gestiones anteriores. Fernández recordó la implementación de una ordenanza que endureció los controles sobre las construcciones para asegurar que los nuevos edificios incluyan cocheras en función de la cantidad de unidades habitacionales.

“Ahora se exige declarar los metros cuadrados antes de iniciar la obra, y los edificios deben incluir cocheras”, detalló. Sin embargo, reconoció que no todos los departamentos cuentan con espacios asignados, lo que complica la disponibilidad de estacionamiento en la vía pública.

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Las elecciones legislativas marcarán un punto de inflexión para el gobierno de Javier Milei. En diálogo con AM Cumbre 1400, el analista político Facundo Cruz explicó que, como ocurrió con todos los presidentes anteriores, Milei llega a esta instancia con la intención de ratificar las reformas impulsadas durante su primer año.

“Cada presidente utilizó las elecciones legislativas como una forma de respaldo político”, señaló Cruz. En el caso de Milei, su estrategia se basa en una narrativa disruptiva, que divide a la sociedad entre “nosotros o el caos”. El mensaje del oficialismo se resume en una idea: continuar el rumbo o volver al pasado. “Las listas de La Libertad Avanza van a permitir que sigamos por este camino y, si no, lo que hay es el caos”, sintetizó Cruz, destacando el tono confrontativo del discurso.

Sin embargo, el contexto económico complica las aspiraciones del gobierno. Aunque el oficialismo exhibe algunos avances macroeconómicos, la realidad cotidiana muestra otro panorama. Por eso Cruz destacó que la inflación ronda el 2% mensual y que el tipo de cambio se mantiene estable sin devaluaciones abruptas, con una depreciación del 30% en lo que va del año.

En la Patagonia, el impacto del ajuste económico se siente con fuerza en los hogares. Los altos costos de vida, la caída del consumo y la falta de obra pública afectan directamente la actividad en sectores como el comercio y la construcción.

Descontento social y microeconomía en crisis

Según Cruz, el talón de Aquiles del gobierno es la microeconomía: “Hay un descontento muy grande con respecto a la economía y a cómo afecta a las familias el encarecimiento de todo”.

La falta de políticas sociales y la reducción de la obra pública dejan al gobierno con pocos argumentos para conectar con la vida cotidiana de los votantes. En este contexto, el relato de estabilidad y orden no alcanza para compensar el malestar económico que atraviesa los hogares argentinos, especialmente en regiones con menor dinamismo económico como la Patagonia.

Empate técnico y posibles sorpresas en las provincias

En el plano electoral, la competencia aparece muy ajustada. A comienzos de 2025, La Libertad Avanza lideraba con un 40% de intención de voto, diez puntos por encima del peronismo. Pero hacia octubre, los sondeos muestran un empate técnico, con ambos espacios rondando el 35-37%.

“El gobierno fue perdiendo intención de voto, mientras que el Peronismo la mantuvo”, explicó Cruz. La provincia de Buenos Aires, que concentra casi el 40% del padrón, será clave para definir el resultado nacional. Pero también hay expectativa por el desempeño en provincias como Río Negro, La Pampa y San Juan, donde podrían darse sorpresas electorales.

“En Río Negro, una sorpresa sería que el peronismo gane”, anticipó Cruz, señalando la alta competitividad de algunos distritos patagónicos, donde el voto local y la economía regional pueden inclinar la balanza.

Participación electoral y voto indeciso

La participación también será un factor determinante. Cruz estimó que entre el 60% y el 70% del padrón concurrirá a votar, una cifra superior a la de los comicios adelantados del primer semestre. Según el analista, los votantes más firmes favorecen al peronismo, mientras que el electorado “blando” de Milei —aquel que podría abstenerse o cambiar su voto— será decisivo en los distritos más disputados.

Un termómetro político para el futuro

El resultado del domingo se perfila como un plebiscito sobre la gestión de Milei. Si bien el gobierno confía en su discurso de orden y estabilidad, las dificultades económicas y el humor social podrían equilibrar la contienda más de lo previsto.

“La elección se juega en la duda”, resumió Cruz, aludiendo al clima de incertidumbre que atraviesa el país. En la Patagonia, donde la economía doméstica pesa más que las grandes cifras macro, el voto podría definirse por el impacto real en los bolsillos y la expectativa de futuro.

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La FIFA fue objeto de críticas luego de eliminar imágenes promocionales de jugadores del Al Ahly que expresaron su apoyo a Palestina durante el Mundial de Clubes 2025. Mientras se vivieron expresiones en las tribunas apoyando a Gaza contra el genocidio que ya se cobró solo oficialmente 55 mil vidas. Por ANRed.

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La controversia estalló antes del partido inaugural del Mundial de Clubes entre Al Ahly e Inter Miami antes del 15 de junio. La FIFA eliminó de sus plataformas una imagen promocional del mediocampista egipcio Hussein El Shahat. En la foto, el jugador aparecía con una pulsera que decía «Palestina Libre», en señal de apoyo a la causa palestina.

La denuncia fue realizada por la periodista Leyla Hamed a través de su cuenta en X (antes Twitter), donde afirmó que el organismo rector del fútbol mundial censuró la imagen por motivos políticos. En el sitio web oficial de la FIFA, la imagen de El Shahat fue sustituida, y durante las entrevistas oficiales ya no portaba la pulsera.

Pero no fue el único caso. También el delantero palestino/danes, Wessam Abou Ali, autor de tres goles en el empate 4-4 ante el Porto, fue objeto de una medida similar. Según reportes, la FIFA eliminó su foto de presentación por llevar el mismo brazalete. En respuesta, el jugador celebró uno de sus goles señalando su muñeca y en otro posó con las manos en la espalda, emulando la figura de Handala, símbolo de la resistencia palestina.

Abou Ali, que forma parte del seleccionado palestino, hizo historia al convertirse en el segundo futbolista —después de Pelé— en anotar tres goles en un partido intercontinental. Sin embargo, su gesto solidario también fue invisibilizado por los canales oficiales del torneo.

En el campo, Al Ahly dominó a Inter Miami en el debut del certamen, aunque el encuentro terminó sin goles (0-0). El equipo egipcio tuvo varias ocasiones claras, un gol anulado por fuera de juego y un penalti desperdiciado por Trezeguet.

La censura por parte de la FIFA ha reabierto el debate sobre la libertad de expresión de los futbolistas en escenarios internacionales. Mientras el ente rector no ha emitido comentarios oficiales.

En las Tribunas

Durante el segundo tiempo del partido entre Seattle Sounders y París Saint-Germain por el Mundial de Clubes, el estadio Lumen Field fue escenario no solo de fútbol, sino también de solidaridad con Palestina.

Desde la cabecera sur, un grupo de aficionados locales desplegó varias banderas palestinas en apoyo a la resistencias contra el genocidio en curso, visibilizando su mensaje ante millones de espectadores en todo el mundo. En una ciudad como Seattle, conocida por su espíritu activista (inició del movimiento anti-globalización), el gesto no sorprendió: la hinchada de los Sounders, una de las más intensas y politizadas de Estados Unidos, volvió a convertir la tribuna en una plataforma de expresión social, llevando la protesta al certamen internacional.

El repudio a la Conmebol por incorporar a Israel

Mientras tanto en Sudamérica hay un creciente cuestionamiento a la Conmebol, que de manera secreta impuso un acuerdo que permitiría al seleccionado de Israel de ser invitado a jugar la Copa América.

«Mientras Israel destruye estadios y mutila futbolistas palestines, la Conmebol lo invita a la Copa América», dice un comunicado de repudio publicado por el  Movimiento BDS y el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que recientemente difundió un video alertando y pidiendo la cancelación de dicho acuerdo.