La Pepona reconoció la crisis del salario y dijo que con el núcleo duro no le alcanza a Milei

La Pepona reconoció la crisis del salario y dijo que con el núcleo duro no le alcanza a Milei

 

«No está mal que el boleto valga $ 2.000, lo que está mal es que los salarios no crezcan. Pagar un servicio lo que vale nunca es un error». Con esta frase, Iñaki Gutiérrez defendió la suba de tarifas pero, sobre todo, admitió que el problema electoral que enfrenta el Gobierno nacional es una crisis por la caída de poder adquisitivo con las paritarias pisadas y la caída del empleo formal.

La Pepona encabezó un raid mediático en Córdoba para tratar de captar votos del cordobesismo para La Libertad Avanza, que hoy aparece segunda en las encuestas y pone en riesgo la elección nacional. «No están cobrando plata que les permita vivir», dijo Gutiérrez al defender la suba de las tarifas.

«Si tenemos contraídos los salarios desde hace 20 años, hay que explicar que la salida es a través de la baja de impuestos, no es ser el malo de la película decir que los servicios deben costar lo que cuestan», insistió.

A la búsqueda del electorado de centro, afín a Juntos por el Cambio y a Juan Schiaretti, La Pepona pidió «dejar de decir que éste es el mejor Gobierno de la historia, aunque lo sea»; y admitió que con el núcleo duro de Javier Milei «no se construye un país».

La Pepona dijo que los jubilados «saben que cobran lo que cobran no por culpa del presidente»; y reconoció que «no es cómodo que un jubilado esté cobrando 370 lucas, pero no es culpa de este Gobierno»

«Celebro que un montón de dirigentes de La Libertad Avanza hayan decidido bajar un tono», dijo Gutiérrez en clave hacia el electorado cordobés. En paralelo, el Gordo Dan se quejaba en X por «andar llamando a Luis Juez para pedirle ‘perdón'».

La Pepona confirmó que la estrategia no es confrontar con Schiaretti ni con Martín Llaryora, a quienes ve como socios para la gobernabilidad. «La discusión es cuántos soldados le damos al presidente». Y reconoció que «después de las elecciones habrá una gran avenida del medio y estamos dispuestos a conversar para que salgan las leyes que creemos necesarias». En ese sentido, Gutiérrez pidió a los libertario dar «un debate más tranquilo, con mirada de futuro».

En el marco de este discurso «conciliador», La Pepona dijo que los jubilados «saben que cobran lo que cobran no por culpa del presidente»; y reconoció que «no es cómodo que un jubilado esté cobrando 370 lucas, pero no es culpa de este Gobierno», insistió.

Sobre el caso Espert, dijo que «José Luis fue removido de la lista porque estaba manchando la discusión en la provincia de Buenos Aires que tiene que discutir cosas más importantes que la integridad o no de un candidato, eso lo tiene que determinar la Justicia; así que se lo removió de la lista para que la campaña pueda continuar en torno a Buenos Aires y no a una persona».

Por ahora, las encuestas que se manejan en el Gobierno provincial (Aresco, Synopsis y Delfos) tienen a Juan Schiaretti con una ventaja de al menos cinco puntos respecto de La Libertad Avanza y su desconocido candidato Gonzalo Roca, pero con un alto porcentaje de indecisos y de apáticos, cuya asistencia a votar será la clave del resultado.

 

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    Mendoza y CABA: De la persecución docente al control biométrico destino China

     

    El avance de medidas de control sobre los docentes en Mendoza parece no tener límites para quienes gobiernan y abre un antecedente preocupante que encuentra su correlato en la Ciudad de Buenos Aires. Entre denuncias de estigmatización, medidas económicas punitivas y la futura entrega de datos biométricos a empresas privadas, los trabajadores de la educación se ven nuevamente en la mira de gobiernos que priorizan el control sobre la educación.

    Por Tomás Palazzo para Noticias La Insuperable

    En Mendoza, se conoció hace unos días, el Gobierno provincial implementó una controvertida medida que permite a los padres supervisar el ausentismo docente a través de la plataforma GEI (Gestión Educativa Integral) como si fuesen Fiscales. Mediante un botón denominado “inasistencia docente”, se instiga a los adultos a notificar a la Dirección General de Escuelas (DGE) sobre la falta de un maestro o profesor. Esta iniciativa se suma a un doble control ya existente: los reportes de las direcciones de cada establecimiento y un sistema biométrico presente en la mayoría de las escuelas locales.

    Para Carina Sedano, secretaria general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), la medida genera un clima de confrontación: “Primero nos ponen en contra de la comunidad. Segundo, desconfían o les sacan la tarea o desconfían de la tarea que realizan los equipos directivos”, advirtió en diálogo con Cadena 3. Según Sedano, este tipo de control es innecesario y conflictivo, y puede derivar en reportes falsos si un padre decide perjudicar a un docente por cuestiones personales.

    El sistema, además, se conecta con incentivos económicos que condicionan la asistencia docente: el ítem aula, implementado en 2016, representa el 10% del sueldo, mientras que el ítem arraigo, que premia la permanencia en la escuela, también se pierde ante ausencias. Sedano señaló que estas medidas, lejos de garantizar la calidad educativa, ponen en riesgo la salud de los docentes y pueden afectar la convivencia escolar.

    La escalada del control llega a CABA

    Un fenómeno similar, aunque con otra tecnología, se registra en la Ciudad de Buenos Aires. Según publicamos hace unos días en Noticias La Insuperable, desde la gestión de Jorge Macri se busca implementar relojes de control biométrico para acreditar el presentismo docente y no docente, bajo el argumento de mejorar la liquidación de haberes.

    Desde el sindicato Ademys alertan que la medida es parte de una persecución: “El gobierno insiste en entregar los datos personales de la docencia a una empresa privada sin dar ningún tipo de información sobre el uso de los mismos ni sobre los fondos que destina para tal fin”. El sistema elegido, tal cual dimos la Primicia en este portal, es el de la empresa china ZKTeco, que incluye huellas dactilares y reconocimiento facial, y según informes internacionales, posee 24 vulnerabilidades críticas que podrían exponer información sensible de miles de trabajadores.

    La licitación porteña, además, ha sido cuestionada por su falta de transparencia: solo se permite la provisión de equipos de una marca específica, mientras que los pedidos de informe de legisladores quedaron sin respuesta. El monto estimado para la adquisición asciende a $362 millones, en un contexto donde los salarios docentes continúan por debajo de la línea de la pobreza y la infraestructura escolar presenta problemas estructurales graves.

    Mendoza y CABA: un patrón de persecución

    La combinación de herramientas digitales, incentivos económicos punitivos y sistemas biométricos muestra un patrón que se repite entre provincias y la Ciudad: el control y la supervisión se priorizan sobre la educación y la protección de los trabajadores. Mientras en Mendoza se coloca a los padres en la tarea de fiscalizar a los docentes, en CABA se delega la información personal y biométrica a una empresa privada con historial de vulnerabilidades.

    Como señaló Carina Sedano, “los avances en educación son resultado del trabajo de los docentes, no de su ausencia”. Sin embargo, las medidas implementadas tanto en Mendoza como en la Ciudad parecen poner en jaque la autonomía profesional y la dignidad de los trabajadores de la educación, favoreciendo el disciplinamiento y el control por sobre la mejora real del sistema educativo.

    La experiencia mendocina y la implementación biométrica porteña dejan en claro que el conflicto docente y el debate sobre la privacidad y la transparencia no son casos aislados, sino parte de una tendencia creciente de gobiernos que buscan auditar y vigilar a los trabajadores bajo la bandera de la eficiencia y el control.

     

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