La UCR y los gobernadores bloquearon la jugada de Mayans para frenar la venta de la empresa de energía nuclear

La UCR y los gobernadores bloquearon la jugada de Mayans para frenar la venta de la empresa de energía nuclear

 

José Mayans no pudo garantizarse los dos tercios para aprobar sobre tablas el blindaje a Nucleoeléctrica Argentina SA (NA-SA) y se abortó la sesión que el peronismo pretendía realizar este jueves. La resistencia de la UCR, comandada por el correntino Eduardo Vischi, y la bancada de Carlos «Camau» Espínola y Juan Carlos Romero, en sintonía con los gobernadores de Provincias Unidas, terminó obstruyendo el intento del interbloque de UP para impedir la privatización de la empresa estatal de energía nuclear.

Después de intensos cabildeos en la tarde del lunes, el formoseño decidió apostar todo al plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y Ciencia y Tecnología, que se convocó para este miércoles en el Salón Azul del Senado.

En efecto, el radicalismo quería retener ese trámite en comisión hasta que pasen las elecciones del 26 de octubre. El fueguino Pablo Blanco había manifestado una postura similar cuando se discutieron las citaciones de Karina Milei y Mario Lugones, por las coimas de la Andis, acusando al kirchnerismo de querer montar un show en la Cámara Alta para capitalizarlo en las urnas.

Mayans busca dos tercios para evitar que Milei le entregue las centrales nucleares a OpenAI

Como adelantó LPO, Mayans había llegado a conseguir el compromiso de 41 senadores para respaldar el salvataje de NA-SA, con una declaración de interés público y estratégico no enajenable para el desarrollo nuclear argentino. Sin embargo, le faltaban siete más para conseguir los 48 sobre 72.

Una fuente cercana a un gobernador peronista comentó a LPO que la Casa Rosada habría prometido recursos a los mandatarios provinciales de Provincias Unidas y, por eso, sustrajeron su apoyo a las palizas parlamentarias que venía propinándole el peronismo a Javier Milei. «Se dieron vuelta hasta ver qué pasa, les prometieron transferencias para después de la reunión de Milei con Trump», indicaron.

Un diputado radical repuso que, después de la reunión que mantuvieron Cristian Ritondo, Miguel Pichetto y Rodrigo De Loredo con Santiago Caputo y Barry Bennet el jueves pasado, en un coqueto departamento de Barrio Norte, el asesor presidencial y el enviado norteamericano mantuvieron un encuentro con gobernadores de Provincias Unidas.

En el mismo sentido, un diputado radical repuso que, después de la reunión -revelada por Carlos Pagni- que mantuvieron Cristian Ritondo, Miguel Pichetto y Rodrigo De Loredo con Santiago Caputo y Barry Bennet el jueves pasado, en un coqueto departamento de Barrio Norte, el asesor presidencial y el enviado norteamericano mantuvieron un encuentro con gobernadores de Provincias Unidas. «Estados Unidos pide a los gobernadores y los bloques del Congreso que sostengan a Milei», refirió.

Como sea, Mayans insistía este lunes con llamados telefónicos a los jefes de bloque en el Senado para sacar dictamen con Nucleoeléctrica. Su objetivo, acaso más difícil que haber intentado sesionar este jueves, era sesionar la semana próxima, atravesada por los cierres de campaña en las provincias.

Ante la advertencia de sus pares sobre la agenda electoral, el formoseño retrucaba: «Vengan a cerrar la campaña al Senado».

 

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    Petri, negocios de altura: cuestionan un proyecto para vender tierras del Ejército en Córdoba

     

    El ministro de Defensa vuelve a quedar bajo la lupa: un proyecto para vender 13.000 hectáreas en La Calera —una de las zonas más codiciadas del Gran Córdoba— genera sospechas sobre posibles negociados inmobiliarios con tierras del Estado.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

    El ministro de Defensa, Luis Petri, enfrenta una nueva polémica que podría comprometer aún más su ya cuestionada gestión. En esta ocasión, se trata de un proyecto que contempla la venta de unas 13.000 hectáreas pertenecientes al Ejército Argentino, ubicadas en la localidad de La Calera, a apenas diez kilómetros de la ciudad de Córdoba.

    Según trascendió, el área militar en cuestión se encuentra en una de las zonas de mayor valorización inmobiliaria del país, rodeada de barrios privados, emprendimientos de lujo y desarrollos urbanísticos millonarios. El eventual traspaso de esas tierras al sector privado podría representar una ganancia extraordinaria para empresas desarrolladoras, pero un nuevo vaciamiento patrimonial para el Estado nacional.

    Pedido de explicaciones en el Congreso

    La situación llegó a la Cámara de Diputados, donde el legislador Oscar Agost Carreño, del PRO, presentó un pedido de informes solicitando que el Ministerio de Defensa explique en qué condiciones se pretende avanzar con la venta y si hubo tasaciones, estudios de impacto o licitaciones previas.

    Aunque el proyecto nunca fue formalizado oficialmente, fuentes legislativas confirmaron que existen borradores internos y evaluaciones de mercado en los despachos del ministerio, lo que sugiere que la operación está más avanzada de lo que el propio Petri admite públicamente.

    Tierra pública, negocios privados

    El predio de La Calera forma parte de una extensa franja de terrenos del Ejército, históricamente utilizados para entrenamiento militar y custodia logística. Sin embargo, durante los últimos años se transformó en un imán para el capital privado, con empresas interesadas en convertir el área en nuevas urbanizaciones premium.

    En ese contexto, la participación del Ministerio de Defensa en cualquier tipo de negociación inmobiliaria genera sospechas sobre posibles transferencias de recursos públicos a manos privadas, en un esquema que recuerda otras operaciones opacas de la gestión Milei, donde las Fuerzas Armadas y el patrimonio nacional son puestos al servicio de intereses corporativos.

    Petri bajo la lupa

    El ministro ya arrastra acusaciones por la crisis de la obra social militar, que dejó a miles de afiliados sin cobertura plena, además de contrataciones con empresas bajo investigación judicial. A eso se suma su doble rol como funcionario nacional y candidato a diputado por Mendoza, lo que desató críticas por incompatibilidad ética y conflicto de intereses.

    Con este nuevo episodio, Petri vuelve a quedar en el centro del escándalo, mientras crece la percepción de que la política de Defensa del gobierno libertario se orienta más a los negocios que a la soberanía.

    Desde los sectores opositores ya se habla de una posible denuncia por administración fraudulenta si el proyecto de venta avanza, mientras que en Córdoba se multiplican las alertas por el impacto ambiental y urbano que podría generar la privatización de semejante extensión de tierra.

    El Ministerio de Defensa, hasta el momento, no emitió ninguna respuesta oficial, reforzando las sospechas de opacidad y falta de transparencia.

     

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