River y Racing con formaciones confirmadas para el partido clave por Copa Argentina

Dos semanas después de que San Lorenzo entre en estado de acefalía, se volvió a reflotar la idea del presidente Marcelo Moretti de volver al cargo. El mandatario esperará resultados de la indagatoria que lo mantiene como acusado de recibir coimas y, en caso de ser absuelto por la Justicia, buscará la forma de declinar la acefalía. Caso contrario, analiza irse del país.

En los últimos meses, son pocas las semanas de paz dirigencial en San Lorenzo. Desde que se destapó la olla en el caso de las coimas recibidas por el presidente Marcelo Moretti por parte de la madre de un jugador del fútbol juvenil, incluso con videos del mismo recibiendo fajos de billetes, el mandatario ha buscado, por todos los medios posibles, volver al poder.

Habiendo anunciado hace algunas semanas que culminaba su licencia, una comisión directiva que ya estaba bastante diezmada, consiguió la cantidad de renuncias necesarias para declarar la acefalía en el “Ciclón” en pocas horas.

Uno de los pocos dirigentes que no intentó dejar el cargo fue el exjugador Néstor Ortigoza, que ejercía de vocal primero y se mantuvo leal a Moretti, incluso si eso echaba por tierra su prestigio en la institución, siendo pieza fundamental de la Copa Libertadores 2014 obtenida por el “Cuervo”.

A pesar de la desventajosa situación, Marcelo Moretti confirmó en su círculo íntimo su deseo de volver a la presidencia, aunque no lo tendrá fácil. Sin el apoyo del hincha de San Lorenzo, que se encarga de insultarlo ante cada oportunidad en los partidos de local, y con una comisión directiva que le soltó la mano, Moretti deberá esperar, antes que nada, que la indagatoria no lo encuentre culpable.

La realidad es que la misma no ha avanzado mucho en las últimas semanas, aunque esto no favorecería al abogado que ganó las elecciones del club en 2023, ya que la fiscal a cargo, Mónica Cuñarro, lo acusó de “obstruir la investigación” al presentar un tercer pedido de anulación de la indagatoria, en el que afirma que “la indagatoria viola sus derechos”, la cual tiene pruebas suficientes para sostener la imputación que cae sobre él.

Entre estas pruebas, además del conocido video que salió al aire en canal 9 del mandatario recibiendo el dinero, se incluyen también documentos de contadores, auditores y fiscalizadores, que demostrarían la administración fraudulenta de la institución de Boedo en el ciclo Moretti.

Incapaz de revocar la realización de la auditoría, aunque con el aval y respaldo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Marcelo Moretti deberá esperar que la resolución no lo procese, para retomar su vuelta a San Lorenzo. De lo contrario, salir del país es una opción que empieza a tomar fuerza.

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La Justicia bonaerense desbarató una banda delictiva que se dedicaba a otorgar créditos informales a través de redes sociales y que, en caso de incumplimiento, amenazaba a los deudores con distintos niveles de violencia.

En el operativo fueron detenidas diez personas, entre ellas Francisco Gabriel Ruiz, señalado como líder de la organización, junto a otros miembros que cumplían funciones de cajeros, cobradores y organizadores.

La investigación se inició en junio de este año tras la denuncia de Daniela Orecchia Cáceres, de 53 años, quien reportó haber sido intimidada al no poder cumplir con las cuotas de un préstamo adquirido por redes sociales. A partir de allí se desplegaron allanamientos en El Palomar, Moreno, General Rodríguez, Ituzaingó, Trujui y Caseros, donde se secuestraron documentos, dispositivos electrónicos y un vehículo.

Los acusados clasificaron a los deudores con “alertas” de distintos colores según la gravedad de las amenazas, lo que quedó constatado en la causa caratulada por asociación ilícita, usura, extorsión y amenazas, a cargo de la UFI de Boulogne y el Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro.

La investigación comenzó con relevamiento de redes, testimonios, análisis de comunicaciones e informes de telefonía, lo que permitió certificar que el imputado en cuestión forma parte de una banda delictiva dedicada a otorgar créditos informales.

Del análisis, según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, también se estableció además el ID de todos miembros y la división de tareas como, por ejemplo, el jefe de la organización, testaferros, cajeras, cobradores y agentes de coacción.

Para concretar el delito, captaban a clientes por redes sociales y, en caso de no recibir los pagos, utilizaban medidas coercitivas y de intimidación.

Método de intimidación

Se supo además que catalogaban a los deudores con colores: alerta amarilla era para amenazas de suba de interés; alerta naranja eran amenazas verbales de privación de libertad y de lesiones; mientras que alerta roja denotaba violencia sobre deudores y sus domicilios.

De esta manera, con los elementos recaudados, se expidieron 11 allanamientos en diversos domicilios en las localidades bonaerenses de El Palomar, Moreno, General Rodríguez, Ituzaingó, Trujui y Caseros.

Los detenidos

Allí se lograron las detenciones de Francisco Gabriel Ruiz, reconocido como líder de la banda; Gonzalo Ezequiel Rivera Mohamed, organizador; Agustín Nicolás Paglione, cobrador; Valentina Corbalán Valenzuela, cajera; Martina Jazmín Ott, administradora; y Nazarena Ayelen Polestra.

Mientras que los aprehendidos son Melanie Eileen Corbalán Valenzuela, cajera; Silvana Verónica Sánchez, administradora; Ariel Santiago Segovia, organizador; y Nabor Alejandro Costas, organizador. Por el momento se encuentra prófugo Nicolás José Loza.

Se estableció que otra de las implicadas, Nazarena Ayelen Polestra, se halla purgando pena en el en la Unidad Penal N° 4 de Ezeiza del Servicio Penitenciario Federal.

En los diversos allanamientos se incautaron documentación, dispositivos electrónicos de interés para la causa y un auto Renault 19.

En la causa, caratulada como asociación ilícita, usura, extorsión y amenazas, interviene la UFI de Boulogne y Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro.

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) ratificó su apoyo al rumbo económico que lleva adelante el gobierno de Javier Milei, en un contexto en el que el Ejecutivo busca estabilizar las cuentas fiscales y controlar la inflación. La vocera del organismo, Julie Kozack, señaló que el trabajo conjunto con las autoridades argentinas apunta a consolidar la estabilidad de manera duradera y fortalecer las perspectivas de crecimiento.

La portavoz subrayó que el FMI respalda el cumplimiento del ancla fiscal y la agenda de regulación, así como los compromisos asumidos por Argentina en el marco del programa vigente.

Inflación y superávit fiscal bajo la lupa

Uno de los puntos destacados fue el superávit primario alcanzado en agosto, que se encuentra en línea con las metas del programa. Además, Kozack remarcó el progreso logrado en la lucha contra la inflación, con cuatro meses consecutivos por debajo del 2%, cifra celebrada por el organismo como un avance significativo.

En este sentido, la funcionaria también reconoció el rol de la política monetaria estricta, que contribuyó a la desaceleración inflacionaria, según lo indicado en la primera revisión técnica del programa.

Preocupación por la volatilidad cambiaria

No obstante, el organismo internacional advirtió sobre la necesidad de mitigar la volatilidad del mercado cambiario y de garantizar un marco transparente y previsible. Kozack indicó que el FMI fue informado de intervenciones en el mercado de contado realizadas por el Tesoro, aunque las autoridades locales las definieron como una respuesta temporal ante la inestabilidad.

“El marco de gestión de liquidez debería continuar mitigando la volatilidad y sus efectos negativos en la actividad económica”, sostuvo la vocera.

Uno de los principales reclamos del FMI fue la necesidad de que Argentina continúe acumulando reservas internacionales. Según Kozack, este paso es fundamental para fortalecer la confianza en el peso, reducir los diferenciales financieros y asegurar el acceso a los mercados de capitales internacionales.

En cuanto a los desembolsos pendientes por 6.000 millones de dólares, la portavoz evitó dar precisiones sobre una posible fecha de giro, aunque confirmó que el ministro de Economía, Luis Caputo, se comunicó con la directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y que participará de las reuniones anuales del organismo en octubre.

El FMI insistió en la necesidad de avanzar en reformas fiscales y estructurales que permitan consolidar lo alcanzado hasta el momento. También resaltó que el próximo presupuesto será clave para sostener el sendero de ordenamiento económico que exige el acuerdo vigente.

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La Policía de la ciudad de Buenos Aires detuvo a una mujer colombiana de 28 años, hermana de “Heidi”, acusada de cometer múltiples robos bajo la modalidad conocida como “Viuda Negra”. La detenida fue localizada tras un operativo a cargo de la División Robos y Hurtos Norte, y se le incautaron joyas de oro y teléfonos celulares, entre otros elementos vinculados a la causa.

El procedimiento se concretó recientemente en un domicilio de Violeta Parra al 1700, en el Barrio Rodrigo Bueno, tras tareas de vigilancia que permitieron individualizar a la sospechosa. 

La investigación, que comenzó en julio luego de la denuncia de un hombre víctima de robo tras un encuentro por aplicación de citas, incluyó la incautación de dispositivos móviles, dinero en distintas monedas, chips telefónicos, prendas de vestir y pastillas de Zolpidem, y contó con la autorización del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 40.

Resultados de los operativos

En el procedimiento se incautaron más dispositivos móviles, tarjetas de memoria, chips telefónicos, dinero en moneda extranjera, un inhibidor de señal, prendas de vestir, perfumes y pastillas de Zolpidem, entre otros elementos de interés para la causa.

La investigación tuvo su origen en julio, cuando un hombre de 37 años denunció que había conocido a una mujer a través de una aplicación de citas y que, tras encontrarse en una pizzería y dirigirse luego a su domicilio, quedó dormido después de consumir bebidas alcohólicas, para despertar al día siguiente y descubrir que le habían robado joyas de oro, dinero en efectivo en distintas monedas, un teléfono celular, una notebook y otros bienes personales.

En paralelo, los investigadores lograron dar con la acusada a partir de la reciente detención de tres hombres por un robo automotor, constatándose que uno de ellos convive con “Heidi”, lo que permitió enlazar las distintas pesquisas y arribar al domicilio de la hermana ahora detenida.

En este caso, interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 40, a cargo del Dr. Pablo De Simoni, que avaló la detención y dispuso las medidas de rigor correspondientes.

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En Picún Leufú, una madre y su hija convirtieron la creatividad en un emprendimiento que hoy despierta curiosidad y paladares. Rosa Calderón y María Trafipán elaboran una amplia gama de productos artesanales, pero el que se lleva todos los elogios es el gancia Ros-Mar, un aperitivo casero que nació casi por casualidad y hoy conquista a cada vez más clientes.

La idea surgió tras la pandemia, cuando ambas realizaron un curso de dulces y conservas. Allí notaron que quedaban muchas cáscaras de naranja sin uso. “La profesora nos dio la idea de hacer un aperitivo con las cáscaras y así salió el gancia, que es muy similar al industrial. Dijimos: vamos a probar… y a la gente le gustó”, cuenta Rosa.

Desde 2023 producen este trago macerado durante 30 días con hierbas naturales, almíbar y alcohol. “Nunca pensamos que iba a ser tan popular; producíamos 20 litros al mes, ahora duplicamos y vamos a tener que seguir subiendo”, afirma con orgullo. Todos sus productos, libres de conservantes y aditivos, cuentan con habilitación comercial gestionada por el Puesto de Capacitación de Picún Leufú.

Además del gancia, la dupla familiar ofrece berenjenas en escabeche, picles, salsa criolla, mayonesas vegetales, mermeladas de pera, naranja, frutos rojos y frutilla, entre otras delicias. En la feria itinerante Tienda de Sabores, a principios de julio, su stand fue uno de los más visitados: “La gente se fue muy contenta y nosotras también”.

Quienes quieran probar el gancia Ros-Mar u otros productos pueden contactarse por WhatsApp al 299-6279219 o en Facebook (Calderón Rosa). La venta se realiza en su domicilio y, para clientes de Neuquén capital, coordinan puntos de entrega.

“Se pueden armar combos de productos a precios accesibles”, agrega Rosa, que junto a su madre convirtió una simple idea en una fuente de ingreso estable y en un verdadero orgullo local.

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La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina acusados de haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años Rafael Nahuel cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017. La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa». Tras el fallo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal», en referencia a quien fuera en esos años la titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich. Por ANRed.

El fallo de Sala III de la Cámara Federal de Casación confirmó la condena dictada en diciembre de 2023 por el Tribunal Oral Federal de General Roca contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco prefectos del Grupo Albatros acusados por haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017, en el marco de un operativo para desalojar un predio de Parques Nacionales recuperado por la comunidad mapuche.

La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa«. La condena también implicó la inhabilitación de los cinco condenados para ejercer cargos públicos.

Rafael Nahuel en una manifestación el jueves 23 de noviembre en Bariloche. Foto: Eugenia Neme, Colectivo al Margen.

El asesinato de Rafael Nahuel había sido juzgado en debate oral y público a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca – con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava – durante los últimos meses de 2023.

Según su grado de participación en el crimen, todos recibieron la máxima pena para el delito imputado, pero ninguno fue condenado a penas superiores a cinco años y ocho meses de prisión, ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado con exceso de legítima defensa.

La causa estuvo plagada de irregularidades y manipulaciones de parte de los propios prefectos y los medios comerciales masivos, que intentaron plantar pruebas y culpar a los/as manifestantes, incluso a quienes asistieron a Rafael Nahuel cuando fue herido con las balas de plomo de los prefectos, como Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca.

«La sentencia no alcanzó a las autoridades políticas»

Tras la noticia, en un comunicado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal«, en referencia a Patricia Bullrich, en ese momento también ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

Foto: Roxana Sposaro.

En la misma línea, señaló que el fallo de la Cámara «estableció inequívocamente el obrar delictivo de esa fuerza de seguridad al mando de Bullrich» y «desmiente las afirmaciones que al momento de los hechos formulasen Patricia Bullrich y Mauricio Macri para encubrir y justificar la brutal acción represiva del Grupo Albatros», que fue realizada el 25 de noviembre de 2017, le costó la vida a Rafael Nahuel y dejó heridas de gravedad a Johana Micaela Colhuan y Gonzalo Coña.

«Bullrich sigue incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurídico vigente, a sabiendas de que son ellos los únicos que terminan respondiendo ante los jueces por hechos execrables, que parecen desconocer que delinque no sólo quien cumple órdenes inmorales e ilegales sino también quien las ordena», agregó la APDH.

En tanto, en declaraciones a ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la APDH agregó: «hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados».

«Lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse. El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del Estado», consideró.