Gremios denuncian que el Gobierno recrudece las intervenciones y acusan intento de desfinanciamiento
Crece el alerta en los gremios, que advierten una profundización de la avanzada interventora del Gobierno en obras sociales, a la vez que denuncian maniobras tendientes a desfinanciar las entidades sindicales.
Mientras permanecen judicializadas varias intervenciones (con el caso de Osprera como el más visible), hay sindicatos que acusan al gobierno libertario de pisar el aval de autoridades que, en algunos casos, provocó el bloqueo de sus cuentas.
Un encumbrado dirigente de la CGT dijo a LPO que el Gobierno buscará acelerar en un proceso de desfinanciamiento de los gremios desde distintos frentes: las intervenciones de obras sociales, la demora en certificar autoridades y una flexibilización laboral que implique la quita de aportes.
Todo eso, junto a un proceso de precarización laboral “generalizado”. En la central obrera contabilizan que durante la era Milei creció en más de 250 mil los trabajadores que ni siquiera figuran como monotributistas.
Esa avanzada del Gobierno la denunció días atrás el representante gremial en la lista del peronismo Hugo Moyano (h): “Vienen a desfinanciar los sindicatos, a destruir la negociación colectiva, atomizar los convenios colectivos y sobre todo a destruir la protesta social y el derecho de huelga”, dijo durante un acto con Axel Kicillof.
Al momento, el Gobierno interviene en las obras sociales de Fotógrafos, Vareadores, Personal Mosaista, Ladrillero, del Fósforo, de la Industria del Chacinado y de la Ladrillera a Máquina.
A todas esas, se suma el caso de mayor resonancia, Osprera. La obra social de los peones rurales es la segunda más grande del país, con una caja superior a los 50 mil millones por mes. El Gobierno la mantiene intervenida hace un año y enfrenta crecientes denuncias de afiliados por falta de prestaciones y coberturas.
Frente a eso, el gremio Uatre que comanda José Voytenco mantiene judicializada la intervención con denuncias de desmanejos y de un supuesto plan del Gobierno para quedarse con el control de Uatre.
Esas denuncias motorizaron una investigación que reveló chats que comprometen al interventor y a los Menem. En el medio, LPO reveló que Javier Milei fue alertado por supuestas coimas en Osprera.
Más allá de ese caso, la intervención del Gobierno en otras obras sociales también generaron denuncias por déficit de prestación.
Por caso, en la Obra Social del Personal del Chacinado denunciaron que la intervención fue por “presuntas infracciones o imputaciones a las obligaciones formales de la Obra Social” que se hicieron “sin la posibilidad de ejercer el derecho de defensa”.
El gremio presento una cautelar a la que la hizo lugar la Sala VI de la Cámara del Trabajo, que ordenó reponer a las autoridades previas a la intervención, hasta tanto se obtenga una sentencia definitiva y firme. Sin embargo, el Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones interpuso en los últimos días un recurso extraordinario.
Miembros de la CGT consultados por LPO creen que el Gobierno prepara nuevas intervenciones y que, en paralelo, despliega otras estrategias para minar a los sindicatos. Una de ellas tiene que ver con cajonear la certificación de autoridades.
Un caso judicializado por esa razón es el de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional.
“Nos están queriendo anular. Es una presión que están ejerciendo desde arriba porque a Vialidad Nacional la habían disuelto con el decreto 461”, dijo a LPO el titular de ese gremio, Jorge Maturano. A un año de sus elecciones, el gremio de Profesionales de Vialidad no tiene las autoridades avaladas. “Venimos funcionando sin problemas hace 25 años pero desde el año pasado no nos certifican y no nos dan una respuesta”, acusó Maturano.
A un año de sus elecciones, el gremio de Profesionales de Vialidad no tiene las autoridades avaladas. “Venimos funcionando sin problemas hace 25 años pero desde el año pasado no nos certifican y no nos dan una respuesta”, acusó Maturano.
En el gremio denuncian que, con esa demora, se abrió una persecución a dirigentes sindicales carentes de las protecciones efectivas y que comenzaron a recibir intimaciones para jubilarse con emplazamiento de baja de remuneraciones y suspensión preventiva al margen de proceso sumarial.
Además, en el expediente judicial, Maturano alertó un bloqueo inminente de las cuentas gremiales. “Las consecuencias serían devastadoras e inmediatas: quedaríamos completamente imposibilitados para realizar los pagos más esenciales que mantienen en funcionamiento nuestra asociación”, señalaron.
Julio Cordero
Un problema similar enfrenta el Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma, que denuncia que la Secretaría de Trabajo a cargo de Julio Cordero no homologa aún las autoridades electas en noviembre de 2024. Por esa demora, tienen sus cuentas bancarias bloqueadas y no pueden administrar la obra social.
En el gremio alineado a la CTA Autónoma denuncian este hecho como parte del hostigamiento que ejerce el Gobierno Nacional en complicidad con la patronal del Ingenio Ledesma, propiedad de la familia Blaquier.
Además, acusan que el diputado nacional por Jujuy, el libertario Manuel Quintar, busca quedarse con la Clínica y la Obra Social de los trabajadores azucareros.
