La auditoría fantasma: el ajuste de Milei contra los comedores populares quedó al desnudo
El gobierno de Milei volvió a quedar atrapado en sus propias trampas discursivas. Tras más de un año de silencio, el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello admitió oficialmente que jamás existió la famosa auditoría con la que se justificó el recorte brutal de alimentos a los comedores comunitarios.
Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable
La revelación salió a la luz por un pedido de acceso a la información pública de la diputada Natalia Zaracho, quien exigió ver el informe que supuestamente había respaldado al entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, cuando en el Congreso lanzó la frase que los medios oficialistas repitieron hasta el cansancio: la mitad de los comedores no existían.
La mentira como política de Estado
La confesión desnuda lo que muchos denunciaron desde el inicio: no hubo ninguna auditoría, solo un relato fabricado para justificar el ajuste. Mientras los supuestos datos se filtraban a medios amigos, en los depósitos estatales se apilaban millones de kilos de comida que terminaron vencidos. Afuera, en los barrios más pobres, miles de familias soportaban la falta de alimentos básicos.
En la respuesta oficial a Zaracho, el ministerio intentó camuflar la mentira con tecnicismos. Alegó que la “referencia a auditoría” era apenas una “interpretación gramatical” de Posse, y que lo que en realidad se habían hecho eran “supervisiones” que ni siquiera cumplen con los estándares legales de una auditoría. Es decir: el propio gobierno reconoció que nunca hubo relevamiento serio alguno.
Criminalizar la solidaridad
El cinismo no termina ahí. Con la excusa de los supuestos comedores fantasmas, se instaló en la opinión pública la idea de un sistema corrupto, se estigmatizó a las organizaciones sociales y se intentó criminalizar la asistencia comunitaria. Hoy queda claro que todo fue un montaje: una mentira montada desde el Estado para recortar derechos.
El mecanismo es conocido: primero la acusación, después el recorte, finalmente la admisión de que no había pruebas. Ya ocurrió con las trabas a las pensiones por discapacidad en la ANDIS, y vuelve a repetirse con los comedores populares.
La crueldad planificada
Lo que queda expuesto es un patrón de gestión. El ajuste libertario no solo es económico, también es moral. Se elige conscientemente golpear a los más pobres y, cuando la maniobra queda descubierta, la respuesta es otro acto de desprecio institucional.
Nunca hubo auditoría, nunca hubo control real. Lo que sí hubo fue una decisión política: sacarles la comida a los que menos tienen y disfrazarlo detrás de eufemismos legales. Una crueldad planificada que deja barrios enteros sin alimentos mientras el Estado se esconde detrás de tecnicismos.
