Robó a «Chicho» Serna, la Justicia lo echó de Villa La Angostura y no podrá volver a ingresar

Robó a «Chicho» Serna, la Justicia lo echó de Villa La Angostura y no podrá volver a ingresar

 

El robo que sufrió el exfutbolista y consejero de Boca, Mauricio “Chicho” Serna, en Villa La Angostura derivó en una imputación contra un delincuente con antecedentes y, a pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF), el acusado recibió una medida cautelar inusual: deberá abandonar la localidad en un plazo de 48 horas y no podrá regresar sin autorización judicial durante los próximos dos meses.

La audiencia se llevó a cabo este jueves por la tarde, encabezada por el asistente letrado Federico Gayós, quien formuló cargos por el robo de pertenencias a Serna y a su esposa, mientras cenaban en un restaurante.

Según la investigación, entre las 18.30 y 19 horas del 27 de agosto, el acusado rompió la ventanilla trasera izquierda del vehículo en el que se trasladaba la pareja y sustrajo un morral con objetos personales, entre ellos un celular, anteojos, guantes y pulseras.

El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad y las imágenes comenzaron a circular rápidamente en grupos de WhatsApp, lo que facilitó la identificación del sospechoso, quien ya estaba bajo la lupa policial en otras causas. Al ser detenido, tenía en su poder los elementos robados.

Además, en la audiencia también se le atribuyó otro episodio ocurrido el 29 de julio, cuando fue visto en la vía pública vistiendo un buzo, un pantalón y una mochila que habían sido robados días antes de una vivienda particular. Por este hecho, se lo acusó de encubrimiento.

El juez de garantías Ignacio Pombo avaló la formulación de cargos y ordenó que el acusado cumpla la restricción territorial, junto con la obligación de presentarse semanalmente en una comisaría de Bariloche, donde reside.

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  • Junín de los Andes se prepara para una nueva Fiesta Nacional de la Trucha

     

    Junín de los Andes será sede nuevamente de la Fiesta Nacional de la Trucha, una propuesta que combina deporte, cultura, gastronomía y actividades recreativas para todas las edades. El evento tendrá lugar del 31 de octubre al 2 de noviembre.

    Durante tres días, los visitantes podrán disfrutar de competencias de pesca, talleres y charlas temáticas, espectáculos musicales, ferias de productos regionales y un variado programa de actividades familiares. Además de su costado festivo, la cita busca poner en valor la pesca deportiva como impulsora de la economía local, generadora de empleo y promotora del cuidado ambiental.

    La organización está a cargo del Ministerio de Turismo de Neuquén, con el apoyo del Ente Oficial de Turismo Patagonia Argentina. Junín de los Andes, reconocida como Capital Nacional de la Trucha desde 1973, se destaca por sus aguas cristalinas y la abundancia de especies como trucha arcoíris, marrón y fontinalis.

    El programa incluye charlas y talleres en la Casa del Bicentenario, un torneo de pesca en diversas modalidades, actividades de lanzamiento para todas las edades y shows musicales en el Centro Tradicionalista Huiliches, con bandas locales y artistas de renombre. También habrá una feria permanente de pesca, gastronomía y artesanías, junto con sorteos y premios, incluido un vehículo 4×4.

    Las inscripciones para los torneos abrirán el 15 de agosto, y se espera la llegada de competidores y turistas de todo el país. Quienes quieran conocer el detalle del cronograma y las actividades podrán seguir las redes oficiales del evento en @junindelosandesturismo.

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  • ANMAT prohibió un falso Ozempic para el tratamiento de la diabetes

     

    La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta y distribución de un producto fraudulento que se presentaba como comprimidos de Ozempic, medicamento que en realidad solo existe en formato inyectable y se receta para el tratamiento de la diabetes.

    La decisión se tomó tras una denuncia de Novo Nordisk, laboratorio danés fabricante del verdadero Ozempic, que advirtió la circulación en redes de envases con la etiqueta “Ozempic® Semaglutida Tablets USP”. El organismo sanitario confirmó que nunca se desarrolló una versión oral de ese fármaco y que el único autorizado se comercializa en viales para inyección bajo receta médica y con un sistema de trazabilidad que asegura su autenticidad.

    Foto: Argentina.gob.ar

    El producto adulterado, que se promocionaba con presentaciones de 60 tabletas de 25 miligramos, fue atribuido a firmas llamadas Pharma Argentina S.A. y MD Pharma, ninguna de las cuales está registrada ni habilitada en el país para producir medicamentos.

    Se realizó la denuncia se derivó a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia y al Juzgado Criminal y Correccional N° 18, con intervención de la Fiscalía N° 48. Según la resolución publicada en el Boletín Oficial, la medida se ampara en la Ley 16.463, que impide la fabricación y circulación de medicamentos ilegítimos, con el fin de resguardar la salud pública frente a productos potencialmente peligrosos.

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  • La Plata: productores, emprendedores y artesanos resisten el cierre del Parque Saavedra

     

    Imagen: @todxs_x_el_parque

    Productores, emprendedores, artesanos y artistas que desarrollan sus tareas en el Parque Saavedra de La Plata denuncian y resisten el inminente cierre del parque dispuesto por el intendente Julio Alak. «El parque no es solo una feria. Aquí conviven la biblioteca ‘Del otro lado del árbol’, una huerta comunitaria, ensayos de murgas, actividades culturales, recreativas y sociales que dan vida al barrio. El Parque Saavedra es un pulmón verde de la ciudad, hogar del jardín botánico, y un espacio vital para las expresiones culturales y comunitarias. El cierre del parque no trae seguridad: trae abandono, oscuridad y exclusión. Es también la pérdida de un espacio laboral para más de 500 familias que nos sostenemos día a día en la informalidad, resultado de años de políticas de precarización. Prohibir el acceso al espacio público es un paso más hacia la privatización del espacio urbano, concentrado solo para sectores privilegiados, y un intento más de expulsar la pobreza hacia las periferias, lejos de la vista de quienes gobiernan», remarcan. Por ANRed.


    Así lo denuncian en la cuenta de Instagram todxs_x_el_parque: «ante el inminente cierre del Parque Saavedra de La Plata, quienes somos productores, emprendedores y artesanxs que lo habitamos, nos autoconvocamos para denunciar y resistir el atropello de la Municipalidad, encabezada por el intendente Julio Alak, que amenaza con destruir nuestra fuente de trabajo y de vida».

     

    «El parque no es solo una feria – agregan – Aquí conviven la biblioteca «Del otro lado del árbol», una huerta comunitaria, ensayos de murgas, actividades culturales, recreativas y sociales que dan vida al barrio. El Parque Saavedra es un pulmón verde de la ciudad, hogar del jardín botánico, y un espacio vital para las expresiones culturales y comunitarias. Las mismas que ahora pretenden silenciar. Sabemos que, como ocurrió en Plaza Italia, Plaza San Martín y Plaza Rocha, el trasfondo es «limpiar» de pobres el espacio público, como si la pobreza fuera lo opuesto a la belleza. Como si la presencia de Ixs trabajadorxs informales empañara la estética de la ciudad», remarcan.

    Imágenes: @todxs_x_el_parque

    En la misma línea, agregan: «el cierre del parque no trae seguridad: trae abandono, oscuridad y exclusión. Es también la pérdida de un espacio laboral para más de 500 familias que nos sostenemos día a día en la informalidad, resultado de años de políticas de precarización. Prohibir el acceso al espacio público es interrumpir la vida comunitaria, cortar con las actividades culturales, deportivas y recreativas que fortalecen el tejido social. Es un paso más hacia la privatización del espacio urbano, concentrado solo para sectores privilegiados, y un intento más de expulsar la pobreza hacia las periferias, lejos de la vista de quienes gobiernan. Pero el parque es de todxs. Y quienes lo habitamos lo cuidamos, lo vivimos, lo defendemos».

    Imágenes: @todxs_x_el_parque

    «Por eso, llamamos a lxs vecinxs, organizaciones de derechos humanos, y a todxs quienes disfrutan del parque, a sumarse al reclamo. A estar atentxs, organizadxs y en estado de alerta. Defendamos el espacio público y nuestra fuente de trabajo», finaliza el comunicado de la Asamblea Autoconvocada de Productores, Artesanos, Emprendedores, Vecinos y Espacios Autogestivos del Parque Saavedra.

     

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  • Operativo sorpresa: detectan pesca furtiva y secuestran ejemplares

     

    Un despliegue coordinado entre inspectores de fauna y efectivos de la Brigada de Policía Rural del sur provincial terminó con el hallazgo de varias maniobras de pesca fuera de la ley en distintos puntos de Piedra del Águila y Alicurá.

    El objetivo de los patrullajes fue verificar que la actividad pesquera se realice dentro de los límites que establece la normativa vigente, protegiendo así a las especies y su entorno. Sin embargo, durante los controles surgieron casos que encendieron las alarmas por el uso de métodos y prácticas no autorizadas.

    En el balance de la jornada se contabilizaron doce infracciones, la mayoría vinculadas a la pesca en horarios prohibidos, la utilización de cebos vetados y la captura de ejemplares en cantidades superiores a las permitidas.

    El operativo derivó en el secuestro de 27 truchas junto con cañas, aparejos y demás elementos utilizados para la pesca ilegal. Todo lo decomisado quedó a disposición de las autoridades competentes para su evaluación y posterior destino.

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  • La Segunda guerra civil en Estados Unidos

     

     

    Si estuviéramos en otro país, los medios estarían discutiendo sobre una «revolución de colores» contra el poder establecido y a favor de los valores de la libertad y la democracia. Los enfrentamientos que se están produciendo en EEUU entre los detractores de la Migra o ICE (Immigration and Customs Enforcement) y las fuerzas represivas enviadas por Trump representan el embrión de esa «segunda guerra civil norteamericana» que lleva tiempo rondando en el horizonte. Si desemboca en un conflicto civil en toda regla o si, por el contrario, se apaga, es lo que veremos en las próximas semanas, pero es importante observar su significado radical.Por Andrea Zhok (LaHaine).


     

    No se trata simplemente de la contestación de una normativa contra la inmigración clandestina. Las líneas políticas que se enfrentan aquí son, con bastante claridad, herederas directas de las líneas de contraste de la Guerra de Secesión (1861-1865).

    En esa Guerra, el Sur, agrícola, estaba vinculado a una visión política y económica intrínsecamente conservadora, telúrica, identitaria, mientras que el Norte, industrial o en vías de industrialización, se proyectaba en una dimensión de ‘progreso’, en rápida evolución.

    En cuanto a las relaciones interétnicas, la divergencia no podía ser más clara: el Sur seguía anclado en una perspectiva en la que la esclavitud sedentaria y hereditaria desempeñaba un papel económico fundamental, mientras que el Norte, gracias al rápido proceso de industrialización, seguía atrayendo a una amplia población migratoria procedente de Europa, que constituía su fortuna.

    En la segunda mitad del siglo XIX, la esclavitud era un anacronismo y las relaciones de poder entre las zonas urbanas industriales y las zonas agrícolas favorecían totalmente a las primeras. La supremacía del norte era un hecho. Pero un siglo y medio después, el auge del urbanismo industrial, convertido en economía financiera, está en plena crisis; la libre circulación de la mano de obra, que siempre ha sido una característica de los EEUU, genera más problemas de los que puede resolver la contribución económica de los trabajadores baratos.

    En este momento, los frentes de la Guerra de Secesión reaparecen, pero con nuevas funciones históricas. La línea divisoria ya no es tan clara entre el norte y el sur geográficos, sino entre las grandes áreas urbanas, vinculadas a la internacionalización financiera y con un electorado predominantemente demócrata, y la provincia profunda, que busca protección económica y la recuperación de una identidad perdida, y vota mayoritariamente republicano.

    Es evidente que esta fractura es objetivamente profunda y se percibe como tal en EEUU. Se ve en la radicalización del enfrentamiento en el plano institucional, donde, por ejemplo, la alcaldesa de Los Ángeles y el gobernador de California alimentan constantemente una retórica de «democracia contra dictadura», apoyando de hecho el carácter subversivo y anticonstitucional de las decisiones de la presidencia.

    A su vez, Trump tiene fácil trabajo para dar la vuelta a las acusaciones, acusando a las instituciones californianas de actividades subversivas e insurreccionales. Esta fractura se está propagando rápidamente en todos los principales centros urbanos del país: Seattle, Chicago, Filadelfia, etc., donde las autoridades demócratas apoyan esta lectura de «choque de civilizaciones».

    Dudo que los políticos con intereses profesionales sólidos, alcaldes, gobernadores, diputados, etc., estén dispuestos a una confrontación arriesgada en el momento en que Trump recurra a la Ley de Insurrección, que confiere al presidente el poder de utilizar el ejército y la guardia nacional para tareas policiales.

    Pero no es nada seguro que, una vez evocada en una parte de la población la imagen de un choque vital entre concepciones de la civilización, en el que no hay margen para el compromiso con la otra parte, se consiga volver a meter el ganado en los corrales.

    Si estuviéramos en otro país, los medios de comunicación estarían discutiendo sobre una «revolución de colores» contra el poder establecido y a favor de los valores de la libertad y la democracia. Pero, a diferencia de las habituales «revoluciones de colores» en otros países del mundo, aquí falta un elemento decisivo: el papel de financiación y coordinación de los estadounidenses.

    (Solo podemos imaginar lo que pasaría aquí si, como en 2014 en Ucrania, el equivalente ruso o chino de la entonces portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Victoria ‘Fuck Europe’ Nuland, distribuyera alimentos y financiación, o arengara a la multitud de insurrectos en Los Ángeles…).

    CALPU

     

     

     

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  • “El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel es una crítica al accionar punitivo del estado”

     

    A comienzos de junio la Cámara Federal de Casación Penal convalidó la sentencia dictada en diciembre de 2023 a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca por la cual fueron condenados cinco integrantes del Grupo Albatros de la Prefectura Naval por el homicidio de Rafael Nahuel. El joven mapuche de 22 años fue asesinado por la espalda mientras escapaba, junto a otros manifestantes, de una persecución brutal en la zona del Lago Mascardi, en Bariloche. En diálogo con ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), afirmó que “la justicia vuelve a ratificar que los imputados nunca debieron haber utilizado sus armas de fuego en aquellas circunstancias”.

    Si bien no se logró el cambio de calificación legal que pretendían las querellas y que hubiera permitido condenas mayores al desestimar la figura de “exceso en la legítima defensa”, lo resuelto por el máximo tribunal penal del país ratifica lo que organizaciones sociales y de derechos humanos vienen denunciando desde hace años: los desalojos de comunidades originarias se realizan con exceso en el uso de la fuerza del estado y provocan daños irreversibles en quienes se manifiestan y reclaman por sus derechos.

    Así ocurrió con el brutal operativo que provocó la muerte de Rafael Nahuel, el joven de 22 años asesinado por una bala de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en 2017 mientras la comunidad Lafken Winkul Mapu intentaba preservar sus tierras.

    Cabe recordar que el hecho fue juzgado en debate oral y público realizado a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca –con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava- durante los últimos meses de 2023, cuando cinco integrantes de la PNA resultaron condenados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma y en exceso de legítima defensa. Cuatro de ellos, como partícipes necesarios y el quinto, como autor del disparo letal.

    Todos recibieron, según su grado de participación en el crimen, la máxima pena para el delito imputado pero ninguno fue condenado a penas superiores a 5 años y 8 meses de prisión ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado y en exceso de legítima defensa.

    Tal como sostuvieron desde el inicio de la causa las querellas de la APDH –en su carácter de organización de la sociedad civil- y la de la familia de la víctima, nunca se probó la necesidad de defensa de los prefectos con sus armas reglamentaria porque, en rigor, nunca existió agresión de los manifestantes.

    No obstante, luego de la sentencia de 2023 existía la posibilidad de que, en instancia revisora, se revirtieran las condenas y se absolviera a los cinco integrantes del Grupo Albatros, tal como lo solicitaron ante la Cámara Federal de Casación Penal las defensas y en un contexto político propicio para el otorgamiento de beneficios a los agentes de seguridad involucrados en graves casos de violencia institucional.

    De allí que la reciente confirmación de la condena por parte del máximo tribunal penal del país no deja de representar un avance porque, tal como sostiene el vicepresidente de la APDH nacional, Guillermo Torremare, “la justicia vuelve a ratificar que los imputados nunca debieron haber utilizado sus armas de fuego en aquellas circunstancias”.

    “Hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados”, agregó.

    “Hoy es muy fácil encontrar artículos periodísticos de la época en los que se afirmaba la inocencia de los agentes de seguridad y el supuesto ejercicio de legítima defensa frente a las agresiones de los integrantes de la comunidad mapuche que resistían el desalojo, pero nunca se aportó una sola evidencia que diera cuenta de esa realidad. Más bien lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse”, amplió Torremare.

    Y concluyó: “El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del estado”.


    Fuente: https://www.andaragencia.org/el-fallo-de-casacion-sobre-el-asesinato-de-rafael-nahuel-es-una-critica-al-accionar-punitivo-del-estado/

    La entrada “El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel es una crítica al accionar punitivo del estado” se publicó primero en Indymedia Argentina Centro de Medios Independientes (( i )).

     

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