Se lanzó la licitación para una importante obra de defensa fluvial en Chos Malal, destinada a reforzar la protección de la margen izquierda del río Curí Leuvú, una zona históricamente castigada por las crecidas.
La iniciativa, impulsada por la subsecretaría de Recursos Hídricos de Neuquén, contempla una inversión oficial de $3.665 millones y un plazo de ejecución de 300 días. La intervención se realizará aguas abajo del puente de la Ruta Provincial 43, en un tramo clave que resguarda viviendas, infraestructura urbana y sectores del paseo costero.
El proyecto prevé la construcción de una defensa de enrocado continuo con prefiltros de grava y relleno, así como el refuerzo de estructuras existentes. Se moverán más de 17 mil metros cúbicos de suelo y se colocarán grandes volúmenes de roca y grava para consolidar la base de la defensa, con el objetivo de resistir futuras crecidas y minimizar el impacto de fenómenos climáticos extremos.
La obra beneficiará directamente a más de 13 mil habitantes, además de reforzar la seguridad en zonas turísticas y áreas productivas cercanas. Las empresas interesadas deberán asistir a una visita técnica obligatoria el 7 de agosto en Chos Malal. Las ofertas se abrirán el 3 de septiembre en Casa de Gobierno.
El gobernador Rolando Figueroa, los miembros de su equipo de ministros, y todos los intendentes y presidentes de comisiones de fomento de la provincia, firmaron hoy un pacto de gobernanza para defender a la provincia del Neuquén y diseñar estrategias de crecimiento….
Aproximadamente a las 9 la policía notificó de la orden emanada por la justicia neuquina y dio un plazo de dos horas para el desalojo pacífico del sector. No obstante, pasado ese plazo los efectivos procedieron a desocupar el lugar por la fuerza, con algunas personas que fueron esposadas y trasladadas en móviles a la Comisaría Primera.
Serán seis capítulos a partir de este jueves que testimonian aspectos de la cultura. Horario y por dónde verlos. El documental “Inchiñ”, rodado en varios lugares del territorio neuquino, será proyectado por el Canal Encuentro a través de seis emisiones que comenzarán este jueves a las 21 y continuarán el mismo día y horario en […]…
A comienzos de junio la Cámara Federal de Casación Penal convalidó la sentencia dictada en diciembre de 2023 a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca por la cual fueron condenados cinco integrantes del Grupo Albatros de la Prefectura Naval por el homicidio de Rafael Nahuel. El joven mapuche de 22 años fue asesinado por la espalda mientras escapaba, junto a otros manifestantes, de una persecución brutal en la zona del Lago Mascardi, en Bariloche. En diálogo con ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), afirmó que “la justicia vuelve a ratificar que los imputados nunca debieron haber utilizado sus armas de fuego en aquellas circunstancias”.
Si bien no se logró el cambio de calificación legal que pretendían las querellas y que hubiera permitido condenas mayores al desestimar la figura de “exceso en la legítima defensa”, lo resuelto por el máximo tribunal penal del país ratifica lo que organizaciones sociales y de derechos humanos vienen denunciando desde hace años: los desalojos de comunidades originarias se realizan con exceso en el uso de la fuerza del estado y provocan daños irreversibles en quienes se manifiestan y reclaman por sus derechos.
Así ocurrió con el brutal operativo que provocó la muerte de Rafael Nahuel, el joven de 22 años asesinado por una bala de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en 2017 mientras la comunidad Lafken Winkul Mapu intentaba preservar sus tierras.
Cabe recordar que el hecho fue juzgado en debate oral y público realizado a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca –con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava- durante los últimos meses de 2023, cuando cinco integrantes de la PNA resultaron condenados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma y en exceso de legítima defensa. Cuatro de ellos, como partícipes necesarios y el quinto, como autor del disparo letal.
Todos recibieron, según su grado de participación en el crimen, la máxima pena para el delito imputado pero ninguno fue condenado a penas superiores a 5 años y 8 meses de prisión ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado y en exceso de legítima defensa.
Tal como sostuvieron desde el inicio de la causa las querellas de la APDH –en su carácter de organización de la sociedad civil- y la de la familia de la víctima, nunca se probó la necesidad de defensa de los prefectos con sus armas reglamentaria porque, en rigor, nunca existió agresión de los manifestantes.
No obstante, luego de la sentencia de 2023 existía la posibilidad de que, en instancia revisora, se revirtieran las condenas y se absolviera a los cinco integrantes del Grupo Albatros, tal como lo solicitaron ante la Cámara Federal de Casación Penal las defensas y en un contexto político propicio para el otorgamiento de beneficios a los agentes de seguridad involucrados en graves casos de violencia institucional.
De allí que la reciente confirmación de la condena por parte del máximo tribunal penal del país no deja de representar un avance porque, tal como sostiene el vicepresidente de la APDH nacional, Guillermo Torremare, “la justicia vuelve a ratificar que los imputados nunca debieron haber utilizado sus armas de fuego en aquellas circunstancias”.
“Hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados”, agregó.
“Hoy es muy fácil encontrar artículos periodísticos de la época en los que se afirmaba la inocencia de los agentes de seguridad y el supuesto ejercicio de legítima defensa frente a las agresiones de los integrantes de la comunidad mapuche que resistían el desalojo, pero nunca se aportó una sola evidencia que diera cuenta de esa realidad. Más bien lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse”, amplió Torremare.
Y concluyó: “El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del estado”.
El cruel asesinato del neuquino Pablo Mieres conmociona cada vez más, al conocerse los detalles de las últimas horas y la detención de un sospechoso. El nacido en Cutral Co, docente y funcionario de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, fue hallado asesinado el pasado 15 de junio en su departamento.
En la jornada de ayer martes se conoció que se detuvo en la localidad de Berisso a uno de los sospechosos que apareció rondando el edificio e ingresando al mismo, a través de las imágenes de cámaras de seguridad. En esos videos aparece otra persona que es intensamente buscada en estas horas.
El detenido, identificado como Nicolás Damián Arévalo, se negó a declarar en la jornada de ayer, asistido por un defensor oficial, según se pudo saber.
El detenido como sospechoso de ser uno de los autores del crimen. Foto: POlicía bonaerense
La reconstrucción de las últimas horas
A su vez, el sitio El Trece realizó una pormenorizada reconstrucción de las últimas horas del neuquino de 37 años.
El medio sostuvo que Mieres “asistió a un cumpleaños con amigos y, según muestran las cámaras de seguridad, regresó solo a su casa pasadas las 23 en una moto pedida por aplicación”.
Poco después de la medianoche, salió nuevamente, caminó unas cuadras hasta la estación de trenes de 1 y 44 y se cruzó con Arévalo que, al parecer, era uno de sus conocidos, se indicó.
De acuerdo con el registro de las cámaras, los hombres tuvieron una breve charla hasta que Mieres regresó a su domicilio. Sin embargo, Arévalo volvió más tarde junto a otro hombre y ambos ingresaron a la casa del docente.
A la 1.50 de la madrugada, un grito desgarrador alertó a los vecinos. Minutos después, las cámaras registraron a los sospechosos alejándose del lugar con objetos envueltos.
Tras la denuncia, la policía llegó al domicilio de Pablo Mieres de calle 115 entre 46 y 47, donde se encontraron con una escena desoladora.
Mieres estaba tirado boca arriba en la cocina, completamente desnudo, atado de pies y manos con cordones de zapatillas y con un trapo en la boca. La puerta estaba entreabierta, con la llave puesta desde adentro.
Tal como informó la autopsia, el profesor murió por asfixia mecánica, con signos de golpes y defensa.
Robo y detención de uno de los sospechosos
Los delincuentes se llevaron varios objetos personales, entre ellos un televisor, una guitarra, un piano electrónico, el celular, dinero en efectivo y hasta las llaves de la casa. Parte del botín fue escondido debajo de un paso a nivel y recuperado luego por los ladrones.
Finalmente, el principal sospechoso fue detenido el lunes. Se trata de Nicolás Arévalo, quien estaba escondido en la localidad de Berisso.
La fiscalía lo imputó por homicidio doblemente agravado, en concurso ideal con rob. Además, los investigadores buscan al cómplice que lo acompañó aquella madrugada.
Arévalo tiene más de 15 causas judiciales desde 2003. Su prontuario incluye robos calificados, tentativa de hurto, lesiones, amenazas, violación de domicilio, resistencia a la autoridad y causas por drogas. Había estado preso en la Unidad Penal 1 de Olmos y en diciembre había accedido a salidas transitorias.
La reciente confirmación de la Corte Suprema sobre la muerte del soldado Pablo Jesús Gabriel Córdoba en Zapala marcó un cambio en esta investigación. Este pronunciamiento, viene a consolidar las pruebas y teorías que se habían ido desvelando en los meses anteriores, estableciendo con autoridad judicial lo que muchos sospechaban: la muerte de Córdoba fue […]…
El esposo de la mujer, Emiliano, fue patrocinado por un abogado que presentó una demanda penal contra la clínica San Lucas de la ciudad de Neuquén, donde Alison fue intervenida quirúrgicamente.
La denuncia ante la fiscalía de turno ya motivó un pedido de información al sanatorio, además de también recabar testimonios y consultas con especialistas.
La recuperación de Alison Calfunao
La joven de 30 años se encuentra internada en el hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires, tras ser trasplantada de corazón el pasado 17 de junio, a ocho días de padecer los dos paros cardíacos en la mencionada clínica neuquina.
Antes de la intervención de trasplante, los especialistas del nosocomio realizaron la amputación de su pierna derecha ya que no recibía la irrigación necesaria, según se informó.
En las últimas horas se informó que la evolución es muy favorable, aunque requiere de asistencia kinesiológica para la recuperación de masa muscular y también de contención sicológica por todo lo que ha vivido.
El duro posteo de la mamá de Alison
Carina, la mamá de Alison Calfunao, realizó en las últimas horas un duro posteo de lo que le ha tocado vivir a su hija:
Un avión sanitario prevé trasladar a Buenos Aires a la joven Alison Calfunao que requiere de un tratamiento previo para un trasplante de corazón. El operativo sanitario está previsto para este viernes aunque depende de una sincronización médica para que la joven sea derivada de una clínica neuquina al hospital Italiano. Alison Calfunao es una […]…
El viernes 6 de junio dirigentes de Suteba Tigre fueron notificados de su judicialización por el juez Alfredo Wagner a raíz de una “denuncia maliciosa” de funcionarios de la Dirección General De Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires. En charla con Alfredo Cáceres, referente del sindicato, nos comentó sobre las falsas denuncias que recibieron y las acciones a llevar a cabo por la seccional “para responder a esta ofensiva judicial de la patronal”. Por Ernestina Arias.
“En la escalada represiva y autoritaria que estamos viviendo en el país, replicada por la DGCyE, que no cesa de desconocer el libre ejercicio de la actividad sindical, los cuadros intermedios de DGCyE optan por judicializar al SUTEBA TIGRE y en particular a María Elisa Salgado, secretaria general, Marina Lascano Warnes, Secretaria de Formación Político Sindical, y Alfredo Cáceres Vocal Titular, de este sindicato. Sin más, esto implica que nuestres compañeres puedan ser detenides ejerciendo su representación sindical o la defensa de docentes del distrito o en sus tareas laborales cotidianas, es decir, obstaculizan el ejercicio de la representación sindical”. De esta forma comienza a denunciar el sindicato de trabajadores de la educación Suteba Tigre en un comunicado emitido el mismo día que recibieron las notificaciones.
En conversación con Alfredo Cáceres, nos explica de qué se trata esa acusación. “Una inspectora del distrito de Tigre nos denuncia, argumentando hechos que tienen que ver con nuestra intervención sindical, como nombrarla, denunciar sus intervenciones, atropellos y demás. Fue alguien que llegó con el macrismo, de una manera como mínimo bastante dudosa, pero más allá de eso su irrupción como inspectora fue ser parte de la persecución desatada contra unos 500 inspectores en aquella época que hizo el macrismo para callar a las escuelas después del estallido de la escuela 49 de Moreno. Y bueno, entonces desde ese lugar arremete con una denuncia penal que el juez Wagner lo que hace es transformarla en una perimetral aunque no se declara competente sino que lo remite al fuero contencioso administrativo o sea que se lava las manos pero deja la medida cautelar de la perimetral. Con lo cual, técnicamente, si nos cruzáramos en una escuela o en la vía pública o en nuestro lugar de trabajo, o ejerciendo el rol de dirigentes, acompañando una intervención en la jefatura o en cualquier otro ámbito, podríamos ser detenidos, porque estaríamos violando la perimetral. Así que concretamente se transforma en un ataque de esta naturaleza”.
Desde el sindicato afirman que “esta ofensiva judicial contra representantes de trabajadores de la educación no es la primera vez que ocurre y pareciera estar completamente avalada por la DGCyE que no ha dado respuesta a ninguna de las presentaciones formales que se han realizado por el sindicato.”
A partir del momento que difundieron la situación empezaron a recibir la solidaridad de la docencia y organizaciones de zona norte, las cuales siguen recibiendo en sus redes sociales.
“Las campañas reaccionarias que buscan demonizar a les trabajadores acusando de violentes a quienes defiende los derechos de la clase trabajadora abonan la judicialización de nuestras organizaciones”, enuncian en el comunicado y prosiguen “hacemos responsables de la integridad de nuestres compañeres a las autoridades regionales y distritales, Amelia Bressan y Gloria Zingoni, y al Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni”.
Finalizan el texto con la convocatoria a asambleas para resolver acciones directas para responder a esta “ofensiva judicial de la patronal”.
La medida, formalizada a través de un comunicado oficial, se enmarca en el “estado de alerta y movilización” dispuesto por el gremio ante la falta de respuestas por parte de la entidad financiera Banco Santander.
La entidad es una de las financieras más importantes del país, con más de 5.000 empleados, 262 sucursales y una amplia red de cajeros automáticos. La crisis laboral en la entidad no solo afecta a los trabajadores, sino que también genera preocupación en los clientes y en la comunidad financiera en general, debido a la posible reducción de servicios y cierre de sucursales.
El plan de lucha de La Bancaria representa un desafío para el banco y un llamado de atención sobre las condiciones laborales en el sector financiero argentino, en un contexto donde la defensa de los derechos laborales se vuelve central frente a las políticas de ajuste y despidos masivos impulsadas por algunas empresas multinacionales.
El conflicto escaló tras una masiva asamblea realizada en la sede central del banco, el Edificio Garay, en el marco del 52° Congreso Nacional Bancario. En esta reunión participaron delegados, congresales y trabajadores de todo el país, quienes expresaron su rechazo a las prácticas laborales del banco y decidieron iniciar un plan de lucha que incluye asambleas y movilizaciones progresivas.
La Asociación Bancaria, liderada por el secretario general Sergio Palazzo, denunció que Banco Santander lleva adelante una política de ajuste que incluye presiones para que los empleados firmen desvinculaciones forzadas y despidos sin causa mediante telegramas, lo que califican como “avasallamientos” y “aprietes”.
El nuevo billete de dos mil pesos cumple cuatro meses de circulación en la Argentina, sin embargo, no ha traído las soluciones que se esperaba. Por un lado, el objetivo de aliviar los problemas logísticos de bancos y empresas al momento de abonar sumas altas, quedó un tanto desactualizado por la inflación registrada en ese período. Por otro, usuarios de cajeros automáticos de Neuquén, Cipolletti, Viedma y Comodoro Rivadavia expresaron a Pasó Hoy que tanto en los depósitos como en las extracciones, los billetes de 2000 no son aceptados por los cajeros automáticos….
