Los locales vacíos aumentaron 40% en la Ciudad en el último año. Las zonas más complicadas fueron las avenidas Avellaneda y Pueyrredón, en dónde la vacancia subió 180% y 225%.
El informe bimestral de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios reveló cifras preocupantes. El estudio se realiza sobre las arterias más importantes de la Ciudad.
Avellaneda es el principal centro de comercio textil de la Ciudad y tiene uno de los metros cuadrados de alquiler más caros del distrito. En el bimestre de mayo-junio de 2024 había solamente 5 locales vacíos. Un año más tarde la cifra es de 14.
En Avenida Cabildo pasaron de 8 a 18 en el mismo período y en Pueyrredón los locales vacíos pasaron de 4 en mayo-junio de 2024 a 13 en 2025.
En la Avenida Rivadavia había 34 locales vacíos en 2024 y pasaron a 62 en 2025. Significa un incremento de 82,4% interanual y es la mayor suba en términos absolutos.
La peatonal Florida es una de las pocas zonas que recuperó ocupación y pasó de 18 locales vacíos a 11. Córdoba también mejoró y la vacancia bajó de 14 a 12.
En la comparación frente al bimestre marzo-abril de 2025, Rivadavia, Córdoba y Florida mejoraron.
El gobierno amenaza con intervenir el directorio del Conicet para quitarles poder a las universidades, que temen el desmantelamiento de la investigación científica argentina.
El jefe de gabinete, Guillermo Francos, se reunió con dos encumbrados científicos en los últimos días para asegurarles que no van a cerrar el organismo que conduce el clonador de ovejas Daniel Salamone.
Pero de esa reunión se desprendieron las versiones que indican que el gobierno intentará desplazar a los directores del Conicet que representan a sectores fundamentales como las Universidades Nacionales, las Provincias, el Sector Agropecuario y el Sector Industrial.
Esos cuatro directores, de un total de nueve, son los nombrados por el presidente a partir de la sugerencia de parte de los distintos sectores. En su lugar, el gobierno podría crear otros cuatro directorios para licuar la representación de las universidades y las provincias.
En el gobierno dijeron a LPO que pueden hacer eso con un simple decreto pero que no avanzarán. “El director de agro y el de provincias son nuestros, ¿para qué los vamos a correr?”, dijeron a este medio en la Rosada.
De concretarse esta intervención, el Gobierno concentraría aún más el control de las decisiones estratégicas del principal organismo de ciencia y tecnología del país, dejando sin voz a actores clave de la comunidad científica, educativa y productiva.
La medida se suma a la paralización de proyectos, la suspensión de becas y la falta de convocatoria a nuevos ingresos a la carrera de investigador, profundizando el desfinanciamiento y la precarización del sistema.
El otro objetivo del gobierno, por impulso del ministro Federico Sturzenegger, es eliminar por completo la Agencia I+D+i, el organismo nacional encargado de implementar distintos programas para financiar proyectos de investigación en todo el país.
Gabriel Oriolo, Superintendente de Servicios de Salud, renunció a su cargo en medio de un conflicto con las obras sociales.
El funcionario, ex directivo de OSDE, es el encargado de controlar obras sociales y prepagas. En el último mes escalaron los conflictos: solamente en junio el gobierno declaró en estado de crisis a nueve instituciones. Ese es el paso previo a liquidarlas, publicó Infogremiales.
Pero el mayor problema que enfrenta Oriolo es la sospecha de que funcionarios libertarios habilitan o traban gestiones con modos asociados a la vieja política.
Entre las acusaciones sobre la gestión está el manejo arbitrario del Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud.
El gerente general de la superintendencia es Claudio Sivelman, que hasta el año pasado se desempeñaba como director médico de Modum Salud.
Infogremiales publicó que “varias de las Obras Sociales de gremios intervenidas bajo las órdenes de Stivelman, tendrían siempre un mismo beneficiado: Modum Salud”. Incluso mencionan que hay una denuncia en la justicia federal y hablan de arrepentidos y que “que la causa salpicaría al propio Lugones”.
Natural Park, concesionario del skate park de General Roca organizó este fin de semana (18-19/03) un torneo de skate para categorías iniciantes, principiantes y amateur. La convocatoria fue buenísima, tanto de competidores como de público. Tocaron bandas en vivo y la entrada fue a beneficio con la donación de útiles escolares. Federico Gonzalez, Facundo Roldán…
La empresa agroindustrial Speedagro inició un proceso de concurso preventivo de acreedores debido a problemas financieros y se suma a las compañías vinculadas al campo que entraron en crisis por el modelo económico libertario.
Las autoridades de Speedagro se presentaron ante la Justicia para iniciar un proceso judicial -ante la imposibilidad de saldar sus deudas- y buscar un acuerdo con sus acreedores que le permita evitar la quiebra.
Desde la compañía señalaron que la decisión responde a un contexto adverso para el sector. “Speedagro busca reestructurar sus compromisos y mantener la continuidad operativa”, explicaron.
Además, para explicar las causas de la insolvencia destacan las condiciones climáticas desfavorables y los problemas en la cadena de suministro, dos factores que -según la compañía- afectaron a las empresas del sector agropecuario en los últimos años. “Esta combinación impactó en la capacidad de pago de Speedagro, motivando la convocatoria”, dicen desde Speedagro.
El procedimiento prevé la convocatoria a una junta de acreedores, instancia en la cual se presentarán y votarán las propuestas de pago. El resultado de esa negociación determinará si la empresa logra reestructurar su deuda o si debe avanzar hacia un proceso de liquidación.
Speedagro es una compañía que se dedica a la elaboración de coadyuvantes (herbicidas o pesticidas) y fitosanitarios para el agro. Fue fundada en 2001 en la localidad de Coronda, Santa Fe.
En 2016 la compañía incorporó la unidad de negocios de siembra, donde se dedica a la producción de commodities (maíz, trigo, soja, girasol y algodón). Opera en casi 100.000 hectáreas, de las cuales 6.000 son de producción propia ubicadas en el norte de Santiago del Estero y el resto, se trabajan en producción asociada mayoritariamente con productores de la zona de Quimili (Santiago del Estero), en el sur de la provincia de Santa Fe y norte de Buenos Aires.
“No hay épocas difíciles, yo creo que la época difícil es dar el paso hacia adelante,” afirmaba Víctor Escalas, el fundador de SpeedAgro. “Nosotros nacimos en el año 2001, crisis terminal de Argentina y bueno, en esas crisis son momentos de decisión son épocas de oportunidades”. El futuro fue más oscuro de lo que el empresario esperaba.
El mismo destino que Speedagro tuvieron empresas importantes del sector agroindustrial como Los Grobo Agropecuaria, Agrofina, Surcos y SanCor, que también arrancaron con concursos preventivos de acreedores.
En el caso de Los Grobo había entrado en default en diciembre pasado por una deuda de apenas 100 mil dólares y arrastró a su controlada Agrofina, que produce agroquímicos. A mediados de enero, se sumó el default de unos 30 millones de dólares. La deuda total ascendería a algo más de 200 millones de dólares.
En tanto, Surcos -otro gigante del sector- anunció el default de una deuda de 300 millones de pesos, una cifra que parece insignificante para una empresa de esa magnitud.
La crisis se da en un contexto en que el gobierno nacional bajó las retenciones y presiona para que el campo liquide unos 3 mil millones de dólares.
En marzo, un artículo del periodista Matías Longoni aseguraba que la facturación de las empresas que proveen insumos químicos a los productores agropecuarios de la Argentina retrocedió nada menos que 27,4% en dólares en 2024 respecto del año anterior. Esto es, cayó de 4.320 millones de dólares en el año 2023 a 3.143 millones el año pasado.
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina informa que, por razones de fuerza mayor, se reprograma la obra ‘La Corredora’ que estaba prevista para este sábado en el Galpón de las Artes. Oportunamente se dará a conocer la fecha y horario de su presentación. Difunde esta nota
La Junta de Presidentes de Cámaras Federales con competencia penal se reunió este viernes de manera extraordinaria en la ciudad de Resistencia, en la provincia Chaco. El cónclave contó con la participación de magistrados de distintas jurisdicciones del país, funcionarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y representantes del Consejo de la Magistratura.
El encuentro sirvió para avanzar y analizar distintos aspectos de la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF).
Estuvieron presentes en la reunión Javier Leal De Ibarra (Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia), Mariano Lozano (Cámara Federal de Apelaciones de General Roca), Gustavo Castiñeira De Dios (Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza), Patricia Moltini (Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán), Mariano Llorens (Cámara Nacional ACC Federal), Silvina Andalaf Casiello (Cámara Federal de Apelaciones de Rosario), Roberto Hornos (Cámara Nacional en lo Penal Económico), Marcelo Fernández (Cámara Federal de Apelaciones de San Martín), Pablo Candisano Mera (Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca), Jorge Di Lorenzo (Cámara Federal de Apelaciones de La Plata), Ramón Luis González (Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes), Rocío Alcalá (Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia), y Mario Boldu (Cámara Federal de Apelaciones de Posadas).
De manera virtual, participaron Mariana Catalano (Cámara Federal de Salta), Alejandro Tazza (Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata) y Abel Sánchez Torres (Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba).
Además, se sumaron funcionarios del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema, entre los que se destacaron el administrador general, contador público Alexis Varady y Mariano Althabe, presidente del directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).
Durante la jornada, se compartieron relevamientos e informes elaborados en distintas áreas, con la activa participación de asesores técnicos y funcionarios del máximo tribunal y el órgano político del Poder Judicial.
En ese contexto, se destacó la importancia de la uniformidad en los cuadros estadísticos en el marco del sistema acusatorio. Además, la Oficina Judicial y los Colegios de Jueces abordaron experiencias comparadas. Se debatió sobre los principales obstáculos para su funcionamiento operativo y se delinearon propuestas de optimización institucional. También se definieron líneas de acción consensuadas para impulsar una aplicación más uniforme y eficiente del nuevo sistema procesal penal.
Desde el Consejo de la Magistratura, Varady resaltó el presupuesto destinado desde el Poder Judicial para acondicionar las instalaciones a los nuevos desafíos que impone esta reforma y el compromiso de no abandonar las jurisdicciones una vez que se pone en vigencia la implementación del nuevo Código. Se hizo así un informe detallado de las obras e inversiones realizadas y las que ya se encuentran agendadas.
