Carolina Labayru encabeza la lista a concejales de Pablo Javkin y Maximiliano Pullaro y el próximo domingo enfrenta una elección complicada. El oficialismo quedó abajo del peronismo y de La Libertad Avanza en las PASO, pero confían en poder revertir el resultado y son optimistas con las encuestas que dan un escenario de triple empate.
Javkin la nombró al frente del área de Control en diciembre de 2019 apenas asumió en la intendencia en una época difícil cuando en la ciudad había solo 20 móviles policiales patrullando y Rosario volvía a encabezar las cifras de homicidios. “A Rosario la abandonaron”, repiten en la coalición Unidos en referencia al gobierno de Alberto Fernández y de Omar Perotti.
Ahora, Labayru es la secretaria de Cercanía y Gestión Ciudadana y enfrenta en las urnas al candidato del peronismo, Juan Monteverde, y al libertario Juan Pedro Aleart. La candidata hace un breve stop en las recorridas de campaña y recibe a LPO a días de las elecciones, en un lunes helado.
En el segundo piso del Palacio Municipal, Labayru abre las persianas de su oficina y revela una vista impactante al parque Nacional a la Bandera, las barrancas del río Paraná y las islas: “tengo una de las mejores panorámicas”, dice la arquitecta rosarina que aclara que es candidata pero que no se siente cómoda con la rosca y la política: “a mí me gusta hacer”, dice.
Tiene un desafío muy importante para el próximo domingo ¿Qué expectativas tiene?
Veo a la elección con mucha esperanza porque estoy convencida que la gente no quiere volver atrás, a los cuatro años nefastos de Perotti cuando teníamos 20 patrulleros y gobernaba el kirchnerismo que nos dejó solos. Todo eso es lo que representa (Juan) Monteverde. Los rosarinos sabemos lo que pasó y yo lo viví particularmente porque estaba en el área de Control y no teníamos el acompañamiento policial ni siquiera para operativos sencillos.
Yo voy con la lista de Pablo Javkin y Maxi Pullaro, una lista que no esconde a nadie cuando Monteverde no dice quienes son sus aliados y oculta que es socio de Juan Grabois, de Cristina, de Saín, de Perotti y de Rodenas. Esa gente mafiosa que se robó todo y nos dejaron solos.
La otra lista es la del periodista Juan Pedro Aleart (La Libertad Avanza), que es la lista del odio que viene de Buenos Aires, la del comentarista que tuvo popularidad, que se hizo conocido por trabajar en un importante canal de la ciudad y comentaba los operativos que yo hacía en la calle al frente de Control y ahora viene a candidatearse a Rosario con las recetas que le dan en el gobierno nacional.
Una de las consignas de Aleart es la de aplicar en la ciudad la motosierra…
Está bien ser austeros, cuando Pablo (Javkin) asumió el gobierno municipal lo primero que firmó fue un decreto de austeridad y cada peso que entraba se guardaba y se administró de forma muy responsable que permitió que en los primeros cuatro años se lograse alcanzar el superávit fiscal y que ahora se esté utilizando esos fondos para mejorar servicios, infraestructura y el plan de obras más ambiciosos de los últimos 50 años.
Cuidamos cada peso para devolvérselo a la gente, no es solo motosierra y que el Estado no sirve porque ningún privado va a hacer el pavimento definitivo en un barrio sin no lo financia el Estado.
Usted encabeza la lista del oficialismo que apuntalan Javkin y Pullaro
Los que sabemos cómo hacer las cosas. Desde que asumió el gobernador Maximiliano Pullaro estamos más tranquilo, se respira otro aire en la ciudad y eso fue posible porque el gobernador puso el foco donde había que ponerlo y pasamos de tener 20 patrulleros en las calles a 300. Por eso decimos que “Volvió Rosario”. Lo vivimos en los festejos del 20 de junio por el Día de la Bandera donde hubo casi 350 mil personas en el Monumento.
¿Por qué cree que en las PASO Unidos que quedó tercero debajo del peronismo y de los libertarios?
En principio, porque no fue mucha gente a votar como sucedió luego en otras provincias y en Santa Fe muchos no sabían que se votaba hasta último momento porque se mezcló la elección de concejales con la de convencionales constituyentes. Tampoco entendió muy bien porqué Juan Monteverde y Juan Pedro Aleart eran candidatos por partida doble, como conejales y constituyentes. No entendió para qué iba a votar y ahora es mucho más sencillo.
Por ello, una de las propuestas que tengo ahora que se va a discutir la autonomía de Rosario es la de anular las elecciones de medio término y dejar de gastar plata en cosas innecesarias y que los legislativos se elijan cada cuatro años con la elección de ejecutivos
¿Cree que va a tener el acompañamiento de todos los bloques?
Los que van a estar en contra son los que trabajan de candidatos cada dos años y les conviene que haya elecciones permanentemente como Monteverde.
¿Cuál es el principal adversario de su lista?
Mis adversarios son el pasado que nos dejó solos, el kirchnerismo, y también los que traen discursos armados y agresivos desde Buenos Aires. Nosotros representamos el gobierno que le empezó a mejorar la vida a los rosarinos.
Recién ahora nosotros vamos a los barrios y la gente nos reclama cuestiones municipales porque antes solo nos demandaban por más seguridad. No se hablaba de otra cosa y la gente sabe que el intendente solo no podía resolver ese gran problema. Ahora tenemos un gobernador comprometido con Rosario.
¿Usted considera que el próximo domingo el electorado va a valorar esas mejoras?
Es muy importante que el vecino vea lo que estamos haciendo y nos ayude a sostenerlo. Necesitamos esa fuerza en el Concejo Municipal para que no pongan impidan que se continúe el plan de obras, que se siga modificando lo que haya que cambiar para que haya más inversiones y crecimiento.
Pablo Javkin no ha tenido grandes escollos en el Concejo Municipal…
Por eso tenemos que mantener la mayoría porque hay algunos que se visten de opositores porque es su negocio y no toman en cuenta lo mejor para los rosarinos, es pura especulación político y electoral. No hay que olvidar que la oposición votó en contra de propuestas muy importantes para la ciudad.
Usted va a ser concejal. ¿Cómo piensa que va a ser su perfil?
En el Concejo no voy a cambiar mi manera de gestionar. No voy a entra en la chicana de discusiones inertes que no sirven para nada, no me interesa y no voy a ir a perder tiempo. Voy a seguir estand cerca del vecino como lo vengo haciendo desde que estoy en la gestión.
Civiles asesinados desde el cielo, niños quemados por bombas argentinas, un Estado paralizado por la cobardía y una élite que aún hoy justifica la infamia. El bombardeo a Plaza de Mayo fue mucho más que un intento fallido de golpe: fue una advertencia brutal al pueblo trabajador. La Historia oficial lo sepultó entre líneas, pero la deuda con la memoria persiste. ¿Hasta cuándo se negará esta masacre fundacional de nuestra violencia política contemporánea?
Aquel jueves 16 de junio de 1955, Buenos Aires amanecía como cualquier otro día. Sin embargo, hacia el mediodía, la ciudad se convertiría en el escenario del ataque más cruel y despiadado que haya sufrido su población civil. A plena luz del día, y sin que mediara guerra alguna, aviones de la Marina argentina bombardearon la Casa Rosada, el Ministerio de Guerra, la CGT, y principalmente, la Plaza de Mayo. El saldo fue devastador: más de 300 muertos —en su mayoría civiles— y más de 1000 heridos. Pero lo más escandaloso es lo que ocurrió después: silencio, impunidad y negacionismo.
La historia oficial lo menciona de soslayo. Las instituciones democráticas lo ignoran. Y la educación pública lo relega, cuando lo aborda, a una nota al pie. Setenta años después, el bombardeo sigue siendo una herida abierta y deliberadamente olvidada. Una masacre fundacional que incomoda, molesta, porque desarma el relato heroico de los “libertadores” de la Revolución de 1955. Una masacre que no puede explicarse sin nombrar el odio visceral hacia el peronismo y hacia los sectores populares que encarnaban, y aún encarnan, la posibilidad de una Argentina plebeya y real.
Juan Domingo Perón supo temprano que algo se cocinaba. Lo alertaron el jefe de la SIDE, Jáuregui, y luego el general Lucero. El desfile aéreo previsto para ese mediodía no era inocente. Bajo el disfraz de un acto patriótico, los aviones estaban cargados de bombas. Bombas argentinas, dirigidas contra argentinos. En la jerga técnica: terrorismo de Estado. En la memoria de quienes sobrevivieron: una traición sin nombre.
Los agresores fueron parte de la Aviación Naval, con sus Avro Lincoln y Catalinas decorados con cruces y la leyenda “Cristo vence”. Una farsa piadosa que buscaba envolver de moral religiosa una operación de exterminio. El objetivo, según dijeron, era matar a Perón. Pero las bombas cayeron sobre la multitud. Trolebuses repletos, niños de escuela, empleados públicos, familias enteras. Un “daño colateral” perfectamente calculado.
La CGT llamó a defender a Perón. Él intentó frenar la movilización, consciente de que los golpistas no tendrían escrúpulos en disparar sobre la gente. Pero ya era tarde. A la tarde, nuevas oleadas de aviones arrojaron más de nueve toneladas de explosivos sobre la Plaza. En los techos, aún hay cicatrices del crimen. En la conciencia colectiva, aún no hay justicia.
Pablo “El Profe” Borda, joven historiador y divulgador, lo dice sin rodeos: “Nunca antes en la historia de la humanidad las Fuerzas Armadas de un país habían bombardeado a su propia población sin el inicio de una guerra civil”. Lo que ocurrió en Buenos Aires fue un acto de terrorismo de Estado, una masacre política planeada no solo para derrocar a un presidente, sino para escarmentar a un pueblo.
Y sin embargo, la democracia no ha sido capaz de construir una memoria que esté a la altura del hecho. No hay estaciones de subte que lo recuerden. No hay feriados. No hay grandes monumentos. Hay apenas una baldosa, algunas placas, y la memoria militante de quienes aún luchan por decir lo obvio: que las bombas no fueron culpa del pueblo.
El colmo de la desfachatez fue un volante que circuló en esos días, firmado por los autores del crimen: “Responsabilidad de Perón y la CGT en la matanza de Plaza de Mayo”. Los asesinos, con la impunidad de los cobardes, culparon a sus víctimas. El argumento: Perón sabía y no evacuó. La CGT movilizó. Ergo, los culpables eran los muertos.
Pero lo más indignante no es solo el hecho ni la lógica perversa con la que se justificó. Lo verdaderamente insoportable es que esa línea de pensamiento sigue vigente. No hay un consenso democrático de condena, como bien señala Borda. El bombardeo quedó relegado al ámbito del peronismo, como si sus víctimas hubieran sido todas fanáticos. Como si no hubieran sido ciudadanos, trabajadores, personas de a pie. El trauma fue tan brutal que se volvió “incómodo de mirar”, dice el Profe. Y es cierto: incomoda porque muestra hasta qué punto el odio de clase puede justificar lo injustificable.
Hoy, bajo un gobierno como el de Javier Milei, que constantemente repite categorías peligrosas como “argentinos de bien” versus “argentinos de mal”, la lección del 16 de junio cobra un dramatismo particular. Cuando desde la más alta investidura del país se naturaliza la violencia verbal, se reivindican dictaduras y se desprecia la vida del otro por pensar distinto, no estamos tan lejos de aquella lógica exterminadora.
Milei no tira bombas, pero lanza decretos que vacían al Estado, elimina organismos de derechos humanos, persigue docentes, demoniza pobres y criminaliza a los que protestan. Es una violencia con otros métodos, pero que responde a la misma matriz: la eliminación simbólica del enemigo político. Una forma moderna de bombardear la democracia desde adentro.
La Plaza de Mayo no olvida. La historia tampoco. Pero la democracia le debe a esa fecha algo más que silencio. Le debe memoria activa, justicia histórica, reparación simbólica y material. Y sobre todo, una enseñanza clara: los derechos no se bombardean. Se construyen, se amplían, se defienden. Y se recuerdan.
Mientras no haya un consenso democrático para condenar el bombardeo de 1955, seguiremos siendo una sociedad a la que le tiemblan las piernas para mirar de frente su peor espejo. Porque la verdadera libertad no se construye sobre cadáveres, ni sobre el olvido. Se construye con memoria, con verdad y con justicia. Y esa deuda está lejos de saldarse.
El luchador y profesor de Muay Thai, Matías Bartolini (33), es quien introdujo la disciplina tailandesa a nuestra ciudad. El “Espartano” nos cuenta sobre los orígenes de la disciplina y su mutación con la influencia occidental, opina sobre el rol del deportista en la sociedad y comparte sus proyectos. Oriundo de Villa Regina, Matías regresó…
El Intendente Marcelo Orazi recibió al Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Tributaria Martín Kelly, quien fue designado recientemente al frente del organismo provincial. En la oportunidad abordaron temas relacionados con la recaudación en el contexto de pandemia. Kelly estuvo acompañado por la Subdirectora Ivana Fontana y el Gerente de Gestión Regional Carmelo Rossi,…
Argentina tiene un sistema sanitario que, aun con desigualdades persistentes, es un ejemplo en la región y reconocido a nivel global por su desarrollo en recursos humanos, su capacidad científica y su orientación hacia el cuidado de los sectores más vulnerados. Este entramado —hecho de políticas públicas, instituciones, equipos profesionales y vínculos comunitarios— no surgió de la nada: fue el resultado de decisiones políticas y ciudadanas, sobre todo ciudadanas, sostenidas en el tiempo y apoyadas en la convicción de que una sociedad que cuida a quienes más lo necesitan se cuida a sí misma. Sin embargo, desde 2024 somos testigos de algo inédito: no ya el deterioro por desinversión o abandono, que es lo que deberíamos modificar, sino un proyecto explícito de desmantelamiento del sistema de salud público.
No se trata solo de un ajuste presupuestario más, sino de la puesta en escena de una voluntad destructiva que se declara sin ambigüedades, deslegitima lo público y desplaza al Estado de su responsabilidad como garante de derechos. Por primera vez, un gobierno no solo deja de cuidar: lo anuncia con orgullo. Esta ofensiva sin precedentes contra el sistema sanitario plantea desafíos inéditos y obliga a documentar, interpretar y responder colectivamente frente a un drama que, hasta hace poco, parecía impensable.
La medida del desastre
A partir de 2024, se implementaron medidas de ajuste fiscal que incluyeron una reducción del 27% del gasto estatal y el despido de más de 30.000 empleados públicos. En el área de salud, esto se tradujo en la eliminación o desfinanciamiento de programas clave, y en una marcada caída de la ejecución presupuestaria en organismos fundamentales. La combinación de recortes presupuestarios y reducción de personal dejó múltiples servicios públicos en situación crítica y aumentó las barreras para el acceso a la salud, especialmente en los sectores más vulnerables.
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), diversos organismos e instituciones sanitarias redujeron de manera significativa la ejecución de su presupuesto en 2024:
Además, hacia fines de 2024, el Ministerio de Salud de la Nación contaba con un 16% menos de personal. Algunos servicios se vieron forzados a suspender sus actividades por falta de recursos humanos.
Entre los programas e instituciones más afectados por el ajuste se encuentra el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que fue discontinuado en abril de 2024. Este programa, vigente desde 2018 en 12 provincias, había logrado reducir significativamente los nacimientos en adolescentes gracias a la promoción de la educación sexual integral y el acceso a métodos anticonceptivos.
Otro golpe importante fue la decisión de disolver el Instituto Nacional del Cáncer (INC), luego de que en 2024 se ejecutara apenas el 45% de su presupuesto. El cierre del INC incluyó la interrupción del Programa Nacional de Cuidados Paliativos, dejando sin acceso a analgésicos como morfina y metadona a numerosos pacientes oncológicos. Según organizaciones médicas, más de 60 personas fallecieron ese año esperando medicación que nunca llegó.
El Hospital Garrahan, principal centro pediátrico de alta complejidad del país, finalizó 2023 con un déficit operativo de $31.000 millones. En 2024, se aplicaron recortes administrativos y se incrementaron los ingresos por facturación. Aunque el Ministerio de Salud anunció que el hospital había alcanzado el equilibrio financiero, los equipos profesionales denunciaron congelamiento de salarios, vacantes sin cubrir y sobrecarga laboral. Entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, renunciaron más de 200 profesionales, incluyendo al menos 50 médicos de planta y 20 residentes. Este contexto resulta en guardias hiper exigidas e imposibilidad de cubrir adecuadamente los turnos. También se afecta la atención médica, aumenta el riesgo de errores entre quienes cubren los puestos vacantes y disminuye la capacidad de respuesta. Ese mismo año, el hospital atendió más de 600.000 consultas, de las cuales el 40% correspondían a tratamientos oncológicos.
Al hospital Garrahan no van solo las familias más humildes. Si tu hijo/a tiene una enfermedad rara también es tratado en este hospital de referencia. No crean que por tener prepaga no podrían necesitarlo alguna vez.
En materia de enfermedades infecciosas, el proyecto de Presupuesto 2025 incluyó un recorte del 76% en los fondos destinados a la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y TBC. A lo largo de 2024, se reportaron faltantes de antirretrovirales, preservativos y reactivos de laboratorio. También se eliminó la Coordinación Nacional de Tuberculosis y Lepra, incumpliendo la Ley de Respuesta Integral al VIH, sancionada en 2022, que establece la responsabilidad estatal en el financiamiento de estas estrategias.
En cuanto a los adultos mayores, el PAMI redujo su vademécum gratuito, pasando de 3.000 a 2.000 medicamentos. Esta reducción se tradujo en una baja de 167 a 109 principios activos cubiertos. Además, se estableció un nuevo tope de 5 medicamentos gratuitos por persona, en lugar de los 6 permitidos anteriormente. Muchos tratamientos pasaron a contar con descuentos parciales que varían entre el 40% y el 80%. Esto implicó un mayor gasto de bolsillo para los afiliados: según relevamientos de la Defensoría de la Tercera Edad, en abril de 2025, los medicamentos representaron aproximadamente el 22% del total de la canasta básica para adultos, con un gasto estimado de 260.000 pesos.
Otras medidas significativas incluyeron el cierre de 15 programas del Ministerio de Salud, entre ellos el Programa de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), encargado de otorgar medicamentos de alto costo a personas sin cobertura médica. También se registraron interrupciones en la entrega de tratamientos esenciales como inmunosupresores y fármacos oncológicos, así como faltantes generalizados de anticonceptivos, reactivos de laboratorio e insumos básicos en hospitales públicos. Finalmente, en febrero de 2024, se anunció la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), otro retroceso importante en materia de cooperación sanitaria internacional.
Cortar por los más débiles
Estas medidas no afectan a toda la población por igual. Su impacto se vuelve particularmente agudo en los grupos que ya enfrentaban barreras estructurales para el acceso a la salud. En el caso de las adolescentes, la suspensión del Plan ENIA y los recortes en programas de salud sexual implican menos acceso a información, métodos anticonceptivos y espacios de consejería, con el consecuente aumento del riesgo de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. En los adultos mayores, la reducción del vademécum gratuito y el incremento del gasto de bolsillo afectan la continuidad de tratamientos crónicos, especialmente entre quienes perciben jubilaciones mínimas. Las personas con enfermedades crónicas o de alto costo —como VIH, cáncer, hepatitis— se ven expuestas a interrupciones en sus tratamientos y a una disminución del seguimiento clínico. Las poblaciones vulnerables, sin cobertura formal o en territorios rurales y periurbanos, sufren con mayor intensidad el achicamiento de operativos territoriales, el cierre de centros de salud y la judicialización del acceso a medicamentos, sumando nuevos obstáculos geográficos y económicos a los que ya se enfrentaban.
Las medidas implementadas por el gobierno de Milei debilitaron gravemente la capacidad del Estado para cumplir con su función de garante del derecho a la salud, y trasladaron los costos del ajuste a quienes menos pueden afrontarlos.
Guadalupe Pérez, Jefa de Infectología del Hospital Garrahan:
“La mitad de los pacientes con cáncer del país se atienden acá. Hay 30 mil internaciones al año. No dimensionan que no hay otra institución pública o privada que pueda reemplazar al Garrahan. Me da escalofríos… pic.twitter.com/okNBEnJ2eC
La eterna tensión entre unitarios y federales sigue influyendo en cómo abordamos la distribución de recursos y la construcción de equidad entre las distintas regiones. Ese conflicto, lejos de resolverse, se acentuó. En un contexto histórico atravesado por problemas estructurales no resueltos, la salud y la educación continúan siendo dos áreas clave cuya gestión las provincias nunca delegaron plenamente al Estado nacional. Esta autonomía, sin mecanismos suficientes de articulación y compensación, produjo profundas desigualdades que reflejan con crudeza cómo el lugar de nacimiento —el código postal— puede determinar las posibilidades de enfermar o incluso morir.
Estas inequidades son contundentes: el gasto en salud per cápita en las cuatro provincias que más invierten cuadruplica al de las que menos lo hacen, y el 72% de los profesionales de la salud se concentra en solo 4 de las 24 jurisdicciones del país. Esta disparidad, sumada a las condiciones materiales desiguales de vida, tiene consecuencias dramáticas. La mortalidad materna en Santiago del Estero es casi siete veces mayor que en la Ciudad de Buenos Aires (19,1 vs. 2,7 por 10.000 nacidos vivos); la mortalidad infantil en Corrientes casi triplica la de Neuquén (8,7 vs. 3,2 por 1.000 nacidos vivos); la tasa de fecundidad adolescente en Misiones es ocho veces más alta que en CABA (24,5 vs. 3,2 por 1.000 habitantes); y en algunas regiones del Chaco, la prevalencia de tuberculosis alcanza niveles comparables a los de los países más pobres del mundo.
En este contexto, ¿de qué hablamos cuando nos referimos al rol de rectoría del gobierno nacional? ¿Es solo el dictado de normas que, por otra parte, podrían ser fácilmente descargables por internet? ¿O estamos hablando del papel del Ministerio de Salud de la Nación como autoridad final capaz de asumir estas desigualdades y su responsabilidad al respecto?
Desde su creación, el Ministerio de Salud nacional intentó, con mayor o menor éxito, intervenir para reducir las brechas de las provincias en sus resultados de salud. Programas como el Remediar (que permitió que las personas pobres dejaran de pagar por los medicamentos ambulatorios esenciales para su supervivencia), Salud Investiga (que financió investigaciones sobre las patologías más relevantes para nuestra realidad epidemiológica) o el Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (que logró reducir la tasa de fecundidad adolescente en sus primeros dos años a la mitad) son solo algunos de los numerosos ejemplos de intentos por construir equidad asumiendo la rectoría nacional.
La verdadera rectoría no se limita a redactar declaraciones: es una construcción técnico-política que depende de la capacidad de un gobierno para articular acciones entre las jurisdicciones que puedan garantizar respuestas equitativas. Solo con un Ministerio de Salud fuerte se puede soñar con la equidad. La gobernanza en salud juega un papel esencial. Implica la creación de políticas públicas adecuadas, pero también la capacidad de generar acuerdos efectivos entre las distintas jurisdicciones y de asignar recursos. Esto incluye mecanismos de articulación que permitan implementar programas y distribuir recursos de manera justa, respetando las particularidades de cada región. Numerosas iniciativas demostraron cómo una gobernanza efectiva puede traducirse en equidad y en acciones con impacto real y sostenible en la mejora de las condiciones de vida de toda la población.
Justo y necesario
Sostener un sistema de salud público, universal y gratuito no implica solamente asegurar el acceso a la atención sanitaria. También requiere construir condiciones estructurales que permitan que ese acceso sea equitativo, efectivo y sostenido. Desde una perspectiva de derechos, el sistema público cumple funciones indelegables: garantizar la salud poblacional, establecer estándares de equidad y formar profesionales con una mirada sanitaria integral, que no quede a merced de los caprichos del mercado.
Un sistema público, con fuerte rectoría estatal, es indispensable para alcanzar una cobertura universal efectiva, desde la prevención hasta los cuidados paliativos— cerca del entorno cotidiano de las personas, actuando sobre los determinantes sociales de la salud y promoviendo la equidad. Las funciones esenciales de salud pública incluyen no solo la vigilancia epidemiológica y la prevención de enfermedades, sino también el desarrollo de recursos humanos con competencias éticas, técnicas y comunitarias. La formación de trabajadores de la salud bajo este enfoque excede los saberes clínicos: implica compromiso con la salud colectiva, el trabajo territorial y el enfoque de derechos. Características que solo pueden ser adquiridas en el paso por el sistema público de salud.
Solo con un Ministerio de Salud fuerte se puede soñar con la equidad. La gobernanza en salud juega un papel esencial.
Un sistema público sólido es condición necesaria para reducir las brechas en salud. La equidad no puede alcanzarse sin un actor estatal capaz de planificar, regular y proveer servicios. Allí donde los sistemas públicos se debilitan, las desigualdades se profundizan: quienes pueden pagar acceden, quienes no, quedan excluidos.
Además, los sistemas públicos cumplen un rol estructurante en la organización sanitaria de un país: no solo brindan atención, fijan precios de referencia, regulan la formación profesional, garantizan insumos estratégicos, articulan con organismos internacionales y sostienen la respuesta en situaciones de emergencia. Sin su existencia, la atención queda fragmentada y sometida a lógicas de mercado que priorizan la rentabilidad por sobre la necesidad.
Sostener un sistema público de salud no es, entonces, una cuestión meramente técnica o administrativa. Es una decisión política y ética. Su debilitamiento no afecta solo a las estructuras institucionales: impacta en la vida concreta de las personas, especialmente en aquellas más vulneradas.
Aislados del mundo
La decisión del gobierno argentino de retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS) constituye un cambio de rumbo con consecuencias significativas. Más allá de los argumentos centrados en el ahorro presupuestario, esta medida implica la desvinculación de uno de los principales espacios de coordinación sanitaria internacional, en un contexto donde los desafíos en salud pública trascienden las fronteras nacionales.
La OMS cumple funciones centrales para los Estados miembros: establece protocolos técnicos basados en evidencia, coordina respuestas ante emergencias sanitarias, facilita el acceso a insumos estratégicos como vacunas y medicamentos, y promueve estándares comunes para la formación y el ejercicio profesional en salud. Estas herramientas resultan especialmente valiosas para países con sistemas fragmentados o con dificultades estructurales de acceso y equidad.
En su comunicación oficial, el gobierno argentino sostuvo que la permanencia en la Organización Panamericana de la Salud (OPS) garantizaría parte de la cooperación técnica, incluido el acceso a los fondos rotatorios para vacunas. Sin embargo, esta afirmación omite que la OPS es la oficina regional de la OMS y que muchas de sus acciones están integradas a estrategias y decisiones definidas a nivel global. La salida formal de la OMS debilita esa articulación y puede limitar el acceso a mecanismos de asistencia internacional en situaciones críticas futuras.
Además, la participación en la OMS no se reduce a recibir recomendaciones técnicas. Se trata de un espacio de construcción política y científica colectiva, donde los países inciden en la elaboración de lineamientos globales a través de procesos de deliberación y consenso. Renunciar a este espacio implica perder voz, representación e incidencia internacional.
La cuota anual que Argentina paga a la OMS —unos 3,6 millones de dólares— representa una inversión marginal frente a los beneficios de pertenecer a una red de cooperación multilateral en salud. Presentar esta decisión como un recorte presupuestario es subestimar su impacto estructural.
En un escenario global atravesado por una pandemia de salud mental, el resurgimiento de enfermedades infecciosas como M-Pox o la gripe aviar, y el avance de la resistencia antimicrobiana, la cooperación internacional no es opcional: es condición necesaria para la preparación y la respuesta efectiva. La desvinculación de la OMS reduce las posibilidades de anticipación y coordinación frente a amenazas sanitarias compartidas.
El sistema de salud público argentino se ve particularmente afectado por esta medida. Su capacidad para responder a emergencias, adquirir insumos estratégicos o actualizar protocolos depende en gran parte de los marcos normativos y técnicos internacionales. La salida de la OMS introduce un factor de aislamiento que debilita esa capacidad de respuesta y, en última instancia, impacta sobre la calidad y la equidad del cuidado.
La salud es, por definición, un bien colectivo. Su protección exige colaboración entre países, intercambio de información, formación conjunta de profesionales y mecanismos ágiles de asistencia recíproca. La decisión de retirarse de la OMS erosiona esos pilares y contradice la lógica de corresponsabilidad que ha sostenido las políticas sanitarias más eficaces del último siglo.
La participación en la OMS no se reduce a recibir recomendaciones técnicas. Se trata de un espacio de construcción política y científica colectiva, donde los países inciden en la elaboración de lineamientos globales a través de procesos de deliberación y consenso. Renunciar a este espacio implica perder voz, representación e incidencia internacional.
Argentina se incorporó a la OMS en 1948 mediante la Ley 13.211, que aprobó la Constitución de la OMS. Según el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes y su renuncia requiere la intervención del Congreso. Cualquier intento de salida de la OMS sin la aprobación del Congreso es inconstitucional y carece de validez legal. La decisión no puede ser adoptada unilateralmente por el Poder Ejecutivo, ya que implica la renuncia a un tratado internacional aprobado por ley.
Hasta aquí llegamos
En nombre del equilibrio fiscal y la eficiencia económica, se desmontaron programas sanitarios, se interrumpieron tratamientos, se dejaron vacantes sin cubrir y se eliminaron instancias de cuidado. Mientras, hay personas que mueren. No por falta de tecnología ni por desconocimiento, sino porque se optó por una disposición sacrificial frente al dios mercado, esperando que su beneplácito traiga un futuro mejor. Incorporando una lógica según la cual algunas vidas se consideran costeables; otras, prescindibles.
¿La salud es un derecho que debe estar garantizado para todas las personas o un servicio al que solo acceden quienes pueden pagarlo? En cada recorte, en cada programa eliminado, en cada tratamiento que no llega, lo que realmente se discute es la vida misma. La salud no se agota porque más personas la usen, y solo puede garantizarse si hay una decisión colectiva de hacerlo posible: a través del Estado, de políticas públicas, de redes solidarias. El mercado, por sí solo, no la va a garantizar.
Lo que está en disputa no son tecnicismos presupuestarios, sino una frontera política y ética: decisiones que configuran el tipo de sociedad que queremos habitar. Una sociedad más o menos comprometida con la equidad, más o menos permeada por lógicas que exigen sacrificios humanos en nombre de indicadores macroeconómicos.
Como advierte Judith Butler, no todas las vidas serán igualmente lloradas. Algunas serán protegidas; otras, ni siquiera nombradas. Esa jerarquización se está inscribiendo en los cuerpos, en las biografías, en los destinos. Y ya se está traduciendo en muertes evitables, en sufrimientos no acompañados y en vidas que se disuelven sin dejar huella.
La disposición sacrificial no se expresa sólo en la desinversión o en la restricción del acceso. Se manifiesta también en las construcciones de subjetividad que este modelo promueve: el abandono, la fragmentación, la soledad, la idea de que cada quien debe arreglárselas como pueda. En este contexto, los suicidios y las depresiones de jóvenes y adolescentes dejan de ser síntomas individuales para convertirse en expresiones sociales de una época que ha roto sus redes. El suicidio es hoy la segunda causa de muerte en adolescentes de entre 10 y 19 años en Argentina, con 394 casos registrados en 2023: más de uno por día; y las consultas por cuadros depresivos aumentan hasta un 30 % en un año. Estas cifras no pueden leerse de manera aislada: expresan un modelo de organización social basado en la exclusión, el despojo y la competencia que horada los vínculos que deberían protegernos.
Hoy, el Estado que debería cuidarnos, nos expulsa. Aquel que debería garantizar derechos, los convierte en bienes escasos. La salud —como la vida— no se sostiene en soledad.
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La Asociación Protectora de Animales de Villa Regina comienza una campaña en la que necesita de toda la sociedad reginense, ¿Cómo podés colaborar? Donando ropa y libros usados en buen estado. ¿Por qué? En este contenido te lo explicamos… POR QUÉ?: Porque haciendo ferias de ropa y libros, APAN logra recaudar parte del dinero necesario…
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