Despidos masivos y paro por tiempo indeterminado en Molinos Río de la Plata

Despidos masivos y paro por tiempo indeterminado en Molinos Río de la Plata

 

Lo definieron la Comisión Interna y la filial bonaerense del Sindicato de Alimentación. Hasta ahora Molinos Río de La Plata notificó 10 nuevos despidos y, según los trabajadores, se enmarcan en un plan de cesantías y precarización laboral. La medida se sostendrá por tiempo indeterminado. «No sólo están despidiendo ilegalmente, están ejecutando un proceso de desindicalización», denuncian. Por Infogremiales.


Los trabajadores de Molinos Río de la Plata, junto a la Comisión Interna y la dirección del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación filial Buenos Aires, iniciaron anoche un paro por tiempo indeterminado ante el despido de cinco trabajadores y una trabajadora. Esta mañana, la empresa despidió a otros cuatro trabajadores.

«Se trata, como lo denunciamos ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, de un plan de cesantías y precarización laboral de la empresa que ahora se termina concretando con estos ilegales despidos», explicaron.

Y añadieron: «Todo comenzó anoche cuando cuatro trabajadores estaban entrando a cumplir el turno noche y dos se preparaban para volver a su casa luego de terminar su jornada en el turno de la tarde. Los seis fueron citados a la oficina de Recursos Humanos y allí, frente a una escribana, les notificaron que estaban despedidos».

La Comisión Interna, junto a la dirección del STIA filial Buenos Aires, realizó una asamblea en la que se aprobó el paro convocado por el gremio a partir del turno noche. El paro que se ratificó en la asamblea del turno mañana. La medida de fuerza es reclamando la inmediata reincorporación de los despedidos, cese de más despidos, y por condiciones dignas y seguras de trabajo ante la ilegal reducción de dotación de personal ejecutada por la empresa.

«Los despidos se dan pocas horas antes de la cuarta audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires ante la denuncia que realizamos junto a la dirección del STIA filial Buenos Aires de que había en marcha un proceso de despidos planificado. Ese proceso, que comenzó el 26 de mayo, fue dejando a la planta con dotaciones de trabajadores y trabajadoras que están por debajo de la cantidad mínima en cada una de las máquinas, lo que genera situaciones de riesgo para la salud de las y los operarios», remarcaron.

Y añadieron: «No sólo están despidiendo ilegalmente, están ejecutando un proceso de desindicalizacion, imponiendo la precarización laboral para producir, afectando la salud y la seguridad del resto de las y los trabajadores, ignorando deliberadamente las intimaciones de los representantes de los trabajadores en el Comité Mixto de Seguridad e Higiene que está constituido en la planta».

Vale recordar que el 23 de mayo pasado, la comisión interna ya había denunciado públicamente que la empresa de los Pérez Companc -una de las 4 familias más ricas del país, según la revista Forbes- estaba realizando reuniones de forma irregular con los y las trabajadoras en la que les planteaba que si no aceptaban rebajas salariales y trabajar con dotaciones por debajo de las recomendadas por el Comité Mixto de Seguridad e Higiene, iban a haber despidos.

Fuente: https://www.infogremiales.com.ar/despidos-masivos-y-paro-por-tiempo-indeterminado-en-molinos-rio-de-la-plata-no-solo-estan-despidiendo-ilegalmente-estan-ejecutando-un-proceso-de-desindicalizacion/

 

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    La Cámara Federal porteña intervendrá por primera vez el martes próximo en la causa ANDIS que investiga el supuesto pago de coimas por parte de droguerías para la compra de medicamentos en el área de discapacidad, en una audiencia para revisar planteos de nulidad del caso.

    Los recursos de la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina, fueron rechazados por el juez federal Sebastián Casanello y ahora el tema llega en apelación a la sala II del Tribunal de Apelaciones integrada por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, quienes llamaron a una audiencia para el próximo martes 28 de octubre, informaron fuentes judiciales.

    A los planteos de invalidez del caso se sumó el también investigado ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo.

    El Tribunal debe decidir si confirma el rechazo a la nulidad, con lo cual la pesquisa que está bajo secreto de sumario seguirá su curso.

    El 9 de octubre pasado el fiscal federal Franco Picardi pidió realizar 25 allanamientos simultáneos en droguerías y domicilios particulares porque se habrían determinado graves irregularidades y direccionamiento en la compra de medicamentos de alto costo por parte de la Agencia de Discapacidad. 

    Casanello rechazó los pedidos de nulidad presentados por los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker en sintonía con la negativa del fiscal Picardi, quien sostuvo que fueron «errados» y «contradictorios» y tuvieron como fin «entorpecer una pesquisa incipiente».

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    El planteo de nulidad se basa en que el caso se abrió por los audios de Spagnuolo, que habrían sido obtenidos de manera ilegal.

    En esas grabaciones mencionaba a la droguería Suizo Argentina como parte del esquema de pago de sobornos y se aludía también a la hermana del presidente Javier Milei, Karina Milei y a Eduardo «Lule» Menem.

    El abogado de los Kovalivker, Martín Magram, reclama la nulidad absoluta de la causa penal porque se inició en base a grabaciones  “adulteradas, obtenidas de forma ilícita o incluso creadas por inteligencia artificial”, especuló.

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  • Finalizó el drama en el Lanín: rescataron a los dos montañistas

     

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    Según informaron desde el organismo, ambos fueron visualizados por guías de la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM), quienes realizaron el primer contacto. Posteriormente, un helicóptero efectuó la extracción y los trasladó hasta una zona segura, donde personal del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN) brindó la primera asistencia y estabilización.

    Los dos montañistas fueron derivados luego en ambulancia al Hospital de Junín de los Andes para una evaluación médica más completa. Desde el Parque Nacional Lanín confirmaron que, tras el operativo, se habilitaron nuevamente los ascensos al volcán y la circulación por la Ruta Provincial 61.

    El rescate se llevó a cabo en condiciones meteorológicas extremas, con fuertes vientos y presencia de nieve, lo que complicó las tareas durante la noche del jueves. En el procedimiento participaron más de 20 rescatistas entre personal del Parque Nacional Lanín, guardaparques de Tromen y Puerto Canoa, integrantes del ICE Lanín, el Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, el SIEN, guías de la AAGM, baqueanos y voluntarios particulares.

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    La crisis sanitaria en Argentina ha dejado de ser una preocupación sectorial para convertirse en un problema estructural de magnitud nacional. Las señales de alarma son múltiples: desde la precarización laboral del personal de salud, la falta de insumos médicos y el deterioro de la infraestructura hospitalaria, hasta episodios escandalosos como la distribución de fentanilo contaminado, que ha puesto en peligro la vida de decenas de pacientes. No se trata de emergencias aisladas, sino de los síntomas de un sistema en colapso. Por Lucio Le Moal, periodista y trabajador de la salud en HIGA San Martín de La Plata.


    Este panorama no es reciente ni accidental. Es el resultado de décadas de desfinanciamiento, fragmentación, decisiones erráticas y, sobre todo, de una ausencia sostenida de políticas de salud pública de largo plazo. La inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la salud son solo la punta del iceberg. A esto se suman la crisis de abastecimiento de medicamentos, las demoras crónicas en la atención y la saturación de servicios clave, como ocurre hoy en el Hospital Garrahan, ícono de la medicina pediátrica argentina.

    Pero más allá del diagnóstico técnico, lo que subyace es un debate profundamente ideológico: ¿la salud debe ser garantizada por el Estado como un derecho humano, o gestionada por el mercado como un bien de consumo? Dos modelos están en pugna: el modelo estatal/nacional y el modelo liberal-mercantil.

    El modelo estatal/nacional: salud como derecho y deber indelegable del Estado

    Esta visión tiene raíces profundas en la historia sanitaria argentina. Su mayor exponente fue el Dr. Ramón Carrillo, primer ministro de Salud de la Nación, quien sostenía: «Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente al dolor que causa la injusticia social, los microbios como causa de enfermedad son pobres causas.»

    Desde esta perspectiva, el Estado debe garantizar el acceso universal, equitativo y gratuito a la atención sanitaria. La planificación estratégica, la producción estatal de medicamentos, la inversión en infraestructura y la dignificación del trabajo profesional son pilares irrenunciables. Para este modelo, la salud no es un gasto, sino una inversión social.

    El caso del fentanilo contaminado —que provocó graves infecciones e incluso muertes— expone las consecuencias de tercerizar controles y compras de insumos vitales bajo la lógica del ajuste. Las fallas en los procesos de esterilización, almacenamiento y distribución no solo revelan negligencia, sino que cuestionan la capacidad del Estado de proteger la vida de sus ciudadanos cuando delega su rol rector en el mercado.

    En este marco, la situación crítica del Hospital Garrahan —con renuncias masivas, falta de insumos, demoras en turnos y deterioro edilicio— es la expresión más visible de un modelo en crisis, pero también de lo que ocurre cuando se debilita la responsabilidad estatal.

    Como afirmaba Carrillo: «El Estado no puede mirar para otro lado cuando la enfermedad afecta al pueblo. La medicina social no es una opción, es una obligación.»

    El modelo liberal-mercantil: la salud como responsabilidad individual

    En la vereda opuesta, el pensamiento libertario plantea que el Estado debe reducir su participación al mínimo, promoviendo la competencia entre prestadores privados como mecanismo para mejorar la calidad y reducir costos. Bajo este paradigma, el paciente se convierte en cliente, y la salud en un servicio a ser contratado según las posibilidades económicas de cada individuo.

    Se proponen medidas como sistemas de vouchers sanitarios, seguros médicos privados de libre elección, desregulación de laboratorios y privatización progresiva de hospitales.

    El caso del fentanilo contaminado, desde esta óptica, demuestra —según sus defensores— que el Estado es ineficiente y que los controles funcionarían mejor bajo lógicas empresariales.

    Sin embargo, esta visión ignora un dato clave: el mercado excluye. Y lo hace sistemáticamente. Cuando la atención sanitaria se rige por la rentabilidad, los más pobres quedan afuera. Como decía Carrillo: “No puede haber política sanitaria sin justicia social.”

    ¿Un punto medio posible?

    En un país donde todo debate se polariza, es necesario explorar modelos mixtos o híbridos, como los aplicados en los países nórdicos o en Holanda. Sistemas con financiamiento público, fuerte regulación estatal, pero también con capacidad de gestión eficiente y mecanismos de control social y transparencia.

    El desafío argentino es construir un modelo de salud que combine equidad, eficiencia y sostenibilidad. Esto implica no solo mayor inversión, sino planificación estratégica, control efectivo de insumos, mejora de las condiciones laborales y fortalecimiento institucional.

    Conclusión: la salud no es una mercancía. La salud no puede ser un campo de batalla ideológica. Pero sí debe ser una política de Estado. La vida de millones de argentinos depende de decisiones políticas que no pueden postergarse. El acceso a un sistema de salud seguro, humano y justo no debe depender del azar, del lugar donde se nace ni del ingreso que se percibe.

    Como nos enseñó Carrillo, «Los problemas de la medicina como rama del Estado no se pueden resolver si no hay una política social orientada al bien común.» Hoy más que nunca, debemos retomar ese legado.

    Porque en definitiva, la salud de una nación dice mucho más sobre su dignidad que cualquier indicador económico.

     

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  • El Gobierno entregó 160 viviendas a fuerzas federales que ya habían sido adjudicadas

     

    Los inmuebles a estrenar se encuentran en Avellaneda y ya habían sido sorteados y adjudicados a otras familias por el programa Procrear, que fue disuelto este lunes mediante la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía. La Resolución del Ministerio, que encabeza Luis Caputo, reglamentó la disolución del fideicomiso que administraba los créditos del programa Procrear, incluida en el Decreto 1018/2024 publicado en noviembre pasado. Las 160 viviendas entregadas a fuerzas federales en el marco de un acto realizado este martes con la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y protestas de vecinos y vecinas, se encuentran en el edificio Sagol. Por Red Eco Alternativo.


    Al respecto, el Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, repudió la medida del Gobierno: “Con gran indignación denunciamos que las viviendas del plan ProCreAr en Avellaneda, que pertenecen a sus vecinas y vecinos, han sido entregadas de manera arbitraria a los militares (…). Esta medida fue tomada en un acto que vulnera el espíritu del programa, creado para garantizar el derecho constitucional a un techo digno para las familias de los trabajadores».

    Cabe recordar que el Programa Procrear se había creado en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y funcionaba como una política de estímulo al crédito hipotecario y al acceso a la vivienda. Funcionaba con un fideicomiso administrado por el Banco Hipotecario, el cual también gestionaba los créditos y las tierras fiscales urbanizadas por el Estado.

    Fuente: Nota al Pie

    Fuente: https://www.redeco.com.ar/nacional/vivienda/41800

     

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  • Choque y fuga: una camioneta arrasó con dos vehículos

     

    El incidente vial fue captado por las cámaras de seguridad y aun se busca al responsable.

    Una familia del barrio céntrico de Neuquén vivió un violento episodio esta madrugada, cuando una camioneta Toyota chocó a dos autos estacionados sobre calle Collón Cura y luego huyó a toda velocidad hacia la Multitrocha. El impacto, ocurrido cerca de las 4:50, despertó a los vecinos por el estruendo y dejó un vehículo atravesado en la calle y el auto del joven afectado gravemente destruido. La sorpresa e indignación aumentaron al ver que el responsable escapó sin brindar asistencia.

    El dueño del Gol Trend rojo, modelo 2009, había realizado arreglos mecánicos recientemente y ahora enfrenta pérdidas totales por el choque. Según relató su padre, el vehículo fue embestido con tal fuerza que también dañó al auto blanco estacionado adelante. Las cámaras de seguridad captaron que la camioneta circulaba a gran velocidad, golpeó a ambos vehículos y se dio a la fuga sin detenerse.

    La familia radicó la denuncia en la Comisaría 21 y busca testigos o registros fílmicos que permitan identificar al conductor. Además, pidieron colaboración a la comunidad para dar con el dueño de la camioneta, ya que el auto afectado solo posee seguro contra terceros. Quienes puedan aportar datos o imágenes pueden comunicarse al 299 401-9699.

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