Prisión preventiva para Facundo Jones Huala

Prisión preventiva para Facundo Jones Huala

 

El juez de Bariloche Ezequiel Andreani dictó la prisión preventiva por 90 días al referente y lonko mapuche, Facundo Jones Huala. Alrededor de las 17 horas será trasladado a la Unidad 6 de Rawson, a más de mil kilómetros. La acusación está centrada en el contenido de un libro de poesía escrito por su autoría y también por algunas palabras que habría dicho en una presentación. Tanto el lonko como la familia Jones Huala tiene un largo historial de persecusión por su encendido discurso contra el Estado argentino y contra las multinacionales y empresarios que explotan la Patagonia. Como explicó el medio alternativo Prosa Urgente “esta decisión de neto corte fascista se da a pocas horas de conocerse el fallo proscriptivo a Cristina Fernández de Kirchner”. Por ANRed


Facundo Jones Huala había sido detenido de forma irregular el pasado domingo. Los efectivos que lo arrestaron no presentaron orden judicial. La denuncia fue realiaza por el Ministerio de Seguridad Nacional a cargo de Patricia Bullrich y se basaba la acusación por «incitación a la violencia» en palabras que el lonko había expresado durante una presentación de un libro de poesía que el propio Facundo escrito el pasado verano.

La Gremial de abogados que lleva adelante su defensa judicial ya había emitido un comunicado alertando sobre la audiencia que se realizó esta mañana y las irregularidades del proceso que hoy dicto prisión preventiva:

EN UN MARCO DE INNUMERABLES Y GRAVES IRREGULARIDADES AVANZA EL PROCESO A FACUNDO JONES HUALA, FINALMENTE, LOS ABOGADOS DEFENSORES DE LA GREMIAL PUDIMOS ACCEDER A ALGUNA INFORMACIÓN (INSUFICIENTE) SOBRE LA AUDIENCIA FIJADA PARA MAÑANALA GRAVEDAD DE LA PRETENSIÓN FISCAL EN BASE A UN CÓDIGO “MODERNO”

Para que quede claro: Facundo fue detenido irregular e ilegalmente, sin orden judicial.

No se nos permitió hablar con él cuando nos llamó el oficial “de inteligencia de la Policía Federal” (sic) que era parte del grupo que lo detuvo y que nos informó de un número de causa hasta ahora inexistente y de una intervención del juez federal Andreani y la fiscal Pagano Mata.

Más de 6 horas después “apareció” una orden y más de 40 horas después, finalmente, los defensores fuimos notificados por la autoridad judicial, y en forma confusa, de los delitos que se le imputan.

También ahora nos enteramos de las cuestiones que la Fiscalía pretende tratar en esta audiencia “multipropósito”.

Mientras tanto, todas las conversaciones que Facundo tuvo con sus defensores fueron con teléfonos en altavoz y en presencia (y atenta escucha) de personal de la Policía Federal.Con lo cual afectan el derecho de privacidad entre Defensor e Imputado.

Ahora se nos informa que no está previsto el acceso por medio de videoconferencia (zoom, youtube, etc.) a todo aquel interesado en presenciar la audiencia, violando el principio de publicidad que supuestamente es uno de los ejes del Código de procedimientos vigente.

Nosotros, en cumplimiento de lo que la norma mencionada manda informamos los datos de acceso a la plataforma zoom que se nos han enviado: ID. de reunión: 833 7803 0426 / Clave de acceso: 4607.

La audiencia tiene hora de inicio prevista a las 9:00 de mañana 11 de junio.

Por último queremos destacar algo que creemos de máxima gravedad (dentro de un panorama de hechos de por sí graves): nos acabamos de enterar, como dijimos, que la Fiscalía pedirá en la audiencia de mañana que el proceso contra Facundo se desarrolla según lo previsto en el Título IV del Libro Segundo (arts. 334 a 336) del Código Procesal Penal Federal vigente.A él nos remitimos y cualquiera que lo lea podrá apreciar la gravedad de esa pretensión.

Somos conscientes que a muchos ni les interesará la suerte de Jones Huala.Algunos aplaudirán su detención.

Sepan siempre que estas barbaridades que hacen con Facundo les puede tocar a cualquiera.

Nadie se salva sólo.

 

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  • Reforma laboral: el Gobierno busca calmar a la CGT

     

    El Gobierno nacional avanza en una tensa negociación con la CGT y los empresarios por la reforma laboral, mientras intenta mantener la paz sindical mediante el pago de $20.000 millones a las obras sociales.

    Este primer giro es parte de tres desembolsos que totalizarán $60.000 millones antes de fin de año, y busca saldar parte de la deuda histórica que el Estado mantiene con las prestadoras médicas sindicales. La medida, interpretada como un gesto político, genera suspicacias sobre su influencia en el debate por los cambios en la legislación laboral.

    La gestión de los pagos fue impulsada desde el Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, un funcionario cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, quien mantiene un rol clave en el vínculo con los gremios. Aunque Caputo evitó convocar oficialmente a la CGT, reconoció el peso del nuevo triunvirato integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello. Desde la central obrera, sin embargo, reclaman que los interlocutores del Gobierno sean Caputo y el ministro del Interior, Diego Santilli, en lugar del secretario de Trabajo Julio Cordero, a quien acusan de falta de diálogo.

    El malestar sindical se profundizó tras la filtración de un borrador de reforma laboral que incluye puntos conflictivos, como la limitación del derecho a huelga y la eliminación de la cuota solidaria. La CGT atribuye estos intentos al ministro Federico Sturzenegger, a quien acusan de reactivar sin consenso artículos rechazados por la Justicia. En tanto, en la Unión Industrial Argentina (UIA) también expresaron preocupación por las propuestas que permitirían negociar convenios colectivos por empresa, una medida que podría fragmentar la representación sindical y generar conflictos internos.

    Frente a este escenario, los gremios adoptaron una estrategia de resistencia “blanda”: intentar suavizar el proyecto oficial preservando tres pilares fundamentales. Buscan mantener su rol en la negociación colectiva, evitar cambios en los aportes sindicales y la cuota solidaria, y sostener la ultraactividad de los convenios, que garantiza la continuidad de derechos laborales aunque no se renueven los acuerdos. Mientras tanto, el Gobierno prepara un texto basado en el proyecto de la diputada Romina Diez, que apunta a incentivar el empleo y la inversión, y podría presentarse en el Congreso en diciembre.

    La iniciativa incluye medidas como la fragmentación de las vacaciones, el banco de horas y facilidades para el pago de indemnizaciones, aunque el Ejecutivo asegura que no se eliminarán las compensaciones por despido. Además, el secretario de Trabajo evalúa incorporar un esquema de “salario dinámicovinculado a la productividad, mientras el diputado gremialista Sergio Palazzo propone que los trabajadores participen en las ganancias empresariales. Con la tensión entre los sectores todavía abierta, la reforma laboral podría transformarse en uno de los debates más duros del cierre de 2025.

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  • Denuncian a la SIDE por habilitar tareas de espionaje ilegal sobre opositores y grupos sociales

     

    Una denuncia penal presentada por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) contra los jefes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) los acusa de abuso de autoridad por aprobar un Plan de Inteligencia Nacional que habilita tareas de espionaje sobre grupos vulnerables, actores sociales y voces críticas, en abierta violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Desarticular la protesta social a partir de la agudización de la crisis ecónomica y particularmente aplacar la resistencia en las provincias es uno de los principales objetivos luego de la aprobación de la Ley de Bases. Por ANRed.


     

    Hace unos días se filtro parte del Plan de inteligencia para el 2025 (PIN). Las denuncias se hicieron concretas a partir de la públicación de la Revista Crisis. El PIN, elaborado por la SIDE bajo la administración de Javier Milei, instala un esquema de vigilancia y control que apunta directamente contra voces disidentes, opositores políticos, movimientos sociales, ambientalistas, pueblos originarios, periodistas, sindicalistas y referentes opositores. Lejos de tratarse de un plan técnico o preventivo, el PIN operará como una herramienta política de persecución, basada en definiciones vagas y arbitrarias que habilitan el espionaje interno y la criminalización de la protesta.

    Con el pretexto de proteger el “orden constitucional” o el “desarrollo de la infraestructura estratégica”, el gobierno utilizaría la inteligencia estatal para catalogar como amenazas a quienes cuestionen sus políticas.El plan incluso se atreve a identificar el “anarquismo” como forma de terrorismo, en un intento evidente de criminalizar. Detrás se guardan desafios que sabe el gobierno que enfrentará. Todavía están frescas las rebeliones del 2020 contra la instalación de la megaminería en Chubut y el Mendozazo en el 2019 a penas asumido Alberto. Incluso en Jujuy también una rebelión que duró varias semana hasta se realizó un acampe en el centro de CABA (El tercer malón de la paz) . También las jornadas de protesta en toda la costa bonaerense contra las petroleras offshore.

    Hoy organismos de derechos humanos y actores sociales presentaron una denuncia penal contra las máximas autoridades de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, por abuso de autoridad. La acusación se centra en un Plan de Inteligencia Nacional y una orden secreta recientemente revelada, que habilitan a los servicios de inteligencia a vigilar y monitorear a grupos sociales, opositores, periodistas, académicos y ambientalistas bajo definiciones amplias y vagas. El plan amplía de forma riesgosa el concepto de terrorismo y legitima la persecución ideológica, incluyendo el espionaje sobre protestas y reclamos históricos. También apunta al seguimiento de conflictos socioambientales y a pueblos originarios. Todo esto contraviene la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, por lo que se exige una investigación judicial para determinar si ya se realizaron acciones ilegales y quiénes son los responsables.

    El texto fue publicado hoy por el CELS:

    «Denunciamos penalmente por abuso de autoridad a Sergio Neiffert, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y a Diego Kravetz, director general de Operaciones de la SIDE. La denuncia apunta a sus responsabilidades en la aprobación de un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y el dictado de una orden secreta que habilita a la SIDE a “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” de la Argentina y a actores que puedan capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local.

    Una parte sustancial de las tareas de inteligencia, que son esencialmente secretas, estaría volcada a vigilar y caracterizar la conversación pública: lo que se dice y cómo se dice en medios y en redes sociales. Las opiniones comienzan a adquirir las características de una amenaza para el PIN cuando “promuevan la conflictividad” -una práctica de autoridades y grupos afines al gobierno, por otra parte- o cuando erosionen “la confianza” en las instituciones económicas o la reputación de empresas asentadas en el país.

    La extensión de las tareas de inteligencia es enorme y tiene definiciones vagas. Pueden vigilar, según su plan, a “actores de interés”, “actores estratégicos”, “actores no estatales”, actores que tengan la capacidad de “manipular la percepción” de las personas, que promocionen la fragmentación social, sin una explicación de qué significan esos adjetivos y si tienen límites. La definición concreta y operativa queda en manos de los funcionarios de la SIDE: son quienes van a definir quiénes encarnan una amenaza. El PIN habilita la vigilancia secreta de la expresión política opositora en el espacio público, pero también de referentes sociales, economistas, periodistas, académicxs, artistas y cualquier voz crítica.

    Todas estas actividades son abiertamente contrarias a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. Por eso en la denuncia pedimos, además de una serie de medidas de prueba para esclarecer estos hechos, que se determine si ya hubo acciones concretas basadas en la orden secreta y el PIN, para poder definir las responsabilidades penales.

    El PIN contiene “Lineamientos Estratégicos” y “Objetivos Generales de Inteligencia”, del que se desprenden “Objetivos Particulares de Inteligencia” y de ellos “Necesidades de Inteligencia”.

    Las Necesidades de Inteligencia del Objetivo Particular de Inteligencia 5 del Lineamiento Estratégico 3, por ejemplo, habilitan la vigilancia de actividades y expresiones políticas y sociales que consideren amenazas o en proceso de radicalización. Si nos remitimos a medidas o declaraciones de funcionarios para entender cuáles podrían ser esas amenazas podemos remontarnos al año pasado, cuando el gobierno usó ese tipo de calificativos para hablar de manera prejuiciosa y estigmatizante de manifestantes, de grupos anarquistas o antifascistas. El Objetivo Particular de Inteligencia 6 del mismo Lineamiento Estratégico apunta a los “potenciales impactos negativos en el desarrollo del sistema de Defensa Nacional” y allí los sospechosos podríamos ser los organismos de derechos humanos.

    El PIN amplía el concepto de terrorismo de una forma muy peligrosa. Podrían quedar bajo vigilancia actividades y personas por su orientación ideológica o por sus reclamos históricos. El paraguas es tan amplio que habilitaría la vigilancia de manifestaciones públicas y de protestas que pudieran ser “oportunidad” para acciones terroristas. El plan identifica al “terrorismo anarquista” como blanco principal, lo que puede derivar en persecución ideológica: expresar ideas anarquistas sería suficiente para entrar en una lista de vigilancia.

    El Plan de Inteligencia se enfoca también en seguir la conflictividad socioambiental y vigilar tanto al activismo ambientalista como a los pueblos indígenas –grupos que pretendan proteger patrimonios culturales y/o sagrados–. La mirada está puesta en situaciones y actores con capacidad de incidencia política o de obstruir proyectos extractivos, que puedan afectar la “extracción, transporte y/o comercialización” de recursos naturales estratégicos. También incorpora como objetivo el seguimiento de instancias internacionales –sistemas de protección de derechos, cooperación internacional pública y privada– que intervengan frente a “eventos climáticos extremos, la degradación del ecosistema y pérdida de biodiversidad”. Quienes promuevan acciones para evitar estas consecuencias de la matriz productiva extractivista son considerados actores “adversos al interés nacional”.

    Aunque el Estado Nacional lo haya negado en un comunicado breve, está habilitando a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional a desplegar tareas de identificación, seguimiento, monitoreo, búsqueda, producción y acopio de información sobre personas y grupos por razones políticas. Es ilegal y tiene que rendir cuentas.»

     

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  • Nueva excursión en Buta Ranquil: 10 km entre cuevas, fósiles y paisajes volcánicos

     

    El geólogo y guía de senderismo Eduardo Vega, residente en Buta Ranquil y trabajador en Chos Malal, presentó una actividad pensada para quienes viven en el Alto Valle y buscan experiencias nuevas sin alejarse demasiado. “De acá al valle son unas tres horas”, contó en AM Cumbre 1400, gracias a la nueva ruta por Cortaderas y Añelo que redujo considerablemente los tiempos de traslado.

    La salida está programada para el domingo 23, con punto de encuentro en la oficina de Turismo de Buta Ranquil. Desde allí comenzará un recorrido que combina arqueología, geología y paisaje patagónico, en un entorno poco explorado por los visitantes habituales de la región.

    Senderos usados por pueblos antiguos

    El circuito fue bautizado Senderos Ancestrales porque sigue trazas históricas utilizadas por los pueblos originarios. Vega señaló que en la zona “hay cuevas donde ellos vivían”, algunas con pinturas rupestres que forman parte del patrimonio provincial. También se recorrerán sectores cercanos al arroyo Cajón del Buen Trigo, donde existen más refugios naturales y aleros utilizados por antiguas comunidades.

    Durante la caminata, los participantes podrán observar picaderos, fragmentos de obsidiana y otros restos arqueológicos, elementos que dan cuenta del uso ancestral del territorio.

    Un entorno marcado por el volcán Tromen

    El tramo principal se desarrolla a los pies del volcán Tromen, uno de los puntos geológicos más relevantes del norte neuquino. El guía explicó que el recorrido sigue el curso de un arroyo formado sobre antiguas coladas de lava, donde aún es posible identificar el material expulsado por erupciones históricas. Allí también se podrá ver un sector donde el agua brota desde debajo del escorial volcánico, un fenómeno característico de la zona.

    Vega no solo relata el paisaje, sino también la historia del lugar: en el camino explicará cuándo ocurrieron las erupciones, el tipo de material volcánico presente y cómo se formaron estos relieves que hoy constituyen un atractivo natural singular.

    Fósiles marinos al inicio del recorrido

    Antes de iniciar la caminata larga, el grupo recorrerá un sendero corto junto a la oficina de Turismo. El edificio está construido sobre una barda compuesta por rocas marinas, donde se encuentran braquiópodos, fósiles de organismos que vivieron hace millones de años cuando la zona estaba cubierta por el mar. “Son fósiles marinos del fondo del mar”, describió Vega, y forman parte de un ambiente geológico único en la provincia.

    Un trayecto accesible: 10 kilómetros y dificultad baja

    El recorrido completo abarca 10 kilómetros entre ida y vuelta. Según el guía, la primera parte tiene algo más de pendiente, pero siempre sobre senderos marcados: “Es senderismo, no trekking ni montañismo”, aclaró. La actividad está pensada para la mañana, con un alto para almorzar en un predio municipal cercano a un puente.

    Por la tarde, el grupo visitará en vehículo dos cráteres volcánicos próximos a Buta Ranquil, accesibles sin grandes exigencias físicas. Para quienes deseen caminar un poco más, habrá senderos cortos alrededor de estos cráteres.

    Cómo participar y dónde alojarse

    Las inscripciones están abiertas y todavía quedan lugares. Los interesados pueden comunicarse al 292-556-757 o encontrar la actividad en redes sociales bajo el nombre GeoSenderos Neuquén, además de los canales del Ministerio de Turismo.

    Quienes quieran pasar la noche pueden hacerlo tanto en Buta Ranquil, que cuenta con hoteles, departamentos y opciones surgidas por la actividad petrolera, como en Chosmalal, ubicada a pocos minutos.

    Próximas salidas en la región

    Para quienes no lleguen a esta excursión, habrá otra propuesta el 8 de diciembre, cuando GeoSenderos organice una salida al cono de Dienteo, una chimenea volcánica de gran impacto visual y difícil de encontrar en otros puntos de la provincia. “Es muy llamativo, no se ve en otro lado”, adelantó Vega.

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  • Avanza el pavimento en Altos del Limay que conectará con el Paseo Costero

     

    La pavimentación del barrio Altos del Limay avanza a paso firme y transformará de manera definitiva la movilidad en el sector sur de la capital neuquina. La obra no solo incorpora más de 40 calles asfaltadas, sino que además abre una nueva vía de conexión directa con el Paseo Costero del río Limay, integrando al barrio con uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

    Durante una recorrida por la zona, la subsecretaria de Infraestructura, Mariel Bruno, explicó que “se está pavimentando Conti, Forquera y Bosch, que es el recorrido del colectivo, y a la par avanzando en dos troncales de esta zona que son Saavedra y Río Senguer, lo que mejorará sustancialmente la movilidad y conectividad”.

    Bruno destacó especialmente la apertura de Bosch hacia el río: “Estamos llegando con Bosch hasta el Paseo Costero”, confirmó, subrayando la importancia de contar con accesos consolidados hacia la zona ribereña, cada vez más visitada por vecinos y turistas. “La inversión total en este sector es de 6.500 millones de pesos, y para el verano vamos a tener todo funcionando”, adelantó.

    Pasqualini y Bruno recorrieron la obra y realizaron declaraciones. Foto: Prensa Municipal

    Plan Orgullo Neuquino

    Por su parte, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, recordó que estos trabajos forman parte del Plan Orgullo Neuquino, que avanza con recursos propios en cada rincón de la capital. “Los 6.500 millones de pesos invertidos provienen del presupuesto municipal”, señaló, y anticipó que el próximo presupuesto 2026 volverá a destinar alrededor del 40% de su total a obras públicas.

    “Esta intervención es un hecho muy importante para la ciudad: tener este nuevo acceso al río Limay y que los recorridos del colectivo estén asfaltados es una mejora significativa, como viene ocurriendo en otros barrios”, resaltó Pasqualini.

    La funcionaria también recordó que el Paseo Costero ya cuenta con más de 32 kilómetros de extensión, consolidándose como uno de los grandes atractivos naturales y recreativos de Neuquén. “El objetivo es inaugurar estas obras próximas al verano, cuando el sector ribereño recibe mayor afluencia de visitantes”, explicó.

    Además, destacó los beneficios para la circulación urbana: “Tener todo pavimentado da alternativas a los vecinos y a quienes se dirigen a los balnearios; eso ordena el tránsito y reduce la congestión en las arterias principales”.

    Finalmente, Bruno subrayó que la obra incluye trabajos complementarios esenciales: “Antes del asfalto se ejecutan obras pluviales muy importantes, además de completamientos de servicios, cordones cuneta, esquinas y la delimitación de espacios verdes”.

    La intervención abarca más de 40 cuadras dentro del cuadrante delimitado por Ignacio Rivas, Gatica, Haroldo Conti y Río Senguer. Entre las calles incluidas figuran Félix Vitale, Pigretti, Favaloro, Padre Juan Gregui, Cristo Rey, Costa del Limay, Ernesto Sábato, Teniente Candelaria, Bosch y Soldado Desconocido.

    Con estas mejoras, Altos del Limay quedará plenamente integrado al Paseo Costero, fortaleciendo la relación de la ciudad con el río y consolidando un corredor urbano que combina infraestructura, naturaleza y calidad de vida.

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  • Tragedia en el norte neuquino: mataron a un hombre de una puñalada tras una pelea

     

    El hecho ocurrió el domingo por la noche, en la esquina de Gobernador Rodríguez y Cacique Purrán, en el centro de Loncopué. Según los primeros datos de la investigación, la pelea entre dos hombres comenzó por viejas diferencias personales.

    Durante la discusión, Franco Arón Morel recibió una puñalada en la zona de la ingle, herida que resultó mortal. A pesar de los intentos de auxilio, murió poco después.

    Fuentes judiciales confirmaron que el fiscal del caso, Marcelo Jofré, ordenó realizar una autopsia en el Cuerpo Médico Forense de Neuquén para determinar con precisión las causas y circunstancias de la muerte.

    El presunto autor, internado y bajo custodia policial

    El otro involucrado en la pelea también sufrió heridas cortantes y fue trasladado al hospital de Zapala, donde permanece internado con custodia policial. Para la Fiscalía, se trata del presunto agresor, quien será imputado por homicidio una vez que reciba el alta médica.

    Los investigadores secuestraron el cuchillo utilizado en el crimen y tomaron declaración a un testigo presencial, lo que permitirá esclarecer el desarrollo de los hechos y definir la calificación penal.

    La comunidad de Loncopué amaneció en estado de conmoción tras el asesinato de Morel. El hecho ocurrió justo en la noche de las elecciones legislativas, lo que amplificó el impacto en la pequeña localidad del norte neuquino.

    El intendente Daniel Soto y su equipo expresaron su acompañamiento a la familia de la víctima. En un comunicado, manifestaron: “Acompañamos a toda la familia Zúñiga Morel en este difícil momento. A nuestra compañera municipal, su madre Edith, y a sus amigos, que elevan una oración por el eterno descanso de quien en vida fue Franco ‘Caco’ Morel. Que su luz ilumine eternamente en el corazón de quienes lo conocieron”.

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  • «Como lo hizo el gobierno de Duhalde, Milei pretende barrer de la calle a los que luchan con la represión»

     

    Imagen: ANRed.

    Tras la jornada político cultural que realizaron ayer en la Estación Darío y Maxi, diversas organizaciones realizaron hoy por la tarde un acto central a 23 años de la Masacre de Avellaneda. En un documento unitario, volvieron a señalar que «la masacre de Avellaneda fue un crimen de Estado», exigieron «cárcel a todos los responsables políticos (Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Aníbal Fernández, Juan José Alvarez, Alfredo Atanasoff y Jorge Vanossi)», y repudiaron «la liberación de los policías Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta». «La masacre de Avellaneda pretendió ser un escarmiento ejemplificador contra la movilización popular que se desarrollaba en un contexto de crisis capitalista. Hoy, nuestro pueblo enfrenta una nueva ofensiva. El gobierno de Milei representa la entrega, el hambre, el ataque a los derechos laborales, la educación, la salud pública y a todas las conquistas de la clase trabajadora. La motosierra golpea a todos los derechos de los trabajadores y el pueblo para pagarle al FMI y los acreedores de la deuda», denunciaron. Por ANRed.


    Reproducimos completo el documento leído frente a la Estación Darío y Maxi, a 23 años de la Masacre de Avellaneda:

    A 23 años de la masacre de Avellaneda

    Fuera Milei. Derrotemos al gobierno de hambre y ajuste. Paro activo y plan de lucha de ocupados y desocupados.

    Memoria para resistir, organización para vencer.

    No a la libertad de Fanchiotti y Acosta.

    La masacre de Avellaneda fue un crimen de estado. Cárcel a todos los responsables políticos: Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Aníbal Fernández, Juan José Alvarez, Alfredo Atanasoff, Jorge Vanossi.

    Basta de persecución a quienes luchan. Cierre de todas las causas por luchar. Abajo el juicio contra el Polo Obrero.

    Viva la lucha piquetera de ayer y de hoy.

    ¡Justicia por Darío y Maxi!

    Hoy se cumplen 23 años de la Masacre de Avellaneda y miles de compañeras y compañeros nos encontramos en lucha y recordando a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. En aquel 26 de junio de 2002 el gobierno de Eduardo Duhalde había ordenado una brutal represión, asesinando a nuestros compañeros y dejando un saldo de más de 30 manifestantes heridos de bala. Se trató de un operativo conjunto de la Policía Federal, la Bonaerense, Gendarmería, Prefectura y la Side, con un despliegue planificado con carta blanca para matar.

    Imagen: La Izquierda Diario.

    La Masacre de Avellaneda no fue un exceso policial: fue un plan político organizado para acallar al pueblo. El pueblo argentino estaba en pie de lucha desde las jornadas populares del 19 y 20 de diciembre, dónde las trabajadoras y trabajadores ocupados y desocupados, las asambleas populares, las fábricas recuperadas llenamos las plazas, las rutas y los puentes de acciones de lucha y resistencia.

    La masacre de Avellaneda pretendió ser un escarmiento ejemplificador contra la movilización popular que se desarrollaba en un contexto de crisis capitalista. La rebelión popular de diciembre de 2001 mostró que el pueblo estaba dispuesto a combatir a los responsables y cómplices de la desocupación masiva, la flexibilización laboral, las privatizaciones y la destrucción de la salud y la educación públicas. La masacre de Avellaneda intentó ser un escarmiento contra el movimiento piquetero y contra este proceso de lucha.

    Pero el pueblo trabajador se movilizó masivamente junto a nosotros al día siguiente de la masacre y luego, nuevamente, el 3 de julio del 2002 desde Avellaneda hasta Plaza de Mayo y una vez más a los pocos días, para exigir justicia. Las movilizaciones por justicia obligaron a Duhalde, máximo responsable político de la masacre, a adelantar su salida del gobierno.

    Imagen: María Guevara.

    Nuestra incansable lucha por justicia arrancó las condenas a cadena perpetua para los policías Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta, a pesar de que otros policías, que también participaron de la brutal represión, recibieron penas menores.

    Hoy venimos a decir no a la liberación de Fanchiotti y Acosta. Y como cada 26 de junio, exigimos juicio y castigo a todos los responsables políticos, ideológicos y materiales de aquellos crímenes. Nos referimos a Duhalde, Solá, J.J. Alvarez, Aníbal Fernandez, Atanasoff, Genoud, Oscar Rodríguez y Vanossi.

    A 23 años de la masacre de Avellaneda, nuestro pueblo enfrenta una nueva ofensiva. El gobierno de Milei representa la entrega, el hambre, el ataque a los derechos laborales, la educación y la salud y pública y a todas las conquistas de la clase trabajadora.

    La motosierra golpea a todos los derechos de los trabajadores y el pueblo para pagarle al FMI y los acreedores de la deuda.

    Miércoles tras miércoles, los jubilados desafían la represión de Bullrich y Milei denunciando las jubilaciones de miseria, cuya mínima llega apenas a 374.000 pesos.

    Han eliminado la asistencia alimentaria a los comedores populares de todas las organizaciones, congelando el monto de los programas sociales y atacando fuertemente a quienes luchamos contra el hambre.

    Imagen: @SantiMayor

    Vienen por la educación y la salud públicas: Como lo mostró la gran lucha de los trabajadores del Hospital Garrahan, el plan motosierra es incompatible con el sostenimiento elemental de la salud pública. Así como las movilizaciones estudiantiles, de docentes y docentes universitarios denuncian el vaciamiento de la educación y la Universidad públicas.

    Este gobierno pretende destruir las conquistas del movimiento de mujeres, lesbianes, travestis, trans, bisexuales, no binaries, que fueron producto de un arduo recorrido de luchas colectivas. Una de las estrategias que han utilizado es el intento de eliminación de algunas de las leyes que buscan garantizar estas conquistas, como la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de Identidad de Género, el vaciamiento de la Ley de Promoción y Protección contra la violencia machista.

    La persecución a las disidencias sexuales, y los discursos de odio que propagan por doquier, habilitan crímenes de exterminio, como el Lesbicidio de Barracas, ocurrido hace poco más de un año a cortas distancias de donde hoy nos encontramos.

    Vienen también por el derecho a huelga y por las libertades democráticas. Por decreto, pretenden hacer pasar la esencialidad del conjunto de los sectores estratégicos de la economía para seguir golpeando a los trabajadores.

    Imagen: La Izquierda Diario.

    Pretenden sembrar la xenofobia y la discriminación contra los migrantes. Desde esta gran movilización decimos: Migrar no es delito. Abajo los decretos anti migratorios.

    Milei viene de alinearse con Netanyahu, firmando acuerdos de solidaridad con Israel en el momento que ejecuta un genocidio contra el pueblo palestino y ataca al pueblo de Irán.

    Desde esta movilización defendemos y abrazamos la lucha del Pueblo palestino contra el genocidio y por el derecho al retorno. Y rechazamos las mordazas y la persecución contra quienes denuncian las masacres del estado de israel, como Vanina Biasi y Alejandro Bodart.

    Día tras día, se ejecuta en nuestro país una masacre contra la industria y los puestos de trabajo, la destrucción del estado y las políticas publicas, en lo que va del gobierno de Milei se perdieron mas de 200 mil puestos de trabajo y la desocupación creción a un 7,9 %. Apoyamos las luchas contra los despidos, que recorre el país.

    Llamamos a rodear de solidaridad todas estas luchas populares para que triunfen. Reclamamos a la CGT y llamamos a poner en pie un paro nacional y un plan de lucha para derrotar todo el programa anti obrero y anti popular del gobierno nacional.

    Para hacer pasar este enorme plan de ajuste, el gobierno recurre a la represión y la criminalización de la protesta.

    Tal como lo ejecutó en su momento el gobierno de Duhalde, Milei pretende barrer de la calle a los que luchan mediante la represión policial y de todas las fuerzas de seguridad. Hemos visto detenciones y cazas de manifestantes por decenas, como ocurrió en ocasión de la Ley bases. Por eso modifican el estatuto de la policía federal para permitir detenciones, allanamientos y todo tipo de arbitrariedades sin orden judicial.

    Desde esta movilización en Puente Pueyrredón le mandamos toda nuestra solidaridad a Pablo Grillo, baleado por la Gendarmería en la movilización de apoyo a los jubilados y que lucha todavía por su recuperación.

    La ofensiva de criminalización y represión se concentra especialmente la persecución del gobierno al movimiento piquetero.

    Con cientos de allanamientos, detenciones y represión, se pretende borrar de la calle al gran movimiento de lucha de los barrios, que viene siendo protagonista de todas las luchas populares desde su emergencia en la década del ‘90.

    Así como ayer el gobierno de Duhalde montó una cacería asesina contra las organizaciones de desocupados que terminó con el asesinato de Maxí y Darío, hoy, pretenden sacarnos de la calle con persecución, represión y causas amañadas.

    La persecución contra el movimiento piquetero no empezó con este gobierno. Las causas y los ataques fueron una constante bajo todos los gobiernos. Pero han pegado un salto bajo el gobierno de Bullrich y Javier Milei.

    En lo inmediato, pretenden llevar a juicio a quince militantes y dirigentes del Polo Obrero y dos compañeras de Barrios de Pie, y siguen investigando al FOL en una causa armada que pretende ser testigo para enjuiciar al conjunto de las organizaciones. Desde este puente decimos ¡Abajo el juicio!

    Se trata de una causa testigo para avanzar contra todo el movimiento piqueteros. Una causa amañanada por los jueces y fiscales de Comodoro Py, que persiguen a las organizaciones mientras son cómplices de la criptoestafa de Milei, de los curros con la deuda de Sturzenegger y Caputo, o de la estafa de Macri con el correo. Esta justicia pretende además llevar a juicio a compañerxs FOL en el mes de octubre, en Fiske Menuco, y avanza en las causas contra detenidxs por luchar.

    Es el mismo poder judicial de clase que persigue a las y los pibes de los barrios y avala el gatillo fácil mientras ampara los negociados del narcotráfico o la trata de personas. Es el poder judicial de Comodoro Py, que proscribe y encarcela a Cristina Fernández mientras garantizó la impunidad de los responsables políticos del asesinato de Darío y Maxi.

    Pero la represión ha sido incapaz de frenar las grandes movilizaciones en las cuales el pueblo entero salió a la calle contra el gobierno, como lo mostraron las grandes movilizaciones universitarias, de jubilados, de las mujeres, y las Plazas colmadas el 24 de marzo.

    El gobierno de Milei cuenta la complicidad de muchos sectores anti patria. Denunciamos los pactos salariales a la baja, la entrega de los convenios colectivos y rechazamos una una nueva reforma laboral. Denunciamos también la complicidad de quienes le dieron los votos de la Ley bases, de la ley de reiterancia y para sostener los vetos a los míseros aumentos jubilatorios ni al aumento del presupuesto universitario.

    Han sido cómplices de seguir saqueando al pueblo con nuevos acuerdos con el FMI, que nos endeudan y nos llevan a una crisis sin salida. De la motosierra contra los salarios y jubilaciones, del avance de la precarización laboral y de la persecución y la represión a las luchas.

    Solamente la lucha popular, del movimiento obrero, piquetero, los jubilados. los estudiantes, las mujeres, los pueblos originarios, es capaz de derrotar a este gobierno anti obrero.

    Como lo mostraron en su momento las grandes gestas del movimiento obrero, como el Cordobazo, las huelgas de Junio y Julio del ‘75, las grandes puebladas y el Argentinazo, experiencia de nuestro pueblo es que la lucha popular es capaz de derrotar a estos gobiernos.

    Ese es el camino: ganar las calles retomando las grandes gestas de lucha de nuestro pueblo. Con las banderas bien altas de nuestros compañeros que fueron asesinados por luchar por los derechos que todavía hoy seguimos defendiendo: Darío y Maxi. Mariano Ferreyra, asesinado en otro crimen de estado, por la burocracia sindical de José Pedraza por luchar contra la precarización laboral. Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, asesinados por la gendarmería y prefectura de Patricia Bullrich, todos ellos están presentes en nuestras luchas.

    Hoy recordamos además a la compañera Cristina Mena, dirigente del MTR 12 de abril recientemente fallecida, luchadora de toda la vida por los reclamos del movimiento piquetero, participante y organizadora del histórico corte del 26 de junio, y de todas las luchas por justicia por la masacre de Avellaneda.

    Compañera Cristina, ¡Presente!

    A 23 años de la masacre de Avellaneda

    Fuera Milei. Derrotemos al gobierno de hambre y ajuste. Paro activo y plan de lucha de ocupados y desocupados.

    Memoria para resistir, organización para vencer.

    No a la libertad de Fanchiotti y Acosta.

    La masacre de Avellaneda fue un crimen de estado. Cárcel a todos los responsables políticos: Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Aníbal Fernández, Juan José Alvarez, Alfredo Atanasoff, Jorge Vanossi.

    Basta de persecución a quienes luchan. Cierre de todas las causas por luchar. Abajo el juicio contra el Polo Obrero.

    Viva la lucha piquetera de ayer y de hoy.

    ¡Justicia por Darío y Maxi!

     

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