Recordamos la vocación de Juan Caliani en el Día Internacional del Periodista ¿Cuándo es el juicio?

 

Este lunes, a las 10 de la mañana, comenzó la 19ª audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona, con la intervención de su hija Gianinna Maradona. Frente al Tribunal de San Isidro, la hija menor del astro del fútbol ofreció un crudo testimonio sobre la salud de su padre en los días previos a su fallecimiento, revelando detalles sobre su malestar y las condiciones en que lo encontró durante sus últimas visitas.

En sus primeras palabras, Gianinna recordó una conversación con Diego el 10 de octubre de 2020, cuando le preguntó cómo se encontraba y él le respondió que no estaba bien, «había pasado su cumpleaños solo». La hija del futbolista relató que en ese momento notó que su padre estaba perdido en tiempo y espacio, un indicio claro del deterioro mental que sufría.

Gianinna también compartió un emotivo episodio en el que fue a visitarlo en su cumpleaños, acompañada de su hijo Benjamín Agüero. «Mi papá no se reconoció«, recordó, mencionando que había mucha gente en el lugar, pero Diego, «perdido en su realidad», no la reconoció ni reaccionó como lo hacía habitualmente. «Le pregunté si quería irse conmigo y me dijo que sí, pero no me dejaron llevármelo», agregó, visiblemente emocionada, destacando que lo hizo lo más rápido posible porque sabía que las autoridades no la dejarían tomarlo de allí.

En otra parte de su declaración, Gianinna habló sobre una conversación con el médico Leopoldo Luque, quien le aseguró que Diego experimentaba «altibajos», pero Gianinna sentía que su padre empeoraba cada vez más. «Lo veía cada vez peor, dormido, lento, y no podía entender la realidad«, enfatizó, cuestionando la versión de los profesionales que afirmaban que Diego estaba bien de salud.

Una de las partes más conmovedoras de su declaración fue cuando describió cómo Diego la abrazó de manera infantil, «me tiró los brazos como hace un nene de nueve meses con la madre», una imagen que tocó profundamente a los presentes en la sala. Sin embargo, lamentó que no pudiera llevárselo, ya que ese día Maradona tenía un compromiso en la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata, donde lo esperaban para un homenaje por su cumpleaños 60.

Gianinna también expresó su malestar al escuchar ciertos audios comprometedores durante la audiencia, en los que se mencionaba la baja probabilidad de éxito de la internación domiciliaria para Diego. En uno de los audios, el psicólogo Carlos Díaz hablaba con total indiferencia sobre la atención a Maradona, lo que dejó a Gianinna con «mucha bronca». «Me da impotencia escuchar cómo hablaban de mi papá», expresó visiblemente afectada.

La hija del astro también relató cómo se enteró de la muerte de su padre el 25 de noviembre de 2020. En una llamada con la psiquiatra Agustina Cosachov, le informaron que Diego «se había descompensado». Gianinna llegó a la casa de su padre justo cuando los médicos intentaban reanimarlo, pero después de unos minutos, un médico le confirmó que Diego Maradona había muerto.

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Un incendio arrasó con la vivienda ubicada en el barrio Gran Neuquén y la pareja que la habitaba perdió todo. Un desesperado pedido de ayuda realizó en las últimas horas, mientras se investiga cómo el fuego consumió el departamento ubicado en Las Gaviotas casi Marín de ese barrio ubicado al oeste de la ciudad capital.

Familiares indicaron a Alerta Digital que toda la colaboración posible se puede acercar a la calle Serrano 4642, a media cuadra de Rodhe, a unos 200 metros de donde ocurrió el incendio.

Se informó que aproximadamente a las 13.15 se desató el fuego en la construcción de madera que se había erigido sobre el primer piso de una vivienda y la joven pareja lo alquilaba. En pocos minutos, a pesar de la intervención de dotaciones de bomberos del barrio Hipódromo, de Gregorio Álvarez y del Cuartel Central, las llamas consumieron la totalidad de la vivienda y las pertenencias de la joven pareja.

Mientras los bomberos de la Policía del Neuquén combatían las llamas, no pudieron impedir que el fuego afectara también a varias habitaciones de la construcción de ladrillo del primer piso, según se informó.

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Un joven de 22 años, detenido en enero en General Roca, está acusado de formar parte de una célula yihadista y difundir mensajes de odio con llamados a la violencia en nombre del Estado Islámico.

David Nazareno Ávila no es un caso más. Según la Justicia Federal, no solo compartía propaganda del grupo terrorista en redes sociales, sino que pedía ayuda para fabricar explosivos y atacar en territorio argentino. Las pruebas en su contra son alarmantes: mensajes en árabe, contactos con presuntos proveedores de armas y declaraciones donde expresaba su deseo de convertirse en mártir.

Con base en esta evidencia, los fiscales María Claudia Frezzini y Santiago Marquevich pidieron la elevación a juicio oral. Lo acusan de integrar una organización cuyo fin es imponer el terror, combatir ideas ajenas con violencia y promover el odio contra comunidades por razones de religión, nacionalidad o política.

La investigación comenzó mucho antes de su detención, tras detectar publicaciones en Instagram, TikTok y Facebook, además de intercambios en WhatsApp y Telegram. En estos espacios, Ávila difundía ejecuciones y atentados, alababa al Estado Islámico y alentaba a otros a sumarse a su causa.

Uno de los mensajes clave, fechado el 6 de octubre de 2024, revela sus intenciones, «la paz sea contigo hermano mío. ¿Dime cómo puedes ayudarme a atacar al gobierno sionista argentino?”, “tengo un contacto que me vende armas, pero necesito apoyo financiero (…) ¿me enseñarán a hacer explosivos para atacar?»

Luego publicó “quiero ser mártir en Argentina. En Argentina tenemos un gobierno sionista que apoya a Israel y debe pagar por sus pecados sionistas. Quiero llevar a cabo un ataque (…). Quiero aprender a hacer explosivos», 

El Estado Islámico, al que Ávila habría adherido, figura en el registro oficial de organizaciones terroristas del país. Para los investigadores, su vinculación iba más allá de la admiración ideológica: formaba parte de la estructura, recibía apoyo y se estaba preparando para actuar.

El juicio oral podría marcar un antes y un después en el abordaje del extremismo digital en Argentina. Las autoridades buscan enviar un mensaje claro: la radicalización en redes, aunque silenciosa, puede convertirse en una amenaza real si no se frena a tiempo.

Investigación del Ministerio Público Fiscal

Según informó el Ministerio Público Fiscal que en marzo de 2024, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación, dio aviso a la UFECO respecto a la existencia de una persona que compartía y difundía propaganda yihadista del autoproclamado Estado Islámico a través de redes sociales.

En virtud de ello, la unidad especializada en combatir el crimen organizado inició una investigación preliminar y, en abril del año pasado, efectuó la denuncia junto con la Fiscalía Federal de Campana ante el Juzgado Federal de esa ciudad, dado que en el sumario surgió que el sospechoso había mantenido reuniones en un centro comercial de Escobar, partido bonaerense comprendido en su jurisdicción. En esta ocasión, también se corroboró que Ávila había formado parte, por dos meses, del Ejército Argentino como voluntario en el Regimiento de Caballería y Exploración de Montaña 4 de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, aunque de allí lo echaron por cuestiones de competencia, rendimiento y disciplina, ya que, entre otras cosas, lo descubrieron hurtando en un supermercado.

El juez federal Adrián González Charvay delegó la investigación en el MPF que encomendó realizar tareas investigativas a la Central de Investigaciones de la Prefectura Naval Argentina (PNA). La fuerza federal hizo seguimientos y observaciones en forma encubierta, escuchas telefónicas, análisis de las redes sociales y designó un “agente encubierto digital” para interactuar con el sospechoso y/o los restantes integrantes de los canales y grupos de mensajería que integraba.

En base a los elementos de prueba reunidos, el MPF solicitó el 7 de enero pasado el allanamiento de los domicilios vinculados al sospechoso, ubicados en la localidad rionegrina de General Roca.

En aquellos procedimientos, realizados por personal de la PNA, se le incautó su teléfono celular, en el que se encontró la prueba fotográfica y de mensajería clave.

De esta manera, el 9 de enero se dispuso la detención de Ávila, mientras que el 14 de ese mes se le recibió declaración indagatoria.

Luego, se le dictó su procesamiento con prisión preventiva, que fue confirmado por la Sala II de la Cámara Federal de San Martin, luego que fuera apelado por la defensa. Asimismo, se declinó la competencia en razón del territorio para que continue interviniendo el Juzgado con jurisdicción en la ciudad de General Roca, provincia de Rio Negro, dado que la maniobra delictiva encontró su origen allí y también se desarrolló en dicho ámbito espacial.

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Cada vez más mujeres menores de 40 años optan por realizarse cirugías de rejuvenecimiento facial. Así lo indicó el médico cirujano plástico Leandro Baseggio, quien destacó un crecimiento notable de consultas y procedimientos entre pacientes jóvenes preocupadas por los primeros signos del envejecimiento.

El especialista explicó que esta tendencia está motivada, en parte, por los avances en técnicas que ofrecen resultados naturales y seguros. Entre los procedimientos más demandados figuran el lifting facial (que busca reposicionar rostro y cuello), la blefaroplastia para corregir párpados y tratamientos menos invasivos como la aplicación de botox, rellenos faciales y armonización estética.

Baseggio advirtió sobre los riesgos de recurrir a profesionales sin la formación adecuada o a instituciones no habilitadas. “La mala praxis no es común, pero puede ocurrir cuando se usan productos no aprobados, se trabaja en lugares clandestinos o cuando el médico no tiene la experiencia necesaria”, explicó. Por eso, subrayó la importancia de verificar la preparación del cirujano y el entorno en el que se realizará el procedimiento.

Aunque la mayoría de quienes se someten a estos tratamientos son mujeres, también se observó un crecimiento en las consultas masculinas. En ambos casos, se exige una evaluación prequirúrgica detallada, sobre todo en pacientes con antecedentes médicos como hipertensión o diabetes, para garantizar la seguridad del procedimiento.

Finalmente, el cirujano recordó que convertirse en especialista requiere más de una década de formación, y que la clave del éxito en estos tratamientos está en respetar cada paso del proceso. “Si el procedimiento se hace con un profesional certificado, en un lugar habilitado, y con productos aprobados, los riesgos se reducen al mínimo y los resultados suelen ser satisfactorios”, concluyó.

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Se trata de Javier Hugo Iglesias, trabajador de prensa independiente y del medio autogestivo La Chispa Prensa. Él fue detenido en el interior de la plaza seca (Av. Rivadavia y Rodríguez Peña) frente al Congreso de la Nación por la Policía Federal cuando registraba la brutalidad policial desplegada sobre los, las y les jubiladxs que se manifestaban como todos los miércoles. Como dicen ellos: no pelean por su jubilación, sino por la nuestra. Según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) hubo 82 personas heridas por el accionar de los agentes de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal. Se estima que 9 son trabajadores de prensa. Además, hubo 4 detenidos, dos son fotoperiodistas: Tomás Cuesta, a quien no se le convalidó la detención y fue liberado a las 21:20 y Javier Iglesias, quien continúa detenido en la Superintendencia de Investigaciones Federales en Madariaga 6976, Lugano. Además, un jubilado y un joven solidario con la causa fueron privados de su libertad por manifestarse. Los medios comerciales invisibilizaron la detención de Javier por tratarse de un trabajador de medios comunitarios, independiente, difícil de censurar y solidario con las causas del pueblo trabajador. Lo que desconocen, o ignoran a propósito, es que él tiene una larga trayectoria, así como dedicación por este oficio. Si defendemos la libertad de expresión sólo según el sector de conveniencia, la perderemos todos. Por Ariadna Wdowiak (ANRed) con fotografías de Javier Iglesias. 

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Ayer, en la previa de la jornada represiva, cayó la sesión de Diputados por falta de quórum. Allí se iba a tratar el aumento de la jubilación mínima, la continuidad de la moratoria previsional (vencida el 23 de marzo del 2025) y la suba del bono, el cuál mantiene su valor congelado.

Según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) hubo 82 personas heridas por el accionar de los agentes de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal. Entre los 9 trabajadores de prensa heridos se encuentra Diego Gómez, comunicador independiente quien ya había sido atropellado por la Gendarmería el miércoles 2 de abril cuando también cubría la protesta de jubiladxs. Rodrigo Ruíz, de Revista Cítrica fue nuevamente asistido (como los últimos dos miércoles) tras ser afectado por los gases pimienta a corta distancia. Así como también nuestro compañero Andrés Manrique, quien viene sufriendo los efectos de la represión desde la primera movilización de jubiladxs.

Modalidad de detención: marcar de civil y salir a cazar

Durante la protesta de jubiladxs está tarde, numerosos agentes de la Policía Federal modularon y participaron activamente del operativo represivo sin identificación y vestidos de civil.

Los agentes del brazo armado del Estado tienen que estar identificados según la normativa vigente. Esta medida se adoptó luego de la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001, dónde se asesinaron a 39 personas. A partir de allí, se impuso la obligatoriedad de la vestimenta y nombre con cargo identificatorio para facilitar el esclarecimiento de los hechos ante cualquier evento de violencia estatal.

Estás prácticas no son nuevas: numerosas detenciones «al boleo» se realizan de esta manera, cuando un agente de civil «marca» a un manifestante. Lo hemos registrado durante los miércoles de jubiladxs pero también en movilizaciones más grandes como la jornada de la Ley Bases que terminó con 31 personas detenidas, el 12 de junio del año pasado.

Sin ir más lejos, desde Resumen Latinoamericano denunciaron que la policía señaló «al fotógrafo de Resumen Latinoamericano Agustín Diéguez. Van a por él, lo empujan contra un hidrante y cae al suelo. Lo agarran los gendarmes para llevárselo y un colega se cuelga de su brazo hasta liberarlo».

La detención de Tomás Cuesta fue tan desproporcionada como brutal. Cuando se encontraba registrando, lo abordaron entre varios, lo golpearon y, una vez reducido en el suelo entre varios Gendarmes, uno le pisó la cabeza. La versión oficial dice que su detención no fue convalidada debido a que la Unidad Fiscal Este revisó los vídeos y no encontró evidencia que respalde su detención y, por tanto, no fue convalidada. Esta información se dio a conocer mientras estaba retenido en Hipólito Yrigoyen 1824 (Congreso), junto con Javier Iglesias, al jubilado Pablo y al manifestante Leandro, quien se solidarizó con la causa.

Luego, los cuatro fueron trasladados. Tomás fue derivado a una dependencia cercana, sobre Av. Belgrano, donde fue liberado alrededor de las 21:20.

Los otros tres hombres fueron llevados al Ministerio Público Fiscal, sobre calle Sarandí a unas tres cuadras del Congreso. Allí permanecieron unas horas, donde se fichó su detención. Por su parte, la abogada Gabriela «Chiqui» Cónder, presentó un Habeas Corpus dado que las tres detenciones fueron arbitrarias.

Finalmente, fueron llevados a la Superintendencia de Investigaciones Federales en Madariaga 6976, Lugano. Allí pasarán la noche y se espera que se les tome declaración al mediodía del día jueves, donde se definirá qué harán con ellos. A los tres se les imputa el artículo 239 del CP, esto es resistencia a la autoridad, una figura habitual para la criminalización de la protesta.

«No hubo ninguna resistencia. Nos estábamos yendo, ni habíamos llegado a guardar las cámaras y nos marcaron. A Javier se le vinieron encima entre varios y se lo llevaron», nos explica uno de sus colegas con quien trabaja a diario. «Yo me tuve que ir porque me amenazaron con llevarme a mí también». Cabe resaltar que Javier está afiliado al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) y estaba debidamente identificado al momento de ser detenido.

«Intentaron agarrar a otro compañero, pero pudo zafar. Tuvimos que acompañarlo junto a un grupo numeroso de fotografxs a tomarse un bondi porque lo querían detener», relata otro colega de un medio comercial.

Comunicación popular porque la información no es mercancía

No me alcanzaría una sóla nota para relatar por todas las luchas, lugares y recovecos donde ha estado Javier Hugo: acompañó la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, retrató a familiares de víctimas de gatillo fácil y difundió sus testimonios, acompañó distintas luchas por el acceso a la tierra.

Por ejemplo, fue de los pocos que se animaron a poner el cuerpo cuando el Lof Quemquemtrew se encontraba rodeado por las fuerzas del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER), que no se permitieron el ingreso de abrigos o alimentos y un campamento humanitario resistía en las afueras. Allí realizamos en conjunto este material audiovisual.

También fue parte de la primera delegación que tomó la enorme tarea de buscar a Lichita con vida y buscar justicia por Lilian y Marian, de 11 años, asesinadas por el ejército paraguayo. «Tuve la posibilidad de participar como prensa en una comitiva por los Derechos Humanos en busca de Lichita en Paraguay, parte de esta misión fue visitar una comunidad originaria cerca de donde se vio por última vez a la niña, hija de Carmen Villalba. La comunidad Jasuka Vendá tiene 300 personas que habitan 60 casas, se encuentran en el Cerro Guazú a 70 km de Yby Ya’u», expresaba Javier en aquel entonces.

Fue también fundamental su acompañamiento durante toda la recuperación territorial de Guernica y también sus registros colaboraron a reconstruir el operativo desmedido que dejó a 2000 familias en la calle, para «devolverle» las tierras a Bellaco S.A, quienes las consiguieron de manera irregular durante la última dictadura cívico militar. Pero también acompañó las luchas por el acceso a la vivienda digna del «Barrio Unido», en Rafael Castillo, contra el desalojo en Hipólito Yrigoyen 79, Avellaneda, donde el Bingo de esa localidad desalojó a familias de la zona para quedarse con sus terrenos y expandir así el estacionamiento. Y un innumerable etcétera.

Javier Hugo fue detenido en las inmediaciones del Congreso por encontrarse registrando un operativo absolutamente desmedido, que tuvo como objetivo a jubiladxs que pelean por derechos tan básicos como acceder a su medicación, como también a los trabajadores de prensa que documentan la violencia perpetrada por el Estado, ejecutada esta vez por su brazo armado.

Los medios comerciales invisibilizaron su detención, a pesar de que tanto SiPreba como la Asociación de Reporteros Gráficos (aRGa) se pronunciaron al respecto, por ser un trabajador de prensa independiente y perteneciente a la comunicación popular, dando por finalizada la persecución a periodistas de esta jornada con la liberación de Cuesta. De hecho, numerosos trabajadores de la comunicación que se habían acercado a Rivadavia para realizar un camarazo en repudio a sus encarcelamientos, se retiraron cuando fue anunciada la libertad de Tomás. Despreciando de este modo no sólo el trabajo de Javier, sino de todos los trabajadores de prensa autogestivos y comunitarios.

En este país, la libertad de expresión siempre se vio condicionada según la situación política de turno. Sin embargo, es innegable que la gravedad se ha profundizado desde la llegada de la gestión de Javier Milei, al punto que es el propio jefe de Estado quien arenga contra nosotros sin mediar consecuencias, llegando inclusive a realizar denuncias penales sin fundamentos. También, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich ha negado que Pablo Grillo sea un trabajador de prensa y diciendo que se trataba de un militante, justificando así el accionar de la Gendarmería. Pablo también pertenece al circuito de la comunicación popular.

Libertad de expresión y el libre ejercicio de la prensa debe defenderse en conjunto, sin importar el sector en el que estemos insertos. Los ataques no son individuales, sino contra todos nosotros sin distinción.

En definitiva, podrán encarcelar al fotógrafo, pero no su mirada. 

 

 

La Junta Interna del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, nucleada en ATE Capital, convoca este viernes 30 de mayo a las 17 horas en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), ubicado en Avenida Del Libertador 8151 (CABA), para realizar una «caminata en defensa de las políticas de Memoria, Verdad, Justicia y Derechos Humanos», contra los despidos y el vaciamiento de los Espacios de Memoria. El gobierno nacional anunció ayer que, «en el marco de la implementación del Código Procesal Penal Federal, que se realizará el 11 de agosto en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha puesto a disposición de los Fiscales Federales un edificio de más de 5.000 m2 ubicado en la Ex-ESMA», en el marco del «mandato del Presidente Javier Milei de eliminar gastos innecesarios, achicar el Estado y redirigir los recursos existentes», indicó el Ministerio de Justicia. Abuelas de Plaza de Mayo ya había advertido por el cambio de rango de la Secretaría de Derechos Humanos; el traspaso del Archivo Nacional de la Memoria y el Sitio de Memoria ESMA al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos; y la pérdida de la autarquía y la autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos. Por ANRed.

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Así convocaron desde las redes sociales los/as delegados/as de ATE Capital de la Secretaría de Derechos Humanos: «ante los avances del gobierno contra la Secretaría de Derechos Humanos, nos convocamos este viernes 30 de mayo a las 17 horas para defender las políticas de Memoria, Verdad, Justicia y Derechos Humanos en la ex ESMA (Av. Del Libertador 8151). ¡Lxs esperamos!».

En ese marco, convocan también a adherir de manera online a la convocatoria.

En declaraciones a Entre Líneas PQV (FM 105.9), Octavio Rampoldi, delegado de ATE en la Secretaría de Derechos humanos amplió: «la última semana, el Ministerio y el Gobierno Nacional definieron degradar la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a una subsecretaría. También se definió que el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio de Memoria pasen a hacer oficinas dentro de otra dependencia, que es el Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos, con lo cual está degradando la institucionalidad y el rango que tienen todas estas dependencias. Cuando hablamos del Archivo Nacional de Memoria, estamos hablando de una institución de jerarquía internacional que es consultada por investigadores de todo el mundo. Hoy realmente vienen y nos llaman permanentemente de todo el mundo, desde Francia, de Italia, de España, de Canadá, de Estados Unidos, de Brasil. Vienen investigadores de todo el mundo a consultar nuestro acervo».

En la misma línea, agregó: «lo que nosotros venimos denunciando es el desmantelamiento. Porque claramente a ellos no les interesa las políticas de derechos humanos. El anuncio fue que iban a hacer una reducción del 40% en la estructura organizativa y de un 30% de los trabajadores. Ahora, tengamos en cuenta esto: ya la Secretaría de Derechos Humanos vio reducida su planta total en más de la mitad durante un año y medio».

Como parte de esta avanzada gubernamental, el gobierno de Javier Milei anunció este miércoles 28 de mayo, a través del Ministerio de Justicia, que conduce Mariano Cúneo Libarona, que, «en el marco de la implementación del Código Procesal Penal Federal que se realizará el 11 de agosto en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha puesto a disposición de los Fiscales Federales un edificio de más de 5.000 m2 ubicado en la Ex-ESMA».

«Este inmueble, anteriormente destinado a programas ideológicos y actividades político partidarias, será utilizado para fortalecer la infraestructura judicial y contribuir de forma directa a la lucha contra la inseguridad. Nuestra decisión se enmarca en el mandato del Presidente Javier Milei de eliminar gastos innecesarios, achicar el Estado y redirigir los recursos existentes hacia lo que verdaderamente importa: una Justicia rápida, eficaz y al servicio de los argentinos. Reafirmamos nuestro compromiso de brindarle a los jueces y fiscales todas las herramientas necesarias para que puedan meter presos a los delincuentes», finaliza el comunicado oficial del Ministerio de Justicia.

El pasado viernes 23 de mayo, Abuelas de Plaza de Mayo ya había denunciado una nueva escalada en las políticas de vaciamiento de las políticas de Memoria y Derechos Humanos por parte del gobierno de Javier Milei. En ese sentido, advirtió que las primeras medidas de esta nueva avanzada del gobierno nacional eran el cambio de rango de la Secretaría de Derechos Humanos; el traspaso del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y el Sitio de Memoria ESMA al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos; y la pérdida de la autarquía y la autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

«La medida vulnera el derecho a la verdad y el principio de no regresividad en materia de derechos humanos. En todos los casos, los organismos verán reducida su planta jerárquica y de trabajadores, generando, como viene sucediendo, la ralentización del trabajo por falta de personal y el desfinanciamiento de tareas centrales para la búsqueda de los nietos y nietas apropiados durante el terrorismo de Estado y las investigaciones de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en ese período», remarcaron desde Abuelas.