Ignora a Elon Musk y préstale atención a Russell Vought

Ignora a Elon Musk y préstale atención a Russell Vought

 

Elon Musk fue expulsado de la Casa Blanca de Trump. Su comportamiento errático y sus payasadas lo convirtieron en un blanco fácil para los medios de comunicación. Pero Musk siempre estuvo llevando a cabo la agenda del autor del Proyecto 2025, Russell Vought, que sigue teniendo mucho poder. Por Branko Marcetic |Traducción: Pedro Perucca (Jacobinlat) .


l abandonar oficialmente la Casa Blanca, Elon Musk se quejó repetidamente de que él y su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) se convirtieron en el «chivo expiatorio» de la administración, absorbiendo la culpa y la indignación por casi todo lo que hicieron el presidente y su equipo que no le gustó a la gente. Lo curioso es que esta es una de las pocas veces que el multimillonario de Tesla tiene razón en algo.

Durante los últimos cinco meses, Musk fue una bolsa de boxeo muy útil para los demócratas, la izquierda en general, la prensa y cualquiera que quisiera dañar políticamente a la segunda administración Trump. ¿Y quién puede culparlos? Su extraño comportamiento, su flagrante corrupción y su antipatía general eran perfectos para generar clics y compartidos, por no hablar de que lo convertían en un blanco fácil para los críticos de Trump que buscaban vincular al presidente a un barco que se hunde, lo que tuvo consecuencias políticas reales para la administración.

Así que no es de extrañar que, incluso mientras los medios de comunicación publican artículos en los que se hace un balance de la etapa de Musk en el Gobierno, la cobertura esté salpicada de sugerencias de que no se va de verdad y que seguirá ejerciendo influencia sobre la Casa Blanca de Trump desde afuera, por lo que será responsable de lo que esta haga a partir de ahora. Sin duda, esto será al menos en parte cierto, y el público parece estar de acuerdo. Pero intentar mantener el foco de atención en un Musk que ya se marchó puede que no sea tan eficaz políticamente como esperan los críticos, y se corre el riesgo de no comprender lo que realmente está sucediendo en la Casa Blanca de Trump.

La realidad es que, aunque Musk era y sigue siendo un conveniente contrapunto político, incluso cuando estaba en el meollo de la acción en la Casa Blanca, solo hacía el trabajo sucio y práctico de otra persona: Russell Vought, el arquitecto del Proyecto 2025 y director de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) de Trump.

Cualquiera que desee pedirle cuentas a la administración Trump, por no hablar de intentar comprender lo que quieren hacer quienes la dirigen, debe dejar de centrarse en el multimillonario y fijar su atención en Vought. Si la política estadounidense fuera Kill Bill, Musk y su equipo DOGE serían los secuaces extravagantes y pintorescos con los que la Novia pasa la mayor parte de su tiempo y energía, mientras el anónimo Bill espera, impasible, y dirige los hilos desde salas oscuras alejadas de la acción.

Cambiar el foco de atención a Vought será complicado, porque pasó este primer semestre de máxima indignación por los recortes a DOGE trabajando en silencio y fuera de la vista, porque es mucho menos mediático y menos propenso a generar clics y audiencias que el escandaloso Musk, y en general es una figura menos errática y más entrenada para los medios de comunicación, por lo que no es probable que cree el mismo conjunto de dolores de cabeza políticos para la Casa Blanca. Pero, aparte del propio presidente, él es la fuerza motriz de la agenda de Trump, y ahora va a empezar a actuar como tal.

El Wall Street Journal informó hace ya un mes que, con Musk fuera de juego, Vought se convertirá ahora en el arquitecto oficial del programa de austeridad de Trump, trabajando con el Congreso para realizar más recortes y obtener la aprobación legislativa de algunos de los ya realizados bajo Musk, al tiempo que recorre los medios de comunicación para vendérselos al público. El domingo pasado, Vought estuvo en la CNN defendiendo los recortes y otras partes de la agenda de la Casa Blanca.

Pero no es que antes estuviera de brazos cruzados. Vought fue, incluso antes de ser nombrado para un cargo en el Gobierno, el responsable de la desastrosa orden ejecutiva de Trump de enero que suspendía todas las subvenciones federales, que la Casa Blanca se vio obligada a revocar rápidamente. Toda la teoría jurídica y el enfoque en que se basa el DOGE —por la que que el presidente de los Estados Unidos puede simplemente negarse a gastar el dinero que el Congreso ya autorizó para diversos organismos y programas, y puede desmantelarlos o eliminarlos por completo a su antojo— proviene de Vought, que ha estado muy estrechamente involucrado en los recortes del DOGE desde su mismo inicio. En su conjunto, el segundo mandato de Trump siguió muy de cerca el Proyecto 2025, el plan político en cuya elaboración Vought desempeñó un papel fundamental. Y él mismo admitió el año pasado a unos periodistas encubiertos que seguiría influyendo en la política de Trump desde fuera del Gobierno, incluso si no se le concedía un cargo en la Casa Blanca.

Si se analizan los presupuestos y las políticas que Vought redactó y defendió mientras trabajaba en el Congreso o como activista, se comprueba rápidamente que los recortes atribuidos a Musk se habrían producido de una forma u otra mientras Vought estuviera en la Casa Blanca. A lo largo de los años, se manifestó a favor de privatizar el Servicio Postal de Estados Unidos y derogar el Obamacare, así como de recortar o eliminar el Departamento de Educación, Medicaid, USAID, la radiodifusión pública, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Autoridad Federal de Aviación y muchos más.

También ayuda a ver hacia dónde es probable que se dirija la administración Trump en el futuro. Vought lleva mucho tiempo teniendo en su punto de mira a grandes prestaciones sociales como la Seguridad Social (que quiere privatizar) y Medicare, y hace dos años reconoció abiertamente que su objetivo es utilizar la actual oleada de recortes para acostumbrar al público a la idea, de modo que en algún momento se pueda atacar a estos grandes programas que antes eran «intocables».

Pero esto es precisamente por lo que Vought podría, de hecho, convertirse para Trump en un lastre político tan grande como lo fue Musk: solo se necesitarían críticas sustantivas y bien dirigidas, menos propicias para los titulares sensacionalistas que las que suscitó Musk. Hasta ahora, eso no sucedió.

La prensa liberal tendió a presentar a Vought como un temible «nacionalista cristiano», un término que no significa mucho para el ciudadano medio y que incluso puede resultar atractivo para un público que sigue siendo mayoritariamente cristiano y que, como cualquier población, considera que su propio interés nacional es su máxima prioridad. Mientras tanto, en su entrevista dominical con el director de la OMB, la periodista de la CNN Dana Bash, dedicó mucho tiempo al tema de la teoría de Vought sobre la «incautación» y su constitucionalidad, un tema jurídico importante pero arcano que probablemente no resulte muy interesante para muchos.

Lo que es acertado y constituye una línea de crítica más eficaz es que la ideología de Vought —un fanatismo militante y antigubernamental que le lleva a considerar como completamente ilegítima la inversión pública en infraestructura y a querer eliminar o vender al mejor postor prácticamente todos los programas gubernamentales, desde Medicaid hasta la NASA— es ajena y poco atractiva para la mayoría de los estadounidenses modernos, incluida la propia base obrera de Trump, y que los perjudicará, a ellos y a sus seres queridos. Una mayoría récord de estadounidenses, la más grande en treinta años, ahora quiere que el gobierno haga más para resolver los problemas del país, no que haga menos o que apenas exista, como sueña Vought.

Si se conoce la historia de Vought, se sabe que toda su carrera estuvo definida por el hecho de que sus objetivos políticos resultaron tan tóxicos para los estadounidenses de a pie, incluyendo a los votantes republicanos, que nunca pudieron promulgarse democráticamente. La gran queja de Vought es que cada vez que redactaba un presupuesto que eliminaba la asistencia sanitaria para la gente y disolvía la mitad del Gobierno (excepto el Pentágono, por supuesto), nunca se aprobaba, porque los miembros republicanos del Congreso que apoyaban de palabra su ideología antigubernamental se echaban atrás cuando al darse cuenta de que sus electores los destrozarían si se atrevían a ponerla en práctica.

Esto es lo que finalmente llevó a Vought a Trump. Vought declaró abiertamente que tanto el consenso político estadounidense como la opinión jurídica mayoritaria están tan lejos de su visión antigubernamental y que la única forma de hacerla realidad es tomar medidas radicales y sin precedentes, como confiarle a un presidente todopoderoso la tarea de desmantelar por sí solo el gobierno federal y declararle la guerra a los demás poderes si se interponen en su camino. Esto es asombrosamente antidemocrático, pero también es antidemocrático por necesidad, en tanto está al servicio de una agenda política que resultaría repulsiva para la mayoría de los estadounidenses si estuvieran debidamente informados al respecto.

De hecho, ya lo demostró: basta con ver la furiosa reacción pública a la suspensión de las subvenciones impulsada por Vought, que obligó a los miembros republicanos del Congreso a presionar a la Casa Blanca para que la revocara, o la ira que los republicanos están expresando en los ayuntamientos por el avance de presupuestos que diezman Medicaid, siguiendo el modelo trazado por Vought.

La salida de Musk debería ser una oportunidad para volver a centrar la atención en Vought, que logró pasar bastante desapercibido durante los últimos cinco meses gracias a la búsqueda de atención del multimillonario de Tesla. Puede que Vought no sea un personaje tan pintoresco, pero si el público supiera con precisión lo que cree y planea hacer, quedaría igual de perturbado por su influencia en la Casa Blanca.

 

 

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  • Expulsaron del país a dos chilenos por delitos en su país y en Estados Unidos

     

    Dos hermanos de nacionalidad chilenaquienes habían ingresado al país de manera ilegal y tenían antecedentes penales, fueron expulsados en el marco de un operativo supervisado  por el Ministerio de Seguridad, y que contó con la participación de agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA).

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  • La base china en Neuquén vuelve al centro del debate político

     

    A días de las elecciones legislativas, resurgen las críticas al acuerdo firmado por el kirchnerismo que permitió a China operar una estación espacial sin control argentino durante 50 años.

    A pocos días de las elecciones legislativas del 26 de octubre, el peronismo volvió a poner el foco en la política exterior del gobierno. Desde Cristina Fernández de Kirchner hasta Sergio Massa, los principales referentes criticaron el vínculo entre Javier Milei y Donald Trump, calificándolo de “sumisión” y “extorsión”. Sin embargo, el debate reabrió una vieja contradicción: el silencio frente a la base espacial china que funciona en Neuquén desde 2014, bajo un acuerdo firmado por la propia expresidenta.

    La Estación de Espacio Lejano, ubicada en Bajada del Agrio, fue concedida por 50 años durante el mandato de Cristina Kirchner, con el aval del entonces presidente chino Xi Jinping. El convenio otorgó 200 hectáreas del territorio neuquino a la potencia asiática, libres de impuestos y de todo control nacional. Este hecho, que pasó inadvertido durante años, hoy regresa al debate público como símbolo de la doble vara política frente a las potencias extranjeras.

    La opacidad que rodea a la estación contrasta con la transparencia exigida a las relaciones con Estados Unidos. Según un informe de Reuters, la base china en Las Lajas es una verdadera “caja negra” sin supervisión del Estado argentino. Desde su inauguración en 2017, ningún funcionario nacional volvió a ingresar al predio, ocupado únicamente por los 30 técnicos chinos que viven y trabajan allí, según informó el sitio ElArchivo.

    Además, la agencia que opera la instalación, la CLTC (Agencia Estatal China de Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satélites), depende directamente del Ejército Popular de Liberación, lo que confirma su vínculo militar. En cambio, otras estaciones en territorio argentino, como la de la Agencia Espacial Europea, son de carácter civil. En ese sentido, los especialistas destacan que el kirchnerismo cedió soberanía a una agencia militar extranjera sin mecanismos de control efectivos.

    El propio embajador estadounidense, Marc Stanley, expresó su preocupación en más de una ocasión: “Sorprende que Argentina permita que las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén, en secreto, haciendo quién sabe qué”. En 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, se firmó un protocolo adicional para restringir cualquier uso militar de la base, evidenciando los vacíos legales del acuerdo original.

    El contraste político es evidente. Mientras el kirchnerismo acusa a Milei de “entreguismo” por su relación con Washington, fue durante su propia gestión que Beijing obtuvo un enclave estratégico en la Patagonia. Como recordó el presidente, Cristina Kirchner “entregó la Orden del General San Martín a Nicolás Maduro y firmó acuerdos con regímenes autoritarios”. La incongruencia entre discursos y hechos se vuelve insoslayable.

    En plena campaña, la estrategia kirchnerista parece apuntar a erosionar la imagen de Milei mediante acusaciones externas, dejando de lado un antecedente que involucra cesión territorial, falta de transparencia y dependencia geopolítica. A una década del acuerdo con China, la base de Neuquén sigue siendo un recordatorio incómodo de cómo la indignación política puede ser, también, selectiva.

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  • El Gobierno entregó 160 viviendas a fuerzas federales que ya habían sido adjudicadas

     

    Los inmuebles a estrenar se encuentran en Avellaneda y ya habían sido sorteados y adjudicados a otras familias por el programa Procrear, que fue disuelto este lunes mediante la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía. La Resolución del Ministerio, que encabeza Luis Caputo, reglamentó la disolución del fideicomiso que administraba los créditos del programa Procrear, incluida en el Decreto 1018/2024 publicado en noviembre pasado. Las 160 viviendas entregadas a fuerzas federales en el marco de un acto realizado este martes con la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y protestas de vecinos y vecinas, se encuentran en el edificio Sagol. Por Red Eco Alternativo.


    Al respecto, el Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, repudió la medida del Gobierno: “Con gran indignación denunciamos que las viviendas del plan ProCreAr en Avellaneda, que pertenecen a sus vecinas y vecinos, han sido entregadas de manera arbitraria a los militares (…). Esta medida fue tomada en un acto que vulnera el espíritu del programa, creado para garantizar el derecho constitucional a un techo digno para las familias de los trabajadores».

    Cabe recordar que el Programa Procrear se había creado en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y funcionaba como una política de estímulo al crédito hipotecario y al acceso a la vivienda. Funcionaba con un fideicomiso administrado por el Banco Hipotecario, el cual también gestionaba los créditos y las tierras fiscales urbanizadas por el Estado.

    Fuente: Nota al Pie

    Fuente: https://www.redeco.com.ar/nacional/vivienda/41800

     

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  • Venezuela acusó a EE.UU. de “provocación militar” tras el envío de un buque al Caribe

     

    Un buque de guerra lanzamisiles de Estados Unidos, el USS Gravely, arribó este domingo a Trinidad y Tobago para realizar ejercicios militares con el ejército local. La llegada del destructor se produce en medio de un aumento de la presión militar ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar redes de narcotráfico vinculadas al Cartel de los Soles.

    El arribo del buque fue visible el domingo frente a la capital trinitense, Puerto España, y permanecerá atracado allí hasta el jueves. La operación había sido anunciada días antes por el gobierno de Trinidad y Tobago, que confirmó la participación de una unidad de marines estadounidenses.

    Desde Caracas, el gobierno venezolano denunció el despliegue como una “provocación militar coordinada con la CIA” y aseguró que busca generar un conflicto en el Caribe. En paralelo, Washington mantiene desde agosto una ofensiva naval y aérea en la región, con más de cuarenta muertos en ataques a presuntas embarcaciones de narcotraficantes.

    Caracas denunció una “provocación militar” en el Caribe

    El gobierno venezolano, a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, calificó como una “provocación militar” la llegada del buque lanzamisiles estadounidense USS Gravely a Trinidad y Tobago.

    En un comunicado oficial, Caracas acusó al gobierno trinitense de actuar “en coordinación con la CIA para provocar una guerra en el Caribe” y anunció la captura de “un grupo de mercenarios” presuntamente vinculados con la agencia de inteligencia norteamericana.

    Según la declaración, las maniobras militares impulsadas por Washington “no son ejercicios defensivos, sino una operación colonial de agresión que busca convertir al Caribe en un espacio para la violencia letal y el dominio imperial estadounidense”.

    El destructor permanecerá atracado en Puerto España hasta el jueves. Venezuela y Trinidad están separadas por apenas 11 kilómetros en su punto más cercano, lo que permite la visibilidad de las costas vecinas desde ambos países.

    Escalada militar en la región

    Desde agosto, Estados Unidos mantiene desplegados buques de guerra en el Caribe y realiza ataques aéreos contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes. Además, el gobierno de Donald Trump anunció el envío del portaaviones Gerald R. Ford, el más grande del mundo, decisión que el presidente Nicolás Maduro calificó como un intento de “inventar una nueva guerra”.

    Washington sostiene que Maduro encabeza redes de narcotráfico vinculadas al denominado Cartel de los Soles, acusación que el mandatario venezolano rechaza tajantemente. Caracas afirma que estas acciones responden a una estrategia para justificar un cambio de régimen y apoderarse de las reservas petroleras del país.

    Tensiones diplomáticas con Trinidad y Tobago

    La primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, es considerada una aliada política de Trump y ha adoptado un discurso crítico hacia la inmigración venezolana y el aumento de la criminalidad. El gobierno de Maduro acusa a su administración de alinearse con los intereses de Washington.

    Muertes y cuestionamientos legales

    La campaña militar estadounidense ha dejado hasta ahora 43 muertos en diez bombardeos a embarcaciones sospechosas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, según datos del propio gobierno de Estados Unidos.

    Familias trinitenses denunciaron además la muerte de dos ciudadanos de ese país en esos ataques, aunque las autoridades locales no lo confirmaron ni lo desmintieron.

    Expertos en derecho internacional advirtieron sobre la posible ilegalidad de estas operaciones, al realizarse contra sospechosos que no fueron interceptados ni sometidos a procesos judiciales.

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