La versión de Patricia Bullrich sobre la participación de barras bravas en la marcha de los jubilados empieza a derrumbarse. Juan Pablo Varsky y Gustavo Grabia, son periodistas con experiencia en el rubro deportivo desmintieron que en la protesta hubiera presencia de barras.
El gobierno nacional se encargó de imponer su relato sobre la presencia de barras en la marcha de los jubilados. La mayoría de los medios se subió a la versión de que la protesta fue copada por los violentos que controlan las tribunas del fútbol argentino.
El argumento no se sostuvo demasiado tiempo: dos periodistas con un perfil alejado del peronismo y, sobre todo, del kirchnerismo cuestionaron las conclusiones del gobierno. En el gobierno porteño tampoco pudieron verificar la conclusión de la ministra de Seguridad. Dijeron a LPO que había personas con antecedentes policiales, pero no pertenecientes al tablón.
Grabia es el periodista que más investigó los negocios de los barras en clubes y asegura que no pudo reconocer a ninguna primera o segunda línea de las populares argentinas.
“Fuentes oficiales de Seguridad decían que tenían identificados barras de All Boys, de Comunicaciones, de Chacarita, de Ferro. Yo hice lo que hago habitualmente, hablé con mis fuentes en las barras. Algunos de ellos incluso me mandaron fotos que demostraban que no estaban en el lugar de los hechos”, dijo Grabia en Radio Con Vos.
“Vi las imágenes de la marcha y solo reconocí a dos barras que tampoco estaban en una actitud violenta. Y no es gente que participe hoy de la conducción de las barras. Javi Mendoza participaba de la barra hasta hace 12 años y hoy tiene más relación con la política que con la tribuna. El Chonle manejó la tribuna de Ferro hasta el ’99, que siempre participó en política. Está en edad de ir a pedir un aumento de la jubilación. Son gente que poco tiene que ver con el poder de la barra en los últimos 15 o 20 años.
El gobierno había buscado desalentar la marcha amenazando con aplicar el derecho de admisión para aquellos que fueran identificados cortando la calle. Pero la advertencia no funcionó.
“Los barras no se muestran en esos lugares porque pueden ser detenidos. El barra, el que maneja el negocio siempre prefieren el perfil bajo. Cuando la vanidad los traiciona, terminan detenidos o en los medios. A veces hay segundas o terceras líneas, pero a veces también son hinchas que no esconden su pertenencia política y van porque están en contra del gobierno. Quizás aprovecharon esa agresión al hincha de Chacarita y se autoconvocaron y participaron de la marcha”, dijo Varsky en La Nación+.
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La organización que nuclea a la conducción del Poder Judicial de todos los distritos del país se manifestó fuertemente contra los cuestionamientos que desde el gobierno de Milei hicieron a la jueza Karina Andrade, que el miércoles pasado ordenó liberar a todos los detenidos en la manifestación de los jubilados en inmediaciones del Congreso, al evaluar que no existía ninguna prueba contra ellos de la comisión de un delito.
Andrade es jueza de primera instancia en lo penal y contravencional de la ciudad de Buenos Aires y actuó como contralor de garantías de los detenidos en los incidentes entre manifestantes y los uniformados, que reprimieron de manera desbordada. La magistrada, de 42 años, sostuvo que no se le suministró desde las fuerzas de seguridad ni de las fiscalías información alguna que permitiera formular cargos a ninguno de los apresados, lo que motivó la resolución que les dio la libertad.
Desde el gobierno nacional la emprendieron contra Andrade. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció de inmediato que pediría su apartamiento y posteriormente sostuvo que la denunciaría penalmente por la liberación de los detenidos sin verificación de antecedentes. Desde la Casa Rosada también la descalificaron políticamente al tratarla de “jueza de la Cámpora”, algo que algunos medios periodísticos recogieron y difundieron.
“Ante las expresiones vertidas por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional en relación a la actuación de la Jueza Karina Andrade, en el marco de una causa judicial, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus) reitera que el juicio político no es la vía constitucional para la impugnación del contenido de las decisiones judiciales y su utilización en tal sentido representa una grave intromisión en la independencia judicial”, señaló la entidad. En ese pronunciamiento, se remarca que los jueces no pueden ser enjuiciados o perseguidos cuando se disienta con lo que expresan en sus resoluciones.
Se trata de la organización que nuclea a los máximos representantes de la Justicia de las provincias y la ciudad de Buenos Aires. La preside la presidenta del Supremo Tribunal de Tierra del Fuego, María del Carmen Battaini, y cuenta entre sus vicepresidentes al juez de la Corte Suprema bonaerense, Sergio Torres, un experimentado ex juez federal.
Ante las expresiones vertidas por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional en relación a la actuación de la Jueza Karina Andrade, en el marco de una causa judicial, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires reitera que el juicio político no es la vía constitucional para la impugnación del contenido de las decisiones judiciales y su utilización en tal sentido representa una grave intromisión en la independencia judicial.
El jueves pasado Bullrich había escrito en su cuenta de X: “Exigiremos el apartamiento y la revisión de antecedentes de la jueza Karina Andrade por liberar a más de 100 detenidos sin verificar antecedentes ni pruebas, violando la Ley de Reiterancia”.
“Como se ha sostenido la independencia judicial consagrada en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales es una pieza clave para asegurar el sistema democrático y el estado de derecho. Garantizar a los jueces y excluir la posibilidad de que sean juzgados por el contenido de las sentencias, toda vez que el propio ordenamiento jurídico prevé las vías procesales ordinarias y extraordinarias de revisión, resguarda los principios fundamentales del sistema republicano, la división de poderes y el respeto al debido proceso”, dicen los representantes de todas las Cortes de la Argentina.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Es un pronunciamiento categórico de los jueces de mayor jerarquía contra el gobierno. Allí interpretan que la insinuación de un juicio político contra la magistrada porteña es un acto de amedrentamiento.
La cartera a cargo de Bullrich presentó este viernes un recurso para pedir la incompetencia de Andrade para intervenir en este caso y adelantó que está “evaluando la presentación de una denuncia penal penal por los delitos de prevaricato y violación de los deberes de funcionarios públicos” ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, también declaró al conocerse el fallo que se analizaría la actuación de la jueza ante el Consejo de la Magistratura “por posible incumplimiento de sus funciones”.
Garantizar a los jueces y excluir la posibilidad de que sean juzgados por el contenido de las sentencias, toda vez que el propio ordenamiento jurídico prevé las vías procesales ordinarias y extraordinarias de revisión, resguarda los principios fundamentales del sistema republicano, la división de poderes y el respeto al debido proceso.
El legislador porteño Yamil Santoro, de La Libertad Avanza, también presentó una denuncia contra Andrade, a la que acusó de desempeño inadecuado, maltrato sistemático a su personal y decisiones judiciales que comprometen la seguridad pública.
Los jueces superiores de la Argentina tuvieron en cuenta este contexto para pronunciarse. “La estabilidad, autonomía e independencia de los jueces en el ejercicio de su función es esencial para tutelar el cumplimiento efectivo de las garantías constitucionales. Se enfatiza que en la realidad contemporánea, los principios y preceptos constitucionales interpretados de acuerdo a los Pactos Internacionales, la independencia del Poder Judicial expresamente consagrada por la Constitución Nacional en los arts. 18, 109, 110 y concordantes, no comporta un privilegio para los jueces. Por el contrario, está instituido en beneficio de los ciudadanos, importando más que un derecho fundamental, en realidad, una garantía institucional”, plantearon.
La jueza contravencional porteña, Karina Andrade.
Este sábado Andrade defendió su criterio para desvincular a los detenidos. “Resolvimos con los elementos que teníamos a disposición. Tenemos que diferenciar la respuesta rápida de la expectativa del Estado de investigar hechos delictivos”, explicó al hablar con Radio 10. Dijo también que nada impide que se pueda perseguir a esas personas si surgen elementos que así lo permitan, que ella, remarcó, no tuvo a disposición la noche del miércoles.
Mi sentencia dejó claro cuál es el ABC de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución.
Andrade destacó que su decisión se basó en la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión, garantizados por la Constitución Nacional. “Mi sentencia dejó claro cuál es el ABC de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución”, afirmó.
La jueza citó el trabajo del constitucionalista Roberto Gargarella, quien sostiene que la protesta es un “derecho baluarte del sistema democrático”.
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