En la tarde de ayer, el equipo de Educación Vial de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Villa Regina, se hizo presente en la Colonia de Vacaciones de Niños Municipal que se desarrolla en el Polideportivo Cumelen debido a las inclemencias del clima.
Participaron niños de Barrio Nuevo, Melipal, Cipolletti, El Sauce, La Grava, Pretto, Businelli, Los Fresnos, Santa Rita, Frutillar, Tinti Méndez y Moschini.
Con el lema de concientizar a los más pequeños en lo que respecta a la educación vial, se realizaron distintas actividades sobre esta temática y se sigue apostando a las infancias como generadores de cambio, multiplicadores de información y compromiso con este tema.
Queremos agradecer al Director de Deportes, Damián Álvarez, y a su equipo y a los profesores de la Colonia por participar y comprometerse con esta materia tan necesaria para cambiar y/o modificar la cultura vial existente.
Las actividades de educación vial comenzaron a principios de este mes y seguirán a lo largo del año en distintas instituciones públicas y privadas.
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La crisis de la construcción está complicando los planes de Marcelo Mindlin en Loma Negra. Las acciones de Loma Negra atraviesan un momento delicado, marcado por el cambio en su conducción, fundamentos complicados y la caída de la construcción que condiciona su desempeño en el mercado.
Durante más de dos décadas, la compañía estuvo bajo la órbita de capitales brasileños, primero con Camargo Correa y luego a través de InterCement. Esa relación se convirtió en un factor de incertidumbre creciente en los últimos años, a medida que la controlante acumulaba una deuda superior a los USD 2.000 millones y entraba en un proceso de recuperación judicial en Brasil en 2024. El riesgo latente era una eventual venta de activos para hacer frente a sus compromisos.
Ese capítulo se cerró el 6 de abril de 2026, cuando el empresario Marcelo Mindlin, a través de Latcem y junto a Redwood Capital Management y Moneda-Patria Investments, tomó el control de InterCement tras la homologación de su reestructuración.
Bruno Bonacina Rogliano, asesor financiero en Bull Market Brokers, tiene una mirada positiva del desembarco de Mindlin. «Es el mismo empresario que construyó Pampa Energía pacientemente y que conoce los ciclos de infraestructura en Argentina mejor que nadie, no el perfil de inversor financiero que entra a hacer una salida rápida», afirmó Rogliano.
El nuevo esquema accionario, con Latcem controlando el 38,7%, trajo un cambio clave en la percepción del mercado. No solo se despejó el riesgo financiero de la controlante, cuya deuda fue reprogramada hasta 2031 sin vencimientos relevantes en el corto plazo, sino que además ingresó un perfil inversor con experiencia en ciclos largos de infraestructura.
Para Loma Negra, desaparece el «overhang» que pesaba sobre la acción y se suma un refuerzo de capital de USD 110 millones para sostener la operación. Pero eso no implica que el camino esté despejado. Bonacina lo resumió con claridad al señalar que «todo esto ocurre sobre un balance operativo que todavía muestra las cicatrices de 2025», marcando que el cambio financiero convive con desafíos operativos vigentes.
Mindlin es el mismo empresario que construyó Pampa Energía pacientemente y que conoce los ciclos de infraestructura en Argentina mejor que nadie, no el perfil de inversor financiero que entra a hacer una salida rápida.
En términos operativos, la compañía todavía arrastra las secuelas de un 2025 débil. El EBITDA cayó a USD 146 millones desde los USD 198 millones del año anterior, con márgenes presionados y una recuperación de volúmenes más lenta de lo esperado. La demanda de cemento creció apenas 5,6%, reflejando un sector de la construcción que nunca terminó de despegar.
Aun así, hubo algunos indicios de piso. En concreto, el negocio de hormigón creció 62% interanual en volúmenes y el segmento ferroviario mejoró su rentabilidad. Además, la empresa mantiene una estructura financiera razonable, con deuda neta de USD 183 millones y un apalancamiento de 1,47x.
En el mercado, esa combinación de señales se traduce en cautela. El ADR en la Bolsa de Nueva York cotiza a cerca de USD 11 y acumula un año y medio de lateralización.
En este punto, Martín D’Odorico, director de Guardian Capital, indicó que la situación «no es casualidad» porque «la compañía cementera cuyo negocio depende en buena medida de la obra pública pagó el costo de la política de ajuste fiscal del Gobierno de Milei, que frenó de manera abrupta la inversión estatal en infraestructura».
A esto se sumó el encarecimiento de los costos de construcción, que frenó proyectos privados y postergó decisiones de inversión.
«Loma Negra presenta fundamentos operativos sólidos y una estructura financiera relativamente robusta. Sin embargo, la dinámica del precio de la acción refleja su elevada exposición al ciclo económico y, en especial, al de la construcción, que aún muestra signos de debilidad y alta volatilidad», comentó Gustavo Araujo, jefe de Investigación en Criteria.
El negocio de Loma Negra depende en buena medida de la obra pública y pagó el costo de la política de ajuste fiscal del Gobierno de Milei, que frenó de manera abrupta la inversión estatal en infraestructura
«La compañía ha evidenciado presión sobre márgenes en un contexto de costos crecientes y cierta limitación en la capacidad de trasladarlos a precios. Hacia adelante, el potencial de apreciación está condicionado a una recuperación más sostenida de la actividad, tanto en obra privada como, en especial, pública. En este marco, la tesis de inversión luce más dependiente del ciclo macro que de drivers idiosincráticos», añadió.
Sin embargo, empiezan a aparecer factores que podrían cambiar el escenario. Por un lado, el Gobierno habilitó a varias provincias (como Córdoba, Santa Fe y Mendoza) a licitar y gestionar rutas bajo esquemas de concesión con peaje.
Por otro lado, la construcción privada mostró señales de recuperación: en el primer trimestre de 2026, los metros cuadrados registrados crecieron cerca de un 20% interanual.
En este marco, el consenso de analistas proyecta un crecimiento de ventas de Loma Negra del 25% para 2026, con recomendación de compra y un precio objetivo cercano a USD 15 por acción, lo que implicaría un potencial de suba de alrededor del 30%.
Una nueva reforma penal que presenta Maximiliano Pullaro para acrecentar atribuciones en la lucha contra el delito puso en estado de alarma a organizaciones de abogados y a magistrados santafesinos. Para los críticos las enmiendas propuestas son graves porque prescinden de la figura del juez, le da facultades ampliadas a la policía para interrogatorios sin comunicación a un fiscal ni a defensor, avanzan sobre garantías en casos de allanamientos o intervención en comunicaciones privadas,
Pullaro parte de la idea de que hay que avanzar con medidas de restricción de garantías frente a la vigencia de un contexto de amenazas provenientes de actores criminales complejos. Por eso postula un segundo paquete de cambios al Código Procesal Penal que su gestión ya impulsó, con aval legislativo mayoritario, al asumir. Solamente que esta vez los cambios son tan duros en algunos casos que provocan una conmoción clara en ámbitos académicos del Derecho, en el campo de los jueces, de defensores penales y hasta de fiscalías.
La reforma busca reponer la figura de la declaración informativa y el interrogatorio policial inicial, algo que no existe desde el cambio al sistema acusatorio en 2014 en Santa Fe, y elimina la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del imputado.
Esto es una práctica que hace 40 años, en 1985, penalistas de Rosario como Héctor Superti, que fue ministro de Justicia de Hermes Binner, Daniel Erbetta, hoy miembro de la Corte Suprema de Santa Fe, o Ramón Ríos, docente de ambos y ex camarista penal, cuestionaban abiertamente a dos años de la recuperación democrática, por considerar metodologías distintivas de la dictadura.
El cambio propuesto también incluye el allanamiento automático por secuestro de armas en vía pública, sin orden judicial, bajo la idea de que la espera de una autorización de juez implica demoras que dan lugar a ocultamientos y posible pérdida de la evidencia.
Otro planteo buscado por el equipo jurídico de Pullaro es que se incorpore un procedimiento por decreto, sin participación del juez, para dictar resoluciones por contravenciones o delitos de bajo impacto, donde un magistrado sí puede revisar a pedido del condenado la sentencia.
Los puntos aludidos provocan una reacción todavía muy inicial pero ya muy expresiva. «Espantoso», «cruel», «inconstitucional», «regresión premoderna», son las referencias más reiteradas ya en el seno de entidades que agrupan jueces, abogados penalistas y docentes de Derecho Penal. Los objetores indican que es además una reforma que abre puertas a la corrupción policial.
El Ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.
«Es fácil imaginarse lo que puede pasar si un policía encuentra o planta un arma, y luego queda facultado para allanar un domicilio a 40 cuadras de ahí. ¿Qué juez puede validar eso?», le dijo a LPO un magistrado de Rosario que se declara perplejo por la temeridad que atribuye a la reforma. «Un retroceso de treinta años. Esto va más atrás del sistema de jueces de instrucción porque con sistema escrito ya no regía», añadió otro juez a este medio.
Magistrados de muy diversas tendencias plantean una inquietud coincidente. «Nos preocupa este proyecto de reforma y esperamos un escenario de diálogo con los actores del campo político», le dijo a LPO el camarista penal Gustavo Salvador, presidente del Colegio de Jueces de Rosario.
José Nanni, presidente de la asociación de abogados penalistas de Rosario, dice que cuando recibió la declaración que el gobierno remitió este viernes a la Legislatura pensó que era una broma. «Lo que abre esta reforma es muy grave y autoritario. Tiene la lógica del discurso penal del enemigo y aniquila principios básicos de nuestro enjuiciamiento penal. Hay artículos muy peligrosos como los que habilitan inteligencia preventiva sin comunicación al juez. En general se piensa que es no importa si es contra Los Monos o Esteban Alvarado. Pero esta herramienta le abre la puerta a actos de espionaje que después van contra abogados, políticos, periodistas, empresarios. Todos sabemos bien cómo funciona», dijo a LPO.
Con esto último, el abogado alude a otro de los cambios solicitados por el gobierno a la Legislatura. Según el texto, consiste en incorporar expresamente las actividades de espionaje digital y electrónico al repertorio de fuentes del sistema de inteligencia. «La medida pretende fortalecer las capacidades estatales anticipatorias en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la seguridad colectiva, aplicando las herramientas tecnológicas disponibles y sujetándolas a las correspondientes autorizaciones judiciales», según la fundamentación del proyecto.
Lo que creen variados defensores e inclusos jueces es que esto habilitará la penetración sin garantías sobre correspondencia o intercambios de mensajes privados.
El mensaje legislativo del gobernador apunta a imponer el juicio penal en rebeldía, que implica en la idea de los impulsores en que no hay violación del derecho de defensa si la persona es notificada de la causa en su contra, y que si el implicado no comparece debe asumir las consecuencias de su decisión.
En el gobierno sostienen que la marcada baja en los índices de violencia que distinguían a Rosario hasta 2023 precisa ser resguardada con herramientas normativas que además implique no solamente contener el delito en la calle, sino con un régimen agravado para los reclusos que ordenan delitos desde la cárcel, para lo cual busca habilitar medidas de aislamiento extremo y suspender privilegios de visita física, garantizando el contacto familiar por medio de correspondencia por carta, sujeta a fiscalización.
Pullaro considera haber construido un activo en su política de seguridad, que tiene una fuerte apelación contra el delito, y procura reforzarla, lo que es un capital para la búsqueda de adhesiones. Al iniciar su mandato ya logró una reforma procesal penal. Ya entonces se habilitaron facultades policiales y de fiscales más plenas, se concedieron allanamientos excepcionales en casos de delitos flagrantes y se prolongaron hasta 30 días los plazos para presentar un detenido en una audiencia ante un juez.
En ese momento, en un marco crítico sobre todo en Rosario, con homicidios que habían rozado las 300 muertes en 2022, la aprobación legislativa de estas medidas excepcionales no encontró resistencia ni los planteos iniciales de reprobación que aparecen ahora. Por entonces miembros del gobierno provincial reconocieron a este medio: «Presentamos un proyecto tan ambicioso que imaginamos iba a costarnos mucha negociación y muchos cambios. Pero no hubo que suavizar nada. Nos aprobaron casi todo».
En la coalición oficialista, los socialistas insinuaron algún tipo de incomodidad ante el proyecto, aunque moderada. «Estamos recién en el análisis inicial del texto. Se va a trabajar seriamente, sin apuros y el proyecto va a tener modificaciones», dijo un portavoz de la bancada de ese partido. Entre los radicales y los miembros del PRO no surgió ninguna voz de objeción.
Desde el gobierno, cuestionan los planteos de antemano. «No hay garantía efectiva sin capacidad estatal para hacerla cumplir. Por tal motivo se introducen reformas para lograr un equilibrio entre las garantías individuales, la eficacia del sistema penal y la protección de la comunidad», indica la fundamentación de la reforma.
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