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El bien y el mal definen por penal
El 5 de diciembre de 2025, en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C., el titular de la FIFA, Gianni Infantino, encabezó el sorteo de la Copa del Mundo, distribuyendo los caminos de 48 selecciones. Tan solo dos meses más tarde, mientras las selecciones organizaban los preparativos para su estadía en el continente americano, aviones de combate estadounidenses e israelíes habían sobrevolado varias ciudades de Irán y bombardeado lo que los comunicados militares llaman, con peculiar pudor, “objetivos estratégicos”. Los muertos comenzaron a contarse de a miles, entre civiles, jerarcas gubernamentales y militares. El líder supremo, Alí Jameneí, también fue una de las bajas. Unos días después, Donald Trump escribió en su red social que quizás era mejor que la selección iraní no participara del Mundial «por su propia seguridad».
Irán quedó en el Grupo G. Sus tres partidos serán en Los Ángeles y Seattle, ciudades del país que dos semanas antes del sorteo había bombardeado su territorio. Una vez iniciada la guerra, Infantino aclaró que había hablado personalmente con Trump y que los partidos se jugarían donde el sorteo indicaba. A Trump, sin embargo, no pareció importarle demasiado. El gobierno estadounidense le negó a la delegación persa la posibilidad de alojarse en territorio norteamericano. El gobierno mexicano respondió ofreciéndole a Irán concentrar en Tijuana y cruzar la frontera para cada encuentro.
Traducido a imagen global, esto significa que el país que con restricciones para ingresar a Estados Unidos será recibido por el país al que Washington le exige militarizar su frontera. El Mundial produce, sin que nadie lo haya planificado así, una solidaridad involuntaria entre las dos naciones amedrentadas por la prepotencia trumpista.
El conflicto en Medio Oriente combina las características de las guerras tradicionales en las que los beligerantes son Estados, los objetivos son geopolíticos o ideológicos y se utilizan Fuerzas Armadas regulares, con la plasticidad y la ambigüedad de las guerras del siglo XXI. Por caso, Estados Unidos nunca declaró formalmente la guerra a Irán. Hubo drones, misiles de precisión, comunicados del Pentágono hablando de “operaciones quirúrgicas sobre infraestructura militar”, pero no hubo discurso ante el Congreso, no hubo resolución ni aprobación legal. La guerra moderna se diagrama con Inteligencia Artificial, se lanza desde pantallas, se justifica con eufemismos técnicos y se da por terminada cuando el presidente le escribe una carta al Congreso diciendo que “las hostilidades han concluido”, mientras mantiene un bloqueo naval sobre el enemigo.
El gobierno de Suiza —país donde la FIFA tiene su sede, tributa sus impuestos y descansa su paraguas jurídico— calificó la ofensiva estadounidense como un caso de uso injustificado de la fuerza, contrario al derecho internacional. La casa madre del fútbol global, sin embargo, no emitió ningún comentario al respecto.
A esto se suman las incongruencias del sistema internacional: el mismo gobierno que ataca militarmente a un país está obligado, por contrato con un organismo internacional, a garantizar visas de entrada, seguridad operativa y cancha en condiciones para los jugadores del país agredido.
A su vez, la FIFA, que prohíbe en sus estatutos cualquier forma de “interferencia política” en el fútbol, negocia esas garantías con el Departamento de Estado de la potencia en guerra a la par que entrega a su presidente el Premio de La Paz de la FIFA.
¿El fútbol une al mundo?
La FIFA lanzó para este Mundial la campaña “El fútbol une al mundo”.
Hay un mito fundacional que da forma a ese eslogan. En la noche del 24 de diciembre de 1914, en la frontera entre Francia y Bélgica se desarrollan las batallas más sangrientas de la Primera Guerra Mundial. Soldados alemanes y británicos salen de sus trincheras, cruzan la “tierra de nadie” e improvisan, rodeados de cadáveres, alambrados y minas antipersona, un partido de fútbol. La tregua dura hasta la mañana del 26 de diciembre. Aunque la guerra continuó, el partido quedó en la memoria colectiva como un símbolo de que en el fútbol hay una confraternidad que antecede a las banderas y los tratados. Un lenguaje, una suerte de esencia humana que los Estados no pueden controlar.
La historia de la relación entre el fútbol y los conflictos armados es, sin embargo, un poco menos romántica. En julio de 1969, Honduras y El Salvador llevaban años acumulando tensiones por disputas territoriales y migratorias. Las eliminatorias para el Mundial de México 1970 actuaron como un disparador. Tres partidos, disturbios en las tribunas, muertos, ruptura de relaciones diplomáticas. El 14 de julio, cuatro días después del partido decisivo, El Salvador invadió Honduras. El conflicto dejó entre dos y cuatro mil muertos.
El periodista y escritor polaco, Ryszard Kapuscinski, llegó a Tegucigalpa horas antes de que comenzara la guerra y la convirtió en uno de los grandes reportajes del siglo XX. Tituló a su libro La Guerra del Fútbol.
Algo parecido sucedió en los estadios de Yugoslavia, a finales de los años ochenta. Las hinchadas del club serbio Estrella Roja y el croata Dinamo Zagreb se enfrentaban con una violencia que vaticinaba la guerra étnica que vendría. Željko Ražnatović, líder de la barra del Estrella Roja, se convertiría luego en el comandante de los “Tigres”, una unidad paramilitar acusada de cometer crímenes de guerra. El mismo Ražnatović declaró que la guerra civil no la iniciaron ni los políticos ni los militares, sino los hinchas en el partido contra el Dinamo. Al igual que en América Central, el fútbol fue el espacio donde la guerra tomó forma antes de ser guerra.
Otro caso que la taxonomía del fútbol y la política no puede ignorar es Argentina 1978. Es bien sabido que la Junta Militar usó el torneo como plataforma de legitimación internacional. El Mundial debía mostrarle al mundo un país ordenado, moderno y capaz. La selección argentina ganó el campeonato en un estadio a pocas cuadras de donde funcionaba la ESMA. La FIFA nunca dijo nada.
Así, el Mundial 78 mostró el arquetipo de un Estado que usa el deporte como pantalla para ocultar lo que le hace a su propia población. Más acá en el tiempo, el 7 de abril de 2017, las selecciones femeninas de Corea del Norte y Corea del Sur disputaron en Pyongyang el primer partido oficial entre ambos jugado en territorio norcoreano. Técnicamente, los dos países siguen en guerra, ya que el armisticio de 1953 nunca fue reemplazado por un tratado de paz. El estadio Kim Il Sung recibió a cuarenta mil personas. Por primera vez en la historia, la bandera de Corea del Sur fue izada en un escenario deportivo norcoreano. Esa misma semana, Pyongyang había lanzado un misil en aguas japonesas. Las autoridades surcoreanas declararon que “la seguridad de las jugadoras nunca se vio amenazada”. El partido terminó 1 a 1. El de las dos Coreas es el antecedente más directo que existe para lo que va a ocurrir en Los Ángeles en junio de 2026. Dos países en guerra y un partido oficial en territorio de uno de los contendientes.

Make North America Great Again
El Mundial 2026 tiene dos particularidades: es la primera vez en la historia que será organizado por tres países y el primero que tendrá 48 participantes.
En sintonía con el eslogan de “El fútbol une al mundo”, la candidatura conjunta de Estados Unidos, México y Canadá fue votada mayoritariamente en el Congreso de la FIFA de 2018 con el nombre oficial de “United 2026”. El eslogan pretendía dejar de manifiesto que los tres países comparten algo más que una región. Hay que remontarse treinta años atrás para entender los albores del proceso integracionista de América del Norte.
El 1 de enero de 1994, el mismo día en que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantaba en armas en Chiapas en protesta por lo que vendría, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN-NAFTA). El presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari lo celebró como “un logro pionero en negociaciones comerciales que establecerá tendencias futuras en la región y en el mundo”. Bill Clinton, que había peleado en el Congreso para conseguir los votos necesarios, sostuvo: “Nuestra seguridad nacional ahora será determinada por nuestra capacidad de derribar barreras comerciales extranjeras”. Una buena síntesis de la visión globalization friendly que primaba en los años de la posguerra fría.
Para México, la experiencia produjo, tres décadas después, una dependencia estructural que ningún canciller mexicano puede ignorar. El 80% de las exportaciones mexicanas van al mercado estadounidense. Más que un dato de comercio exterior, esa cifra marca el límite real de la autonomía azteca en el ámbito internacional. En buena medida, explica por qué México militarizó su frontera sur cuando Washington lo exigió, aunque eso implicara contener migrantes centroamericanos con los mismos métodos que denuncia en su propia frontera norte. Explica también por qué los presidentes del partido político MORENA —Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum— proclaman una política exterior más independiente, pero negocian con más cuidado que confrontación. Y explica también algo que transformó la geografía política de América Latina: al entrar definitivamente en la órbita de influencia estadounidense, México fue perdiendo su rol histórico de contrapeso regional y resistencia latinoamericanista.
Argentina perdió un aliado tradicional en sus disputas con Washington y en la moderación de la influencia brasileña en Sudamérica. Brasil, en consecuencia, respondió profundizando su proyecto de integración sudamericana, mediante el Mercosur y luego, con la Unasur. La premisa era que si México ya era parte indefectible de América del Norte, Sudamérica tenía que construir su propio bloque.
Trump llegó a la presidencia denunciando el mismo acuerdo que Clinton había celebrado. En su primer mandato, forzó a una renegociación del NAFTA, que pasaría a ser rebautizado como T-MEC. En su segunda presidencia volvería a la carga y denunciaría que México y Canadá “se han aprovechado de Estados Unidos por 40 años. (…) No pueden llegar aquí y robarse nuestro dinero, robarse nuestros empleos, tomar nuestras fábricas y tomar nuestros negocios y esperar que no sean castigados”. Los aranceles del 25% fueron su respuesta. En retrospectiva, la candidatura tripartita para organizar la Copa del Mundo terminó siendo el último acto de fe en un proyecto que está siendo dinamitado por su arquitecto.
El conflicto entre Estados Unidos y Canadá es aún más sorprendente, tanto por la intensidad del vínculo como por los elementos culturales en común. Además, la integración tiene una expresión deportiva perfecta: la Major League Soccer, que desde su fundación incluyó franquicias canadienses y estadounidenses compitiendo en la misma liga. Toronto FC, Vancouver Whitecaps y CF Montreal juegan contra New York City FC y LA Galaxy con la misma naturalidad con que comparten mercado y cultura popular. Un buen ejemplo de que “el fútbol une”. Todo eso cambió con una velocidad que desconcertó a los propios canadienses.
Los aranceles comerciales y la amenaza de convertir a Canadá en el “Estado 51” por parte de Trump fueron replicados con la aparición de etiquetas “Hecho en Canadá” como señal de identidad política y el abucheo del himno estadounidense en partidos de hockey de la NHL (otra liga en la que participan equipos de ambos países). Una encuesta de 2025 reveló que el porcentaje de canadienses que consideran a Estados Unidos una amenaza principal para su país se había triplicado desde 2019. El antiamericanismo que hoy prima en Canadá no tiene precedentes en la memoria de nadie que viva en ese país.
Cuando se aprobó la candidatura en 2018, pocos pensaron que el Mundial que iba a actuar como símbolo de la integración en América del Norte se terminaría jugando en el momento de mayor tensión histórica entre sus co-anfitriones.
El Leviatán del fútbol
La FIFA tiene 211 miembros. La ONU tiene 193. La casa madre del fútbol reconoce selecciones que existen en el mundo del fútbol antes de existir en el mundo de los tratados. Sumado a ello, la FIFA tiene su propio poder legislativo, ejecutivo y judicial, su propio código de ética y tributación reducida bajo el código civil suizo. No tiene ejército, pero sí el control monopólico sobre un bien simbólico que ningún Estado puede producir por sí solo. No hay fútbol internacional fuera de la FIFA. Y eso la vuelve un actor privado transnacional con enorme poder sobre las autoridades de sus Estados asociados. Por caso, cuando la casa madre suspende a un país, ese país desaparece del fútbol mundial con una completitud que ninguna sanción diplomática convencional puede igualar.
El principio está escrito en los artículos 15 y 19 de sus estatutos: las federaciones nacionales deben garantizar su “independencia y prevención de injerencias políticas” y actuar “sin la injerencia de terceros”. El incumplimiento puede derivar en desafiliación definitiva. Volviendo al mantra del Mundial, para la FIFA, la política no puede romper lo que ha sido unido por el fútbol.
Nigeria fue suspendida en 2010 porque el presidente del país sancionó al entrenador de la selección y en 2014 por un proceso judicial que limitó las capacidades de su federación. Sri Lanka fue suspendida en enero de 2023 por interferencia gubernamental en las elecciones de su comité ejecutivo. Zimbabue y Kenia fueron sancionadas simultáneamente en febrero de 2022 porque sus ministerios de deportes disolvieron las asociaciones nacionales. Cuando el gobierno de Javier Milei intentó imponer las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino, la FIFA le recordó que cualquier modificación estatutaria impuesta por el Estado podría derivar en la desafiliación inmediata. El gobierno retrocedió. El mecanismo funciona porque la amenaza es creíble.
Pero en la orbe del fútbol las calles son de doble mano. Por un lado, la FIFA les prohíbe a los gobiernos intervenir en el fútbol y, por otro, les exige condiciones que ningún Estado soberano aceptaría de otro Estado. Exenciones fiscales, cesión de jurisdicción a tribunales internacionales o modificación de normativas laborales son algunas de ellas. México firmó garantías de 93 páginas, en inglés, que conceden amplias exenciones fiscales a la FIFA y entidades vinculadas al Mundial 2026. Fue el único de los tres co-anfitriones que entregó exención fiscal total. Canadá negoció y Estados Unidos impuso sus condiciones. Aunque los tres aparecen en los afiches, publicidades y álbumes del Mundial, el precio que pagó cada uno fue distinto. Esto también se tradujo en los partidos que alberga cada país: mientras que en Estados Unidos se disputarán 78 encuentros (incluyendo los de eliminación directa y la gran final), México y Canadá organizarán 13 partidos cada uno.
El fútbol también refleja las asimetrías del poder global.
La secuencia de los Mundiales de Sudáfrica en 2010, Brasil en 2014 y Rusia en 2018 es, en ese sentido, elocuente. Tres países del grupo BRICS, tres economías emergentes que en la primera década del siglo XXI se volvieron emblemáticas de las transformaciones del orden internacional. Durante aquellos años, la Copa del Mundo se había vuelto el espejo de un mundo cada vez más multipolar.
Hay quienes sostienen que la irrupción de Trump es, en gran medida, una respuesta al ascenso de China y la pérdida de poder de Estados Unidos. En este marco, las guerras comerciales y el creciente uso del poder militar son indicadores de una potencia que busca retrasar (o revertir) su declive y su merma de competitividad en la economía global.
Que la Copa del Mundo vuelva a ser organizada por Estados Unidos puede ser leída en un doble sentido (geo) político: como una señal de la primacía global que pretende recuperar Estados Unidos; y también una señal sobre cómo funciona la FIFA en el sistema internacional. A diferencia de lo que ocurre con organismos como la ONU, donde el poder de los Estados se traduce directamente en capacidad de veto y de bloqueo, la FIFA opera, en teoría, de otra manera: permite a todos (grandes y pequeños, poderosos y débiles) sentarse a la misma mesa, con el mismo poder de voto, aunque en la práctica, grandes y pequeños, poderosos y débiles no son iguales. México firmó un contrato con condiciones que Estados Unidos nunca habría aceptado. De igual forma, que el FBI haya liderado la investigación que destapó el megaescándalo de corrupción conocido como FIFAgate en 2015 constituye un antecedente difícil de ignorar al analizar la posterior designación de Estados Unidos como sede principal del Mundial 2026 y la disparidad (organizativa y contractual) respecto de México y Canadá.
El Mundial más geopolítico de la historia
El 11 de junio de 2026, en el estadio Azteca de Ciudad de México, se jugará el partido inaugural. Es el único estadio del mundo donde se han disputado dos finales mundialistas. Es también el estadio donde Diego Maradona hizo el gol de todos los tiempos, cuatro años después de la Guerra de Malvinas, en el partido que todo el mundo recuerda como una revancha que el fútbol procesó de una manera que la diplomacia no podía. El Azteca sabe de fútbol y política.
Afuera del estadio habrá hinchas de todo el mundo. Iraníes que no pudieron entrar a territorio estadounidense. Canadienses que llegaron al país que intenta anexarlos. También algunos otros deportados por el ICE. Lo que esos hinchas van a compartir, sin saberlo del todo, es el producto final de un sistema en el que los Estados ceden soberanía a un organismo privado para obtener el derecho de existir en el imaginario global, en el que ese organismo proclama su neutralidad como herramienta de poder y en el que las jerarquías que el fútbol promete suspender reaparecen a la hora de organizar cada Mundial.Kapuscinski llegó a Tegucigalpa horas antes de que empezara la guerra y escribió sobre lo que el fútbol puede desatar cuando las tensiones ya no tienen otra salida. En 2026, el espacio es más grande, las cámaras son más numerosas y los intereses en juego son incomparablemente mayores. Lo que el Mundial va a encontrar cuando abra sus puertas en el Azteca es un mundo que no está esperando que el fútbol lo una. Está esperando, con distintos grados de esperanza y escepticismo, que lo que pase afuera de la cancha no dependa de hacia dónde salga la redonda.
La entrada El bien y el mal definen por penal se publicó primero en Revista Anfibia.
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Lotes de mil metros cuadrados a orillas de un lago central de 180 hectáreas, canchas de tenis, avenidas con palmeras y amplio club house. Así es La Isla, el área más exclusiva de Nordelta que tiene las mejores panorámicas del barrio. En la zona residen los hermanos Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, y también tiene su casa el Cholo Simeone. Y allí vivía Marcelo Clayton Alves De Sousa hasta que la policía, que no lo encontró, entró a buscarlo. Ese vecino brasileño, discreto y sonriente, era el principal operador en Argentina de una formidable maquinaria de lavado de activos del Comando Vermelho.
Ahora cinco miembros de su organización acaban de ser condenados de manera definitiva por haber ayudado a poner en el circuito financiero legal la impresionante suma de 520 millones de dólares, lo que las autoridades judiciales argentinas estiman se hizo entre 2015 y 2023. El dinero sucio provenía del narcotráfico y se utilizaba para la compra de armas pesadas y de gran porte que abastecen al Comando Vermelho, el grupo delictivo de mayor envergadura de Brasil, que nació en la década del 70 con robos de bancos y blindados y progresó hacia el tráfico internacional de cocaína.
La investigación fue ardua, provino de una alerta de Brasil y fue desarrollada en Argentina por fiscales de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac). Que descubrieron que desde 2015 hasta 2023 esta organización, en base a una ingeniería financiera muy desplegada y que requirió de decenas de testaferros, lavó dinero en el país para remesarlo a Brasil. Lo hicieron mediante transferencias para las que usaron sociedades fachada, cuevas financieras y centros de operaciones. El lavado de activos se concretó con cuentas en cuentas Banco Santander, Banco Galicia, BBVA, Brubank, Banco Itaú Argentina y Mercado Libre. También con plataformas de criptomonedas como Binance o Ualá.
Hace dos semanas la Cámara Federal De Casación dejó firmes las condenas a tres años de prisión en suspenso contra cinco brasileños que actuaban como enlaces para transferir dinero a cuentas de Marcelo Souza y multas descomunales que llegan en algunos de los implicados hasta 780 millones de pesos. Los totales por los cinco son 2.640 millones de pesos.
Todos comparten rasgos semejantes: salvo una excepción, personas no mayores de 35 años, con pasaporte argentino, con el rol de recibir fondos de origen no demostrado, que posteriormente aplicaban en activos virtuales y productos financieros. Como reconocieron los hechos y la figura penal es de penas leves – partícipe necesaria del delito de lavado de activos de origen ilícito- todos quedaron en libertad. Porque son engranajes necesarios pero menores de la red.
La mayoría en Palermo, desde oficinas en un edificio en Santa María de Oro y Guatemala, donde canalizaban fondos mediante criptoactivos, bitcoins, billeteras virtuales y bienes registrables como vehículos de alta gama. Realizaban transferencias y depósitos en efectivo desde muy distintos lugares del país de fondos remitidos por terceras personas que no tenían ninguna relación con los titulares de las cuentas desde las que operaban.

Alves de Sousa y su esposa Naly Pires Diniz están prófugos. Llevaban una vida con ostentaciones en su casa de dos plantas en la calle Los Mimbres frente al lago de Nordelta cuando un equipo de fiscales dirigido por el jefe de la Procelac Diego Velasco estableció, tras una investigación compleja y prolongada, los resultados de la ingeniería financiera que desplegaban para lavar activos del sanguinario Comando Vermelho.
El día que los allanaron, el 6 de septiembre de 2023, no estaban en Nordelta, donde, contaron a LPO desde una de las fiscalías, hubo desde adentro resistencias hacia los operativos policiales, como ocurrió el año pasado cuando fueron a registrar a los hermanos Kovalivker por las coimas en la Secretaría Nacional de Discapacidad (Andis).
Aquel mismo día de 2023 el portero del edificio de Palermo donde Alves de Souza tenía la oficina principal avisó por whatsapp que había una requisa. Ese mismo día los lavadores dejaron abandonado un auto en el Shopping DOT sobre la avenida General Paz cerca del acceso Norte. Tres acompañantes fueron detenidos. Alves de Sousa y su mujer se escabulleron. Permanecen fugitivos.
Los fiscales acreditaron que desde 2015 hasta 2023 habían gestionado sin justificación debida del origen el manejo de 84.918.576,04 de pesos, 303.210 dólares, 188,73267 bitcoins (que en octubre de 2025 al cerrarse los abreviados a cinco miembros de la red equivalían a 13.682.925 de dólares) y tenencias en criptomonedas (dólar Tether) por una suma impactante: 515.567.165 dólares. Todo provenientes de operaciones de narcotráfico, estafas y evasión impositiva.
En total, por los fondos encontrados al grupo cuando los detuvieron les decomisaron más de 18 millones de pesos, 271 mil dólares, 28 mil reales, 4.500 euros y cinco vehículos valuados en 130 millones de pesos
Es tal el volumen de dinero que lavaron desde Argentina estos nexos del Comando Vermelho que, por los montos involucrados, a los dos líderes de la asociación ilícita solo la multa a fijarles superaría los 700 mil millones de pesos.
El radar se activó sobre Alves de Souza por la detección de dos depósitos bancarios que habían sido realizados el 29 de octubre de 2019, y que despertaron las alarmas del sistema financiero brasileño. Posteriormente, el avance de esa pesquisa adoptó la hipótesis de que las distintas operaciones bancarias y de criptoactivos que se fueron detectando buscaban canalizar activos ilícitos provenientes del Comando Vermelho.
Las redes de Marcelo Alves de Souza estaban movilizadas por un experto financiero de origen chino en Buenos Aires llamado Hang Wang, actualmente prófugo, que planificaba las operaciones de lavado de activos. El nombre de Alves De Souza apareció en el marco de una operación en Brasil llamada «Mercador de Ilusoes», una gigantesca investigación antilavado realizada en septiembre de 2023 en nueve estados de ese país que acreditó lavado de dinero del Comando Vermelho por tres billones de reales, lo que equivale a casi 600 millones de dólares entre 2019 y 2021.
Ese impresionante volumen de operaciones se concretó en nueve estados brasileños y en Brasilia. El esquema lo utilizaba como líder Antonio Ilário Ferreira, conocido como Rabicó, para ocultamiento de venta de drogas y para adquirir armas de gran porte. Utilizaban algo muy parecido que la red de Alves de Souza en Argentina: una práctica conocida como smurfing, que consiste en depósitos o transferencias de grandes montos de dinero efectuados en forma fraccionada. Muchas de estas transacciones las hacían moradores de regiones de frontera con Brasil. Se constataba lo mismo: el lavado se hacía con criptomonedas, que son activos digitales movilizados sin control del Banco Central y de la Receita Federal, que es el órgano recaudatorio de Brasil, lo que dificulta el rastreo de transacciones y favorece el lavado de dinero y la evasión de divisas.
¿Cómo entraba a Argentina esa montaña de dinero que luego se blanqueba con operaciones financieras hacia Brasil? Las computadoras y teléfonos secuestrados al grupo, más la información procedente de las autoridades judiciales del país vecino, delataban que buena parte venía de transferencias concretadas desde la Triple Frontera, de traspasos de efectivo y de empresas radicadas en Brasil conectadas al Comando Vermelho.
´Uno de los lavadores locales de Marcelo Souza ahora condenados de modo firme, Eliamar Dolores De Melo, movía fondos con transferencias de terceros a Mercovía SA, que era concesionario del grupo fronterizo entre Santo Tomé en Corrientes y San Borja en Brasil.
Una de las primeras alarmas públicas sobre esta organización se dio cuando se hizo público en la prensa brasileña el operativo Mercader de Ilusoes. Una nota del complejo O Globo reveló el 22 de septiembre de 2022 que los jefes del grupo investigado «tienen una vida de lujo en Buenos Aires».
Al condenar a los implicados en juicio abreviado, el Tribunal Oral Federal 7 sostuvo el planteo de los fiscales de que en Argentina «la organización recibió al menos 520 millones de dólares norteamericanos, sin fuente de origen legal, que luego drenó por canales informales, opacos y de poca regulación (activos virtuales) y en el sistema financiero argentino a través de la utilización de testaferros y fragmentación de depósitos».
«Asimismo, en relación a los activos virtuales, a partir del avance de la pesquisa, especialmente por el aporte de la dificultosa tarea de trazabilidad que está siendo llevada a cabo para identificar el flujo de los activos virtuales operados por la organización, a la fecha está acreditado que esta asociación se encargó de a recepción y posterior transferencia de, al menos, USD 520.531.997,645 provenientes de un ilícito penal en el período 11 de febrero de 2021 a 6 de septiembre de 2023.»
Los eslabones de la red financiero canalizaban muchas transferencias. Por ejemplo Wilson Alexandre Cardoso de Oliveira, desde las oficinas de Palermo, realizaban movimientos del banco Santander mediante transferencias y depósitos comúnmente fraccionados desde muchas sucursales: operó por ejemplo en las sucursales de Rosario, Rosario Centro, Posadas, Plaza Houssay, Santiago del Estero, Bahía Blanca, Chaco, El Dorado, Salta, Corrientes, Paraná, La Carlota, Córdoba.
El camarista Gustavo Hornos
Hace unos días el camarista de Casación Gustavo Hornos validó las condenas a tres años de prisión condicional a los brasileños que aceptaron su delito, y rechazó la apelación de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) al acuerdo. Los sentenciados aceptaron su delito y las multas cuantiosas que les fijaron. Son Felipe Gabriel Correia Goncalves, con multa de 720 millones de pesos). Eliamar Das Dores De Melo, Wilson Alexandre Cardoso De Oliveira y Thiago Cardoso de Oliveira, con multas a cada uno de 480 millones de pesos. Y Selma De Lima Muniz Barbosa, con multa de 180 millones de pesos.
Ya había condenados en una primera etapa otros tres operadores identificados como Ma Hai, oriunda de China, Katherine Yola Chasqui Inta, de Bolivia, y Juan David Babilonia Mora, colombiano. El Ministerio Público Federal pidió que otros investigados como Juan José Isola, María Antonella Garbagnati, Luana Belén Isola y Samira Eugenia Isola vayan a juicio oral. Los acusan de recepcionar de Alves de Sousa unidades de activos virtuales por dos billeteras Binance y tres descentralizadas, que originaron transacciones «por un valor total de 74.332.149,35 dólares».
En total, por los fondos encontrados al grupo cuando los detuvieron les decomisaron más de 18 millones de pesos, 271 mil dólares, 28 mil reales, 4.500 euros y cinco vehículos valuados en 130 millones de pesos.
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