PorMunicipalidad Villa Regina
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Esta semana continuó la capacitación de RCP y primeros auxilios para el personal municipal de distintas dependencias.
La misma fue brindada por Bomberos Voluntarios de Villa Regina y coordinada por la oficina de Higiene y Seguridad Laboral de la Municipalidad.
Recordemos que a fines de agosto un grupo de agentes municipales había participado de una actividad similar.
El próximo domingo 3 de octubre se corre la cuarta edición ‘Corrida Aniversario’ organizada por el Grupo Comahue, competencia a la cual acompaña la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina. Aún quedan cupos disponibles en las distintas categorías, para lo cual deberán completar el formulario de preinscripción en https://forms.gle/qwnLf4A35wAn7Fao7 Por otro lado,…
¿Qué es el buen funcionamiento del organismo? El andar de nuestro organismo responde a todo lo que hago por él. Lo que hago por él puede ser consciente, darme alegría, dolerme, o todo lo contrario. Desde las Ciencias Naturales, exactas o duras, podemos decir que para lograr el buen funcionamiento del organismo es que comemos…
La Cámara Federal de Mar del Plata ordenó al gobierno de Javier Milei a adoptar medidas urgentes para mejorar las condiciones de seguridad en un tramo de la ruta nacional 3 que presenta un estado crítico tras la parálisis de la obra pública.
Los jueces hicieron lugar a una medida cautelar impulsada por el municipio de Azul ante el grave estado de la calzada donde se vienen registrando varios accidentes.
La resolución alcanza al tramo de la ruta que une la ciudad de Azul con la localidad de Cacharí y obliga tanto a Vialidad como a la empresa Corredores Viales S.A. a implementar acciones inmediatas para reducir los riesgos que enfrentan los automovilistas en esa ruta.
El fallo revocó una decisión previa del Juzgado Federal 2 de Azul, que había rechazado la cautelar. Al analizar el caso, los camaristas concluyeron que existe un riesgo actual y concreto para los usuarios de la ruta, respaldado por distintos elementos incorporados al expediente.
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Entre ellos, destacaron que durante los últimos seis meses se registraron 11 siniestros viales en ese tramo y que informes elaborados por la Policía Federal Argentina constataron la presencia de baches, hundimientos, huellas producidas por el tránsito pesado y deficiencias en la señalización.
La Cámara intimó al gobierno libertario a presentar, en un plazo de 10 días hábiles, un plan de trabajo detallado ante el Juzgado Federal de Azul. El documento deberá especificar las obras previstas, el orden de prioridades, los responsables de su ejecución, el cronograma de tareas y las medidas de contingencia que se aplicarán durante el proceso.
Además, los jueces establecieron que los trabajos deberán completarse en un plazo máximo de 120 días corridos y quedar sujetos al control judicial, con la obligación de presentar informes mensuales sobre el avance de las obras.
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Mientras se ejecutan las reparaciones definitivas, el fallo también ordena la adopción de medidas preventivas para disminuir el peligro en la circulación. Entre ellas, la colocación de carteles de advertencia y señalización preventiva, la implementación de reducciones de velocidad, balizamiento, dispositivos para mejorar la visibilidad nocturna y reparaciones provisorias en los sectores considerados más críticos.
Al fundamentar la decisión, los magistrados señalaron que la medida cautelar tiene como objetivo evitar que se produzcan nuevos daños frente a un riesgo comprobado, sin que resulte necesario esperar una definición sobre las responsabilidades de fondo.
Asimismo, recordaron la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece que los organismos encargados de servicios vinculados con la seguridad de las personas tienen el deber de adoptar todas las medidas razonables para prevenir riesgos previsibles, y remarcaron que la resolución busca resguardar el derecho a la vida y la integridad de quienes circulan por la ruta 3.
El Intendente Marcelo Orazi recibió esta mañana a Octavio Soto y Elizabeth Lucero, la dupla reginense que participó de la 45º edición de la Regata del Río Negro y que se ubicó tercera en la categoría K2-Mixto. Acompañado por el Director de Deportes Damián Álvarez, Orazi los felicitó por el destacado papel que cumplieron en…
Escándalo en el Gobierno de Milei por la designación de Adriana Baravalle en Ciencia: su doctorado en Inteligencia Artificial quedó bajo la lupa por la universidad que lo otorgó.
Por Roque Pérez para NLI
La designación de Adriana Baravalle como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología abrió una polémica que excede largamente una discusión sobre currículums. La funcionaria llega para conducir una de las áreas estratégicas del Estado argentino con un doctorado en Inteligencia Artificial otorgado por la American Andragogy University, una institución radicada en Hawaii que, según distintas fuentes periodísticas, no cuenta con reconocimiento oficial en Estados Unidos.
El dato resulta particularmente llamativo porque Baravalle no fue presentada como una funcionaria administrativa más, sino como una especialista destinada a conducir la política científica y tecnológica de un país que posee universidades, investigadores, organismos científicos y una extensa tradición académica. La controversia, por lo tanto, pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué criterios está utilizando el Gobierno de Javier Milei para seleccionar a quienes deben conducir la ciencia argentina?
El título de doctora en Inteligencia Artificial que figura asociado a Baravalle proviene de la American Andragogy University, una institución de enseñanza a distancia de Hawaii cuya situación académica generó cuestionamientos. La propia universidad se presenta como una institución con métodos de formación “no tradicionales” y advierte que sus diplomas pueden no resultar habilitantes para determinadas profesiones.
La controversia se profundiza por las características del programa. Según la información difundida sobre la institución, una tesis doctoral podría completarse en un período extraordinariamente breve, algo que naturalmente despierta interrogantes cuando se lo compara con los procesos habituales de formación doctoral en universidades reconocidas.
El problema no es que una persona estudie a distancia. Tampoco que una universidad tenga métodos pedagógicos diferentes. La cuestión central es otra: qué reconocimiento académico tiene efectivamente el título y qué valor posee una credencial de ese tipo para quien pasa a dirigir la política científica de la Argentina.
El caso ya generó repercusiones en otros países. Distintas publicaciones recordaron que en Perú hubo cuestionamientos vinculados con un ex funcionario que había incorporado a su currículum un doctorado otorgado por la misma institución.
La polémica adquiere una dimensión mayor cuando se la coloca en el contexto de la política científica del Gobierno.
Mientras el sistema nacional de ciencia y tecnología atraviesa recortes presupuestarios, pérdida de investigadores y reducción de programas, la administración libertaria acaba de colocar al frente del área a una funcionaria cuya principal credencial polémica es precisamente un doctorado cuya validez académica genera cuestionamientos.
No se trata de descalificar toda la trayectoria de Baravalle. Y allí está justamente una de las cuestiones que conviene separar para evitar simplificaciones.
La funcionaria sí posee antecedentes académicos y profesionales comprobables. Tiene formación de posgrado en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento en la Universidad Austral, experiencia en áreas vinculadas con inteligencia artificial, ciberseguridad y gestión de datos, y una extensa actividad docente. La propia Universidad Austral registra su trayectoria académica y profesional.
También aparece documentada como doctoranda en Ingeniería de la Universidad Austral, además de contar con antecedentes de investigación y participación en actividades vinculadas con inteligencia artificial y ciberseguridad.
Por eso, el escándalo no pasa sencillamente por afirmar que “no sabe nada” o que carece de formación. Eso sería una caricatura y no está respaldado por la información disponible.
La discusión es más precisa: ¿por qué una funcionaria con una trayectoria profesional real decidió incorporar a su perfil el título de doctora en Inteligencia Artificial de una institución cuya acreditación genera semejante controversia? ¿Qué evaluación hizo el Gobierno de esa credencial antes de designarla para conducir la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología?
La escena tiene además una carga simbólica difícil de ignorar.
Argentina posee universidades públicas y privadas de enorme prestigio, investigadores reconocidos internacionalmente, organismos como el CONICET, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la Comisión Nacional de Energía Atómica y una comunidad científica que durante décadas construyó capacidades en campos como biotecnología, medicina, física nuclear, informática, inteligencia artificial y tecnología satelital.
En ese contexto, la conducción política de la ciencia no es un cargo menor. Define prioridades de investigación, políticas de innovación, vínculos con universidades, financiamiento, transferencia tecnológica y buena parte de las condiciones en las que trabajan miles de científicos.
La designación de Baravalle, entonces, vuelve a poner en discusión una contradicción más profunda del modelo libertario: un Gobierno que cuestiona permanentemente las estructuras académicas y científicas existentes termina generando controversias alrededor de las credenciales de quienes coloca al frente del sistema.
El caso tampoco debería convertirse en una caza de brujas contra la funcionaria. Su trayectoria previa merece ser evaluada por sus resultados, sus antecedentes comprobables y sus decisiones al frente del organismo. Pero justamente por tratarse de un área estratégica, las credenciales académicas de quien la conduce deben poder ser examinadas públicamente.
La ciencia no funciona sobre la base de títulos decorativos ni de etiquetas. Funciona sobre publicaciones, investigación, evaluación de pares, instituciones, evidencia y conocimiento acumulado.
Y allí aparece la paradoja que deja este nuevo episodio del Gobierno de Milei: mientras se reclama “excelencia” para justificar el ajuste sobre universidades, investigadores y organismos científicos, la persona elegida para conducir la política nacional de ciencia llega al cargo envuelta en una polémica precisamente por una de sus credenciales académicas.
El problema, en definitiva, no es solamente Adriana Baravalle. Es qué lugar ocupa el conocimiento científico en el proyecto de país que propone el Gobierno y cuáles son los criterios con los que se decide quién tiene la responsabilidad de conducirlo.
Porque una nación que pretende disputar el futuro tecnológico no puede darse el lujo de convertir la discusión sobre quién dirige su ciencia en una discusión sobre si un doctorado merece o no ser considerado un verdadero doctorado.
La pregunta queda abierta. Y ahora deberá responderla el Gobierno.
Juan Bautista Mahiques le concedió este viernes una entrevista al diario La Nación para negar que estuviese trabajando en el blindaje judicial de Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino, tal como informó LPO. «Nadie vine a blindar a nadie», dijo el ministro de Justicia, pese a que se convirtió en el relevo de Mariano Cúneo Libarona por la recomendación de Martín Menem y Daniel «Tano» Angelici a Karina Milei.
Durante el reportaje también negó su relación con los dirigentes del fútbol argentino, además de su vínculo con Tapia. «No conozco a Claudio Tapia, no tengo ningún tipo de injerencia ni relación ni absolutamente nada con la AFA», sostuvo.
Sin embargo, el ministro dijo todo lo contrario apenas asumió y le brindó una nota al periodista Luis Majul en LN+. En esa ocasión, el conductor televisivo le hizo escuchar incluso una cerrada defensa de su persona que hizo Javier Milei, en el mismo canal: «Mahiques es una persona con mucha experiencia, con mucho trabajo en la función pública y como toda persona pública sufre operaciones donde lo acusan falsamente de tener vínculos con la AFA, lo cual es falso y no los tiene», dijo el Presidente.
Después de compartir esa pieza ante la audiencia, Majul le preguntó a Mahiques: «¿Tiene o no tiene vínculos con la AFA?». «Vínculos, a qué nos referimos con vínculos. ¿Los conozco? Sí, los conozco. Conozco a muchos dirigentes del fútbol. Yo juré como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires e inmediatamente creé, entre otras fiscalías, la fiscalía especializada en eventos masivos. Esa fiscalía tenía que investigar la violencia en el fútbol. A partir de ahí, firmé convenios con todos los presidentes de todos los clubes de fútbol», respondió el ministro.
Mahiques coloniza el fuero comercial para ayudar a Tapia y Toviggino
Incisivo, Majul repreguntó: «¿No los conocía de antes ni a Tapia ni a Toviggino?». «Sí, los conocía de antes. Yo había estado en el Tribunal de Resolución de Disputas de la FIFA en 2016. Lo conocía a Tapia, me lo había cruzado socialmente. O sea, no soy ni de cerca amigo ni nada por el estilo», contestó Mahiques contradiciendo a Milei.
Su reconocimiento sobre su incorporación al tribunal de la F
IFA demuestra que al ministro le incomodaría la proximidad de la audiencia por la disputa por la competencia del juzgado de Campana, Adrián González Charvay, y el juez Marcelo Aguinsky, con asiento en Comodoro Py, por la causa de la mansión de Pilar. Ese litigio escaló hasta la Sala I de la Cámara de Casación, presidida por Diego Barroetaveña e integrada por Mariano Borinsky y Alejandro Slojar como subrogantes.
No conozco a Claudio Tapia, no tengo ningún tipo de injerencia ni relación ni absolutamente nada con la AFA.
Barroetaveña y Borinsky se pronunciaron a favor de abrir el recurso de queja de los defensores de los presuntos testaferros de Toviggino y deberán tomar testimonio el próximo 12 de agosto. Barroetaveña, además de ser el titular del máximo tribunal penal del país, integró el tribunal de Ética de la AFA, mientras que Borinsky, un magistrado tan apasionado por su vocación como por el fútbol, aceptó que la Casación debía tomar el caso aunque en otras ocasiones falló en sentido contrario.
Tapia y Toviggino aspiran a que la causa tramite en la sede de Campana, donde estiman un tratamiento más benévolo. Mahiques, por su parte, se pasó los últimos meses negando que su padre, Carlos «Coco» Mahiques, hubiera festejado su 74° cumpleaños en la mansión de Pilar, cuya propiedad está bajo investigación.
Contra la repentina asepsia de Mahiques, consta la autorización de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura, fechada el 21 de diciembre de 2017, para que pueda integrar el tribunal de Resolución de Disputas de la FIFA. El artículo 1° de aquel documento público, firmado por los consejeros Luis María Cabral, Ángel Rozas y Léonidas Moldes, dispensó al por entonces representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la «inhabilidad» prevista en el reglamento de la Justicia nacional.
En rigor, el ministro asumió su cargo en marzo pasado con la misión de aplacar el avance judicial de las causas que atormentaban a Karina, como LIBRA, Andis y Adorni. Pero también escaló desde la Procuración porteña para aliviar a la AFA, asediada por la denuncia del empresario Guillermo Tofoni.
