Este sábado a partir de las 21 horas llega al Galpón de las Artes ‘La Corredora’, una comedia dramática, unipersonal, protagonizada por Ana Muzzin, basada en un texto de Fabián Díaz, dirigida por Nicolás Caminti, con producción de Escena Urgente. La obra es en el marco del ciclo ‘Desde el Galpón’ de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina.
La capacidad es limitada, por lo que las reservas deberán realizarse a los teléfonos 291-4025290 o 298-4650817. El valor de la entrada es de $600.
La obra
En un gimnasio, en una cinta, una solitaria corredora siente una fuerte obsesión por una nadadora que no sabe de su existencia. Mientras corre, hace catarsis hablando con ella en su mente e imagina una relación que no existe. El único remedio para su soledad serán sus fantasías.
El intento de suicidio y el suicidio consumado son significativos problemas de salud a nivel mundial, siendo este último una de las causas más frecuentes de muerte en adolescentes y adultos jóvenes. Hay varios factores que impiden su detección, y por ende, ejercer una adecuada prevención, estos son: Estigma social y silencios. Dificultad en la…
La condena por cobro de sobornos al jefe de fiscales de Rosario Patricio Serjal, dictada hace tres semanas, hizo pasar casi desapercibida una sentencia que lo favoreció en otro acto de corrupción aparente, en la que de manera incomprensible perdonó al empresario Sergio Taselli por uno de los mayores casos de contaminación ambiental en la provincia de Santa Fe, el envenenamiento de 23 hectáreas por derramamiento de gas cloro comprobado a Petroquímica Capitán Bermúdez.
Es un asunto sensible y estratégico para Santa Fe, en tanto implica un daño del ecosistema constatado por múltiples pericias en una zona densamente poblada, a cinco kilómetros de Rosario, donde está en juego además de la salud pública el destino de tierras multimillonarias sobre el río, que el Estado provincial podría recuperar.
Pero es muy sensible también para las instituciones de Santa Fe que hicieron todo para que este caso quedara impune con resoluciones polémicas, de dudoso valor jurídico y hasta inentendibles, que involucra a actores de peso. Hasta el día que asumió como ministro de Justicia de la Nación, el abogado de Taselli, acusado por la contaminación, fue Mariano Cuneo Libarona. Los fiscales de este caso dijeron en audiencia no tener dudas de cuál fue el motivo por el cual Serjal, condenado por cobrar coimas para proteger a un capitalista de juego clandestino, ordenó el fin de la investigación a este grupo empresario ni bien comenzaba.
Taselli dirigió desde 2004 una veintena de empresas que explotan la generación de energía, metalurgia como Aceros Zapla, maquinaria agrícola y sector agropecuario La situación que termina con el perdón al empresario y al ex fiscal regional Serjal, que había dado la orden de renunciar a perseguirlo, fue una batalla a cielo abierto en el que la Corte Suprema de Santa Fe tuvo un papel controvertido en extremo que sigue en discusión.
Petroquímica Capitán Bermúdez.
Lo que pasó ahora es que el camarista penal Tomás Orso resolvió que el caso estaba prescripto. Esto en concordancia con el fallo de la Corte Santafesina que de una manera muy polémica aceptó un recurso de los nuevos defensores de Taselli, que de manera temprana, sin que hubiera lo que se llama gravamen irreparable porque la causa estaba empezando, dijo que correspondía revisar el caso y sostuvo luego que el tema no podía avanzar porque era cosa juzgada, contra todos los tribunales inferiores que opinaron lo contrario. Todo eso la Corte lo hizo dirimiendo un empate con un conjuez convocado en forma oscura.
La discusión judicial de este caso derrapó al bochorno y el escándalo. Pero lo que no resuelve la estructura jurídica que perdona a todos es el problema real, extraordinariamente grave, que es el de la contaminación comprobada que dejó la empresa de Taselli, el derrame del gas cloro. El caso judicial termina, nadie es culpable. Pero la grave crisis ambiental con acuíferos comprometidos perdura como problema escasamente atendido por las autoridades.
Los estudios de suelo realizados hace algo más de un año, pasados casi nueve de que una organización civil advirtiera el derrame, confirman niveles de polución graves originados por el tratamiento negligente de químicos altamente contaminantes en Petroquímica Capitán Bermúdez. Lo realizaron ingenieros de la UTN de San Nicolás.
El dictamen consta en el expediente 02102 0010468-8 de la cartera provincial de Medio Ambiente. Se consignan en el tomo quinto los exámenes sobre las muestras tomadas los días 16 al 31 de agosto de 2023 y las conclusiones de expertos de esa universidad. Indica que la fábrica elaboró durante años una gran cantidad de productos en base a cloro, solo o combinado, lo que en este caso último recibe el nombre genérico de compuestos organoclorados, que son muy persistentes para el medio ambiente y con altos niveles de toxicidad para el ser humano y el ecosistema.
El informe que recoge el dictamen técnico indica que el acuífero Pampeano, que se encuentra a una profundidad de 20 metros, «se encuentra severamente comprometido por presencia de compuestos organoclorados en concentraciones que superan lo reglamentado».
Petroquímica Capitán Bermúdez.
Esto es un problema actual que no resuelve el definitivo despegue de responsabilidad que realiza el camarista Orso. Que también favoreció a Patricio Serjal al desvincularlo del delito de encubrimiento, por el cual también estaba acusado el fiscal de Estado adjunto del gobierno del socialista Miguel Lifschitz, Gustavo Luzzini. Esto porque Luzzini consintió el cierre de la causa sin protestarla cuando tenía órdenes de Lifschitz de investigar a fondo e impulsar acciones contra los responsables del desastre ambiental.
Mariano Cuneo Libarona fue hasta asumir como ministro el abogado de Taselli, favorecido por la Justicia de Santa Fe.
Lo que dijo Orso básicamente es que no puede proseguir la investigación contra los tres responsables de Petroquímica-Sergio Taselli, su hijo Máximo Taselli y el directivo Matías Gallegos- ya que el fiscal Serjal ordenó archivarla lo que lo convirtió en cosa juzgada. Sin embargo jamás fueron juzgados los empresarios ni tampoco los funcionarios acusados de encubridores. Nunca nadie fue imputado ni hubo una investigación agotada. Y la sospecha es que eso, una contaminación enorme que persiste que le fue comprobada a una empresa poderosa, es porque como dijeron los fiscales en las audiencias corrió dinero para eso.
El camarista entendió que como hay una propuesta para remediar el daño ambiental en base a una conciliación entre la empresa denunciada y la provincia de Santa Fe la respuesta no debe ser meramente punitiva como pretendieron los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.
Orso tomó como válida la salida que dio Serjal al caso que es cerrarla con un principio de oportunidad que significa prescindir de la persecución penal. Es polémico porque Serjal tuvo esa discrecionalidad cuando está, como en este caso, comprometido el interés público, lo que prohíbe esa salida. Pero el camarista lo avaló cuando había un decreto de un gobernador que pedía investigar el caso hasta las últimas consecuencias.
En 2015 una organización no gubernamental y el gobierno santafesino advirtieron que Petroquímica Capitán Bermúdez operaba en instalaciones deterioradas, no aptas para la manipulación de esos químicos. Hubo inspecciones que evidenciaron falta de mantenimiento en accesorios, cañerías y tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas que se derramaron. Detectaron bombonas de cloro desgastadas a la intemperie, estructuras que contenían material peligroso para la salud deterioradas, tanques rotos donde se guardaban sustancias químicas como benceno, amianto y mercurio, y derramamiento de estos elementos químicos en tierra.
Un daño que no cesa
La compañía fabricaba gas cloro como principal producto, un gas venenoso con cualidades muy corrosivas. Su inhalación en pequeñas cantidades afecta las vías respiratorias. En el predio había presencia de sustancias altamente tóxicas en niveles 50 veces más altos que los tolerables para la salud de las personas. Un perito oficial, el ingeniero Andrés Salum, verificó bombonas de cloro desgastadas a la intemperie, estructuras que contenían material peligroso para la salud deterioradas, tanques rotos donde se guardaban sustancias químicas como benceno, amianto y mercurio, y derramamiento de estos elementos químicos en tierra.
Serjal ordenó renunciar a la persecución al fiscal actuante para dar a los empresarios un criterio de oportunidad, lo que el juez Juan José Tutau, ante ese pedido, concedió. Otro magistrado, Carlos Gazza, consideró más tarde que ese fallo fue injustificable y lo anuló, lo que resultó avalado después por unanimidad por los camaristas rosarinos Georgina Depetris, Alfredo Ivaldi y Carolina Hernández.
Pero la Corte de Santa Fe consideró que la orden de Serjal de favorecer a Taselli con un criterio de oportunidad significaba una salida justificada al trámite penal. La situación quedó trabada con tres votos por lado: los ministros Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi y Eduardo Spuler a favor del pedido de Taselli. Y sus colegas Mario Netri, Daniel Erbetta y Roberto Falistocco en disidencia. Hubo que convocar a un conjuez mediante un sorteo a puertas cerradas para dirimirlo. Se llamó al camarista Fernando Gentile Bersano. Con eso se desniveló en favor de lo que quería la empresa. La fiscalía que llevaba el caso no fue notificada ni de que se agregaba un votante al caso ni tampoco de lo resuelto.
Orso ahora dice que para el fiscal general Jorge Baclini, máxima autoridad al momento en que Taselli fue favorecido, le interesaba la remediación del ambiente más que la persecución penal. Esto generó la reacción en la apelación a la Corte Nacional del fiscal Schiappa Pietra. Este dice que no es cierto que para Baclini lo principal era la remediación y que no se puede omitir investigar a cambio de nada.
El hecho de que Orso destaque que el artículo 46 de la Constitución Nacional indica que el delito de daño ambiental genera prioritariamente la obligación de recomponer el ecosistema genera rechazo en los fiscales. Estos recordaron que un gobernador ordenó a los fiscales de Estado que denuncien un delito de contaminación ambiental en 2015. Que como consecuencia de eso se probó con técnicos del Ministerio de Medio Ambiente que el de Petroquímica Bermúdez es el pasivo ambiental más importante de la provincia y compromete el suelo, el agua y el aire de 23 hectáreas a la vera del río Paraná en una zona pre portuaria de alto valor geopolítico económico. Que esto está probado por lo que son hechos y que todas las remediaciones fueron fallidas por lo que fracasó cualquier intento de solución del caso por medios alternativos a la cuestión penal.
Ese fracaso, dicen, implicó la imposibilidad de arribar a un acuerdo remediatorio de las consecuencias dañinas para la salud que la contaminación del predio causa. Dicen los fiscales que unos artículos más arriba del que cita el camarista Orso la Constitución Nacional indica que los delitos de corrupción son equiparables a delitos de lesa humanidad. Y que por ello irán hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos si a nivel nacional el caso queda cerrado.
«Propuestas de remediación hubo en varios planes, lo que implicará trabajos de más de una década para intervenir en las vertientes del predio para que no desemboquen en el río, y también limpiar el terreno. Es algo muy costoso que es si duda fundamental para la solución del caso», le dijo a LPO el fiscal Schiappa Pietra. «Pero acá hay otro principio que es la reparación, económica y cómo es la salida punitiva. Nada de esto se discutió por lo que es irrelevante y equivocado jurídicamente pensar que porque hay remediación no se impulse la acción penal», dijo el fiscal contra el fallo del camarista Orso.
En la provincia de Santa Fe no están claras las acciones ni menos la energía política para resolver este pasivo ambiental que es el más importante en décadas. Desde la cartera de Medio Ambiente del gobierno de Maximiliano Pullaro, a cargo de Enrique Estévez indicaron a LPO que hay tres líneas de reparación ambiental en este momento que son el desmantelamiento edilicio en Petroquímica Capitán Bermúdez, el saneamiento del suelo y de las vertientes de agua en el terreno de la empresa.
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Así lo resolvieron los médicos luego de ser internada.
Por la Redacción de NLI
Tras ser internada en el Sanatorio Otamendi por un profundo dolor estomacal, Cristina Kirchner será operada de apendicitis.
El episodio ocurrió en su departamento de la calle San José al 1100. Ante la dolencia, un equipo médico se presentó en el lugar y, tras una primera evaluación, resolvió que era necesario su traslado a un centro de salud para realizarle estudios más exhaustivos.
Con la correspondiente autorización judicial, Cristina fue derivada al Sanatorio Otamendi, institución en la que suele atenderse y donde permanece internada para su observación. Ese centro de salud fue el mismo en el que, en 2021, se sometió a una histerectomía, última intervención quirúrgica de la que se tuvo conocimiento público.
Fuentes vinculadas a su estado, señalaron que presentaba un cuadro de apendicitis del cual será intervenida a la brevedad.
La apendicitis es la inflamación e infección del apéndice, un pequeño saco en forma de dedo unido al intestino grueso, generalmente en la parte inferior derecha del abdomen. Ocurre cuando se obstruye (por heces, objetos o tumores), lo que causa una infección bacteriana, hinchazón y dolor abdominal intenso que suele empezar alrededor del ombligo y moverse hacia la derecha, siendo una urgencia médica que requiere tratamiento para evitar que se rompa y cause complicaciones graves.
Lo indescifrable abruma, inquieta, y nos torna sintomáticos. Explorar los trípticos de Bacon en invierno nos conduce hacia las tinieblas subjetivas de la ignominia y el desasosiego. Intentaremos sobrevivir a sus pinturas con: la regla del tres. Hacia allí vamos… Primera regla: tres minutos para respirar y no dejar que este cuadro nos asfixie. Retuvimos…
La relación entre La Libertad Avanza y el PRO llegó a un punto de máxima tensión en Bahía Blanca, donde todo está dado para que voten divididos los aumentos de tasas previstos por la gestión del peronista Federico Susbielles, situación que derivaría en una ruptura que amenaza con tener una onda expansiva a escala provincial.
Luego de la polémica en la que el municipio quería cobrarle una tasa extra a las empresas del Polo Petroquímico, ahora las partes acordaron que las empresas se comprometen a hacer «contribuciones especiales» por dos años para obras hidráulicas. Por eso, en el PRO se encaminan a aprobar el proyecto del Ejecutivo en la sesión prevista para este jueves.
Sin embargo, los libertarios sostienen que, más allá del acuerdo con el Polo, la fiscal-impositiva de Susbielles acarrea «un impuestazo», con aumentos del 75% y cambios de métodos de cálculo, razón por la que van a rechazarla, en línea con la orden de Karina Milei de no votar subas por encima de la inflación.
Frente a eso, fuentes con llegada al diputado electo Oscar Liberman consultadas por LPO hablan de «traición» del PRO y advierten: «Esto va a hacer que se rompa la alianza en la provincia».
Con ocho concejales, Susbielles necesita cinco votos opositores para tener aprobadas las tasas de 2026.
Fuentes del Concejo bahiense sostienen que, para alcanzar 13 voluntades, el intendente tiene garantizado el aval de dos concejales alineados al lilito Andrés De Leo y de tres concejales del PRO, que en el distrito lidera Emiliano Álvarez Porte.
También hay dudas sobre cómo votarán el radical Pablo Daguerre, la libertaria Valeria Rodríguez y Sebastián Nieto, el posible reemplazo del libertario díscolo Carlos Alonso, internado en Chile tras una competencia de ciclismo.
Cerca de Liberman sostienen que el apoyo del PRO a la fiscal-impositiva viene de la mano de un supuesto acuerdo con Susbielles para barrer de la presidencia del Concejo al libertario Mauro Reyes, alineado a Liberman.
Como sea, la bronca libertaria tiene su epicentro en quienes fueron sus aliados en la última elección de septiembre. Ya había malestar cuando la concejal ritondista Gisela Caputo, que logró revalidar su banca mediante la boleta de la alianza LLA, anunció que el PRO no se fusionaba y seguiría teniendo su propio bloque.
Esa postura a días de la elección generó un efecto cascada que el PRO repitió en el resto de los recintos legislativos de la provincia.
Ahora, cerca de Liberman sostienen que el apoyo del PRO a la fiscal-impositiva viene de la mano de un supuesto acuerdo con Susbielles para barrer de la presidencia del Concejo al libertario Mauro Reyes, alineado a Liberman.
En el PRO cruzaron a los libertarios: «Ponen sus propios intereses por delante de algo que hay que considerar. Esta ciudad está destruida y la Nación no ayudó en nada».
El posible recambio de autoridades es algo que ya hace mucho ruido en los pasillos del Concejo bahiense.
En 2023, fue objeto de ruptura entre Marité Gonard (que asumió como presidenta del Concejo) y Liberman (que consideraba que el Concejo tenía, por entonces, estar presidido por un concejal de Susbielles, que venía de ganar la elección.
Ahora, la foto cambió. Los libertarios encuadrados con Liberman creen que Reyes debe seguir en la presidencia: «Es un lujo, doctor en Economía, es del partido ganador y está en ejercicio, ¿para qué cambiar?», dicen.
Cerca del PRO comandado por Álvarez Porte negaron las acusaciones libertarias y señalaron que el acuerdo de este miércoles del municipio con el Polo contempla incluso la auditoría del Concejo y que no hay razones de rechazar la voluntad de ayuda de las empresas. Además, relativizan los cálculos que hacen los libertarios.
Así, acusaron a LLA: «Ponen sus propios intereses por delante de algo que hay que considerar. Esta ciudad está destruida y la Nación no ayudó en nada». Y agregaron: «No está bien la cosa entre LLA y el PRO».
Aunque se ven en un futuro próximo votando más veces separados que juntos, en el PRO dicen que todavía no trataron el tema de la presidencia del Concejo, aunque creen que debería ser para alguien que integró la última lista ganadora en Bahía.
Pero en LLA avisan que si, además de votarle la fiscal-impositiva a Susbielles, los concejales de Ritondo contribuyen a voltear al actual presidente del Concejo, se rompe la alianza con el PRO: «Va a ser a matar o morir», aseguran y vaticinan un conflicto de escala provincial.
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