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La Procuración General de la Nación dictaminó a favor de la medida del gobierno de Javier Milei que prohibe a los municipios cobrar tasas municipales en las boletas de luz, resolución que está judicializada por varios intendentes desde 2024, cuando fue promovida por Toto Caputo.

Con múltiples disputas judiciales abiertas y fallos a favor de las comunas, la polémica escaló a la Corte Suprema, que pasó vista al organismo a cargo de Eduardo Casal.

Ahí, la Procuración sostuvo que la medida del Gobierno no ataca las autonomías municipales y advirtió que las comunas pueden cobrar las tasas por otra vía. Eso, a pesar de admitir que puede existir un impacto con esta modificación.

Intendentes le advierten a Caputo que no podrán pagar el alumbrado público si no cobran las tasas en las boletas

«En el caso no se ha demostrado que el actuar estatal cuestionado adolezca de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta», dice el dictamen de la Procuración firmado por Laura Monti, al que tuvo acceso LPO.

Ese dictamen refiere al expediente donde tramita la demanda de la Municipalidad de José C. Paz contra el Ministerio de Economía pero también la Procutación los aplicó a las demandas presentadas por los municipios de Hurlingham, San Martín, Pilar e Ituzaingó.

Como contó LPO, desde que Caputo dio a conocer esta prohibición los intendentes salieron en bloque con presentaciones judiciales, alertando sobre el impacto de la medida en la recaudación del tributo por Alumbrado Público, que en los distritos del conurbano mayoritariamente está integrado a la boleta de energía eléctrica para garantizarse una mayor cobrabilidad.

Si la Corte sigue la línea de la Procuración, en varios municipios advierten que está en riesgo el alumbrado publico.

«En los municipios primero vamos a pagar los remedios, segundo la guardia de los médicos, tercero los sueldos, cuarto el alimento que entrega Desarrollo Social y quinto el combustible. Lo último será la factura del alumbrado público. Hay prioridades. ¿Qué van a hacer las empresas? ¿Cortar la luz en las ciudades?», dijo un intendente a LPO apenas se disparó la polémica.

Intendente aliado de Milei desafía a Caputo y quiere cobrar el alumbrado en las boletas de luz

Además del caso de José C. Paz, la Procuración sacó un dictamen de similar tenor en el expediente donde tramite la demanda del municipio de Río Grande.

Ahí, sostuvo que la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo y descartó una afectación de la autonomía municipal.

En el caso de los municipios del Conurbano, la Procuración advirtió que existe legislación que establece que la factura de energía eléctrica «no podrá incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados». 

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina informa que continúan abiertas las inscripciones a las siguientes Escuelas Deportivas: handball, vóley, básquet, patín, hockey, karate y newcom. Los interesados deben dirigirse a la Oficina de Deportes ubicada en las instalaciones del polideportivo Cumelen en el horario de 7,30 a 13,30. Difunde esta nota

Martín Llaryora encontró en la seguridad uno de los ejes para intentar perforar la resistencia que tiene el peronismo cordobés en los sectores medios de Córdoba, proclives a votar a La Libertad Avanza en las últimas elecciones. Por eso decidió que la flamante Ley Antibúnker tenga un protagonista indiscutido: el ministro del área, Juan Pablo Quinteros, un dirigente que no pertenece al peronismo, que construyó su carrera política desde la oposición y cuyo apellido remite a una de las familias tradicionales de la aristocracia capitalina.

La sanción de la Ley Provincial Antibúnker y Antiaguantaderos terminó así convirtiéndose en una herramienta más política que efectiva contra el narcotráfico.

Aunque la ley le otorga al Ministerio de Seguridad un rol central y podrá iniciar actuaciones de oficio o por denuncias, inspeccionar inmuebles, ordenar intimaciones a propietarios, disponer clausuras preventivas, tapiados, cerramientos, bloqueos de accesos y custodia perimetral, Quinteros no podrá ordenar demoliciones por decisión propia; una decisión que quedará en manos de un juez.

En el Centro Cívico la leen como una plataforma para seguir instalando a Quinteros como uno de los aspirantes del oficialismo a disputar la intendencia de Córdoba cuando concluya el mandato de Daniel Passerini.

De hecho, Llaryora se encargó personalmente de darle centralidad cuando lo sentó a su lado durante la presentación del proyecto. El gobernador sostuvo que los búnkeres representan mucho más que un punto de venta de drogas: son la expresión territorial del poder narco y el Estado debe recuperar esos espacios para devolverles tranquilidad a los vecinos, dijo.

En el Panal reconocen que la Capital sigue siendo el distrito más complejo para el oficialismo. Passerini transita el desgaste natural de la gestión municipal y todavía no aparece un heredero indiscutido dentro del peronismo. En ese escenario, el gobernador volvió a demostrar que no tiene reparos en apostar por dirigentes extrapartidarios si considera que pueden ampliar la base electoral.

Quinteros encaja perfectamente en esa lógica. Llegó al gabinete desde la oposición, sin pertenecer al PJ ni al cordobesismo tradicional. Su incorporación fue una señal de apertura política que ahora adquiere una nueva dimensión: la posibilidad de transformarse en candidato del oficialismo para la ciudad de Córdoba e intentar aligerar el peso de los 28 años de peronismo.