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Tutorías para alumnos de la UNS

En el marco del programa ‘La UNS en la región’, la Directora de Recursos Humanos de la Municipalidad de Villa Regina Celia Riffo se reunió con la referente de la Universidad Mara Rojas para coordinar el trabajo en conjunto con el fin de llevar a cabo el acompañamiento por tutorías a los alumnos que por distintas razones debieron volver a su lugar de residencia en el Alto Valle Este.

El ciclo de talleres ‘Estudiar en tiempos de pandemia’ es una propuesta llevada a cabo por las licenciadas en Ciencias de la Educación Vanesa Arias y María Emilia Repetto y busca sostener el acompañamiento a las trayectorias educativas de los estudiantes de la UNS.

El taller que se realizará mañana jueves 1 de julio a las 18 horas será: ‘Herramientas para la preparación de exámenes virtuales’.

La inscripción puede realizarse a través del siguiente link: bit.ly/34BJfmr (se entregarán certificados de asistencia)

(Foto ilustrativa)

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    Kicillof cruzó a Milei: “Cada fracaso lo disfrazan como una nueva etapa”

     

    Fue en el marco de su visita a España.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a apuntar con dureza contra el rumbo del gobierno nacional y dejó una definición que resume el clima político actual: “en cada fracaso dicen que entramos en una nueva etapa”, en referencia directa a la gestión de Milei.

    La crítica no fue aislada ni casual. Desde España, donde participa de la Movilización Progresista Mundial convocada por el presidente Pedro Sánchez, Kicillof trazó un diagnóstico demoledor sobre el modelo libertario, al que acusó de cambiar de rumbo permanentemente para justificar sus propios errores.

    Un modelo que se contradice

    Durante una entrevista radial, el mandatario bonaerense profundizó su cuestionamiento y aseguró que Milei “cambia de teoría como de campera”, en una frase que apunta a la falta de coherencia del programa económico oficial.

    El ejemplo que utilizó no es menor: recordó que el propio Milei sostenía que los precios no debían moverse ante shocks externos, pero ahora el Gobierno atribuye la inflación a factores internacionales como conflictos bélicos. Un giro discursivo que expone la fragilidad del relato libertario.

    En ese marco, Kicillof dejó en evidencia una de las principales tensiones del presente económico: la distancia entre lo que el Gobierno prometía y lo que efectivamente está ocurriendo.

    Sin consumo, sin inversión y con salarios planchados

    El gobernador fue más allá del plano discursivo y puso el foco en los efectos concretos del ajuste. Señaló que el modelo actual se caracteriza por la caída del consumo, la retracción de la producción y la ausencia total de inversión pública, un combo que, según su mirada, va a contramano de cualquier estrategia de crecimiento.

    Incluso reveló que en el exterior le consultan cómo puede funcionar una economía en esas condiciones: “cómo puede crecer un país sin consumo, con salarios que no suben y sin obra pública”, sintetizó, dejando al descubierto el desconcierto que genera el experimento libertario.

    La disputa política que se viene

    Las declaraciones de Kicillof no sólo apuntan a marcar errores de gestión: también consolidan su posicionamiento como uno de los principales referentes opositores al gobierno de Milei.

    En un contexto de ajuste, recesión y tensiones internas dentro del oficialismo, el mensaje del gobernador bonaerense busca instalar una idea clara: no hay “nueva etapa”, hay un modelo que no funciona y que intenta reinventarse para sobrevivir políticamente.

    Y en esa disputa, el peronismo empieza a ordenar su discurso alrededor de una crítica que gana fuerza: el problema no es la etapa, es el rumbo.

     

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    Revocan los procesamientos por el escrache a la casa de Espert y la Cámara expone a la jueza Arroyo Salgado

     

    La Cámara Federal de San Martín dejó sin efecto los procesamientos contra tres militantes acusados por el escrache a la casa de José Luis Espert y dictó la falta de mérito. El fallo cuestiona con dureza a la jueza Sandra Arroyo Salgado y desarma una causa que había sido presentada como un caso de gravedad institucional.

    Por Ramiro C. Ferrante para NLI

    La Cámara Federal de San Martín resolvió revocar los procesamientos dictados contra Eva Mieri, Alexia Abaigar e Iván Díaz Bianchi, los tres militantes acusados por el escrache realizado en 2025 frente al domicilio de José Luis Espert. En su lugar, los jueces dictaron la falta de mérito, lo que implica que, hasta el momento, no hay pruebas suficientes para sostener las acusaciones penales.

    La decisión judicial representa un giro significativo en una causa que había sido inflada mediática y políticamente, y que había derivado incluso en detenciones con fuerte impacto público. Según surge del fallo, las imputaciones no lograron ser acreditadas y los hechos no encuadran en los delitos graves que se pretendían aplicar.

    Un fallo que desarma la hipótesis de “sedición”

    Los camaristas Néstor Barral y Alberto Lugones fueron contundentes: no existió una organización destinada a imponer ideas por la fuerza, ni se configuraron los delitos de atentado al orden público o incitación al odio que había impulsado el juzgado de primera instancia.

    En ese sentido, el fallo advierte que las acciones dirigidas contra Espert no alcanzan para poner en riesgo la estabilidad institucional ni la tranquilidad social, desmontando así el argumento central de la acusación.

    Tampoco se probó la existencia de una asociación ilícita ni la intención de generar violencia política organizada, elementos que habían sido utilizados para justificar imputaciones de extrema gravedad.

    Duras críticas a Arroyo Salgado

    Uno de los puntos más relevantes de la resolución es el fuerte cuestionamiento a la actuación de la jueza Sandra Arroyo Salgado, a quien la Cámara le reprochó haber excedido el objeto procesal y avanzar con interpretaciones forzadas.

    Los jueces señalaron que la magistrada amplió indebidamente el alcance de la investigación y utilizó figuras penales desproporcionadas para los hechos analizados.

    Además, el fallo deja entrever críticas al tratamiento mediático inicial del caso, que acompañó la construcción de una narrativa judicial de alto impacto antes de contar con pruebas sólidas.

    El origen del caso: un escrache político

    El episodio ocurrió en junio de 2025, cuando un grupo de manifestantes realizó un escrache frente a la vivienda de Espert, colocando un pasacalle, panfletos y arrojando excremento en la vereda.

    El hecho se produjo pocos días después de que el propio dirigente libertario realizara declaraciones insultantes contra Florencia Kirchner en un ámbito público, lo que generó repudio inmediato.

    Desde el inicio, la defensa de los acusados sostuvo que se trataba de una acción política simbólica, sin violencia ni afectación de bienes, y que su criminalización implicaba un avance sobre el derecho a la protesta.

    De “terrorismo” a falta de mérito

    La causa había escalado rápidamente con acusaciones que incluían delitos como atentado contra el orden público, amenazas agravadas e incitación al odio, figuras que incluso suelen aplicarse en contextos de extrema gravedad institucional.

    Sin embargo, la Cámara desmontó esa construcción: no hubo pruebas de que los hechos encuadraran en esos tipos penales, ni de que existiera un peligro real derivado de la protesta.

    El contraste entre la imputación original y la resolución final expone una dinámica cada vez más frecuente en el actual contexto político: la utilización del aparato judicial para disciplinar la protesta social y luego su desarticulación en instancias superiores.

    Un mensaje político-judicial

    Más allá de la situación procesal de los imputados, el fallo deja un mensaje claro: no todo conflicto político puede ser traducido en delito penal, y menos aún mediante interpretaciones expansivas que vulneren garantías básicas.

    En un clima atravesado por la polarización y la persecución selectiva, la resolución de la Cámara Federal de San Martín funciona como un límite —al menos parcial— a los intentos de judicializar la militancia.

    La causa seguirá abierta, pero con un dato central ya establecido: las acusaciones que pretendían convertir un escrache en un caso de gravedad institucional no pudieron sostenerse ante el mínimo rigor jurídico.

     

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