El Director de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina Mario Figueroa se refirió a los controles que ha realizado el área a su cargo para evitar que se circule fuera del horario permitido a partir de las medidas vigentes desde el último lunes en la ciudad.
“Junto con la Policía de Río Negro, en nuestro caso las Comisarías Quinta y 35°, estamos trabajando en los controles ya que entre las 0 y las 6 horas no se puede circular”, recordó Figueroa.
Agregó que “los vecinos deben tener conocimiento que quien viole las restricciones va a tener dos consecuencias. Por un lado, un expediente penal por violación a los artículos 205 y 239 y, por el otro, a partir del decreto municipal 059/21, se le va a retener el vehículo por 48 horas y se le va a hacer una infracción de 2 SAM”.
Además insistió en que “debemos seguir usando el tapabocas, respetar el distanciamiento, ser solidarios y corresponsables. No queremos llegar a restringir más, nuestro motor es la actividad comercial, la actividad frutícola, no queremos que se pierda el esparcimiento, las actividades culturales, las deportivas. Tenemos que cuidar nuestra ciudad”.
“Hasta ahora es muy poca la gente que circula después de la medianoche, las bajas temperaturas contribuyen a ello pero nos preocupa lo que puede pasar este fin de semana y por ese motivo hemos decidido incrementar los controles nocturnos junto a Policía”, finalizó Figueroa en declaraciones a distintos medios realizadas en la jornada de este viernes.
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Centro Político, el principal partido de oposición en Colombia, eligió como candidata para para las presidenciales de 2026, a una senadora afín a Donald Trump que apoya la presión contra el régimen de Nicolás Maduro.
Se trata de la Senadora, Paloma Valencia será la carta del partido del Alvaro Uribe en la carrera presidencial que transcurre en el marco del despliegue militar de Estados Unidos en aguas cercanas a Venezuela.
Valencia fue una férrea defensora del despliegue militar de Donald Trump en el Mar Caribe porque «la caída de Maduro» debía ser el «primer paso para que Latinoamérica sea libre».
La candidata de derecha defiende los valores tradicionales y el combate frontal a los grupos armados ilegales y se opone tanto a la Paz Total que implementó Gustavo Petro como al proceso de diálogo que fundó Juan Manuel Santos con las FARC.
Este lunes en un discursocon partidarios en Bogotá promovió el «puño de acero» contra la delincuencia y el narcotráfico en el principal productor de cocaína del mundo.
La candidata dijo también que si es elegida como la primera presidenta de Colombia trabajaría con los líderes opositores venezolanos Edmundo González y la Nobel de Paz María Corina Machado.
Valencia fue una férrea defensora del despliegue militar de Donald Trump en el Mar Caribe porque «la caída de Maduro» debía ser el «primer paso para que Latinoamérica sea libre
La primera vuelta en Colombia se realizará el 31 de mayo mientras que el segundo turno tendrá lugar durante el mes de agosto.
Alvaro Uribe, ex presidente y líder del Centro Democrático.
El oficialismo presentará al senador petrista, Iván Cepeda, que aparece liderando las encuestas pero con un margen corto y en un mapa político atomizado, especialmente dentro de las alternativas de derecha que tiene otras figuras competitivas como el outsider Abelardo de la Espriella.
La candidata de derecha defiende los valores tradicionales y el combate frontal a los grupos armados ilegales y se opone tanto a la Paz Total que implementó Gustavo Petro como al proceso de diálogo que fundó Juan Manuel Santos con las FARC
Sin mencionar a Cepeda, Alvaro Uribe dijo en una videollamada proyectada durante el evento que Valencia enfrentará a quien «representa» «el lado opuesto de la democracia».
El exmandatario de 73 años encara las elecciones revitalizado, luego de que un tribunal revocó en octubre una condena de 12 años de prisión domiciliaria en su contra por soborno a paralimitares y fraude procesal.
Valencia es nieta del expresidente conservador Guillermo León Valencia (1962-1966) y se describió como «la más leal» de «los soldados» de Uribe.
El espejo de Colombia es la reciente elección en Chile donde la oficialista Jeannette Jara fue la más votada en la primera vuelta pero la suma del resto de los candidatos le permitieron a José Antonio Kast ganar con contundencia en el ballotage.
Cristian Ritondo presentó el amparo para impugnar el nombramiento de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Calletti en la Auditoría General de la Nación (AGN), por haberse realizado por fuera del temario previsto para la sesión extraordinaria convocada por el gobierno. Tal como informó LPO, los macristas se retiraron furiosos del recinto antes que se concretara la votación y, desde ese momento, adelantaron que continuarían con su planteo en el Poder Judicial
El jefe del bloque PRO pidió que se declare «la inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución», que se votó en la madrugada del jueves después que se le diera media sanción al proyecto de presupuesto. LPO publicó que la designación de los auditores se produjo por un acuerdo parlamentario entre Máximo Kirchner, Martín Menem y los gobernadores del norte, desplazando al macrismo y su voluntad de colocar en el colegio de la AGN al ex ministro de Trabajo Jorge Triaca.
Según el escrito presentado por el diputado, «a las 02:55 am del día 18 de diciembre, cuando todavía restaba el tratamiento del expediente 0011-PE-2025 correspondiente al Proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria (Orden del Día 2), en un horario de baja visibilidad pública y, a espaldas del debate público, tomó la palabra el Diputado Nacional Gabriel Bornoroni, Presidente del Bloque La Libertad Avanza, quien sorpresivamente formuló una moción, SIN ESPECIFICAR QUÉ MOCIÓN IBA A REALIZAR, SIN PEDIR APARTAMIENTO DE REGLAMENTO, para que la Cámara procediera a la designación de los Auditores Generales de la Nación».
Ritondo se opuso en ese instante a la designación que estaba a punto de producirse, apelando a la letra del artículo 63 y el inciso 9 del 99 de la Constitución Nacional. Su argumento fue que la Cámara había sido expresamente convocada por el Poder Ejecutivo para tratar un temario determinado.
Por eso, solicita la suspensión de las designaciones realizadas en la escandalosa sesión del miércoles pasado. Fuentes del PRO comentaron a LPO que el lunes se realizaría el sorteo de la causa para saber en qué juzgado recaería, acaso un posible dolor de cabeza para el gobierno. Hasta el viernes, el oficialismo no creía que Ritondo tuviera la determinación de presentar su objeción en sede judicial.
Martín Menem, en recinto.
Además, en la presentación expresó: «Enfaticé que la Auditoría General de la Nación es un órgano extrapoder de rango constitucional, establecido en el artículo 85 de la Constitución Nacional, con autonomía funcional y de asistencia técnica del Congreso, y que la designación de sus autoridades no constituye ni un acto administrativo interno, ni una cuestión de privilegio parlamentario». «Agregué que durante las sesiones extraordinarias el Congreso carece de facultades para incorporar temas por su propia iniciativa, siendo el temario una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional que se establece en el Decreto de la convocatoria», sostuvo.
La AGN es un órgano extrapoder de rango constitucional, con autonomía funcional y de asistencia técnica del Congreso, y la designación de sus autoridades no constituye ni un acto administrativo interno, ni una cuestión de privilegio parlamentario.
Ritondo considera que «avanzar en la designación de autoridades de la AGN fuera de ese marco no fortalece el sistema de control, sino que lo debilita, al violentar las reglas constitucionales que lo sustentan». «La gravedad institucional del hecho se profundiza al advertir que la moción- voy a seguir hasta el cansancio, no sabemos qué moción- fueintroducida de manera sorpresiva, sin haber sido tratada en la reunión de Labor Parlamentaria, sin dictamen previo, sin debate alguno y completamente al margen del temario de sesiones extraordinarias», remarcó.
Por otra parte, el diputado macrista acusa a los flamantes auditores de haber prestado juramento «procurando completar de facto un procedimiento cuya irregularidad fue objetada por legisladores, analistas y organizaciones especializadas en control institucional».
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