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POR UNA POLÍTICA CON HERRAMIENTAS ACCESIBLES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Digesto web del Municipio no funciona desde hace más de un año. El 3 de enero del 2020 mediante nota, el director del área de prensa del municipio Marcel Rhomeck cedió la responsabilidad de la actualización del digesto municipal a la presidencia del CD, en todo el 2020 el digesto estuvo caído, no existe. Previo a esto, ya funcionaba con graves fallas de actualización.

¿Qué es el digesto? Para los que no saben, es la compilación de la normativa municipal con el fin de poner orden para dejar en claro lo que está en vigencia, y todos los estadíos del proceso de las normativas locales, utilizando una base de datos para identificarlas, describirlas y rescatarlas.

La palabra DIGESTO deriva del latín digestum, derivado a su vez de digerere, que significa distribuir, ordenar. Su origen se remonta al 530 d.C., época en que el emperador bizantino Justiniano I ordenara la compilación y codificación de las obras jurídicas de los jurisconsultos romanos.

Ahora, ¿cómo podés conocer las normas que rigen en tu ciudad sin un digesto? Difícilmente puedas. ¿Cómo puede trabajar un periodista para informar a la comunidad sin el derecho al acceso de la información pública? Imposible.

Vos sabías que nadie puede alegar su desconocimiento de las normativas vigentes como excusa para el incumplimiento de las mismas. Las leyes se presumen que son conocidas por todos los habitantes y el desconocimiento no te desliga de responsabilidades. En resumen, si desconocés las normas no estás exento de cumplirlas.

Una mezcla de variables y factores hacen que a pocos les interese mantener un digesto actualizado. En un punto, a gran parte de la sociedad no le interesan las cuestiones normativas que rigen los destinos de la ciudad. Otra muy importante es la forma en la que se hace periodismo en la ciudad, lo que llamo periodismo comercial, donde el objetivo principal de crear un medio de comunicación es tener un ingreso o rédito económico, es válido, también es una generalidad y por supuesto no lo juzgo, pero tampoco lo comparto como objetivo principal, el periodismo debería apuntar a otra cosa. La otra se desprende de estas dos primeras variables, qué interés puede motivar a un funcionario a cumplir con un derecho inalienable como lo es el acceso a la información pública si se encuentra frente a este contexto de desinterés.

¿Cuál es el combo de esta conjunción de variables?

Entre otras cosas el NO CUMPLIMIENTO de la LEY 27275 DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, el NO CUMPLIMIENTO del principio de publicidad de los Actos de Gobierno y el Derecho de acceso a la Información Pública a través del Artículo 1º, de los Artículos 33, 41,42 y concordantes del Capitulo Segundo y del Artículo 75, inciso 22, que incorpora con jerarquía constitucional diversos tratados internacionales; expresado en nuestra Constitución Nacional. El NO CUMPLIMIENTO del deber de asegurar la transparencia de gestión y de difundir periódicamente los datos relevantes que por sus acciones resultaren; el Estado tiene la obligación de publicar de manera accesible, gratuita, actualizada y en formato claro la información, para garantizar la transparencia estatal permitiendo conocer las decisiones de sus gobernantes, representantes y funcionarios en el manejo de los intereses comunes de los ciudadanos; expreso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El objeto de  la ley nacional 27275 es, entre otras cosas: garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública. Toda la información en poder del Estado se presume pública, salvo algunas excepciones. La información debe publicarse en la mayor cantidad de medios posibles y de forma completa, debe ser accesible en formatos electrónicos abiertos, que faciliten su procesamiento por medios automáticos que permitan su reutilización o su redistribución por parte de terceros.  La información debe ser publicada con la máxima celeridad. Y para garantizar el efectivo ejercicio del acceso a la información, resulta esencial que los sujetos obligados actúen de buena fe, es decir, que interpreten la ley de manera tal que sirva para cumplir los fines perseguidos por el derecho de acceso, promoviendo la cultura de transparencia, profesionalidad y lealtad institucional.

LEY 27275 DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265949/norma.htm

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ORDENANZAS MAKEUP

El 29 de septiembre del 2020 el bloque Somos Villa Regina presentó un proyecto para que se cree la Oficina de Prensa en el CD, proyecto que se sancionó por unanimidad en Sesión Extraordinaria el 3 de diciembre, con ¼ intermedio reanudado al día siguiente promoviendo la ordenanza 02/21 que genera la creación de la Oficina de Prensa del CD.

Sesión que tuvo la ausencia de la totalidad del bloque del Frente de Todos (Hugo Cerda, Gabriela Figueroa, Natalia Vergara y Martin Vesprini) debido a que también se trataba el presupuesto 2021 y dicho bloque se negó a debatirlo por falta de tiempo para un tratamiento correcto y responsable de un tema tan importante.

El 6 de enero del corriente año, luego de un año y 3 días de haber asumido la responsabilidad de llevar a cabo el digesto municipal, función cedida por el área de prensa del municipio quedó aprobada la Ord 02/21.

El espacio a crear deberá asegurar la cobertura periodística de las actividades oficiales del CD, suministrar a los medios de difusión la información de la labor legislativa, gestionar espacios de relevancia ante los distintos medios de comunicación; entre otras cuestiones.

Pero dentro de las funciones del responsable se exime de la creación del Digesto Municipal.

Ordenanzas MakeUp es un término que sugiere una falta de convicción política en la sanción de distintas normativas, que luego de ser aprobadas, navegan vagamente sin ser cumplimentadas en la práctica. Un mal a nivel nacional. En este caso particular, la Ord No estipula tiempo de implementación, por lo cual no tiene fecha límite para su creación.

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SIN CONVICCIÓN POLÍTICA, NO HAY DIGESTO

Existía en el CD reginense una persona destinada a llevar a cabo la ardua tarea de actualizar el Archivo, en marzo del 2020 dejó de trabajar por ser persona de riego frente a la pandemia y un par de meses después se jubiló. Desde marzo nadie fue destinado al Archivo para cumplir dicha tarea. El Archivo del CD, no funciona desde esa fecha.

¿Qué trabajo hacía esta persona? Rastreaba las Ordenanzas y las adjuntaba. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años las mismas se fueron modificando en sus artículos, lo que es una buena señal porque quiere decir que se fueron aggiornando. Lo malo es que ahora hay Ordenanzas que para “leerlas completas y actualizadas” hay que juntar 3, 4 o 5 cambios hechos en distintas Ordenanzas a lo largo del tiempo. Ante cada cambio en un Artículo, en vez de derogar la anterior, y producir una nueva Ordenanza actualizada, solo modificaron el o los artículos que interesaban.

¿Por qué mencionamos el trabajo del archivo del CD? Porque es una de las bases para mantener un digesto actualizado, que necesita de una ardua labor técnica pero principalmente de la convicción política que surge de la comprensión del valor de dicha herramienta ciudadana.

A veces la política habla de la participación, pero al ciudadano y a la ciudadana hay que darles las herramientas para participar: hay que transparentar los mecanismos, hay que acercarles la información. No solo volverla pública, sino accesible y cotidiana

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DIGESTO: CANTIDAD Y CALIDAD, ANÁLISIS Y PRESUPUESTO.

El  digesto nos brinda la posibilidad de hacer, como ciudadanos, un análisis pormenorizado del trabajo legislativo. De este modo podríamos determinar la calidad del total de los proyectos presentados para hacer una revisión exhaustiva del trabajo de cada Concejal. Se sabe que Regina es una de las ciudades con mayor cantidad de ediles de la provincia en relación a la cantidad de habitantes, lo que genera un gasto presupuestario mayor que en relación a la calidad del trabajo seguramente se podría minimizar. De hecho el proyecto de la nueva carta orgánica propone reducir el número de 10 a 7.

Con datos del último censo (2010) Villa Regina cuenta con un concejal cada 3300 habitantes aproximadamente, Roca uno cada 11mil, Bariloche uno cada 10 mil y Cipolletti uno cada 14mil. Una muestra clara del excedente de ediles, si bien es cierto, que la cantidad no tiene intrínseca relación con la calidad de funciones, este contexto de pandemia mundial y crisis económica con un municipio agobiado por las cuentas, que no encuentra muchas más opciones recaudatorias que el aumento de tasas, puede empezar a mirar hacia adentro para encontrar nuevas alternativas a la crisis.

Comparto un ejemplo práctico del gasto excesivo del concejo: Los temas a tratar en cada Sesión se reúnen en unas 150 hojas. 150 hojas x 10 Concejales x 45 Sesiones al año, todo impreso o fotocopiado (casi 400mil pesos en fotocopias al año).

Ni que hablar que aunque no lo crean en la mesa de entrada del CD sigue usando un cuaderno para registrar todo, más papel, más impresiones. En el Siglo XXI hay cosas que se hacen como a fines del siglo XIX!!!

Básicamente mayor cantidad de concejales mayor presupuesto electoral y mayores gastos. Cuando a un comerciante se le achica el presupuesto (y este año que pasó, se le achicó) se tiene que reinventar. Pues que se haga lo mismo en la política.

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    Toda mi solidaridad con @wwnicolas pic.twitter.com/hI9aJmXDOz

    — Facundo Manes (@ManesF) October 18, 2025

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    “Este maltrato no se soporta más”: familias y prestadores del sector de la discapacidad ocuparon la sede de ANDIS

     

    En medio del abandono estatal, familias, prestadores y trabajadores del sector de la discapacidad irrumpieron en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en Belgrano, para exigir una respuesta al interventor Alejandro Vilches. Denuncian cancelaciones arbitrarias de reuniones, falta de aumentos y un colapso general del sistema.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

    Caos y bronca en Belgrano

    La tensión en el sector de la discapacidad llegó a un nuevo punto crítico. En la mañana de este jueves, familias, prestadores y trabajadores ingresaron a la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ubicada en el barrio porteño de Belgrano, para exigir ser recibidos por el interventor Alejandro Vilches.

    Este maltrato no se soporta más. Le quisimos entregar una carta y no la recibieron”, denunciaron los manifestantes, visiblemente agotados por meses de promesas incumplidas y precarización.


    Una reunión fantasma

    El propio Vilches había convocado a los representantes de los prestadores para una reunión prevista inicialmente para las 11 de la mañana, con el objetivo de discutir aumentos en las prestaciones. Sin embargo, el horario fue modificado a las 10, y finalmente, el día anterior, los prestadores fueron notificados de la cancelación del encuentro “por fuerza mayor”.

    La decisión desató la indignación de los sectores afectados, que decidieron ocupar la sede de ANDIS hasta obtener una respuesta.


    “La plata está, pero no la usan”

    Según denunció Pablo Molero, presidente del Foro de Discapacidad, la agencia recibió 121 mil millones de pesos para otorgar aumentos, pero los fondos no se han destinado a los trabajadores ni a las familias. “Ese dinero les alcanzaría para dar un aumento importante en estos tres meses”, sostuvo.

    Mientras tanto, el deterioro económico golpea de lleno a los prestadores. Las demoras en los pagos, la falta de actualizaciones y la inflación constante generan una situación insostenible para quienes sostienen el sistema.


    “Ya está todo colapsado”

    En representación de las familias, la actriz y referente Lola Berthet advirtió que el panorama para el próximo año es incierto: “Ya está todo colapsado. Estamos llenando los papeles para la renovación de las prestaciones, pero no sabemos si el año que viene nuestros hijos o hijas van a tener cobertura”.

    La angustia, dice, ya dio paso a la bronca: “Es agotador todo esto. Es un sector vulnerable. Necesito que hoy alguien venga a abrir la puerta y nos reciba”.


    Sin respuestas judiciales ni actualizaciones

    La psicóloga y madre Claudia Dipólito apuntó contra la justicia por la falta de avances en la causa impulsada por el diputado Paulón ante el juez Casanello, en el marco de la ley 27.793, que regula la actualización de aranceles. “Yo atiendo por 12 mil pesos la sesión, sin actualización hace un año”, denunció.


    Transportistas al borde del colapso

    Desde la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad (Atacadis) advirtieron que “la situación es límite” y que muchos podrían dejar de trabajar en las próximas semanas. “Nunca en la historia nos encontramos como hoy. Los transportistas están trabajando a pérdida. El litro de nafta se lo pagan $541, pero el combustible cuesta $1.700”, detallaron.


    Un sistema al borde del abismo

    Entre el desfinanciamiento, la desidia burocrática y la falta de respuestas políticas, el sistema de atención a la discapacidad se encuentra al borde del colapso. Las familias, profesionales y transportistas —que sostienen con esfuerzo cotidiano lo que el Estado desatiende— reclaman algo tan básico como ser escuchados.

    Y mientras el interventor Vilches sigue sin abrir la puerta, la crisis humanitaria detrás de cada prestación impaga crece día a día.

     

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  • Se viene un fuerte tarifazo después de las elecciones, el gobierno dolariza la energía

     

    El Gobierno se prepara para darle un nuevo golpe a los bolsillos luego de las elecciones. Esta vez vendrá de la mano de la «transformación» del mercado eléctrico argentino. El primer paso es dolarizar el pago a las generadoras, desplazando el peso del ajuste hacia comercios, industrias y usuarios no residenciales. En los papeles, promete «estabilidad» para los hogares; en la práctica, dispara los costos y deja todo atado a la cotización del dólar. 

    La reforma del mercado eléctrico que resolvió el Gobierno divide el sistema en dos grandes segmentos: el mercado estacionalizado y el desestacionalizado. En el primero quedan los usuarios residenciales y no residenciales. Estos últimos son comercios, pymes, clubes y cooperativas, que seguirán comprando la energía a través de Cammesa con tarifas reguladas por el Estado. 

    En el segundo, el mercado desestacionalizado, entran los grandes usuarios. empresas con alta demanda, que podrán contratar directamente con las generadoras a precios libres, en dólares, sin pasar por la intermediación estatal. 

    El gobierno prepara un feroz ajuste para después de las elecciones y pone en riesgo el acuerdo con los gobernadores

     El corazón de la reforma es la dolarización de la generación eléctrica, que deja atrás el esquema de precios a costo medio, donde el Estado pagaba a todas las centrales un valor promedio de producción. 

    En este nuevo régimen, el precio lo fija la última central que entra al despacho para cubrir la demanda, generalmente la más cara. En términos simples: si una termoeléctrica que quema gasoil es la que completa la oferta, toda la energía del sistema se paga a ese precio, aunque haya otras que produzcan más barato.  

    Aunque el Estado siga fijando valores de referencia, cada devaluación o ajuste fiscal se trasladará a la tarifa con mayor rapidez.

    En el mercado desestacionalizado, los precios quedarán directamente atados al tipo de cambio, y en el estacionalizado, aunque el Estado siga fijando valores de referencia, cada devaluación o ajuste fiscal se trasladará a la tarifa con mayor rapidez. 

    Daniel González, coordinador del área de energía, durante su exposición ante la Comisión de Presupuesto de Diputados reconoció que bajo al lógica de la «recomposición de balances»,  el nuevo modelo establece que los grandes usuarios enfrentarán un aumento promedio del 15% anual, con picos de hasta 35% en invierno.  

    Para el sistema, eso significa un salto de ingresos de hasta 785 millones de dólares por año, según un informe interno de la Secretaría de Energía que lleva la firma del  director Nacional de Regulación del Mercado Eléctrico Mayorista Marcelo Positino, al que accedió LPO en exclusiva. 

    Este documento en el anexo final reconoce que el nuevo esquema favorece la estabilidad del segmento residencial, pero a costa de «mayor volatilidad y necesidad de cobertura contractual» para los sectores no residenciales e industriales.
    En otras palabras, el sistema se vuelve más frágil, más dolarizado y más expuesto a shocks externos.

      «La supuesta protección a los residenciales es un mito. La dolarización generalizada convierte cada devaluación en un nuevo tarifazo», aseguró a LPO un ex funcionario del área.

    Estudios académicos estimaron que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 las facturas promedio de gas natural aumentaron 799% para hogares y 992% para comercios y pymes, mientras la energía eléctrica trepó 524% y 570% respectivamente. Además unos 2 millones de hogares perdieron el subsidio a la electricidad y 705 mil el del gas.

    El descalce entre la estructura dolarizada de los contratos y la economía real pesificada genera un círculo vicioso: el Estado acumula deuda con el sector y el Tesoro no puede cubrirla sin emitir o endeudarse.

    Los especialistas advierten que la dolarización de la generación eléctrica en un país con un riesgo cambiario crónico como la Argentina es un riesgo alto. 

    El descalce entre la estructura dolarizada de los contratos y la economía real pesificada genera un círculo vicioso: el Estado acumula deuda con el sector y el Tesoro no puede cubrirla sin emitir o endeudarse.

    Por eso, si la brecha se amplía y las tarifas no acompañan, la situación se vuelve jurídicamente explosiva. Las empresas internacionales recurren a tribunales como el CIADI alegando violación de contratos, mientras el Estado intenta evitar que los argentinos paguen facturas dolarizadas a precios imposibles. 

    Por eso, la dolarización no solo pone en riesgo la estabilidad macro, sino que reabre la puerta a una nueva ola de litigios internacionales: un déjà vu de los años posteriores al 2001, donde la crisis cambiaria terminó judicializandose en Estados Unidos.

     

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