PorMunicipalidad Villa Regina
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La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha la licitación pública Nº 01/2021 para la adquisición de 192.000 litros de hipoclorito de sodio que se destinarán a las plantas potabilizadoras de la ciudad y la ubicada en General Enrique Godoy.
El presupuesto oficial es de $6,4 millones y el valor del pliego es de $23.000. El mismo se puede adquirir en la Oficina de Compras.
La apertura de las propuestas será el 5 de febrero a las 10 horas.
El gobierno terminó echando este domingo a Carlos Frugoni, el secretario de Infraestructura que los libertarios arrojaron a la exposición pública para tapar el escándalo de Manuel Adorni. Asediado por una campaña mediática instrumentada por un sector de LLA, Frugoni habría presentado su renuncia este sábado y el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, se la habría aceptado 24 horas después.
El ex funcionario reportaba al titular del Palacio de Hacienda, pero también era muy cercano a Nicky Caputo y, por propiedad transitiva, al propio Mauricio Macri. Como Frugoni no declaró al menos seis propiedades en Miami, en Casa Rosada decidieron usar su nombre para desgastar al ex presidente, que se jacta de que el PRO es el espacio que le aporta a Javier Milei los funcionarios eficientes que sostienen la gestión.
En rigor, el gobierno barre a Frugoni apenas tres días antes que Adorni se presente en el Congreso ante la oposición, a regañadientes y sin voluntad de esclarecer las sospechas de corrupción que hunden la imagen de Milei. El intento de apelar a la washing machine de la comunicación política difícilmente revierta el saldo negativo del efecto Adorni.
Como contó LPO, Macri ya instruyó a Ricardo Lorenzetti para que conforme una mayoría en la Corte junto a Carlos Rosenkrantz y ponga en apuros a Milei. Además, Macri se reunió con Paolo Rocca para buscar su apoyo: confía que la crisis económica terminará por desgastar a los libertarios y espera ser el candidato de la derecha en 2027.
El gobierno filtró las casas de Frugoni en Miami para pegarle a Macri y tapar el escándalo Adorni
Frugoni no siempre fue un hombre tan próspero como su patrimonio actual lo indica. A mediados de los 2000 tuvo que regresar a la Argentina después de un estrepitoso fracaso en Europa con una desarrolladora inmobiliaria que no funcionó: «Volvió sin un peso. Algunos llegamos a prestarle plata para que le comprara ropa a los hijos», contó a LPO un ex alumno del Colegio Cardenal Newman.
Según Clarín, Frugoni adjudica a su carrera en el mundo privado, algo difícil de convalidar por su fatídica experiencia en España. Por eso, sus amigos del Newman destilan bronca.
La deuda de las familias alcanzó un nivel crítico: casi 16 millones de personas arrastran obligaciones con los bancos por un promedio de 8,76 millones de pesos, equivalente a cinco salarios y medio, en un contexto donde la mora se disparó y el crédito dejó de ser una herramienta de expansión para convertirse en un atajo desesperado para sostener consumos diarios como comida, transporte y servicios.
Esta situación imposible disparó la mora de las familias con los bancos que llegó al 11,2 por ciento en febrero de 2026, cuadruplicando el nivel registrado un año antes, cuando se ubicaba en el 2,9 por ciento. En paralelo, en las entidades no financieras el incumplimiento alcanza el 28,4 por ciento. Las billeteras virtuales como Mercado Pago aplican tasas feroces que elevan el costo financiero hasta un 200 por ciento, como reveló LPO.
Detrás de estos números aparece un cambio estructural en el uso del crédito, vinculado a un signo de esta etapa del gobierno libertario: la dificultad para llegar a fin de mes. La aparición de compras en cuotas en supermercados, inusual en la Argentina, refleja ese desplazamiento.
El fiasco de los créditos de billeteras virtuales: las tasas pueden superar el 200 por ciento
El fenómeno se vincula con un proceso de estancamiento de ingresos que se profundizó desde mediados de 2025. En ese contexto, el crédito al consumo funcionó como un ingreso complementario que permitió sostener niveles básicos de gasto, pero al costo de un endeudamiento creciente.
Los datos muestran la magnitud del problema. En el sistema bancario hay casi 16 millones de personas endeudadas, mientras que más de 12 millones mantienen obligaciones con fintech y otras entidades no financieras. En estos últimos casos, aunque el monto promedio es menor -1,16 millones de pesos- la tasa de incumplimiento es significativamente más alta.
Detrás de estos números aparece un cambio estructural en el uso del crédito, vinculado a un signo de esta etapa del gobierno libertario: la dificultad para llegar a fin de mes. La aparición de compras en cuotas en supermercados, inusual en la Argentina, refleja ese desplazamiento.
La diferencia en la mora responde, en gran medida, al perfil de los deudores. Las fintech y prestamistas no bancarios suelen captar a sectores con menor capacidad crediticia y mayor fragilidad en sus ingresos, lo que eleva el riesgo de incumplimiento.
Según Daniela Bossio, del Grupo Moneda Desarrollo y Equidad, en el país hay más de 5,4 millones de personas con atrasos superiores a 90 días en sus deudas. En total, sobre un universo de 20 millones de deudores, la mora alcanza niveles récord en las últimas dos décadas.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y su par de Economía, Luis Toto Caputo.
Bossio también advierte sobre el crecimiento de deudores compartidos, es decir, personas que tienen obligaciones simultáneas con bancos y entidades no financieras. Esta superposición agrava la situación, ya que incrementa la carga total de pagos mensuales y reduce la capacidad de respuesta ante imprevistos.
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El problema dejó de ser aislado y se volvió transversal en todo el sistema financiero. Bancos y fintech coinciden en que la mora es hoy una de las principales preocupaciones, al punto de ser considerada una «bomba escondida» que puede condicionar la evolución del crédito en los próximos meses.
Frente a este escenario, las entidades comenzaron a desplegar estrategias para contener el deterioro. La gestión se volvió cada vez más personalizada, con llamados, recordatorios, refinanciaciones y extensión de plazos, en un intento por evitar que los clientes caigan en situaciones de incumplimiento irreversible.
Bancos y fintech coinciden en que la mora es hoy una de las principales preocupaciones, al punto de ser considerada una «bomba escondida» que puede condicionar la evolución del crédito en los próximos meses.
En paralelo, el Gobierno avanza en una reducción de tasas de interés, que le quita sentido al carry trade y empuja la cotización del dolar. El Banco Nación, comenzó a recortar las tasas para pymes del 25 al 20 por ciento anual para capital de trabajo a 12 meses, mientras que también bajó el descuento de cheques del 28 al 23 por ciento. En la misma línea, el Banco Provincia redujo sus líneas productivas, con tasas que pasaron del 40 al 38 por ciento. Esta política también responde a la necesidad de aliviar la carga financiera de hogares y empresas, en un contexto donde la mora creciente amenaza al sistema.
Aun así, la baja de tasas no necesariamente llega a todos los sectores. Mientras algunas líneas productivas se abaratan, los préstamos personales siguen mostrando costos elevados: con una inflación interanual cercana al 32 por ciento, las tasas de los créditos al consumo se mantienen en torno al 62 al 65 por ciento nominal anual. Esta brecha limita la capacidad de recuperación del crédito a las familias y mantiene restringido el acceso al financiamiento.
El resultado es un escenario en el que el endeudamiento sigue siendo alto, pero la capacidad de pago se debilita. La combinación de ingresos estancados, crédito caro y uso cada vez más cotidiano de la financiación configura un cuadro donde la deuda deja de ser una herramienta de desarrollo y se convierte en un síntoma de fragilidad económica.
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El gobierno libertario pone cada vez más restricciones.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El paquete de resoluciones publicado este miércoles por el Ministerio de Seguridad Nacional en el Boletín Oficial volvió a dejar expuesta una orientación política cada vez más definida del gobierno de Javier Milei: ampliar mecanismos de vigilancia, reforzar restricciones administrativas y consolidar herramientas de control preventivo sobre la vida social. Detrás de medidas que en apariencia aparecen fragmentadas —estadios, bases de datos, restricciones de concurrencia y sistemas federales de información— se perfila una arquitectura estatal donde el concepto de “seguridad” empieza a extenderse mucho más allá del delito consumado.
La resolución más significativa del día fue la ampliación del programa Tribuna Segura, un sistema que originalmente había sido presentado para controlar el ingreso de barras bravas y personas con antecedentes violentos en espectáculos deportivos. La nueva normativa incorpora ahora la posibilidad de aplicar restricciones vinculadas a incumplimientos civiles, como los registros de deudores alimentarios, y profundiza el uso de mecanismos administrativos para impedir accesos sin necesidad de condenas penales firmes.
Detrás de la narrativa oficial sobre “orden” y “protección”, lo que aparece es otra cosa: el avance de un esquema de prevención estatal basado en el monitoreo permanente y la ampliación de facultades discrecionales del Ejecutivo. El cambio no es solamente operativo. Es político.
Desde la implementación del protocolo antipiquetes, el Gobierno viene construyendo una lógica donde la protesta social dejó de ser tratada como un fenómeno político para pasar a encuadrarse dentro de la órbita de la seguridad interior. El corrimiento conceptual fue gradual, pero constante.
Las resoluciones publicadas este 13 de mayo profundizan ese camino. En los fundamentos administrativos del nuevo esquema de Tribuna Segura aparecen referencias a controles preventivos sobre manifestaciones y concentraciones públicas, consolidando la idea de que el Estado debe intervenir antes de que exista delito alguno.
No se trata solamente de impedir hechos violentos en una cancha. Se trata de construir herramientas permanentes de identificación, seguimiento y restricción de circulación aplicables a distintos ámbitos de la vida pública.
Ese punto es central porque modifica el paradigma histórico de actuación estatal. El foco ya no está únicamente en castigar delitos comprobados, sino en administrar riesgos potenciales mediante bases de datos, controles cruzados y sanciones preventivas.
Otra de las resoluciones relevantes del día fue la vinculada al SIFCOP, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales. Aunque presentada como una actualización técnica y administrativa, la medida refuerza la centralización de información criminal, pedidos de captura, secuestros y alertas judiciales entre fuerzas federales y provinciales.
En términos prácticos, el Ministerio sigue avanzando en la integración nacional de sistemas de vigilancia e identificación. La interoperabilidad de datos permite acelerar operativos y controles, pero también incrementa el poder estatal sobre la circulación de información sensible de millones de personas.
El argumento oficial es la eficiencia. La discusión política, en cambio, pasa por otro lado: qué controles institucionales existen sobre estas herramientas y hasta dónde puede expandirse su utilización.
La preocupación no es abstracta. En los últimos meses el Gobierno ya había endurecido políticas sobre protestas, operativos callejeros y control de movilizaciones, en un contexto social marcado por despidos, ajuste económico y creciente conflictividad.
Las medidas difundidas este miércoles también revelan otro aspecto central del modelo Milei: el uso político de la seguridad como construcción discursiva. Deudores alimentarios impedidos de ingresar a estadios, barrabravas bloqueados, presos sin celulares y sistemas federales de monitoreo son decisiones diseñadas para generar impacto mediático inmediato y construir una narrativa de autoridad estatal.
La lógica es clara: instalar la idea de un Gobierno que “pone orden” frente a una sociedad presentada como caótica o fuera de control.
Pero detrás de esa construcción comunicacional aparece una tendencia más profunda y persistente: la expansión de mecanismos administrativos que permiten restringir derechos y movimientos sin intervención judicial plena ni condena firme.
La discusión de fondo recién empieza. Porque mientras el Gobierno presenta estas herramientas como medidas de seguridad modernas y eficientes, crecen las advertencias sobre el riesgo de consolidar un modelo de vigilancia permanente donde cada vez más aspectos de la vida social quedan bajo monitoreo estatal.
El medioambiente es uno de los ejes editoriales de nuestro medio. En Villa Regina contamos con un basural a cielo abierto y en altura (con lo que esto implica), que de manera formal o informal suele estar incendiado, si a esto le sumamos que vivimos en un valle la problemática es cada vez más compleja….
