El Gobierno Provincial ya acordó con 14 municipios la continuidad de las tareas de control de precios y abastecimiento de forma delegada, en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19.
De esta manera, se implementarán políticas activas que permitan un mejor desenvolvimiento administrativo en la defensa de los derechos del consumidor.
A través de la Agencia de Recaudación Tributaria ya se firmaron los convenios correspondientes con las comunas de Cinco Saltos, El Bolsón, Choele Choel, General Conesa, Ingeniero Jacobacci y Los Menucos.
Se suman los municipios que de Sierra Grande, Cipolletti, Bariloche, Río Colorado, Villa Regina, San Antonio Oeste, Catriel y Allen a través de sus propias Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC).
Esta delegación de facultades fue aprobada por Decreto de la gobernadora, Arabela Carreras, y ya se encuentra en plena vigencia. De esta manera, el Estado interviene en el control de abastecimiento y de los precios que se ofrecen al consumidor final.
Se busca garantizar el acceso de la población a los alimentos, impedir el faltante de productos esenciales y de primera necesidad, evitar abusos y aprovechamiento en el incremento desmedido de precios ante el aumento de la demanda.
Con la colaboración de los Municipios se podrá realizar un control más efectivo del abastecimiento y de precios, evitando abusos sobre la comunidad.
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El escándalo con el robo de partidas destinadas al combustible en la Jefatura de Rosario, que motivó la intervención de esa unidad policial, tiene tres aspectos que analizan los investigadores. No es episódico sino sistémico, como lo revelan otras pesquisas del pasado que son recientes. No es un asunto de efectivos aislados sino que tiene un carácter institucional que implica a los mandos más altos. No termina en los doce policías presos, varios de ellos jefes con trayectoria, sino que se proyecta hacia más sectores con conducción.
El análisis fiscal en este tema se enfoca especialmente en uno de los detenidos para advertir la profundidad del desfalco y su dimensión política. Se trata del comisario supervisor Rodrigo Domínguez. Este es un oficial jerárquico que era la mano derecha del hasta el lunes jefe de policía de Rosario, Daniel Acosta, a quien el gobierno de Pullaro despega del ilícito pero relevó del cargo, porque bajo su comando se desarrolló una red que mediante sobreprecios malversó partidas públicas por 45 millones de pesos mensuales durante casi un año.
El comisario Rodrigo Domínguez es un abogado de 44 años. Fue jefe de la División Judiciales hace seis años en un momento en que una pesquisa por corrupción con partidas para reparar móviles policiales lo rozó, un caso por el cual fue imputado por asociación ilícita el entonces subjefe de policía de Rosario, Ariel Zancocchia, junto a otros seis policías. Hasta este lunes Domínguez fue el jefe de la Secretaría Privada del jefe de policía de Rosario. Para los investigadores del caso es un eslabón fundamental de la malla de policías que adquiría combustible en una estación de servicio que en ocasiones ni siquiera se cargaba. Varios policías concentraban para ello tarjetas Visa Flota.
El martes y miércoles de la semana próxima se concretará la audiencia imputativa por malversación de caudales públicos pedida por el fiscal José Luis Caterina luego de los 38 allanamientos concretados el lunes. La pesquisa se hizo de manera coordinada con la Secretaría de Control Policial del gobierno de Pullaro. Entre lo que se investigó aparecen los detalles siguientes:
* En el domicilio de dos de los policías ahora detenidos, dos de los de mayor jerarquía, fue secuestrada una suma de dinero en efectivo cercana a cien mil dólares. También había millones de pesos en ese destino requisado.
* Allanaron a un policía que estuvo durante un tiempo en México y tiene un acervo de varias propiedades. Es uno de los detenidos.
* Se colocaron dispositivos GPS en motos policiales que pese a que cargaban un tanque por turno según las planillas aparecían según el registro satelital sin movimiento durante esas mismas jornadas.
* A dos policías, un hombre y una mujer, les secuestraron aparatos terminales de cobro con tarjeta (posnet) en sus domicilios.
* Se decomisó dinero en efectivo en la estación de servicio Puma de Ovidio Lagos al 3900, la prestadora que posibilitaba las maniobras, que no es en principio justificable con el giro comercial de la firma.
El comisario Rodrigo Domínguez, que está preso, secretario privado del jefe de Rosario
La pregunta retórica y recurrente entre la oficialidad, transmitida a LPO por muchos policías que dialogan con este medio, es la proyección de este fenómeno delictivo. ¿El jefe de Unidad puede desconocer lo que hacía su secretario privado y una red de comisarios desde la misma Jefatura? La respuesta, también conjetural y sin valor en el plano persecutorio, es que es impensable. “Es algo demasiado grande, no es una corruptela, es una estructura histórica de recaudación. Una cosa es que participe, no tener conocimiento es imposible. Esto es la policía”.
“Esto es una bomba atómica. El primero que se arrepienta involucra a todos los jefes de sección. Y caen los jefes que pasaron por la Unidad de hace diez años a la fecha”, le dijo a este medio un comisario en funciones y con mando.
Un clásico institucional
Los casos de sustracción de partidas presupuestarias destinadas a la logística policial son rutinarias en la policía santafesina y tienen un largo acervo de investigaciones penales. En LPO ya se contó en la nota que da cuenta de las detenciones de policías por estos casos que los jefes de policía de provincia Roberto Grau y Omar Odriozola, que se desempeñaron entre 2013 y 2016, van a juicio el próximo mes de junio, por liderar una asociación ilícita que realizaba maniobras delictivas relacionadas a la reparación y compra de repuestos para vehículos policiales.
En 2021 en Rosario hubo una investigación por corrupción económica en la Jefatura de Rosario desarrollados durante la gestión en 2019 del jefe de policía provincial Marcelo Villanúa, que justamente ayer renunció a su cargo político en el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, donde se desempeñaba como subsecretario de Formación Policial. El domicilio de Villanúa fue allanado por orden judicial aunque él nunca fue imputado en esa causa.
En esa ocasión el fiscal David Carizza investigó la creación de empresas subordinadas a un grupo policial para prestar servicios pagados por la policía con la ventaja de conocer las ofertas de los competidores en el proceso de compras, a fin de cotizar menos y adjudicarlas. Se trataba de un caso de malversación de caudales públicos como el de ahora pero hacia servicios adquiridos por la policía. Esta causa permanece activa.
Por la nueva causa hay mucho dinero en efectivo secuestrado no por casualidad. Los pesquisas buscaron, según fuentes oficiales, producir los allanamientos en momentos coincidentes con el cobro regular del dinero malversado.
¿Quiénes son los policías que están presos y serán imputados desde el martes próximo? Además del mencionado Rodrigo Domínguez, aparece el comisario supervisor Gerardo Ramírez, histórico jefe del garaje policial de distribución de combustible de la Unidad Regional II. También el subinspector Sergio López del Comando Radioeléctrico, al que le atribuyen pasar las tarjetas Visa Flota en la estación de servicio Puma que se utilizó para las maniobras.
Se encuentra asimismo preso Fabián Fantín, comisario jefe de la sección Perros y Caballería. También entre los imputados detenidos están el comisario Juan Pigozzi, jefe de la Brigada de Orden Urbano, y el inspector Juan Villordo, encargado de combustible de la Brigada Motorizada.
También llegan presos la subinspectora Davina Pereyra, que es jefa de talleres mecánicos Tarragona. El inspector Mario Brest que es subjefe de la sección Perros y Caballería. El subinspector Javier Arce, del Cuerpo de Infantería. El subinspector Franco Ceballos del Grupo Táctico Multipropósito. El subinspector Jorge Delgado de la División Logística. Y el inspector Franco Cuesta de la Policía de Investigaciones.
Están asimismo detenidos Mónica Bianconi, Daniel Reynoso, María Fernanda De Franco y Artemio Coullery. Todos son civiles vinculados a Gas Auto Tiferno, la sociedad que controla la estación de servicio enganchada en las maniobras.
Los allanamientos en el ámbito policial se dieron en la División Logística, Sección Garaje, Grupo Táctico Multipropósito, Cuerpo de Guardia de Infantería, Administración y Finanzas, Policía Motorizada, Agrupación Cuerpos y Comando Radioeléctrico. También se allanó la División Logística de la Policía de Investigaciones (PDI) en su sede Lamadrid al 500, como tla sede de la Brigada de Orden Urbano, y la de Caballería y Perros. Asimismo los domicilios de algunos de los implicados.
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