Turismo Accesible: Nuevo curso del Municipio junto a FEHGRA

El Municipio de Villa Regina y la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (F.E.H.G.R.A.), lanzan un nuevo curso con inscripción abierta y totalmente gratuita.

En la Oficina de Turismo e Informes, ubicada en las intersecciones de Pioneros y Florencio Sánchez, los días miércoles 2 y jueves 3 de octubre, se estará dando un curso de Turismo Accesible.

A partir de las 15.00 hasta las 19.00, en ambos días, los concurrentes podrán incursionar en “Las Directrices de Accesibilidad en Servicios Turísticos”, las cuales están agrupadas en torno a 5 ejes  temáticos, que comprenden los diferentes aspectos que hacen a la gestión integral de los diversos establecimientos que brindan servicios turísticos.

Para inscribirse, los interesados y las interesadas deberán comunicarse a través del número telefónico 2984904350 (WhatsApp), ingresar a la Página Oficial de Facebook “Turismo Villa Regina” o enviar un Correo Electrónico a [email protected].

Ante cualquier duda, consulta o si quieren obtener más información al respecto, podrán acercarse a la Oficina de Turismo e Informes en los días y horarios de atención al público.

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  • Palos en la rueda

     

    “Te metiste con mi gente, ahora vas a ver. ¡Fuera el veto, los discas están primero!”. En Córdoba, Emi Ozan no necesita presentación: militante y autoridad disca de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y DD.HH., su voz arenga desde el micrófono frente a cientos de personas en la Plaza San Martín. Es una de las voces centrales en la jornada de paro y movilización, convocada por organizaciones de todo el país, para repudiar el veto del presidente Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

    Le siguen otros compañeros y compañeras que manifiestan el pedido de que los legisladores “se pongan las pilas”, comparten relatos personales, cantan y expresan emociones muy diversas. Se alternan con las voces de familiares, trabajadores y profesionales del campo de la discapacidad. La plaza principal de la capital de una provincia que hace casi dos años apoyó en un 74 por ciento la llegada al poder del gobierno libertario hoy está colmada de carteles que lo repudian.

    Un día antes, el Gobierno había publicado en el Boletín Oficial el veto a la ley aprobada por el Congreso. Un grupo de organizaciones de todo el país le respondió con un comunicado colectivo: “Desoyendo las millones de voces no sólo del colectivo de personas con discapacidad, sino de toda la sociedad argentina, el gobierno plasma con su veto el sello de una política de la crueldad, maquillada con la falacia del equilibrio fiscal”. Es el capítulo más reciente de una vertiginosa agenda de reclamos que no es nueva, pero que adquirió una dimensión insólita a partir de la brutal avanzada libertaria. 

    Una respuesta a la política de la crueldad

    La Ley de Emergencia surge como una respuesta de organizaciones de la sociedad civil —y luego acogida por la oposición en el Congreso— a la política de avasallamiento sobre los derechos de las personas con discapacidad y al ajuste inédito al sistema de prestaciones que impuso el Gobierno.

    Uno de los primeros golpes de La Libertad Avanza fue la derogación del decreto que permitía la compatibilidad entre pensión por discapacidad y trabajo formal. Esta compatibilidad había sido celebrada como una conquista histórica de un colectivo de más de cuatro millones de personas que tiene a más del 75 por ciento de la población económicamente activa desocupada. Las oportunidades de empleo a las que acceden las personas con discapacidad suelen tener condiciones precarias: sueldos bajos e inestabilidad. El riesgo de la suspensión o pérdida de la pensión, que luego es muy difícil recuperar, ha sido siempre una barrera frente la lejana promesa de un empleo formal. En estas escenas sucede lo razonable: las personas con discapacidad y sus familias suelen optar por lo seguro. La compatibilidad, en cambio, funcionaba como un aspecto positivo. Sin el miedo a perder la pensión, las personas adquirían seguridad para transitar las oportunidades de empleo y proyectar el desarrollo laboral. Es decir, un apoyo en términos del modelo social de la discapacidad.

    Esta temprana decisión fue parte de una serie de medidas que allanaron el camino para instalar la idea de hacer una auditoría, el eufemismo favorito del Gobierno. A una efectiva campaña mediática de desprestigio sobre la política de pensiones le siguió la modificación de la norma que reglamenta el acceso a las pensiones por discapacidad.Se reestablecieron los criterios que habían sido declarados inconstitucionales y sobre los cuales, en reiteradas oportunidades, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad había instado al Estado a modificarlos. Con esos nuevos (viejos) criterios inició la mentada auditoría. Organizaciones de todo el país han denunciado continuamente un mecanismo opaco y plagado de irregularidades: procedimientos inaccesibles, nulo respeto por el derecho a la información y a la defensa, confusiones y falacias al momento de publicar resultados. Las organizaciones manifestaron que el Estado debía controlar, pero mediante procedimientos transparentes y respetuosos de los derechos. Lo que llamaron auditoría fue en realidad un plan de recorte y una continua campaña de desprestigio hacia un Estado que garantiza derechos.

    La Ley de Emergencia podría ponerle un freno a estos retrocesos. Las pensiones hoy llamadas “por invalidez laboral” tendrían un criterio de “Pensiones por Discapacidad para la protección social”. El cambio es sustancial: mientras en la actualidad las personas deben demostrar una incapacidad total hacia el trabajo para acceder a este derecho, con la Ley de Emergencia, “toda persona que cuente con Certificado Único de Discapacidad, y que esté en situación de vulnerabilidad social” podría acceder a la pensión. Y, a la vez, restituye la compatibilidad con el empleo formal con ingresos de hasta dos salarios mínimos. Una muestra del carácter modesto de la Ley de Emergencia es que no modifica el monto magro de las pensiones: el 70 por ciento de una jubilación mínima. A la vez, la pensión también brinda acceso a la cobertura de salud. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el impacto entre el 0,22 y 0,42 % del PIB.

    La Ley de Emergencia también contempla una reparación urgente a un sistema de atención que atraviesa una crisis terminal: aranceles desactualizados, instituciones colapsadas, profesionales migrando a otros rubros. La ley propone aumentos extraordinarios para recuperar lo perdido desde diciembre de 2023 y una fórmula automática de actualización. Incluye, además, un régimen de emergencia para regularizar deudas tributarias y de seguridad social de prestadores. En síntesis, la ley busca reparar parcialmente un escenario de crisis transversal a todo el colectivo. Por ejemplo, en los talleres protegidos —espacios cooperativos de producción en rubros diversos como panificadoras, carpinterías o imprentas, donde muchas personas acceden a empleo— cada operario con discapacidad recibe 28 mil pesos por mes. La actualización de esta asignación estímulo que propone la Ley representa apenas el 0,0008 por ciento del PBI.

    Crueldad disfrazada de equilibrio fiscal

    En paralelo a las movilizaciones, nació una campaña con epicentro en Córdoba: “Córdoba defiende la Ley de Emergencia en Discapacidad”. Videos con testimonios de personas con discapacidad, familiares y trabajadores circularon por todo el país, articulado con otras provincias en un grito federal. Mercedes, mamá de Augusto, un niño de 12 años con autismo, lo dice con la bronca que todas las familias también sienten: “Las terapias se interrumpen, los profesionales cambian a otros trabajos por cuestiones económicas. En el recorrido educativo de mi hijo cambiamos siete veces de maestra integradora”.

    Desde los micrófonos en las plazas, la respuesta al veto insiste: “Más allá de que la Oficina de Presupuesto del Congreso ya estimó que el costo de esta ley es ínfimo, no vamos a hablar de números. No es un tema de costos. La política en discapacidad no es un gasto. Es una obligación del Estado. La cuenta discapacidad no es responsable del déficit fiscal”.

    Este paisaje de concentración se repitió en muchas ciudades del país. Pero en la movilización frente al Congreso Nacional la indignidad escaló a nuevos límites: se desplegó un burdo operativo que incluyó a la Policía Federal y la Gendarmería para controlar y amedrentar a personas con discapacidad que se movilizaban de forma pacífica. “Están pegando a gente en silla de ruedas, esto no lo vimos nunca en la historia argentina”, manifiesta una madre en una entrevista para la señal LN+. Antes había sintetizado con un dramatismo conmovedor el sentido de la jornada: “Me da más miedo que mi hijo se quede sin su escuela y sin sus terapias; que me vengan a pegar, no me importa, yo voy a defender los derechos de mi hijo. Todos importamos, no sólo la gente que tiene plata”. El video circuló por todo el país.

    El comunicado de las organizaciones expresa los próximos pasos. “Ahora es el momento en que los legisladores tienen la posibilidad de ponerse a la altura con dignidad y sostener la vigencia de la ley lograda en el Congreso Nacional. El movimiento de la discapacidad los está viendo. Desde las plazas, en las redes, en los medios, sosteniéndonos entre todos, como podemos, pero más unidos que nunca”. Hoy, los bloques de la oposición convocaron a una sesión especial en la Cámara de Diputados, pero el veto a la Ley no está dentro del temario porque no tendrían los votos asegurados para voltearlo. Además, con o sin los números necesarios, se especula con que tratar el veto cerca de las elecciones puede significar un costo más alto para el Gobierno.

    Estas son algunas de las marcas sociales de la irrupción de este movimiento en el que destacan las voces discas, las formas lisiadas de participación política, como gestos de estas movilizaciones, que transforman un reclamo sectorial en una disputa sobre la concepción misma de la discapacidad, como producción social.

    En palabras de la militante disca Gianna Mastrolinardo, “los seres humanos somos seres interdependientes, necesitamos unes de otres, no sólo las personas con discapacidad, todos, todas, todes necesitamos de otres, lo que venimos a hacer desde el colectivo de personas con discapacidad es recordarle a la sociedad, una y otra vez, su humanidad”.

    La entrada Palos en la rueda se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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  • FEMICIDIOS EN RIO NEGRO

    El femicidio ocurrido en Luis Beltrán pone en alerta a la comunidad rionegrina. La provincia se encuentra entre las regiones con tasas más altas de femicidios. A 48 horas del asesinato la Justicia está investigando el femicidio de Marisa Coliman, ocurrido en la localidad de Luis Beltrán ubicada en el Valle Medio de la provincia…

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  • Ucrania: una paz que avanza a la fuerza

     

    En menos de 72 horas, la relación transatlántica cambió de naturaleza y todo parece indicar que los ucranianos han perdido la guerra. El 12 de febrero de 2025, el flamante secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, dio inicio a las negociaciones de paz en Ucrania. Ya desde un comienzo cedió ante las dos principales exigencias de Moscú: la no adhesión de Kiev a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la ratificación de las “nuevas realidades territoriales”, es decir, la anexión de cuatro regiones ucranianas a Rusia, así como también de Crimea. Al día siguiente, tras una larga conversación telefónica con Vladimir Putin, el presidente Donald Trump anunció su intención de reunirse con su par ruso en Arabia Saudita –sin los ucranianos ni los europeos– y expresó su deseo de que pronto se organicen elecciones en Ucrania. Finalmente, el 14 de febrero, en un discurso pronunciado en una conferencia en Munich, el vicepresidente estadounidense, más que abordar la cuestión ucraniana, reprochó a los dirigentes europeos el hecho de que deshonraran las aspiraciones de sus propios pueblos restringiendo la libertad de expresión en las redes sociales o anulando las elecciones en Rumania por supuestas injerencias rusas (1).

    Semanas antes, Trump había lanzado una ofensiva comercial al aumentar los aranceles a las importaciones de Canadá, México y la Unión Europea, y también había expresado sus intenciones anexionistas sobre Groenlandia (2). Sin embargo, de ahora en adelante, ya no se trata tan sólo de manipular a sus “aliados” para que compren más armas o para equilibrar la balanza comercial. Al declarar que Estados Unidos no les concedería garantías de seguridad ni a Ucrania ni a las tropas europeas que pudieran desplegarse para hacer cumplir un eventual alto el fuego, Trump inevitablemente sembró dudas sobre la solidaridad estadounidense en caso de un ataque al territorio de un miembro de la OTAN. Sin su contrapartida de seguridad, el vínculo transatlántico se parecería más bien a una completa relación de dependencia.

    No obstante, desde 2022, Estados Unidos ha “invertido” un promedio de 35.300 millones de dólares por año en Ucrania (3). Mucho más que los 3.000 a 5.000 millones de dólares que Washington destinó cada año a Israel antes del ataque del 7 de octubre de 2023 y el equivalente a casi la mitad de los gastos militares anuales para Afganistán entre 2001 y 2019 –un esfuerzo para financiar una ocupación militar y operaciones directas–. El nivel de apoyo a Ucrania se sitúa, por lo tanto, en algún punto intermedio entre la ayuda brindada a un aliado histórico en Medio Oriente y el compromiso de una intervención directa en el campo de batalla en su propio nombre. Pero a Trump poco le importa todo eso: la guerra en Ucrania no es la de Estados Unidos, sino la de su antiguo rival Joseph Biden…

    Errores de cálculo

    Evidentemente, la magnitud de la ayuda occidental llevó a Kiev a cometer un error y la alentó a rechazar la negociación. En la primavera boreal de 2022, incluso antes de que Occidente le proporcionara su apoyo militar, la resistencia ucraniana podía enorgullecerse de haber frustrado la operación de cambio de régimen fomentada por el Kremlin y de haber minimizado las pérdidas territoriales. Después de cuatro semanas de combates, los beligerantes estaban cerca de llegar a un acuerdo. En Estambul, Kiev aceptó un estatus de neutralidad –es decir, renunció a adherirse a la Alianza Atlántica– y confirmó su intención de no dotarse de armas nucleares. A cambio, buscaba conseguir la retirada voluntaria de Moscú de los territorios que había ocupado desde el 24 de febrero. Sin embargo, Kiev necesitaba garantía de seguridad por parte de los líderes occidentales, quienes se la negaron. Boris Johnson se convirtió en el portavoz de la posición occidental durante una visita a la calle Bankova, sede de la Presidencia ucraniana. El Primer Ministro británico afirmó que nunca firmaría un acuerdo con Putin. Por eso, lo que ofrecían no eran garantías, sino armas (4).

    Europa deberá pagar la reconstrucción de Ucrania y, al mismo tiempo, afrontar los costos de su seguridad.

    Por un tiempo fue posible creer que dicha apuesta resultaría exitosa. Tras una primera contraofensiva, en noviembre de 2022, Kiev recuperó la ciudad de Jersón, ubicada en la orilla derecha del río Dnieper. Se desató la euforia. La palabra “negociaciones” se volvió tabú. No alinearse con los objetivos ucranianos –es decir, recuperar por la fuerza las fronteras de 1991– equivalía a firmar un pacto con el diablo. Los grandes medios de comunicación occidentales respaldaron el decreto ucraniano de octubre de 2022 que prohibía las negociaciones con Putin, a quien buscaban llevar ante la justicia internacional por crímenes de guerra (5).

    Sin embargo, la segunda contraofensiva ucraniana de junio de 2023 resultó en una derrota. En los medios de prensa, los estadounidenses expresaron su descontento: Kiev habría escatimado demasiado sus hombres para privilegiar ataques tácticos dispersos a lo largo del frente en lugar de enviar soldados en masa a los campos de minas rusos con la esperanza de traspasar las defensas del adversario y cortar el puente terrestre entre Rusia y Crimea (6). Bajo la presión de Washington, Kiev redujo la edad de reclutamiento de 27 a 25 años en abril de 2024, pero en diciembre se negó a bajarla a los 18 años. Así, la apuesta hecha en base a las exhortaciones occidentales fracasó trágicamente. Tanto el costo humano –cientos de miles de muertos y heridos– como los sacrificios exigidos a la sociedad fueron en vano (7).

    Como lógica consecuencia, durante el mismo período, Rusia experimentó una suerte inversa. El inicio de su “operación militar especial” resultó un fiasco. Los servicios de inteligencia rusos sobrestimaron los apoyos con los que contarían tanto por parte de la población como dentro de las élites ucranianas. El Ejército se estancó en los barrios periféricos de la capital ucraniana y fracasó en su intento de tomar el control del país. El Kremlin decidió entonces concentrar su dispositivo militar en el Donbass y Crimea. Concebida inicialmente como una expedición relámpago, la guerra fue cambiando de escala y de naturaleza. La movilización forzada decretada en septiembre de 2022 provocó una ola de protestas y exilios.

    Atrapada en su propia guerra, Rusia agravó su situación en materia de seguridad. Su “operación militar especial” tenía como objetivo, por un lado, prevenir que Ucrania se rearmara –antes de que Kiev recuperara por la fuerza las regiones separatistas prorrusas– y, por otro lado, poner un freno a la expansión de la OTAN hacia el Este. No obstante, unos meses después del inicio del conflicto, Rusia enardeció el patriotismo de un adversario que recibía un flujo continuo de armas y que contaba con el respaldo de una Alianza Atlántica reforzada con dos nuevos miembros: Suecia y Finlandia, que limitan con la zona ártica, estratégica para Moscú. Los dirigentes europeos reforzaron los batallones enviados al flanco oriental de la alianza, incluida Francia, que hasta entonces se oponía a una presencia permanente. La fuerza de reacción rápida de la OTAN cuadruplicó su número de efectivos; también continuó la construcción de la nueva base antimisiles estadounidense en Polonia, en donde los norteamericanos elevaron su presencia militar a 10.000 soldados. Lejos de calmarse, en Rusia las preocupaciones respecto de la seguridad se intensificaron por no haber previsto la fuerza y la unidad de la reacción occidental. Empero, al apostar por la consolidación de sus defensas detrás del Dnieper, Rusia logró estabilizar el frente. Los avances territoriales, como la toma de Bajmut en mayo de 2023, se consiguieron a costa del sacrificio de numerosas tropas, en un país ya golpeado por su crisis demográfica.

    El Presidente estadounidense parece elevar a Rusia al rango de nueva aliada.

    Si bien Rusia mostró debilidades militares, la resiliencia de su economía resultó sorprendente. El Banco Central había acumulado suficientes reservas para asumir una confrontación financiera con Occidente. Logró sostener eficazmente el rublo y salvar su sistema bancario a pesar del congelamiento de sus activos en Europa y Estados Unidos. En cuanto a las sanciones energéticas, terminaron volviéndose en contra de los propios impulsores europeos: el aumento de los precios del gas compensó la pérdida de los volúmenes enviados al Viejo Continente, dando tiempo a Rusia para reorientar sus exportaciones de hidrocarburos hacia Asia (8). El fracaso de la estrategia de aislamiento se volvió evidente porque, si bien Moscú se vio obligada a recurrir a “Estados parias”, como Corea del Norte o Irán, para obtener armas o soldados, la realidad es que no le faltaron socios económicos interesados en sus descuentos energéticos. Los países que forman el núcleo del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) vieron con preocupación la ofensiva punitiva financiera de Washington contra uno de sus miembros y profundizaron de forma preventiva su cooperación para reducir el uso del dólar en sus intercambios. En 2024, BRICS acogió a cinco miembros nuevos, entre los que destacan los Emiratos Árabes Unidos, un actor clave en las nuevas rutas del petróleo ruso (véase el artículo de págs. 12-14).

    ¿Acercamiento al hermano menor?

    Al elegir negociar cara a cara con Moscú, Trump le ofrece una vía de escape al Kremlin. El Presidente estadounidense parece elevar a Rusia al rango de nueva aliada. Las concesiones, por ahora sólo verbales, resultan vertiginosas: reanudación de las negociaciones sobre el desarme, promesa de reincorporación al G7 y, a largo plazo, levantamiento de las sanciones. Aunque el Presidente estadounidense trate de morigerar estas promesas en las próximas semanas, la solidaridad transatlántica parece estar ya profundamente deteriorada.

    Estas declaraciones podrían cerrar la era geopolítica que comenzó en 1949. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos creó la Alianza Atlántica para imponer su influencia a la mitad de Europa, mientras que la otra mitad se alineaba primero con el bloque soviético y luego se unía al Pacto de Varsovia en 1955. Sin embargo, a fines de la década de 1980, el último líder soviético, Mijail Gorbachov, al frente de un país agotado por la carrera armamentista, se comprometió con una serie de concesiones unilaterales y desordenadas: aceptó la reunificación de Alemania y su adhesión a la OTAN sin obtener garantías escritas sobre la no expansión de la alianza occidental en Europa del Este. De este modo, el antiguo instrumento de seguridad sobrevivió a la Guerra Fría, y la Unión Europea, al expandirse, permaneció firmemente vinculada a Washington. Aunque en 1989 y 1990 se llegó a considerar por un momento la posibilidad de implementar un nuevo sistema de seguridad, no surgió ninguno alternativo tras la disolución de la URSS en 1991. Si bien el conflicto ruso-ucraniano tiene en parte su origen en esta oportunidad perdida, su resolución negociada está provocando una reconciliación ruso-estadounidense a espaldas de Europa.

    En Munich, el vicepresidente James David Vance incluso señaló una nueva dirección estratégica de Estados Unidos: “A Putin no le interesa ser el hermano menor en una coalición con China” (9). ¿Se trata del regreso a la estrategia de triangulación que había puesto en marcha el presidente estadounidense Richard Nixon en 1971 al acercarse al “hermano menor” (en ese entonces, China) para aislar mejor al enemigo principal (la URSS)? Si este es el “plan”, Trump tendrá dificultades para romper el eje Rusia-China. Pekín, si bien se molestó por el hecho consumado de la invasión rusa y le ha reprochado a Moscú su abuso de la amenaza nuclear, no le ha retirado su apoyo. China suministra de manera discreta tecnologías necesarias para el complejo militar-industrial ruso, al mismo tiempo que profundiza su cooperación militar con Moscú. Aunque desequilibrada, esta relación se basa en una fuerte frustración compartida respecto de un orden internacional dominado por Estados Unidos desde el final de la Guerra Fría.

    ¿Y Europa?… Europa se encuentra en la peor situación posible: ya debilitada por la crisis energética que ella misma provocó al renunciar –a petición de Washington– al gas ruso barato y pronto golpeada también por la guerra comercial decretada por la Casa Blanca, ahora se ve obligada a gestionar en soledad las consecuencias del revés occidental en Ucrania. Mientras la confrontación con Rusia alcanza un nivel incandescente y sus arsenales se han vaciado en favor de Kiev, Europa se prepara para aumentar de forma urgente su gasto militar, lo que implica comprar armamento estadounidense. Washington le exigía un “reparto de la carga” de la financiación de la alianza. Ahora la carga es doble: pagar la reconstrucción de Ucrania (que, a esta altura, Rusia deja de buena gana en manos de la Unión Europea) y, al mismo tiempo, asumir su propia seguridad. El gasto parece simplemente inasumible para los presupuestos europeos y augura nuevas divisiones.

    1. Benoît Bréville, “Liquidación electoral”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, enero de 2025.
    2. Philippe Descamps, “Affoler la meute”, Le Monde diplomatique, París, febrero de 2025.
    3. “Ukraine support tracker”, Kiel Institute for the World, 2024.
    4. Samuel Charap y Sergueï Radchenko, “¿Podría haber terminado la guerra en Ucrania?”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, julio de 2024. Volodimir Zelensky se esfuerza en negar el papel que habría desempeñado así Johnson; véase también Shaun Walker, “Zelensky rejects claim Boris Johnson talked him out of 2022 peace deal”, The Guardian, Londres, 12 de febrero de 2025.
    5. Véase, por ejemplo, “Soutenir l’Ukraine pour assurer la paix”, Le Monde diplomatique, 10 de enero de 2023.
    6. Alex Horton y John Hudson, “US intelligence says Ukraine will fail to meet offensive’s key goal”, The Washington Post, 17 de agosto de 2023.
    7. Hélène Richard, “Ucrania, una sociedad dividida por la guerra”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, noviembre de 2023.
    8. Hélène Richard, “Sanciones de doble filo”, Le Monde diplomatique, noviembre de 2022.
    9. Bojan Pancevski y Alexander Ward, “Vance wields threat of sanctions, military action to push Putin into Ukraine deal”, The Wall Street Journal, Nueva York, 14 de febrero de 2025.

     

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