LALCEC: CAMPAÑA PREVENCIÓN

 

Un crédito de más de $52.600 millones para una empresa creada en 2024, sin ingresos declarados y con inconsistencias en sus antecedentes terminó convertido en un escándalo dentro del Banco Nación. El dato político es inevitable: la operación fue impulsada desde la Casa Central en Buenos Aires, durante la administración de Milei, y el gerente que se negó a firmarla denunció presiones y terminó con un traslado a 1.300 kilómetros de su casa. La Justicia frenó la medida. El potencial beneficiario, Mariano Jinkis, acaba de admitir ante la Justicia estadounidense el pago de sobornos en el escándalo FIFAgate.

Por Roque Pérez para NLI

Hay una contradicción que atraviesa buena parte de la gestión de Milei: el Gobierno habla permanentemente de eficiencia, austeridad, mérito y cuidado de los recursos públicos, pero cuando se mira el funcionamiento concreto de algunas estructuras estatales aparecen episodios que obligan a formular preguntas mucho más incómodas. El caso que acaba de salir a la luz en el Banco Nación es uno de ellos y tiene una cifra imposible de ignorar: más de $52.600 millones que estuvieron en proceso de evaluación para financiar un emprendimiento inmobiliario en Mar del Plata.

No se trata de una operación menor ni de una pyme buscando capital de trabajo. Se trataba de un proyecto inmobiliario compuesto por dos torres de 23 y 16 pisos, con 238 unidades funcionales, promovido por Jardines de Chauvín SA, una sociedad constituida en junio de 2024. Según la investigación de Hugo Alconada Mon, la propia auditoría interna del Banco Nación detectó que la empresa no tenía experiencia comprobable en construcción, no presentaba ingresos durante el ejercicio analizado y tenía un balance negativo. Más todavía: en la documentación presentada aparecían como antecedentes obras de 2014, 2017, 2020 y 2021, pese a que la sociedad había sido constituida recién en 2024.

El Estado que quería prestar $52.600 millones

El dato que debería encender todas las luces amarillas es que el crédito no comenzó en Mar del Plata porque el empresario hubiera llegado con una carpeta a golpear las puertas del banco. Según una auditoría interna citada por LA NACION, fue un área de la Casa Central del Banco Nación, en Buenos Aires, la que contactó al estudio de arquitectos vinculado con el emprendimiento para conseguir el contacto de Jardines de Chauvín. El banco ofrece otra versión sobre el origen de la relación, pero la propia auditoría dejó registrado que el proceso se inició desde Buenos Aires.

Es decir, la discusión no es solamente por quién pidió el préstamo. Lo verdaderamente relevante es quién dentro de la estructura estatal tomó la decisión de avanzar, quién evaluó el proyecto y por qué una operación de semejante magnitud llegó hasta las instancias superiores del banco cuando existían elementos que ya generaban dudas.

Durante 2025, funcionarios de la entidad consideraron que el proyecto tenía una “factibilidad financiera favorable” y una capacidad de repago consistente. Inicialmente se hablaba de unos $35.600 millones, pero una tasación externa ubicó el valor del emprendimiento en US$35,6 millones, equivalente entonces a unos $52.638 millones.

Y aquí aparece una de las partes más llamativas del expediente: mientras el proceso avanzaba desde Buenos Aires, el gerente de la Gerencia Zonal Atlántica, Pablo Pourrere, empezó a plantear objeciones. Cuestionó los antecedentes de la empresa, observó su situación económica y pidió una evaluación externa.

También apareció otro dato sensible. El principal accionista de Jardines de Chauvín era Mariano Jinkis, dueño del 90% de la sociedad. Jinkis y su padre, Hugo, habían quedado involucrados en el escándalo internacional FIFAgate y el 26 de agosto de este año admitieron ante la Justicia estadounidense haber pagado sobornos a dirigentes del fútbol sudamericano entre 2010 y 2015. El acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense contempla un pago de US$50 millones.

Ante ese antecedente, la Subgerencia General de Integridad del propio Nación había recomendado aplicar un “criterio reforzado de debida diligencia” antes de avanzar con la operación.

Pero el problema es que esa advertencia no llegó inmediatamente al gerente que debía analizar el crédito. El informe fue elaborado el 19 de febrero y, según la investigación, recién llegó a Pourrere el 26 de marzo.

El gerente dijo que no y después llegó el traslado

La secuencia es la que convierte un expediente crediticio en un problema político.

El 3 de marzo, desde el área de Productos Hipotecarios de Buenos Aires enviaron a Pourrere un modelo de resolución para avanzar con el crédito. La instrucción pedía continuar con la propuesta formal para el cliente, incluyendo incluso la apertura de cuentas y otros productos bancarios.

Pourrere se negó a firmar.

Pocos días después comenzó otro capítulo: el gerente fue notificado de su traslado a una sucursal de menor categoría en Reconquista, Santa Fe, a unos 1.300 kilómetros de Mar del Plata. La resolución del Directorio estaba fechada el 20 de febrero, antes de la negativa formal, un argumento que el Banco utiliza para rechazar cualquier relación entre ambas cuestiones. Pero Pourrere denunció presiones y sostuvo que el traslado constituía una represalia por haberse negado a impulsar la operación.

Aquí es donde el caso adquiere una dimensión que excede al Banco Nación: ¿qué mensaje recibe un funcionario público cuando formula objeciones frente a una operación millonaria y poco después se encuentra con un traslado que lo aleja 1.300 kilómetros de su familia?

El Banco sostiene que ambos procesos fueron independientes. La Justicia, por ahora, no cerró esa discusión, pero sí consideró que había elementos suficientes para suspender el traslado. El juez federal subrogante de Mar del Plata, Bernardo Bibel, señaló que la medida, “prima facie”, no parecía estar debidamente fundada en razones objetivas y técnicas y tomó en consideración las inconsistencias detectadas en la operación, las presuntas presiones y las observaciones de la propia auditoría interna.

El discurso libertario frente a la caja del Estado

Y acá aparece el problema político para Milei.

El Banco Nación no es una entidad privada. Es una institución estatal que administra recursos públicos. Por eso, aunque todavía no exista ninguna prueba que permita afirmar que el Presidente haya intervenido personalmente en esta operación, sí resulta absolutamente legítimo preguntarle al Gobierno qué controles políticos y administrativos existen sobre lo que ocurre dentro de una institución estratégica que forma parte del aparato estatal nacional.

Más todavía cuando el relato oficial de La Libertad Avanza construyó buena parte de su identidad política alrededor de una supuesta superioridad de la gestión privada sobre el Estado, de la eliminación de la “casta”, de la eficiencia y de la reducción del gasto público.

El episodio del Nación expone una paradoja difícil de esconder: el mismo Estado que el mileísmo presenta como ineficiente cuando tiene que garantizar derechos sociales aparece, en este expediente, intentando canalizar decenas de miles de millones de pesos hacia un emprendimiento privado.

Y no hacia cualquier empresa. Hacia una sociedad creada apenas dos años antes, sin ingresos declarados en el ejercicio analizado, con antecedentes documentales que despertaron objeciones y cuyo principal accionista acaba de admitir ante la Justicia norteamericana el pago de sobornos vinculados al fútbol internacional.

El crédito finalmente fue rechazado. Y ese dato es importante. No hay que decir que los $52.600 millones fueron entregados porque no lo fueron. Pero tampoco alcanza con decir que “no pasó nada” porque el dinero nunca salió.

Pasó que la Casa Central impulsó la operación. Pasó que hubo funcionarios que evaluaron favorablemente el proyecto. Pasó que aparecieron inconsistencias. Pasó que un informe de integridad recomendó extremar los controles. Pasó que documentación clave llegó con semanas de demora. Pasó que desde Buenos Aires se pidió avanzar con la propuesta formal. Pasó que un gerente se negó a firmar. Pasó que ese gerente recibió una orden de traslado a 1.300 kilómetros de distancia. Pasó que denunció presiones. Pasó que el propio Banco abrió una auditoría. Y pasó que esa auditoría encontró “deficiencias”, “inconsistencias”, debilidades documentales y ausencia de evidencia sobre experiencia comprobable en construcción.

Finalmente, el 18 de mayo, el propio Banco Nación terminó rechazando el financiamiento por cuestiones vinculadas con el riesgo reputacional y de integridad.

Por eso, el interrogante político no debería reducirse a si “Milei ordenó el crédito”, porque eso no está probado. La pregunta es mucho más seria: ¿cómo funciona el Banco Nación bajo la administración de Milei para que una operación de más de $52.600 millones pueda avanzar hasta semejante instancia pese a las objeciones internas que ya estaban planteadas?

Porque si el Gobierno pretende convencer a los argentinos de que el Estado debe retirarse de todo aquello que pueda hacer el sector privado, entonces tendrá que explicar también por qué la estructura estatal que administra el dinero de todos llegó a evaluar con semejante entusiasmo un crédito multimillonario para un emprendimiento privado rodeado de advertencias.

Y si la respuesta oficial es que los controles funcionaron porque finalmente el crédito fue rechazado, queda otra pregunta todavía más incómoda: ¿por qué fue necesario que un gerente se plantara, que aparecieran denuncias de presiones, que interviniera la Justicia y que una auditoría interna detectara inconsistencias para que esos controles terminaran funcionando?

En el Banco Nación de Milei, por ahora, los $52.600 millones no salieron. Pero el expediente dejó algo mucho más difícil de esconder: una radiografía de cómo se toman algunas decisiones dentro del Estado que el Gobierno dice querer hacer desaparecer.