Desde LALCEC Villa Regina queremos comunicar que realizaremos junto con el Hospital Área Programa de Villa Regina, una Campaña sin costo de Prevención de Cáncer de Piel mediante el Control de lunares y manchas sospechosas, para personas que no posean cobertura médica, durante la semana del 03 al 06 de Diciembre. Para solicitar turnos pueden llamarnos al 0298-4465 555 o acercarse a nuestra Sede en calle Alessandrini 1006 de lunes a viernes de 8:00hs a 12:00hs.
El gobierno entró en deliberación sobre las consecuencias de la derogación de los artículos de la Ley de Manejo del Fuego que penan a los propietarios de campos donde se produzcan incendios intencionales, en medio del estrago que se produce desde diciembre en las provincias patagónicas. «La derogación está en evaluación», dijo este martes una fuente libertaria ante la consulta de LPO.
La asunción de la duda contrasta con las definiciones del Consejo de Mayo, que postulaba la derogación de los artículos 22 bis, ter y quater, introducidos en las modificaciones impulsadas por Máximo Kirchner en 2020, para restituir el articulado original. Aquellos cambios establecían un plazo de 60 años sin que los propietarios de un terreno incendiado por quemas de pastos puedan darle a su tierra un uso o destino diferente al que le daban antes del siniestro.
Frente al descontrol de la situación en la Patagonia, el oficialismo en el Congreso espera indicaciones de Casa Rosada.
Como informó LPO, los gobernadores Sergio Ziliotto, Alberto Weretilneck, Rolando Figueroa, Ignacio Torres y Claudio Vidal organizaron una cumbre para definir una postura ante la Casa Rosada y reclamar la declaración de la emergencia ígnea.
El bloque de diputados peronista, por su parte, ya había presentado un proyecto con ese objetivo el pasado 9 de enero. La iniciativa lleva la firma de legisladores patagónicos como el neuquino Pablo Todero, el chubutense José Glinsky, los rionegrinos Marcelo Mango y Adriana Serquis, los santacruceños Ana María Ianni y Juan Carlos Molina y el pampeano Ariel Rauschenberger pero también las de la bonaerense Sabrina Selva y el entrerriano Guillermo Michel.
El proyecto de ley consta de 11 artículos y, además de declarar la «emergencia ígnea y ambiental» por 180 días, dispone el giro inmediato de ATN para las provincias afectadas por el fuego. Según el articulado, esos fondos deberían destinarse a la población damnificada, la reconstrucción de infraestructura pública crítica, acciones de reparación ambiental y asistencia a los productores.
El proyecto de ley consta de 11 artículos y, además de declarar la ‘emergencia ígnea y ambiental’ por 180 días, dispone el giro inmediato de ATN para las provincias afectadas por el fuego.
También proponen la implementación de aumentos a las asignaciones a través de ANSES, como la AUH y prestaciones por desempleo, distribución de agua y alivio fiscal para personas físicas y jurídicas emplazadas en municipios castigados por los incendios.
Llamativamente, la bancada peronista no había divulgado con intensidad el proyecto, acaso atravesada por las discusiones sobre la suerte del PJ bonaerense. Pero fuentes parlamentarias argumentaron ante LPO que la conducción del bloque seguía este martes con atención la cumbre de gobernadores, más allá de que el temario de la reunión a la que habían convocado fuera el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. «Lo estamos siguiendo porque los proyectos de declaración de emergencia son de nuestros diputados y ellos han pedido por nota que el tema sea tratado en extraordinarias».
En tanto, los gobernadores pretenden lo mismo para que la discusión sobre herramientas paliativas frente al estrago comience el próximo 2 de febrero, fecha de inicio de las sesiones extraordinarias.
Domingo Cavallo afirmó en un artículo publicado en su blog bajo el titulo «Re-monetización por compra de reservas, la mejor opción para reactivar la economía» que «la baja del riesgo país conseguida con compra de reservas por parte del Banco Central es una muy buena señal si se acompaña con reformas cambiarias y financieras, puede transformarse en la mejor opción para reactivar la economía».
Sin embargo, advirtió que «el gobierno no debe entusiasmarse con la calma cambiaria conseguida a través de fuertes diferencias entre las tasas de interés en pesos y el ritmo de ajuste del tipo de cambio nominal (carry trade), porque esa calma esconde tras de sí un clima recesivo en muchos sectores de producción de bienes y servicios para el mercado interno».
En efecto, un analista que sigue de cerca el proceso económico dijo a LPO que «la sustancia es que si compras dólares subiendo las tasas (para aspirar los pesos que inyectas en el mercado para evitar que el tipo de cambio se aprecie) lo único que haces es acentuar la recesión.»
«Cuando se termine el carry trade (que está hecho para terminar en algún momento), todo lo que pisaste del TC se te va y encima aplastaste la actividad en el camino. Lo que sugiere es que compres reservas con emisión, dejes de intervenir en el mercado de cambios y dejes que el TC se acomode», agregó.
En ese marco, Cavallo sostuvo que «para que las reformas estructurales que persigue el gobierno puedan llevarse a la práctica, es muy importante que el 2026 sea un año de fuerte reactivación del mercado interno sin que tienda a aumentar sostenidamente la tasa de inflación, que a lo largo de 2025 osciló alrededor del 2% mensual».
El gobierno no debe entusiasmarse con la calma cambiaria conseguida a través de fuertes diferencias entre las tasas de interés en pesos y el ritmo de ajuste del tipo de cambio nominal (carry trade), porque esa calma esconde tras de sí un clima recesivo en muchos sectores de producción de bienes y servicios para el mercado interno
Para eso, propuso continuar con la compra de reservas ya que «la acumulación de reservas libres en el Banco Central ayuda a que baje la tasa de riesgo país».
«En la medida que este fenómeno continúe, se irá aproximando el momento en el que Argentina recupere el acceso al mercado internacional de capitales a tasas de interés que no excedan su ritmo potencial de crecimiento», agregó.
Cavallo aclaró que «no se debe confundir la compra de reservas para acumularlas en el Banco Central con la compra de divisas que necesitan hacer el Tesoro y las provincias para cumplir con el pago de intereses de la deuda externa».
El ex ministro de Carlos Menem alertó sobre el peligro que «las tasas de interés en pesos se mantengan demasiado altas en términos reales». «En principio, si baja la tasa de riesgo país, es decir el costo del endeudamiento en dólares, deberían bajar también las tasas de interés en pesos en términos reales», afirmó.
En esa línea, remarcó que «la única razón por la que esto no está ocurriendo es porque el mantenimiento del cepo cambiario a las empresas y a los intermediarios financieros sigue dejando como espada de Damocles en el mercado cambiario la decisión, que en algún momento deberá tomarse, de disponer la completa libertad de movimiento de capitales, algo que se da en todas las economías bien organizadas y estables del mundo».
Lo mejor que podría hacer el gobierno en este momento es seguir acumulando reservas sin inducir carry trade sino avanzando rápidamente hacia la eliminación completa del cepo con garantías de que no va a ser reintroducido bajo ninguna circunstancia.
«Lo mejor que podría hacer el gobierno en este momento es seguir acumulando reservas sin inducir carry trade sino avanzando rápidamente hacia la eliminación completa del cepo con garantías de que no va a ser reintroducido bajo ninguna circunstancia. Esto requeriría declarar al dólar como moneda de curso legal, derogar la ley penal cambiaria y liberalizar la intermediación financiera para permitir la expansión del crédito bancario, tanto en pesos como en dólares, a tasas de interés que en términos reales no superen la tasa de crecimiento potencial de la economía», afirmó.
Por último, Cavallo aseguró que «el aumento que podría darse del tipo de cambio nominal para que el tipo de cambio real encuentre su nivel de equilibrio será mucho menor que el que se daría más adelante si la eliminación del cepo se posterga muchos meses y se va deteriorando el superávit comercial muy favorable de este momento».
«Es peligroso que la contención de la inflación dependa de la apreciación real del Peso lograda por restricciones cambiarias y altas tasas reales de interés. La forma de evitar la acumulación de reservas financiadas por carry trade es simple: el sector público, tanto el Estado Nacional como las provincias, tendrán prohibido endeudarse en pesos a tasa fija. Sólo podrán hacerlo en pesos ajustables por inflación o por tipo de cambio y por plazos mayores a seis meses», concluyó.
A partir de este miércoles 3 se podrá visitar en el Galpón de las Artes la muestra ‘Improntas reginenses’ de María Cristina Bay. La apertura de la misma será a las 20 horas. Con su impronta Bay muestra un variado universo de sutiles y exultantes colores, colmados de riqueza visual y expresiva revalorizando y exhibiendo…
¿Qué pasaría si las manos desaparecen y las sombras de los aplausos continúan aplaudiendo? ¿Qué pasaría si la piedra del aplauso ve como las manos se esconden para siempre? Es así que comenzó a suceder, primero fueron los dedos, quienes retenidos en la mismísima nebulosa digital, y sin darse cuenta, iban borrando de a poco…
La Justicia de Rosario le puso un freno al gobierno santafesino respecto de las condiciones de detención de presos de alto perfil, lo que es uno de los puntales de la política de seguridad adoptadas y pregonadas por Maximiliano Pullaro.
La resolución de la Cámara Penal revocó una medida fundamental de movimientos de reclusos porque indica que su implementación es inconsulta hacia el Poder Judicial, de quien dependen los detenidos, y que supone regímenes de aislamiento contrarios a la Constitución Nacional y a tratados internacionales que regulan la legislación argentina.
La determinación la adoptó el camarista penal Javier Beltramone en una causa por homicidio calificado seguida contra nueve presos implicados en el asesinato de otro recluso en noviembre pasado. Lo que hace el fallo es marcar un límite hacia las restricciones carcelarias que prevé el modificado artículo 220 bis del Código Procesal Penal, que el gobierno de Pullaro adopta como herramienta de la política penitenciaria.
Es un aspecto sensible para el gobierno de Pullaro que endureció las condiciones de detención y aislamiento de los detenidos llamados de alto perfil, que son los considerados de mayor riesgo, por sus implicancias en la violencia que azotó Rosario, y que a criterio de la gestión bajó en gran medida en los dos últimos años por el mayor control de las prisiones.
Pero según diversos actores del sistema penal y también internacionales eso se hizo no sin controversia. A tal punto que el Comité de Tortura de la ONU en su último informe expresa advertencias y preocupación por el manejo de cárceles en Santa Fe. Lo que va de la mano con una tendencia marcada a dejar de lado, según lo que funcionarios de órganos de Justicia dicen a LPO, desde los mismos jueces las medidas que suponen dar beneficios en la ejecución penal, que en muchos casos impiden salidas legales hasta el cumplimiento total de la pena.
El fallo
El caso resuelto por el camarista Beltramone se refiere a una medida resuelta por el juez Fernando Sosa que en noviembre pasado formalizó la prisión preventiva contra nueve presos, acusados por distintos roles en el homicidio hace un año del interno Agustín de la Encina Capeletti, de 26 años, en la cárcel de Piñero, situada a 15 kilómetros de Rosario.
De la Encina Capeletti había sido apresado como dealer de cocaína de la banda de Yanina Alvarado, hermana del líder criminal Esteban Alvarado. El 13 de enero de 2025 un grupo de reclusos lo mataron a puñaladas y golpes un grupo de reclusos entre los que están Jorge González, Marcelo Andrés Chávez, Franco Darío Aguiar, Nahuel Yamir Clavero, Sebastián Gabriel Grondona, Adrián Candia Roldán, Darío Rodrigo Varela, Kevin Leandro Sosa y Jonatan Adrián Gauto. También fueron involucrados dos agentes penitenciarios por haber facilitado el crimen.
Pullaro en la cárcel de «El Infierno»
Después de la resolución del juez Sosa las defensas apelaron cuestionando en especial el régimen de incomunicación adoptado para los reclusos. Lo que hizo Beltramone al analizar el trámite como camarista no objeta la prisión preventiva dictada por el magistrado inicial pero ordena que los distintos imputados permanezcan alojados en pabellones distintos, sin contacto entre ellos durante 30 días o hasta el momento de que el caso siga judicialmente con la acusación formal.
Y fue terminante en dos puntos. Primero en prohibir que la medida se ejecute en celdas de aislamiento, celdas de castigo o regímenes de confinamiento solitario. Igual de categórico fue al decirle al Poder Ejecutivo que la situación de los presos depende de lo que dispongan los jueces y no discrecionalmente autoridades administrativas que manejan las cárceles.
Desde el Servicio Penitenciario de Santa Fe habían indicado que disponer a los presos en aislamiento se explicaba en un pedido de la fiscalía, y en que resultaba materialmente imposible cumplir con otra variante por la falta de infraestructura adecuada para presos de alto perfil y porque era imposible garantizar de otra manera la investigación penal.
Beltamone replicó que la ejecución de la medida de prisión preventiva había desnaturalizado lo solicitado, que se había sostenido de forma ilegal y gravosa para los derechos de los detenidos. Y marca además que el Servicio Penitenciario no está habilitado para reinterpretar o modificar el contenido de órdenes judiciales.
Por eso obliga al cese inmediato de la vigencia de las medidas de encierro en aislamiento. Y le hace saber al Servicio Penitenciario que las medidas restrictivas de la libertad dependen exclusivamente del Poder Judicial.
Un contexto complejo
Toda esta significativa controversia se monta en una tensión muy compleja que afecta a lo institucional pero también a la seguridad pública. Desde 2013 en adelante, cuando Rosario duplicó sus tasas de violencia altamente lesiva, hubo un papel notorio en los hechos de sangre que provenían de directivas en las cárceles. Fue muy notorio en audiencias judiciales: organizaciones criminales robustas o marginales ordenaban homicidios, extorsiones y balaceras desde las prisiones.
Al asumir en 2023 Pullaro impuso un régimen de fortísimas restricciones en las cárceles que afectaron a la ubicación de presos, los regímenes de visitas, los ingresos de mercaderías. Junto a otras medidas variadas y modificaciones normativas el primer año la violencia más grave declinó de una manera asombrosa con un 65 por ciento de homicidios menos. En 2025 la tasa de homicidios repuntó un 25 por ciento interanual pero los números, igualmente, se equiparan actualmente a las épocas previas al estallido violento.
Pero las violaciones a los derechos humanos en prisiones santafesinas fueron motivo de anclaje internacional. Las observaciones periódicas del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas indican preocupación por «los casos documentados en el penal de Piñero, en Santa Fe, el 2 de marzo de 2024, que incluyeron simulacros de ahogamiento en tanques de agua o «al seco» con bolsas de plástico, descargas eléctricas y abusos sexuales, así como la falta de información sobre las investigaciones realizadas al respecto».
El gobierno de Pullaro tienen en su política penitenciaria uno de los activos más fuertes en sus apelaciones políticas y lo usa de modo permanente, incluso en la cartelería pública dentro y fuera de las temporadas proselitistas. Hace diez días el gobernador resaltó que en sus cuatro años de gobierno se harán más de las 3.500 celdas que se hicieron en Santa Fe en los últimos cien años. A la nueva cárcel para 1.150 reclusos de alto perfil a alojarse en celdas individuales la misma gestión la denominó «El infierno». En el mismo predio habrá dos prisiones más para totalizar 1.950 detenidos en cada una.
Todo esto vino acompañado de un ajuste de políticas muy fuertes hacia la población carcelaria de la que el fallo de Beltramone resulta expresivo. Ese rigor también se manifiesta en el sistema penal, que de modo muy manifiesto en los últimos dos años se caracteriza, por lo que se advierte en audiencias de ejecución, que no se otorgan salidas de ningún tipo.
La ley nacional 24660 de ejecución de penas tiene como criterio la progresividad que implica que la persona condenadas va cumpliendo fases cuando tiene conducta aceptable y adquiere por ello espacios de mayor autonomía y responsabilidad. Y parte de la pena final, con obligaciones y controles, se cumple en libertad.
«Hoy la inmensa mayoría de las personas presas salen con condena cumplida. Los fiscales piden el régimen más duro. Y los jueces habilitan todo inclusive en presos que no son de alto perfil. Los informes de los organismos carcelarios además suelen tener argumentos que desaconsejan la excepción de prisión efectiva a veces de manera pueril», indica un importante funcionario de la Defensa Pública, lo que también corrobora a LPO un magistrado penal ya jubilado. «Esto de Beltramone es una excepción que expresa un muy fuerte contraste. Hoy los jueces en generla van poco más allá de dictar medidas de detención y exclusiones de hogar. Sobre la ejecución de penas niegan todas las salidas o pasan de largo», sostuvo.
El Gobierno de Río Negro dispuso la obligatoriedad desde el lunes 13 próximo del uso de protectores faciales de distinto tipo, incluidos los de fabricación personal (denominados «tapaboca»), a todas las personas que circulen en la vía pública. La medida, dispuesta por decreto de la gobernadora Arabela Carreras, se fundamenta en la necesidad de reforzar…
