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La Justicia Federal de Paraná condenó al productor agropecuario y ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante, Leonardo Roberto Airaldi, a doce años de prisión por financiar actividades de tráfico de narcotráfico, desarrolladas principalmente desde Entre Ríos a Santa Fe. La investigación determinó que el productor mantenía una cobertura policial que le permitía ingresar cocaína a Rosario entre 2019 y 2022, tiempos en que estallaba la violencia ligada a esos negocios en la ciudad, donde fue detenido por primera vez.
Esta condena de un dirigente de una entidad de la producción vuelve a poner el foco en la penetración del narcotráfico en Entre Ríos. El ex intendente de Paraná Sergio Varisco, fallecido en 2021, fue condenado a seis años de prisión por participación en comercio de drogas agravada, tras haber recibido aportes de campaña en 2015 de figuras del mundo narco. Cuando sentenciaron a Varisco el que recibió mayor pena fue Daniel «Tavi» Celis, considerado jefe de la organización delictiva. Quien también tuvo lazos y competencia con el dirigente de la Sociedad Rural sentenciado este jueves.
Leonardo Airaldi tiene 41 años, tuvo notoriedad como dirigente ruralista en el este de Entre Ríos y en su momento se desempeñó como asesor de Luis Etchevehere, el ex titular de la Sociedad Rural que fue ministro de Agricultura durante la presidencia de Mauricio Macri. Airaldi siguió todo el juicio que terminó ayer en las audiencias conectado por vía remota desde la cárcel de Ezeiza.
Está en esa prisión desde febrero pasado tras descubrirse, por datos aportados por Daniel Célis, su presunta participación en la planificación de atentados contra el juez federal de Paraná Leandro Ríos, el fiscal general José Ignacio Candioti que lo investigaba y el ministro de Seguridad de Entre Ríos y ex jefe de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia. Cuando se detectó el plan Airaldi estaba preso en la cárcel de Gualeguaychú. Los investigadores supieron que dos sicarios uruguayos habrían cobrado 40 mil dólares para concretar el atentado coordinado por la banda de Airaldi.
La investigación fiscal demostró que controlaba puestos camineros con sobornos por donde pasaba la droga que transportaban sus vehículos. El fiscal Candioti demostró ante el Tribunal Federal Oral de Paraná que Airaldi dirigía una organización dedicada al narcotráfico que operó entre junio de 2019 y marzo de 2024 en las ciudades de Paraná y Diamante, en Entre Ríos. Parte de las actividades se desarrollaban desde campos vinculados al productor, donde funcionaba una pista de aterrizaje clandestina para la llegada de avionetas con cocaína. Desde ahí partían embarcaciones destinadas a la distribución de los estupefacientes.
La fiscalía había requerido el decomiso de su estancia «El Mirador» por considerar que había sido utilizada como instrumento para la comisión de los delitos. Sin embargo, el tribunal rechazó ese pedido. Los fiscales señalaban que la extensión de ese campo, su ubicación estratégica sobre la costa del río -que permitía enlazar distintos centros poblacionales- y las dificultades de acceso al lugar por la cantidad de islas que comprendía facilitaba las maniobras de tráfico.
La caída en Rosario
Airaldi fue detenido por primera vez en la madrugada del 23 de julio de 2022 en el barrio Ludueña de Rosario, sobre una Volkswagen Amarok en la que iban dos hombres y dos mujeres. En la requisa encontraron dos pistolas 9 milímetros, once cargadores y 196 municiones de tres calibres distintos. Además hallaron 360 dólares, 151.960 pesos, una balanza de precisión, medicamentos en tabletas y ampollas, seis jeringas con agujas y un gramo de cocaína. Uno de los que viajaba en la Amarok era Airaldi. Al ser acusado esa vez por el fiscal de Rosario Iván Enriquez dijo ser policía y que actuaba como «encubierto». Quedó entonces preso en la cárcel de Piñero, a 15 kilómetros de Rosario, donde conoció a referentes del criminales de la ciudad.
Un mes más tarde Airaldi quedó por casualidad conectado a otra investigación, ahora por drogas. Fue el 10 de agosto de 2022 cuando una mujer denunció por amenazas y violencia de género a un puestero de Puerto Gaboto, un pueblo situado frente a Diamante cruzando el río Paraná. Cuando los policías fueron a detener al puestero a su casa en esa zona de islas, que son propiedad de Airaldi, se encontraron con un embalaje de 29,5 kilos de cocaína de alta pureza debajo de una cama. El puestero que trabajaba para Airaldi, Diego «Pete» Torres, continúa prófugo.
Airaldi escuchó el veredicto por zoom.
Los paquetes tenían etiquetas que decían Qatar -sede del Mundial 2022 que se comenzaría a jugar meses después- y Emiratos Árabes. Se encontraron indicios de que esa droga se remitiría a esos países a través de la vía navegable troncal del río Paraná. Un fiscal federal de Santa Fe inició una causa que se terminó acumulando en Entre Ríos ya que Airaldi tenía ya una causa por narcotráfico.
«Una de las particularidades que presenta esta organización, es que Airaldi mantenía contactos y vínculos de extrema confianza con distintos funcionarios policiales que le permitían ingresar el estupefaciente por el puesto Caminero Túnel, puente Rosario Victoria y cruce Diamante, lo que optimizaba el funcionamiento de esta organización y les permitía mantener un flujo de distribución constante, sin necesidad de almacenar grandes cantidades de estupefacientes y, con ello, reducir el riesgo en caso de ser interceptados», precisó el texto donde el dirigente ruralista fue procesado en 2024.
Un testimonio que hundió a Airaldi fue la de la ex policía María Soledad Touzet, que dejó la fuerza para trabajar con el ex dirigente ruralista. «Antes de que él cayera preso en Rosario, en 2022, tres o cuatro meses antes, él cambió. Empezó a tener actitudes raras, se volvió agresivo», dijo en el juicio, donde le atribuyó a su ex jefe amenazas de muerte reiteradas.
«Manejó la vida de nosotros como quiso cuando estaba en el penal de Rosario. Nos llamaba tres o cuatro veces desde teléfonos truchos. Nos daba órdenes», le reveló al tribunal al ser citada. Dijo que Airaldi le ordenó que averiguara precios de combustible para avionetas que, reveló, no eran para ser utilizadas en tareas agropecuarias. Antes de terminar ese testimonio dijo tener miedo e imploró a los jueces: «No suelten a ese animal».
En sus últimas palabras Airaldi se declaró inocente y dijo que su única relación con drogas era como eventual consumidor y nunca como traficante.
El fallo fue dado a conocer por la presidenta del Tribunal Oral Federal de Paraná, Noemí Marta Berros, que presidió el juicio y actuó junto a la jueza Mariela Rojas y el juez José María Escobar Cello.
Brasil rebasó este domingo la barrera de los 50.000 muertos por coronavirus tras registrar 632 nuevos fallecidos diarios y alcanzar 50.608 en total, a poco más de tres meses de la confirmación de la primera muerte en el país, según datos oficiales de las Secretarías regionales de Salud. Esta semana Brasil registró cinco jornadas consecutivas…
La expansión del negocio de la pesca de calamar que apuró el gobierno de Javier Milei finalmente se concretó este jueves cuando, por mayoría, el Consejo Federal Pesquero (CFP) entregó los 18 permisos que ampliarán la dotación de buques para la explotación -por entre 15 y 24 años- de esta especie que hoy es la más rentable.
Dentro del CFP (presidido por Nación e integrado por las provincias del litoral marítimo), el único rechazo fue de la provincia de Buenos Aires, que denunció «la falta de tiempo mínimo razonable de análisis que se requiere para el tenor de la medida».
Según se expone en el acta de sesión del CFP al que tuvo acceso LPO, en el gobierno de Axel Kicillof acusaron que los proyectos de las 27 empresas interesadas por los 18 permisos en juego se presentaron este miércoles, «siendo aprobados al día siguiente», a pesar de contar cada uno de ellos «con centenares de fojas».
En ese proceso exprés, la gestión bonaerense sostuvo que «queda evidenciada la discriminación arbitraria a la provincia de Buenos Aires, referente de la pesca de calamar argentino» ya que, de los 18 proyectos aprobados, 17 desembarcarán en puertos patagónicos y solo uno en Mar del Plata.
En las condiciones que estableció Nación para la selección de propuestas, aquellos interesados que proponían descargar el calamar en Mar del Plata tenían entre 10 y 15 puntos menos que aquellos que proyectan sus descargas en la patagonia.
«Este Consejo ha logrado que la enorme mayoría de los proyectos aprobados no establezcan al puerto de Mar del Plata como puerto de descarga, incluso aún cuando se trata, en algún caso, de empresas radicadas en territorio bonaerense», acusaron los representantes de Buenos Aires en el CFP.
Otro dato cuestionado por la administración Kicillof es que ninguno de los proyectos elegidos contempla la construcción de barcos en Argentina. Todas las propuestas que incluyen buques poteros nuevos, plantean su construcción en el extranjero.
Precisamente, las cámaras del sector le habían pedido al CFP un plazo mayor de entrega de propuestas para hablitar el desarrollo de los proyectos de construcción por parte de los astilleros nacionales, solicitud que fue desoída.
De las 18 seleccionadas, la que mayor puntaje obtuvo fue Glaciar Pesquera, que hace dos meses adquirió Newsan, el grupo de Rubén Cherñajovsky. Obtuvo un permiso de pesca que se extenderá hasta 2050. Para eso, tiene previsto un buque nuevo a construir en el extranjero.
De las 27 propuestas, seis fueron rechazadas por incumplir requisitos (Altamare, Balfish, Congelados Ártico, Globocean, Fenix y S.W.A).
De las 18 seleccionadas, la que mayor puntaje obtuvo fue Glaciar Pesquera, empresa con más de 30 años de trayectoria que en junio último adquirió Newsan, el grupo de Rubén Cherñajovsky, empresario que, en sociedad con los hermanos Neuss, se quedó a principios de año con el control de dos represas.
El ministro de Asuntos Agrarios y Pesca, Javier Rodríguez.
Glaciar, que fijó más del 50% de sus desembarcos en Puerto Deseado, Santa Cruz, obtuvo un permiso de pesca que se extenderá hasta 2050. Para eso, tiene previsto un buque nuevo a construir en el extranjero. También obtuvo un permiso por 24 años Semaloma, firma del Grupo San Isidro.
Luego, consiguieron un permiso por 21 años la Compañía Pesquera del Sur y Pesquera Deseado. Por 18 años, fueron seleccionados Bentónicos de Argentina S.A., Proel, IBCO, ADH MOR Company, Vuogafe, Rusbuilding e Hispano Patagónica junto con la marplatense Moscuzza, la única oferta bonaerense que quedó en pie.
Por 15 años, obtuvieron permisos Subastas del Mar, Pesquera Latina, Hauser Factory, Calamaris Marisur, Illex Fishing y Rich Marine Fishery, mientras que Red Chamber Argentina tendrá por 9 años.
Con la entrega de los permisos, el Gobierno logra cerrar en tiempo récord un trámite que abrió a mediados de mayo, cuando informó en el CFP que estaba elaborando una propuesta para expandir la explotación del calamar. Dos semanas más tarde ya tenía listo el texto de 21 artículos y seis anexos.
La celeridad fue tal que la resolución fue aprobada en votación directa en la misma sesión del CFP en la que se presentó. Eso, a pesar de no encontrarse en el orden del día previamente establecido.
Todo eso desató desde el arranque sospechas de corrupción, bajo el fantasma de lo sucedido hace dos años, cuando este medio dio cuenta de las versiones de coimas que sobrevolaron la cuotificación de la merluza hubbsi.
«El exiguo plazo contenido en esta normativa viola el principio de concurrencia y hace pensar que la misma podría estar dirigida», señalaron en junio pasado desde el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) en una nota dirigida al subsecretario de Pesca nacional y titular de CFP, Juan Antonio López Cazorla.
En medio de eso, la gestión Kicillof presentó un recurso de reconsideración que fue rechazado en el CFP, razón por la que fuentes de la administración bonaerense señalaron a LPO que analizan avanzar con acciones judiciales.
YPF aceptó la oferta de Edenor por Metrogas y cerró una de las operaciones más importantes del sector energético. La distribuidora eléctrica controlada por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti ofreció USD 780 millones por el paquete de la petrolera estatal y se impuso en el proceso organizado por Citigroup.
La operación tiene una sorpresa. Edenor no compra solamente el 70% de Metrogas. YPF también le vende su 5% directo en MetroENERGÍA, la comercializadora de gas controlada por la propia Metrogas. El hecho relevante enviado este lunes a la CNV confirma que YPF se desprende de la totalidad de sus participaciones en ambas sociedades.
La propuesta fue aprobada por el directorio de YPF este lunes y todavía debe superar las autorizaciones regulatorias. Entre ellas, la del descabezado Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) en concurso de autoridades. Es un detalle importante porque la operación vuelve a colocar en el centro una vieja discusión sobre concentración e integración vertical en el mercado energético.
Manzano llegaba con ventaja a la definición. Ya tenía el 9,23% de Metrogas a través de Integra Gas Distribution y en el sector energético se sabía que Edenor había presentado la oferta económica más agresiva. Finalmente fueron USD 780 millones. Una cifra considerable para quedarse con el control de una empresa cuya capitalización bursátil completa se ubicaba alrededor de los USD 800 millones.
YPF no se está sacando de encima un problema. Metrogas es la mayor distribuidora de gas del país, tiene alrededor de 2,5 millones de clientes y concentra cerca del 28% del mercado. Además, es superavitaria. La recomposición tarifaria mejoró fuerte sus resultados, redujo el endeudamiento y permitió que volviera a distribuir dividendos después de más de dos décadas.
Los últimos datos publicados por la propia compañía muestran ventas netas por USD 836,6 millones en 2025, un EBITDA de USD 176,4 millones y una utilidad neta de USD 91 millones.
La explicación oficial de Horacio Marín es otra. YPF afirmó que la venta forma parte de la estrategia de «optimizar su portafolio de activos» y concentrar inversiones en Vaca Muerta, con el objetivo de convertirse en una compañía shale de escala global. En el comunicado que anunció la operación, la petrolera no presentó la venta como consecuencia de una obligación legal de desprenderse de Metrogas.
Ese silencio no es menor. Como contó LPO, alrededor de Metrogas existe desde hace años un laberinto regulatorio. La Ley 24.076 limita la integración vertical entre productores y distribuidores de gas y ese criterio fue utilizado para cuestionar que YPF controlara Metrogas. Pero la historia tiene una vuelta bastante incómoda: en 2013, cuando YPF ya estaba nuevamente bajo control estatal, el propio Enargas autorizó la operación mediante la cual la petrolera pasó a controlar indirectamente el 70% de la distribuidora.
Años después, el regulador cambió el criterio y exigió a YPF adecuar su participación accionaria. La petrolera discutió esa interpretación y sostuvo que había adquirido Metrogas con las autorizaciones correspondientes. Por eso, presentar la venta como el simple cumplimiento de una obligación legal es, como mínimo, incompleto. Hay normas y decisiones regulatorias cruzadas y una autorización específica de 2013 que complica bastante esa lectura.
El punto adquiere otra dimensión porque YPF está entregando una empresa rentable. No es una privatización para tapar un agujero. Metrogas genera caja, domina el mayor mercado residencial de gas del país y tiene por delante la posibilidad de extender durante otros veinte años una licencia que vence en diciembre de 2027. El Enargas ya recomendó esa prórroga.
Pero la verdadera novedad del paquete está en MetroENERGÍA. La sociedad fue creada para operar en el mercado desregulado y comercializa gas a grandes usuarios. El 95% pertenece a Metrogas y el 5% restante estaba directamente en manos de YPF. Con la operación anunciada este lunes, Edenor compra también ese 5%. Es decir, no se lleva solamente los caños que distribuyen el gas: entra también en el negocio de comercializarlo.
Ahí aparece una curiosidad regulatoria difícil de pasar por alto. La integración vertical que durante años se le cuestionó a YPF y que funcionó como argumento para que se desprendiera de una compañía superavitaria no parece despertar el mismo celo cuando la cadena queda en manos privadas.
Manzano ya controla Edenor, la mayor distribuidora eléctrica del país. Ahora suma el control de Metrogas y, a través de ella, de MetroENERGÍA. El grupo queda así parado sobre distintos escalones del negocio energético: comercialización de gas, distribución de gas y distribución de electricidad. El gas, además, es uno de los principales combustibles utilizados para generar la electricidad que después circula por las redes de Edenor.
El mapa puede extenderse todavía más, aunque allí conviene distinguir propiedad de asociación empresaria. Manzano mantiene estrecha relación con Mercuria a través de Phoenix Global Resources. El trader suizo avanzó sobre los activos de Raízen en Argentina, que incluyen la red de estaciones Shell, la refinería de Dock Sud y terminales de combustibles.
Y las estaciones tienen un valor que ya no termina en el surtidor. Son uno de los lugares naturales para desplegar cargadores rápidos de vehículos eléctricos. La electromovilidad abre así una nueva frontera donde pueden volver a encontrarse las redes eléctricas, los grandes comercializadores de energía y las estaciones de servicio.
La operación de Metrogas deja entonces una pregunta para el regulador. Si la integración vertical era un problema suficientemente serio como para reclamar durante años que YPF abandonara el control de una empresa superavitaria, deberá explicar dónde coloca ahora la línea roja cuando el comprador ya controla Edenor y suma Metrogas y su comercializadora de gas.
YPF, mientras tanto, se queda con los USD 780 millones y concentra sus fichas en Vaca Muerta. Manzano se queda con una compañía rentable, 2,5 millones de clientes y otra pieza de un tablero energético que ya abarca buena parte del AMBA. .
Fotos: Colectivo Tríada: Juan Valeiro, Lucía Prieto y Tadeo Bourbon.
¿Quién ganó ayer? ¿Qué se ganó? Si el héroe argentino por excelencia es el héroe colectivo, como nos contó Oesterheld en El Eternauta, el movimiento que volteó los capítulos más dañinos del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada debería sentirse triunfante. ¿Pero alcanza esa fuerza social que incidió desde las redes primero y en las calles después para hablar de un movimiento? Difícil.
¿Quién fue? ¿Qué cosa fue? ¿Una suerte de envión popular resensibilizado con la deriva del país que logró organizarse contra la avanzada extranjerizante? ¿O es algo más? Sea lo que fuera, el efecto fue potente. ¿Cómo se organiza esa potencia para que siga incidiendo el día después?
Los libertarios -que quieren garantizarle al capital extranjero el acceso a nuestras tierras y a los recursos naturales- dieron media sanción a un proyecto, pero no el que querían. Ganaron, pero se sienten derrotados. Una victoria pírrica. En una disputa abierta, porque el proyecto sigue siendo dañino en materia de desalojos y de las posibilidades que le quita al Estado para accionar sobre el territorio. Pronto se discutirá en Diputados.
Lo que vivimos en las últimas horas en Argentina fue nuevo. Una campaña masiva y transversal – trans-política y trans-ideológica, unida por el lema tan genérico, potente y emocionante de #laPatriaNoSeVende- logró presionar al Congreso. La rosca habilitó el giro de legisladores de Misiones, Tucumán y la Patagonia que torcieron la historia. Antes de la sesión y del desborde callejero, lograron sacar del proyecto el articulado que afectaba la Ley de Tierras. Luego, ya con la gente enfrentando a la policía en las calles, pudieron defender la Ley de Manejo del Fuego. Lo que vivimos ayer también fue nuevo por la modalidad de represión. Y por las preguntas con las que amanecimos hoy. En Anfibia pensamos juntos y anotamos cuatro cosas que aprendimos en estas horas.
Sobre la represión
Plaza del Congreso, 6 de agosto, seis de la tarde, bar esquinero de Mitre y Avenida Callao. Nuestro compañero Marcelo Moretti, cronista anfibio que cubre la movilización, entra corriendo al bar para refugiarse de los gases lacrimógenos. Pronto todos tienen que evacuar: el humo empieza a entrar por debajo de la puerta. Desde los camiones hidrantes, la policía rociaba las ventanas para evitar que los que estaban adentro pudieran filmar. La cacería empezó media hora antes. Marcelo corre de vuelta a la calle, se aleja por Mitre hacia Riobamba, escapa de la policía. En la esquina cruza a un amigo que venía en sentido contrario:
–No sigas para allá, están disparando. Vengo de la boca del lobo.
–No. ¡ Yo vengo de la boca del lobo!
Del otro lado, una barrera de motos lista para salir a cazar y policías con las itacas remontadas. Hay más seguridad que de costumbre, vienen de todos lados. No hay una salida clara, como en otras marchas. Marcelo y su amigo se quedan juntos. Escapan zigzagueando entre la avalancha por las calles laterales mientras los cordones policiales siguen expandiéndose para barrer hacia los márgenes de la Plaza Congreso, escupirlos a hacia Balvanera y Monserrat. La violencia policial de ayer fue diferente, más amplia que otras, más larga. El ritmo fue otro: el ataque persistente y la cacería, por un lado, y la voluntad de los cansados que se quedaron horas avanzando y retrocediendo en masa, por el otro. La gente no se dispersaba a pesar de la amenaza. Resistía. En las redes se viralizaban en tiempo real videos y testimonios desesperados: los gases y los hidrantes, la infantería tomando calle Corrientes, la persecución de las motos en las calles aledañas.
La coreografía de la represión y el aguante se extendió hasta la noche y terminó con 1500 heridos y 29 detenidos: ocho por la policía de la Ciudad y 21 por la federal, a disposición de la justicia de CABA. Victoria Darridou, del equipo de Justicia y Seguridad del CELS, dio un dato escalofriante en Futurock: “Toda la intervención de ayer fue ilegal. Un disparo de bala de goma no puede ir a la cara, un gas no se puede tirar a 10 centímetros de una persona”. Queda la pregunta de cuánto más se puede encender la calle. Porque el gobierno avanzará en su plan. Florencia Gómez, coautora de la Ley de Tierras, le dijo anoche a Anfibia después de la votación: “La ciudadanía entera, sin importar la mera política, le mostramos al mundo que tenemos consciencia de lo colectivo, de lo nuestro. Y que defender la patria vale la pena. Nos queda ahora seguir luchando para que no se aprueben los desalojos exprés, expropiaciones y el super RIGI. Nos quieren callados y quietos. No lo van a lograr”.
Sobre el sentimiento nacional
Algo cambió en la calle y en el sentimiento popular. No necesariamente para bien ni políticamente productivo. Crece la resistencia, que no es poco. En las últimas semanas ha tomado voz y cuerpo un nosotros mayor, que se desliza y escapa de la polarización entre libertarios y kirchneristas, manifestándose unido bajo la narrativa común en defensa del territorio nacional frente a la extranjerización. Convergen en esta trama distintos factores que son combustible para la reacción en las redes y en la calle: la bandera malvinera en el mundial, el cansancio de los cuerpos a los que se les agota la narrativa del esfuerzo, el discurso del gobierno que no afloja la crueldad y les soltó abiertamente la mano a las mayorías endeudadas diciendo que son acuerdos entre privados y ahora sí sálvese quién pueda.
La consigna de La Patria No Se Vende es un paraguas lo suficientemente amplio para articular malestares y demandas muy diversas, entre los opositores de siempre, los desilusionados con las promesas de libertad, los apolíticos y los escépticos. Y como ocurre con todas las movilizaciones donde unos ponen el cuerpo y otros miran, los que habitualmente asisten al drama como espectadores empiezan a sintonizar bajo los pesares comunes, a hacerse cargo de su propio hartazgo y formar parte de ese nosotros heterogéneo y agitado. Que se agranda. Y que aunque por ahora sigue huérfano de liderazgo político, es capaz de producir efectos políticos, como la doble amputación de los artículos más dañinos del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
Sobre la crisis de representatividad
Frente al malestar generalizado de las calles, en el palacio la oposición política está dramáticamente fragmentada. José Mayans pidió en Gelatina que Axel y Máximo “se dejen de romper las pelotas”. Juliana Di Tullio dijo en El Destape que la discusión la tiene podrida. El peronismo se autofagocita en la interna. En el Congreso nadie parece reunir una representación capaz de expresar la voluntad popular que se agita en la calle.
Si la fuerza del proyecto libertario con sus reformas legislativas salvajes y aparentemente imparables encontró su límite en el sentimiento nacional – algo de lo que el mileísmo no se puede apropiar como bandera, el sentimiento nacional encuentra su límite en la falta de representatividad política. Tarde o temprano lo que se expresa en las redes y en las calles necesita encauzarse en los canales institucionales de representación ciudadana, legislación y gestión y de lo común. Hasta aquí, todo eso aún parece estar lejos.
Sobre la trampa de diciembre
Ante cada marcha que parece más grande o novedosa que la anterior, se dispara un reflejo: la comparación con 2001. Hay una fantasía entre los opositores de siempre acerca de la movilización popular como vía posible para hacer tambalear al gobierno lo suficiente como para que caiga o se debilite hasta que algo mejor lo reemplace. Pero ese horizonte es una trampa. En 2001 la Argentina era otra, el mundo era otro.
En 2001 se movilizaban las nuevas organizaciones sociales, piqueteros y excluidos del mercado de trabajo, víctimas del ajuste menemista, hijos de desaparecidos, la democracia seguía siendo nueva. En 2026 los actores son otros -los endeudados, los desempleados, los pluriempleados, los desclasados- mientras que nuestra democracia tiene ya suficientes años y decepciones acumuladas para los más jóvenes, que no conocen pasados más oscuros.
Y sin embargo, Milei, sus jefes y sus adláteres encuentran ahora un límite. Pero los intereses que los empujan y los personajes que dictan las leyes que intentan hacer pasar, son fuertes. La potencia virtual y callejera que se enfrenta al proyecto libertario para defender la tierra, para evitar que se venda la patria, sigue necesitando una representación política institucional capaz de articular las demandas y un proyecto común que enfrente al proyecto individualista y deshumanizante de los libertarios. Hasta que eso suceda, el loop puede seguir. Y más: se pueden seguir profundizando las desigualdades y la violencia. Más cerca que el 2001 están los otros países latinoamericanos contemporáneos donde las calles revueltas y la inestabilidad política han sido largas y no se han resuelto, atravesados por la melancolía de lo que nunca más volverán a ser. Basta con pensar en Perú, en Ecuador o en el Chile de la última década.
El horizonte es incierto. La pelea será larga. No sabemos cuánto va a durar ni cuánto va a costarnos esa resistencia. Quizás no termine nunca, pero si nos encuentre en tiempos más prósperos y felices. Pero después de esta semana tenemos una buena noticia. Sabemos que, como en El Eternauta, frente a la invasión extranjerizante, la Argentina es su propio héroe colectivo. Y resiste.
Mientras algunos indicadores financieros muestran señales de estabilidad, miles de pequeñas y medianas empresas continúan enfrentando un escenario complejo marcado por la caída del consumo, el aumento de los costos fijos y la dificultad para recuperar los niveles de actividad previos al ajuste económico. La evolución del mercado interno vuelve a aparecer como una de las principales preocupaciones del sector.
Por Redacción de NLI
Las pequeñas y medianas empresas vuelven a quedar en el centro de la discusión económica. Aunque el Gobierno sostiene que la desaceleración de la inflación y el ordenamiento de las variables macroeconómicas sentarán las bases para una recuperación sostenida, buena parte del entramado productivo argentino continúa atravesando un período de fuerte incertidumbre.
Industriales, comerciantes y prestadores de servicios coinciden en que la principal dificultad ya no pasa únicamente por el costo de producir, sino por la falta de demanda. En numerosos rubros, la recuperación de las ventas todavía no logra compensar la caída registrada durante los meses de mayor ajuste, obligando a muchas empresas a trabajar por debajo de su capacidad instalada.
Un mercado interno que todavía no encuentra impulso
Las pymes representan cerca del 99% de las empresas del país y generan la mayor parte del empleo privado formal. Por eso, la evolución de su actividad suele ser uno de los indicadores más representativos de la economía real.
Sin embargo, distintos sectores advierten que el consumo continúa mostrando señales de debilidad. Comercios minoristas, industrias alimenticias, fábricas textiles, metalúrgicas y empresas de servicios describen un comportamiento similar: menos operaciones, clientes más cautelosos y una creciente competencia por un mercado que se achicó.
La desaceleración inflacionaria permitió moderar el ritmo de los aumentos de precios, pero todavía no alcanzó para recomponer el poder de compra de una parte importante de los hogares, lo que limita la recuperación de la demanda.
Costos que siguen condicionando la actividad
Al mismo tiempo que enfrentan menores niveles de ventas, las empresas deben absorber incrementos en alquileres, servicios, logística, insumos y financiamiento.
Muchas pymes también señalan dificultades para acceder al crédito en condiciones competitivas, especialmente aquellas que necesitan renovar maquinaria, ampliar instalaciones o financiar capital de trabajo.
En este contexto, numerosos empresarios optaron por postergar inversiones y concentrarse en sostener la operación diaria, priorizando la conservación de clientes y la estabilidad de sus planteles de trabajadores.
El empleo, otro indicador bajo observación
El comportamiento de las pequeñas y medianas empresas tiene una incidencia directa sobre el mercado laboral.
Cuando la actividad crece, suelen ser el principal motor de generación de empleo. Pero cuando el consumo se retrae, también son las primeras en reducir horas extras, suspender incorporaciones o revisar proyectos de expansión.
Especialistas en desarrollo productivo sostienen que una recuperación sólida requerirá no solo estabilidad macroeconómica, sino también condiciones que permitan reactivar la inversión y fortalecer el mercado interno.
El desafío de equilibrar las cuentas sin debilitar la producción
Uno de los debates que atraviesa la política económica argentina es cómo compatibilizar el orden fiscal con el crecimiento de la actividad.
Mientras el Gobierno prioriza la reducción del déficit y una menor intervención estatal, cámaras empresarias plantean que las pequeñas y medianas empresas necesitan un entorno que incentive la producción, facilite el acceso al crédito y promueva el consumo.
La experiencia argentina muestra que resulta difícil consolidar un proceso de crecimiento cuando el entramado pyme pierde dinamismo. No se trata solamente del balance de cada empresa, sino del impacto que tienen sobre el empleo, las economías regionales y el movimiento comercial de cientos de ciudades.
Una recuperación que todavía espera consolidarse
El segundo semestre será determinante para medir si la estabilización macroeconómica logra trasladarse finalmente a la actividad cotidiana.
Para miles de pymes, el desafío ya no pasa por sobrevivir a la volatilidad financiera, sino por volver a vender, invertir y contratar personal en un mercado que todavía se mueve con cautela.
Si esa recuperación no llega al tejido productivo, advierten analistas económicos, la mejora de los grandes indicadores difícilmente alcance para modificar la percepción de quienes sostienen buena parte de la economía argentina todos los días.
