Desde LALCEC Villa Regina queremos comunicar que realizaremos junto con el Hospital Área Programa de Villa Regina, una Campaña sin costo de Prevención de Cáncer de Piel mediante el Control de lunares y manchas sospechosas, para personas que no posean cobertura médica, durante la semana del 03 al 06 de Diciembre. Para solicitar turnos pueden llamarnos al 0298-4465 555 o acercarse a nuestra Sede en calle Alessandrini 1006 de lunes a viernes de 8:00hs a 12:00hs.
La Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina informa que, por cuestiones climáticas, se suspenden los exámenes de conducir previstos para hoy que estaban destinados a las personas que tramitan su primer licencia que iban a realizarse en la Isla 58. Los mismos se reprograman para el lunes 31 de…
Durante la tarde del sábado y buena parte del domingo, un sector de calle 25 de Mayo y la Plaza de los Próceres fueron sede del primer Oktoberfest Regina que reunió a cerveceros locales, la excelente gastronomía y la música de nuestros artistas. También acompañó un clásico como la Feria ReEmprender con los productos de…
La diputada nacional Natalia de la Sota pisó el acelerador y profundizó su estrategia de desmarcarse de Martín Llaryora y mostrarse como parte del armado post Milei que se articule en torno al peronismo nacional.
«Es una estrategia 50/50: vamos a ser parte de la reconstrucción que demandará el paso de Milei por el Gobierno y vamos a trabajar en el proyecto provincial; si Llaryora considera que aportará su proyecto, deberá ser él quien la llame», advierten en el hard delasotismo.
Esta planificación tuvo el miércoles su puesta en escena. Mientras el legislador provincial Bernardo Knipscheer, pareja de la diputada, votaba en contra de la ley impulsada por Llaryora para prohibir los «trapitos» (en Cordoba a los cuidacoches se los llama «naranjitas»), ella posteaba una foto junto a Leandro Santoro.
La jugada coordinada vuelve a poner en tensión la relación del delasotismo puro con el proyecto de Llaryora, que el miércoles sentó a dos diputados para contribuir con el quórum que necesitaba Javier Milei para la sanción de la ley de glaciares. Así, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres se sentaron en sus bancas para habilitar la sesión.
Asi, al mismo tiempo que De la Sota tendía «puentes» con Santoro en Buenos Aires, el legislador provincial delasotista Knipscheer rechazaba de plano la ley impulsada por Llaryora para prohibir trapitos y limpiavidrios.
Aunque en su discurso no le pegó a Llaryora, el delasotista emparentó esta decisión con la intolerancia de los libertarios hacia los «caídos» del sistema por obra del Gobierno de Milei. «¿Què vamos a hacer más adelante, cuando haya más gente en la calle?», dijo Knipscheer al interpelar a sus (por ahora) compañeros de la bancada oficialista. «Sé que están incómodos», los chicaneó. «¿Van a salir a meter presa a la gente que perdió su trabajo, que cada día son más?», retrucó.
Así, De la Sota sostiene su armado provincial y advierte que la pelota está en cancha de Llaryora: «Si el gobernador considera que ella es importante para el peronismo de Córdoba y para su propia reelección, será él quien debe llamarla. Hasta ahora, apostamos al proyecto propio», dicen los delasotistas.
La advertencia no velada -«si es importante para su propia reelección»- se lee en clave de una eventual derrota del actual gobernador. De la Sota también está pensando en el 2031. Por ahora, en el peronismo cordobés nadie imagina un 2027 sin De la Sota.
Respecto del armado nacional, De la Sota busca incidir desde Córdoba. «Llaryora está entrampado con Milei; y Natalia construye con todos quienes están pensando en la Argentina que viene, que necesitará un modelo distinto al de Milei pero también distinto al pasado», agregan en el delasotismo.
El gobierno de Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica tras una decisión que encendió alarmas en todo el sistema democrático: prohibir el ingreso a la Casa Rosada de periodistas acreditados, una medida sin antecedentes en la historia reciente del país y que expone un patrón cada vez más evidente de autoritarismo e intolerancia frente a la prensa crítica.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La decisión, confirmada por fuentes oficiales, implicó dejar sin efecto las acreditaciones vigentes y bloquear el acceso de cronistas a la sede del Poder Ejecutivo, bajo el argumento de una supuesta investigación por “espionaje ilegal”. Sin embargo, no se estableció un plazo ni criterios claros para revertir la medida, lo que profundiza la preocupación sobre su carácter discrecional.
Un gobierno que responde con castigo
Lejos de tratarse de un hecho aislado, la medida se inscribe en una lógica de confrontación sistemática del gobierno con el periodismo. En este caso, la restricción surge tras denuncias vinculadas a investigaciones mediáticas que incomodaron al oficialismo, lo que refuerza la lectura de que la respuesta estatal fue castigar a quienes informan.
El propio Ejecutivo justificó la decisión como “preventiva”, pero evitó detallar a quiénes alcanza exactamente y bajo qué criterios. Ese nivel de opacidad no es menor: implica que el acceso a la información pública —un derecho básico en democracia— queda sujeto a la voluntad política del gobierno de turno.
Más grave aún, distintas reconstrucciones periodísticas señalan que la medida se tomó directamente desde Casa Militar y que implica, en los hechos, cerrar las puertas de la Casa Rosada a la prensa hasta nuevo aviso.
Antecedentes que marcan un patrón
Lo ocurrido no es un episodio aislado sino parte de una escalada. Ya en abril, el gobierno había restringido el ingreso a periodistas de medios críticos, en el marco de una polémica por supuestas campañas internacionales contra Milei.
A esto se suman otras decisiones que consolidan un clima hostil hacia el periodismo: desde la creación de oficinas estatales para “desenmascarar” medios hasta propuestas para silenciar preguntas incómodas en conferencias de prensa.
Incluso organismos internacionales y entidades como Amnistía Internacional ya habían advertido sobre un deterioro en la libertad de expresión y un patrón de hostigamiento desde el poder.
Intolerancia, relato único y disciplinamiento
La decisión de impedir el ingreso a periodistas acreditados no solo limita el trabajo profesional: busca disciplinar el flujo de información y consolidar un esquema donde solo circulen voces afines.
En ese contexto, el gobierno de Milei parece avanzar hacia un modelo donde el periodismo independiente es visto como enemigo, no como un actor esencial del sistema democrático. La lógica es clara: quien investiga, incomoda o cuestiona, queda afuera.
El problema de fondo no es únicamente la medida en sí, sino lo que representa: la construcción de un poder cada vez más cerrado, intolerante y reacio al control público.
Una señal de alerta para la democracia
La historia argentina ofrece suficientes ejemplos de lo que ocurre cuando el poder político decide controlar o limitar la prensa. Por eso, la gravedad de esta decisión trasciende el hecho puntual: marca un precedente peligroso.
Porque cuando un gobierno decide quién puede entrar, preguntar y contar lo que pasa, no solo restringe a periodistas: restringe el derecho de toda la sociedad a estar informada.
Y en ese punto, la discusión deja de ser sectorial para convertirse en una cuestión central: qué tipo de democracia se está construyendo bajo la gestión de Milei.
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