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LALCEC: CAMPAÑA PREVENCIÓN

Desde LALCEC Villa Regina queremos comunicar que realizaremos junto con el Hospital Área Programa de Villa Regina, una Campaña sin costo de Prevención de Cáncer de Piel mediante el Control de lunares y manchas sospechosas, para personas que no posean  cobertura médica, durante la semana del 03 al 06 de Diciembre. Para solicitar turnos pueden llamarnos al 0298-4465 555 o acercarse a nuestra Sede en calle Alessandrini 1006 de lunes a viernes de 8:00hs a 12:00hs.

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  • Caputo cajonea el capítulo clave de la reforma laboral y choca con Sturzenegger

     

    El ministro Toto Caputo volvió a demorar la aplicación de uno de los capítulos más sensibles de la reforma laboral. La reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el nuevo sistema pensado para reemplazar parcialmente el esquema tradicional de indemnizaciones, quedó postergada hasta 2027 y agravó la interna con Federico Sturzenegger, que hizo de la reforma laboral uno de los capítulos más importantes de su proyecto desrregulador.

    Caputo adujo razones fiscales para pisar la reforma. La reforma establece que los empleadores deriven una parte de las contribuciones patronales hacia los FAL. Las grandes empresas debían aportar el equivalente al 1% de los salarios y las medianas, pequeñas y microempresas un 2,5%. Ese dinero ya no iría a la Anses, sino a fondos privados destinados a cubrir indemnizaciones futuras.

    Economía adujo que el nuevo sistema generaba un bache fiscal superior a los 4,5 billones de pesos anuales. Equivale aproximadamente al 0,46% del PBI. Unos 2.500 millones de dólares por año. Pero quienes defienden el sistema afirman que el cálculo es una exageración mal intencionada de Economía, ya que la constitución de los FAL, en el mejor de los casos, será un proceso gradual que llevará años.

    Pero Caputo encontró la excusa para trabarle a su rival interno su reforma estrella. El gobierno enfrenta  una caída persistente de la recaudación y una discusión interna cada vez más áspera por la dificultad de seguir avanzando con el ajuste. La baja real del IVA y Ganancias golpeó fuerte los ingresos nacionales. En Economía sostienen que no hay margen para resignar más recursos destinados al sistema previsional. 

    Estiman que el FAL podría sumar al mercado porteño unos USD 2.100 millones por año

    Por eso, aunque el plazo original fijaba la puesta en marcha para el próximo 1 de junio, funcionarios del equipo económico ya les comunicaron informalmente a bancos y administradoras privadas que los tiempos se estiran. La nueva fecha quedó corrida, al menos, hasta 2027. 

    La expectativa era enorme. Las sociedades gerentes de fondos comunes de inversión y los fiduciarios autorizados por la Comisión Nacional de Valores ya imaginaban un flujo constante de aportes mensuales. En el sector hablan de una masa de dinero capaz de modificar la escala de la industria local de fondos. 

    Aunque el plazo original fijaba la puesta en marcha para el próximo 1 de junio, funcionarios del equipo económico ya les comunicaron informalmente a bancos y administradoras privadas que los tiempos se estiran. La nueva fecha quedó corrida, al menos, hasta 2027. 

    «Estamos hablando de más de 500 mil empleadores. Es una revolución de números y de tamaño brutal», dijo esta semana el titular de la CNV, Roberto Silva. Pero, por ahora, el proyecto quedó guardado en un cajón, víctima de la interna entre Caputo y Sturzenegger, que excede este tema y abarca el rumbo de la política económica.

    Caputo prioriza sostener el dólar quieto. Sturzenegger empuja otra lógica. Como Domingo Cavallo, cree que el Gobierno demora demasiado la apertura total del cepo y que el actual esquema posterga el programa libertario original de liberar completamente el mercado cambiario. 

    La tensión también atraviesa al FMI. Sturzenegger conserva una relación aceitada con cuadros técnicos del organismo gracias a su perfil académico y su paso por el MIT. En Economía molesta especialmente que el ministro sugiera en privado que tuvo un rol clave para destrabar desembolsos y mejorar el diálogo con Washington.

    La pelea ya impacta sobre áreas concretas del Estado. El caso del INTI fue uno de los episodios más visibles. Sturzenegger impulsó recortes mucho más agresivos y una poda casi total de funciones. Caputo frenó parte de esa avanzada. 

    Algo parecido ocurre con la llamada Ley Hojarasca. Mientras Sturzenegger celebra la derogación masiva de regulaciones y normas viejas como una victoria política propia, en Economía observan con desconfianza el impacto que una desregulación acelerada puede tener sobre la recaudación y sobre actividades sensibles para el comercio y la producción.

    En el Gobierno incluso circula otra hipótesis. Algunos sectores de la Casa Rosada imaginan a Sturzenegger ocupando más adelante un rol superior de coordinación política y económica, algo parecido a una Jefatura de Gabinete con poder sobre las áreas presupuestarias. Cerca de Caputo responden que el ministro seguirá mientras logre estabilizar el frente cambiario y cerrar definitivamente el esquema de financiamiento internacional. La reforma laboral quedó atrapada en esa disputa, el nuevo negocio financiero deberá esperar. 

     

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    BANCO NACIÓN: 1120 créditos hipotecarios para funcionarios de Milei, ajuste para el resto

     

    Mientras millones de argentinos quedaron afuera del crédito, atrapados entre salarios pulverizados, alquileres impagables y tasas imposibles, el Banco Nación otorgó al menos 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) desde el inicio de la gestión de Milei. La cifra surge de información oficial obtenida mediante un pedido de acceso a la información pública y vuelve a colocar bajo la lupa la relación entre el poder político libertario y los recursos de la banca estatal.

    Por Roque Pérez para NLI

    La revelación expone una dimensión mucho más amplia que los casos individuales que habían comenzado a trascender durante los últimos meses. Hasta ahora, el debate público se concentraba en algunos nombres puntuales de funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo que habían accedido a préstamos multimillonarios. Sin embargo, los datos difundidos muestran que no se trató de episodios aislados sino de una política que alcanzó a más de un millar de personas incluidas dentro de las categorías de control especial definidas por la Unidad de Información Financiera (UIF).

    Entre enero de 2024 y marzo de 2026, el Banco Nación otorgó 25.391 créditos hipotecarios. De ese total, 1.120 fueron para personas consideradas políticamente expuestas. Dicho de otro modo, aproximadamente uno de cada 23 préstamos terminó en manos de integrantes de la estructura política o de personas alcanzadas por ese régimen especial de control financiero.

    Una modificación que despertó sospechas

    La controversia adquirió una dimensión aún mayor cuando trascendió que durante la gestión libertaria se modificó la normativa de la línea hipotecaria «+ Hogares». Según la documentación citada en la investigación periodística, en septiembre de 2024 se incorporó explícitamente a los «cargos políticos designados por resolución o electivos» dentro de los potenciales beneficiarios de la operatoria.

    Ese cambio se produjo en medio de un contexto donde Milei sostenía un discurso centrado en el ajuste, la reducción del gasto público y la supuesta eliminación de privilegios de la denominada «casta». Sin embargo, la aparición sistemática de funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo entre los beneficiarios de créditos de enorme magnitud comenzó a generar un fuerte ruido político.

    La diputada nacional Mónica Frade presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue si existieron irregularidades en el otorgamiento de esos préstamos. La causa quedó radicada en el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti.

    Los nombres que complican al relato libertario

    Los casos que se conocieron durante los últimos meses resultan difíciles de conciliar con la narrativa oficial contra los privilegios estatales. Entre ellos aparecen funcionarios de primera línea vinculados directamente al equipo económico.

    Según la información difundida, el director del Banco Central Pedro Juan Inchauspe obtuvo un crédito por alrededor de $510 millones. También figura Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía, con un préstamo de $373 millones, mientras que el secretario de Finanzas Federico Furiase recibió otro por $367 millones. A ellos se sumó Leandro Massaccesi, ex jefe de Gabinete de Capital Humano, quien accedió a un crédito por $420 millones.

    La lista alimentó una pregunta incómoda para el Gobierno: ¿cómo hicieron funcionarios con salarios públicos para acceder a operaciones de semejante magnitud mientras gran parte de la población enfrenta enormes dificultades para calificar siquiera para un crédito hipotecario tradicional?

    El oficialismo intentó relativizar la polémica argumentando que los préstamos cuestionados representaban una porción mínima del total otorgado por el Banco Nación. Sin embargo, la nueva información conocida modifica sustancialmente la escala del fenómeno. Ya no se trata de unos pocos nombres que aparecieron en redes sociales o bases de datos públicas: se trata de más de mil beneficiarios incluidos dentro de una categoría financiera especialmente monitoreada por el propio sistema bancario.

    El choque entre discurso y realidad

    La contradicción política aparece con claridad. Mientras Milei exige sacrificios permanentes a trabajadores, jubilados y sectores medios, la principal entidad financiera pública del país terminó financiando a una cantidad significativa de integrantes de la estructura política bajo condiciones que hoy resultan inaccesibles para buena parte de la sociedad.

    La investigación judicial deberá determinar si existieron delitos o irregularidades administrativas. Pero aun si cada operación hubiese cumplido formalmente con todos los requisitos, el problema político permanece intacto: el relato de la lucha contra los privilegios empieza a mostrar grietas cuando quienes acceden a créditos millonarios aparecen vinculados a los mismos sectores que administran el Estado.

    Y es justamente ahí donde el caso deja de ser una discusión bancaria para convertirse en una discusión de poder. Porque mientras el Gobierno repite que «no hay plata», los números revelan que sí hubo recursos disponibles para cientos de personas que forman parte del universo político que Milei prometió combatir cuando llegó a la Casa Rosada.

     

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