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Toto eligió una palabra peligrosa para pedirles paciencia a los argentinos. «Nos deslomamos para que este cambio continúe y se dé para todos lo más rápido posible», dijo el ministro de Economía. La frase tendría poco de extraordinario si «deslomado» no fuera una palabra con historia reciente dentro del gobierno de Javier Milei. Es, precisamente, la expresión que quedó pegada a Manuel Adorni durante el escándalo que precedió su salida de la Jefatura de Gabinete.
El problema para Caputo es que la apelación al sacrificio oficial llegó acompañada por una admisión bastante menos confortable. El ministro reconoció que incluso dentro de dos años habrá argentinos que no llegarán a fin de mes. «Siempre va a haber alguien que esté mal», sostuvo al defender el programa económico y reclamar paciencia para que sus resultados alcancen al conjunto de la sociedad.
El pedido de paciencia de Caputo coincidió además con la presentación de su declaración jurada correspondiente al ejercicio 2025. El ministro informó bienes, depósitos y dinero por $19.509 millones al cierre del año, contra $11.851 millones al comienzo, un incremento nominal de casi $7.700 millones.
El dato más llamativo está en la composición: declaró alrededor de $12.422 millones en depósitos en el exterior, mientras que sus ahorros en el país rondaron los $600 millones. Es decir, cerca del 95% de sus ahorros declarados estaban fuera de la Argentina y aproximadamente el 68% de su patrimonio estaba radicado en el exterior.
En el Gobierno la elección de la palabra no pasó inadvertida. «Parece el gobierno de los deslomados. Cada vez que alguno dice que se desloma, conviene agarrarse la billetera», ironizó ante LPO una fuente que conoce la interna libertaria.
La picardía tiene un antecedente demasiado fresco como para necesitar demasiadas explicaciones. Adorni había inaugurado involuntariamente esa categoría en marzo. Cuando tuvo que explicar por qué su esposa lo acompañó en un viaje oficial a Nueva York, dijo que quería tenerla cerca porque iba a pasar una semana allí «deslomándose».
La explicación, que pretendía transmitir sacrificio, produjo exactamente el efecto contrario. La palabra quedó asociada a los cuestionamientos sobre sus viajes y su patrimonio y se transformó en una etiqueta que lo persiguió hasta su salida del Gobierno.
La oposición incluso llevó el «deslomado» al Congreso cuando Adorni presentó su informe de gestión en abril. Hubo carteles, pochoclos y chicanas. Natalia Zaracho le dijo que ese día sí tenía «cara de deslomado» después de seis horas en el recinto. Para entonces, la palabra ya había dejado de pertenecerle al exvocero y se había convertido en una contraseña política para hablar del contraste entre la prédica de austeridad libertaria y las explicaciones que daban sus funcionarios sobre sus propios privilegios.
Caputo decidió ahora rescatarla del archivo en un momento particularmente sensible. Mientras pidió tiempo para que los beneficios del programa económico lleguen «a todos», también defendió que la economía avance a «dos velocidades».
Explicó que el Gobierno hizo una reasignación de recursos hacia los sectores generadores de dólares que, según su visión, habían sido castigados durante años. Para explicarlo apeló al fútbol: dijo que era como tener a Lionel Messi, Ángel Di María y Enzo Fernández sentados en el banco. El ministro sostuvo que esa diferencia entre sectores no debería leerse negativamente y afirmó que el crecimiento estará impulsado por las exportaciones.
El discurso del ministro de Economía encajó perfectamente con el clima de Vientos de Cambio, la cumbre organizada por la Fundación Libertad y Progreso junto con Reason Foundation y Archbridge Institute en el Sheraton de Retiro
La organización presentó el encuentro como un «punto de inflexión para América Latina» y convocó a más de 40 expositores para discutir reformas económicas, libertad de mercado, y reducción del Estado. El cierre quedó a cargo de Javier Milei, que volvió a defender el ajuste fiscal y descartó flexibilizar la política monetaria y fiscal.
La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha la Licitación Pública N° 03/2021 ‘Recambio de luminarias a tecnología LED’ para la contratación de mano de obra, materiales y equipos para la obra en las siguientes ubicaciones: sector centro, Avenida Mitre, calle Juan XXIII, Avenida Cipolletti, calle Las Heras, calle Brown, Avenida Belgrano y Avenida General…
El juez federal Ernesto Kreplak procesó a las ex funcionarias Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó en la causa que investiga más de 120 muertes por la administración hospitalaria de fentanilo contaminado producido en los laboratorios HLB y Ramallo, ante la presunta corrupción de las autoridades, que debían controlar los medicamentos.
El magistrado impuso una inhibición y embargo sobre los bienes de la directora de la Anmat y la ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) hasta cubrir 500 mil millones de pesos, y también dictó una serie de medidas que las imputadas deberán cumplir para permanecer en libertad, mientras avanza la investigación.
El escrito del juez encierra un párrafo muy significativo que podría significar la desafectación del ministro Mario Lugones de la causa. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», sostuvo Kreplak.
Salvo que ante la situación de ser las únicas condenadas, las funcionarias se declaren arrepentidas y avancen en declaraciones probatorias de la responsabilidad de Lugones en la decisión de no clausurar los laboratorios, el párrafo citado parece anticipar el curso de acción del juez en favor del ministro de Milei.
Para la investigación penal que lleva adelante Kreplak, Bisio y Mantecón Fumadó fueron «partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales». Es decir, sin su concurso que básicamente consistió en no clausurar los laboratorios pese a los informes y testimonios de inspectores que pedían tomar esa medida -hasta con argumentos dramáticos-, el fentanilo envenenado no hubiera llegado a la calle.
«A partir de las probanzas colectadas a lo largo de la pesquisa, es posible concluir que las imputadas Mantecón Fumadó y Bisio realizaron un aporte concreto y necesario a la lesión del bien jurídico salud pública protegido por los artículos. 200 y 201 bis CP así como al bien jurídico integridad personal resguardado por el delito de lesiones leves previsto por el art. 89 CP, a raíz de su decisión de no adoptar las medidas preventivas y correctivas oportunas y eficaces contempladas por la normativa aplicable ya explicadas», argumenó Kreplak en su resolución, a la que accedió LPO.
Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación.
El fallo si bien favorece a Lugones no termina de sacarlo de los hechos investigados. «A lo largo de la investigación llevada adelante, diversos elementos de convicción permiten poner en escena al Dr. Lugones», destacó Kreplak en el auto de procesamiento y señaló que en los testimonios de Mantecón y Bisio asoman coincidencias respecto del rol del ministro.
En efecto,, Bisio afirmó que «Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar».
Al ser indagada respecto de una reunión realizada en la sede de la Anmat el 14 de enero pasado, Bisio dijo: «Yo le avisé al Ministro, ‘van a venir, ¿qué hago?, ¿sigo con lo mismo?’, ‘sí, cerrá, cerrá’, me dijo». Ese testimonio puede favorecer al ministro.
Ese día, Bisio y Fumadó mantuvieron un encuentro con Ariel García Furfaro y otras dos personas de la empresa en «Avenida de Mayo», tal como se la denomina a la sede de la Anmat. Para esa fecha, Bisio y Fumadó contaban con un informe realizado por inspectoras de la Anmat en los últimos días de 2025. En el texto alertaban sobre la situación del laboratorio y recomendaban prohibir la producción y retirar del mercado las drogas elaboradas. Por alguna razón, el Ministerio de Salud desoyó esas advertencias y la tragedia se consumó. Hubo alertas institucionales que se eligió no escuchar.
Según consta en el expediente, luego de hablar con el ministro Lugones las dos funcionarias ofrecen no avanzar contra los laboratorios a cambio que presenten un plan de acción para subsanar sus incumplimientos. Esa es la parte más delicada para Lugones de los testimonios.
Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar.
En el gobierno existe extrema preocupación por el caso. Temen que Lugones sea procesado porque hay varios testimonios que estaba al tanto de los hechos y tenía la última decisión. Incluso trascendió que su hijo, Rodrigo Lugones, le habría sugerido que renuncie a su cargo, decisión que el ministro rechazó.
En la Casa Rosada buscan culpar a los ex ministros de Salud del gobierno de Alberto Fernández -Carla Vizzoti y Ginés González García, ya fallecido- argumentando que tanto Bisio como Mantecón Fumadó ya eran funcionarias bajo se gestión. El problema es que los hechos ocurrieron durante la gestión de Lugones. Es un principio básico del derecho penal que no se puede juzgar a las personas por hechos que no cometieron.
De hecho, Cristina Kirchner está presa en la causa Vialidad porque era la responsable última de las objetadas concesiones de rutas realizadas bajo su gestión, aunque no firmó nada. El mismo criterio aplica en el caso de Lugones, pero más grave: según los testimonios de las funcionarias el ministro sí fue alertado sobre la gravedad de la situación.
El empresario García Furfaro.
Mantecón Fumadó declaró que antes de firmar la carta de advertencia dirigida a los laboratorios la consultó a Bisio. «Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. Le pedí a Agustina (Bisio) que consultara con el Ministro cómo quería manejar esta situación, en función de si se inhibe por carta de advertencia todo el laboratorio o si inhibían otras líneas productivas. Y el Ministro, después de unos días, informó a Agustina que contestó ‘vaya para adelante pero con cautela'».
Bisio contó además que en las reuniones de gabinete convocadas por Lugones intervenían activamente abogados penalistas.
El testimonio confirma que en marzo de 2025 Lugones ya estaba al tanto de los incumplimientos de HBL. La titular del Iname envió un informe sobre el laboratorio y en un chat, Bisio le consultó si ese informe era suficiente para cerrar las instalaciones. «Solo en dos palabras decime si esto da para cierre porque Mario pregunta. ¿Sólo eso o aún falta?», pregunta la titular de la Anmat.
Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. El ministro contestó que vayamos para adelante, pero con cautela.
A fines de marzo, Mantecón Fumadó mantiene otra reunión con Furfaro. Tras ese encuentro Bisio le pide información precisa sobre la situación del laboratorio: «¿Podrías mandarme para que le dé al Ministro cuál es la implicancia de esto? Traducción a la práctica. Ej: No puede vender más. Insistir o informarnos sobre el retiro de mercado».
Kreplak advierte en el auto de procesamiento d elas funcionarias la discrepancia entre la supuesta decisión política que bajaba del Ministerio con lo que efectivamente ocurría en la Anmat y el Iname. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», dice el juez en su resolución.
El magistrado destaca que distinta es la situación de Bisio, quien «tenía la responsabilidad máxima sobre el cumplimiento de los cometidos legales y reglamentarios de Anmat y sus órganos internos y, además, había sido investida políticamente como polea de transmisión de esas directrices políticas».
Según el juez el obrar de la funcionaria fue el contrario. A pesar de que tenía conocimiento de las irregularidades de los laboratorios y que habría recibido la decisión política de obrar, mantuvo una actitud pasiva y permisiva que culminó favoreciendo el accionar criminal de los laboratorios.
No sólo eso, sino que participó activamente en algunas de las acciones decisivas que permitieron al laboratorio continuar operando cuando lo correcto hubiese sido impedirlo.
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