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La detención de Alejandro Falcón, hasta hace unos días el jefe de Drogas Peligrosas de la Policía Federal en Córdoba desató un escándalo en la fuerza. Aunque también tiene un impacto de relevancia en la política; particularmente en la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
Falcón era el titular de la compleja división de la Federal en Córdoba y terminó detenido en un pabellón de la cárcel de Bouwer acusado de distintos delitos. Los más curiosos, el robo de dinero a un automovilista que estaba siendo requisado cuando Falcón llegó al lugar; pero uno aún más llamativo: el robo de dos cachorros de perro pitbull que sustrajeron en un allanamiento que le habían realizado a un joven cultivador de marihuana.
A los días de haber sido liberado, el joven reclamó la ausencia de sus animales radicando una denuncia en la Justicia federal lo que disparó la investigación del fiscal federal Maximiliano Hairabedián.
Lo que motorizó el resto de la pesquisa que derivó en la detención de Falcón, quien hasta hace unos días dividía su tiempo entre uno de los despachos más pesados de la Federal en Córdoba y las visitas a su novia en la provincia de Santa Fe. De hecho, en Santa Fe también ocurrió un oscuro episodio con un jefe de la Federal enviado por Monteoliva.
Monteoliva se está mandando sola con esto de su candidatura a diputada nacional. No consultó a Patricia y eso no cae bien.
Monteoliva, que no tuvo un buen invierno por frases como, por ejemplo, la señalada acerca de la bandera de Malvinas en la previa de la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra fue notificada de la situación a horas de hacer un desembarco en la capital cordobesa.
El presidente de La Bolsa de Córdoba, Manuel Tagle.
Invitada por la Bolsa de Comercio que lidera el empresario neolibertario Manuel Tagle y que sirve habitualmente como plataforma para dirigentes del armado de Javier Milei, la integrante del Gabinete nacional estará en su provincia en el almuerzo de la entidad el próximo lunes.
Pero, esta situación deriva un hecho que caldea la previa del arribo de la sucesora de Patricia Bullrich.
Y aquí, especialmente, radica otra particularidad del episodio. En Córdoba hablan de una eventual candidatura a diputada nacional de Monteoliva, estrategia para la cual no habría consultado a la senadora y situación que habría generado el enojo de la jefa de bloque del oficialismo en la Cámara alta.
«Monteoliva se está mandando ella. No consultó a Patricia y eso es lo que no cae bien. Encima, ahora con esto, no es una buena señal en la previa del almuerzo en la Bolsa», señaló a LPO una persona que conoce detalles de la relación entre las dos mujeres que traspasaron el mando en Seguridad.
Es el segundo hecho en un par de meses en el que Monteoliva queda en el ojo de la poléimca por el accionar de la Federal en el interior. En junio el gobierno entró en alertatras el asesinato de un policía que mandó para reforzar la seguridad de Rosario, tal como adelantó LPO.
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La decisión de los prácticos de no aceptar nuevos servicios en rechazo al Decreto 690/2026 mantiene bloqueado el ingreso y egreso de buques en los principales puertos del país. El Gobierno defiende la desregulación como una apertura a la competencia, mientras el sector denuncia un intento de desmantelar una actividad estratégica y anticipa una batalla judicial.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La política de desregulación impulsada por el gobierno de Milei abrió un nuevo frente de conflicto con impacto directo sobre uno de los sectores más sensibles de la economía argentina. Desde el fin de semana, los prácticos de buques mantienen una medida de fuerza que paralizó el ingreso y la salida de embarcaciones de ultramar en los principales puertos del país, especialmente en el complejo agroexportador del Gran Rosario, corazón de las exportaciones nacionales.
La protesta surgió inmediatamente después de la publicación del Decreto 690/2026, mediante el cual el Gobierno modificó de manera integral el régimen de practicaje y pilotaje vigente desde hace más de tres décadas. Para el Ejecutivo, la normativa elimina privilegios corporativos, reduce costos logísticos y favorece la competencia. Para los profesionales del sector, en cambio, representa una desregulación que compromete la seguridad de la navegación y destruye un esquema construido sobre criterios técnicos antes que comerciales.
Una actividad clave para que funcione el comercio exterior
El práctico es el profesional que asesora al capitán de un buque durante las maniobras de ingreso, navegación y salida de puertos, ríos y canales. Su intervención es obligatoria en gran parte del sistema fluvial argentino debido a la complejidad de la navegación en la Hidrovía Paraná-Paraguay y en otros corredores estratégicos.
Sin ese servicio resulta prácticamente imposible que numerosos buques puedan operar con normalidad. Por esa razón, la decisión de los prácticos de no aceptar nuevos servicios comenzó a paralizar progresivamente la operatoria portuaria, con riesgo de afectar exportaciones de granos, aceites, harinas, combustibles y otras cargas de enorme importancia para el ingreso de divisas.
El conflicto adquiere además una dimensión macroeconómica. Argentina depende en gran medida del complejo agroexportador para generar dólares, por lo que cualquier interrupción prolongada en la logística portuaria puede traducirse en demoras comerciales, mayores costos y dificultades para cumplir contratos internacionales.
Qué cambia el decreto de Milei
El Decreto 690/2026 elimina buena parte del esquema regulatorio vigente desde comienzos de los años noventa.
Entre sus principales modificaciones aparecen la apertura del registro de prácticos sin cupos, la libre contratación de profesionales independientes, la posibilidad de que determinados capitanes extranjeros con experiencia acreditada naveguen sin contratar prácticos argentinos, la fijación de tarifas máximas por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y la liberalización del transporte utilizado para el embarque y desembarque de los profesionales.
El Gobierno sostiene que el régimen anterior generaba barreras artificiales de ingreso, favorecía posiciones dominantes y encarecía innecesariamente los costos logísticos del comercio exterior.
Sin embargo, desde el sector cuestionan que la actividad sea tratada como un mercado cualquiera. Argumentan que el practicaje constituye un servicio altamente especializado, vinculado directamente con la seguridad de la navegación, la protección ambiental y la prevención de accidentes en una de las principales rutas comerciales del país.
Una pulseada que excede el conflicto gremial
Aunque el Gobierno presenta la medida como una disputa con sectores corporativos, el conflicto tiene un alcance mucho mayor.
La desregulación del practicaje forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración libertaria para modificar numerosos mercados considerados «cerrados» o «sobre regulados». La lógica oficial consiste en eliminar restricciones, abrir la competencia y reducir la intervención estatal.
Los críticos de esa estrategia sostienen que el mismo criterio se está aplicando sobre actividades cuya regulación no responde únicamente a razones económicas sino también a cuestiones de seguridad pública, infraestructura estratégica y soberanía sobre vías navegables.
En ese contexto, la discusión deja de ser exclusivamente laboral para transformarse en un debate sobre cuál debe ser el papel del Estado en la administración de servicios considerados esenciales para el funcionamiento del país.
El Gobierno prepara reemplazos y el conflicto podría escalar
Previendo una prolongación del conflicto, el decreto incorporó mecanismos extraordinarios para garantizar la continuidad del servicio.
Entre ellos figura la posibilidad de que la Prefectura Naval Argentina y la Armada Argentina puedan intervenir de manera excepcional para prestar servicios de practicaje, además de habilitar temporalmente a capitanes con conocimiento de zona en situaciones de emergencia.
No obstante, distintas informaciones periodísticas indican que los intentos oficiales para encontrar reemplazos inmediatos encontraron resistencia y que los propios capitanes consultados señalaron que no cuentan con las habilitaciones específicas para asumir esa función.
Mientras tanto, los prácticos adelantaron que además del lock-out impulsarán acciones judiciales para intentar frenar la aplicación del decreto, por considerar que vulnera aspectos centrales de la actividad y modifica de manera unilateral un sistema construido durante décadas.
La pulseada recién comienza. Pero mientras el Gobierno apuesta a sostener una de las desregulaciones más profundas del sector marítimo, cada jornada con los puertos parcialmente paralizados incrementa la incertidumbre sobre el comercio exterior argentino y vuelve a mostrar el delicado equilibrio entre las reformas económicas y el funcionamiento efectivo de actividades estratégicas para el país.
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