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La intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el gobierno de Milei expone una decisión de enorme gravedad política y geopolítica

Por Tomás Palazzo para NLI

La intervención del Puerto de Ushuaia ordenada por la Resolución 4/2026 no puede leerse sólo como un conflicto administrativo entre Nación y provincia: es parte de una redefinición geoestratégica que alinea a la Argentina más cerca de los intereses militares de Estados Unidos, en detrimento de la soberanía nacional histórica sobre su extremo austral y la Antártida. Lo que está en juego no es un muelle, sino el control de rutas marítimas, nodos logísticos y posiciones geopolíticas clave en el Atlántico Sur y el continente blanco.

Antecedentes históricos: puertos, soberanía y el Atlántico Sur

Desde la consolidación del Estado argentino en el siglo XIX, la punta sur del continente fue concebida como una pieza estratégica de defensa y desarrollo nacional. El Puerto de Ushuaia no es un simple aeropuerto marítimo: desde su transferencia de dominio de Nación a la Provincia en 1992, fue administrado con autonomía, con recursos que debían destinarse exclusivamente a su mantenimiento, operación e inversión, tal como estableció el convenio firmado ese año y ratificado por el Poder Ejecutivo provincial. Esa cláusula buscaba asegurar que los ingresos portuarios no se convirtieran en caja fiscal general, sino en un instrumento de soberanía logística en uno de los extremos del territorio argentino.

Pero desde comienzos del siglo XXI, el valor estratégico de Ushuaia fue adquiriendo nuevas dimensiones: no sólo como puerta de salida al Pasaje de Drake y acceso a la Antártida para turismo, ciencia y pesca, sino como punto de interés geoestratégico global, en una región donde los Estados Unidos, China y potencias europeas mantienen vigilancia constante de rutas marítimas y presencia científica o militar.

La Antártida, en particular, es un escenario geopolítico complejo. El Tratado Antártico lo establece como zona de investigación pacífica y prohibe reclamaciones soberanas nuevas, pero la ubicación de bases logísticas en la Patagonia y Tierra del Fuego influye directamente en la capacidad de proyectar presencia en el continente blanco. Incluso iniciativas de cooperación científica y logística antártica han sido utilizadas en discursos oficiales para justificar mayor presencia extranjera en el extremo sur.

La visita de la general Laura Richardson en abril de 2024: un hito político

En abril de 2024, el entonces presidente Milei viajó expresamente a Ushuaia para recibir a la general Laura J. Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos —una de las estructuras militares más relevantes del Pentágono para América Latina— en lo que constituyó un gesto político de alto valor simbólico y estratégico para Washington y para la agenda de defensa del gobierno argentino.

La visita de Richardson no fue un evento menor o ceremonial: se extendió por varios días en Argentina e incluyó:

• encuentros con las máximas autoridades del Ministerio de Defensa;
• participación en una ceremonia de donación de un avión C-130H Hercules financiado por Estados Unidos a la Fuerza Aérea Argentina (valorado en decenas de millones de dólares);
• la estancia en Ushuaia, donde se definió públicamente la idea de una “Base Naval Integrada” que “convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco”, según declaraciones oficiales del gobierno argentino al recibir a Richardson.

Ese gesto fue interpretado por analistas y sectores críticos como una señal de subordinación geopolítica, en tanto la reunión no fue simplemente bilateral, sino destinada a consolidar una asociación estratégica ampliada con Estados Unidos en materia militar y logística en el extremo sur.

Ushuaia y el contexto global del Atlántico Sur

La presencia periódica de los comandantes del Comando Sur de Estados Unidos en Ushuaia y la Patagonia —no solo de Richardson sino de su sucesor, el almirante Alvin Holsey— responde a la creciente competencia global por el control de rutas marítimas, recursos naturales y posiciones estratégicas frente al avance de China y otras potencias. El Comando Sur estadounidense ha declarado en múltiples ocasiones la importancia de la región y la necesidad de fortalecer alianzas para contrarrestar lo que perciben como desafíos de actores externos.

Esa estrategia geopolítica tiene múltiples aristas:

1. Control y monitoreo de rutas marítimas del Atlántico Sur, esenciales para comercio global y acceso antártico.
2. Posicionamiento logístico y militar en latitudes australes, frente a las crecientes capacidades de otras potencias en la región.
3. Influencia sobre agendas científicas y de recursos naturales en regiones remotas pero ricas en potencial energético y pesquero.

Todo esto ocurre mientras, en paralelo, potencias como China también han mostrado interés en ampliar su presencia marítima, científica y comercial en la Patagonia y el Atlántico Sur —lo que Washington percibe como una amenaza estratégica.

Una redefinición peligrosa de soberanía

La decisión de intervenir y potencialmente suspender la habilitación del Puerto de Ushuaia mediante una resolución administrativa, en lugar de un debate político federal o una ley con participación de las provincias, debe leerse como parte de un proceso más amplio de subordinación de la estrategia argentina a agendas de seguridad ajenas. Esto quedó exacerbado por gestos simbólicos durante la visita de Richardson, incluyendo discursos oficiales que enmarcaron la cooperación militar dentro de narrativas de afinidad cultural y geopolítica con Estados Unidos más que de soberanía argentina autónoma.

Conclusión: más que un puerto, una pieza de ajedrez geopolítico

La intervención del Puerto de Ushuaia no es un simple reacomodo administrativo: es la materialización de una geopolítica que redefine el rol de la Argentina en su propio extremo sur. En un mundo donde el Atlántico Sur y la Antártida son cada vez más objeto de interés estratégico, energético y militar de potencias globales, la soberanía se ejerce no solo con discursos, sino con políticas públicas que no pueden ser dictadas por decretos o resoluciones bajo presión de actores externos.

Lo que está ocurriendo en Ushuaia explica por qué sectores políticos, sociales y estratégicos sostienen que esta decisión no sólo constituye un antecedente peligroso en términos constitucionales y federales, sino que pone en cuestión el control soberano de la Argentina sobre posiciones geopolíticas clave del Atlántico Sur y la Antártida.

 

 

Mientras desde la semana pasada los celulares importados ingresan a la Argentina con arancel cero, el Gobierno de Milei decidió también llevar a cero el aporte obligatorio que las empresas electrónicas de Tierra del Fuego debían hacer al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina. La combinación de ambas medidas redefine el equilibrio del sector, beneficia a los grandes jugadores y deja en suspenso la promesa de diversificar la economía fueguina.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La Resolución 20/2026 del Ministerio de Economía publicada hoy en e Boletín Oficial, fijó en 0 % el aporte que las empresas industriales radicadas en Tierra del Fuego estaban obligadas a realizar al FAMP – Fueguina, un fondo creado para ampliar la matriz productiva provincial. Ese aporte, establecido en el Decreto 727/2021, equivalía al 15 % del beneficio obtenido por IVA y había sido presentado como la contraprestación para extender hasta 2038 los beneficios del régimen especial de la Ley 19.640.

La decisión se conoce en paralelo a la eliminación total del arancel de importación de celulares, que completó el esquema iniciado en mayo de 2025 con el Decreto 333, cuando el derecho bajó del 16 % al 8 %. Desde el jueves pasado, el arancel pasó a cero, cerrando el cronograma definido por el propio Gobierno.

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Dos decisiones que cambian el tablero

La eliminación del arancel a los celulares fue presentada por el oficialismo como una medida para “bajar precios y aumentar la competencia”. El propio vocero presidencial, Manuel Adorni, celebró la decisión en redes sociales asegurando que implicaba “menos impuestos y mejores precios para todos”. Sin embargo, los datos del sector muestran que la reducción previa del arancel no generó una avalancha de importaciones legales: en todo 2025 ingresaron por canales formales poco más de 334 mil celulares, una cifra incluso levemente inferior a la de 2024.

En ese escenario, la Resolución 20/2026 aparece como la otra cara de la misma política. Ante la pérdida de competitividad provocada por la desregulación económica y la apertura comercial, el Gobierno optó por aliviar completamente la carga que recaía sobre las empresas fueguinas, eliminando el aporte al fondo que debía financiar nuevos proyectos productivos.

El argumento oficial reconoce explícitamente que las condiciones tributarias y arancelarias cambiaron en perjuicio de la industria local, lo que habilitó, según la normativa vigente, la reducción del aporte incluso hasta cero. La recomendación fue avalada por el Comité Ejecutivo del propio FAMP y por informes técnicos del Ministerio de Economía.

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Tierra del Fuego: alivio empresario, fondo vaciado

Desde Afarte, la cámara que agrupa a las empresas electrónicas de la isla, señalaron que la apertura importadora implicó un desafío significativo para el sector y que, desde el anuncio del Decreto 333, se avanzó en reducción de costos, mejoras logísticas y eficiencia productiva, incluyendo la utilización de bitrenes y la eliminación de impuestos internos para los productos fabricados en la provincia.

Sin embargo, el núcleo del problema, según las propias empresas, no es la importación legal, sino el contrabando: uno de cada tres celulares que se activan en la Argentina no se fabrica en el país ni ingresa por canales oficiales. En ese marco, la industria electrónica emplea cerca de 10 mil personas, unas 4 mil en el segmento de celulares, y ya se registró la caída de alrededor de 500 contratos, en un contexto de demanda deprimida.

La resolución deja en evidencia una contradicción central: mientras se mantiene intacto el régimen promocional hasta 2038, se elimina el principal mecanismo pensado para financiar la diversificación productiva. El FAMP, creado para reducir la dependencia del ensamblaje electrónico, queda sin su fuente más relevante de ingresos justo cuando la apertura comercial vuelve a tensionar el modelo.

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Precios, importadores y el relato oficial

En el comercio minorista, la eliminación del arancel impacta principalmente en los celulares importados de alta gama, como el iPhone. Desde las cadenas especializadas admiten que los 8 puntos de arancel son 8 puntos de costo, y que parte de la baja ya fue trasladada a precios. Algunos modelos redujeron su valor hasta un 30 % en términos reales, empujados también por la caída del consumo.

No obstante, incluso desde el sector privado reconocen que el margen para nuevas bajas es limitado, entre otros factores por el encarecimiento global de memorias y componentes vinculados al boom de la inteligencia artificial. En ese contexto, la apertura no garantiza ni precios populares ni un mercado más ordenado, mientras el contrabando sigue siendo el principal factor distorsivo.

La combinación de arancel cero para importar celulares y aporte cero para las empresas fueguinas deja un mensaje claro: el Estado resigna herramientas de regulación y financiamiento productivo, confía en el ajuste del mercado y posterga, una vez más, la discusión de fondo sobre el modelo industrial.