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El peronismo activó los primeros movimientos para voltear el DNU de la SIDE aunque todavía no tenga claro cómo ni cuándo concretarlo. Una diputada meticulosa le dijo a LPO que el Congreso «puede tratar de oficio el DNU», una vez que pasen los 10 días hábiles desde que la Jefatura de Gabinete mande el decreto al parlamento, aunque Martín Menem y Victoria Villarruel no hayan conformado las comisiones correspondientes para emitir dictamen.

El diputado Germán Martínez presentó este viernes, después del mediodía, una nota formal a Menem para que constituya la Comisión Bicameral de Inteligencia y la de Trámite Legislativo, que es la que puede dictaminar a favor o en contra del DNU 941/25, el que convierte al organismo que preside Cristian Aguadra en una «policía secreta» y habilita la persecución y el espionaje total de la ciudadanía. «Ambas comisiones deben abocarse al inmediato tratamiento del decreto», expresó el santafecino.

La jugada del jefe de la bancada peronista es un paso obvio pero crucial para lo que pueda suceder en los próximos días. Si el riojano se niega a conformar las comisiones después de ese reclamo de Martínez, que se suma al del interbloque de Provincias Unidas, podría quedar a tiro de una denuncia por incumplimiento de deberes, explicaron a LPO fuentes de Fuerza Patria.

Por su parte, un grupo de legisladores peronistas presentaron un proyecto de resolución para rechazar el decreto bajo el argumento de que «introduce una alteración sustancial del sistema democrático al otorgar a la SIDE facultades coercitivas incompatibles con el orden constitucional y el principio republicano de división de poderes». La iniciativa fue presentada por la diputada Lorena Pokoik, junto a los diputados Eduardo Valdés, Santiago Cafiero, Roxana Monzón, Nancy Sand, Pablo Todero, Andrea Freites, Hilda Aguirre, Ana María Ianni, Sabrina Selva, Martín Aveiro, Jorge Araujo y Carlos Cisneros, entre otros.

La oposición exige a Menem y Villarruel que conformen la bicameral de Inteligencia por la reforma de la Side

Por lo demás, lo que se conversaba entre peronistas y pichettistas al cierre de esta nota era la posibilidad de colar en recinto el tratamiento del DNU cuando el gobierno retome la agenda legislativa para impulsar la reforma laboral, la iniciativa que Patricia Bullrich debió suspender hasta febrero por falta de apoyo en el Senado. «¿Y si el gobierno no convoca a extraordinarias? Es mejor negocio para Milei dilatar la reforma y espiarnos a todos», dijo a LPO una legisladora incómoda ante la aparente parsimonia peronista.

Más allá del vértigo, el reglamento de la ley 26122, la que impulsó Cristina Kirchner en 2005 y que el Senado no pudo modificar en 2025 después de la media sanción de Diputados, habilita a las dos cámaras a tratar un decreto después de los 10 días de su llegada al Congreso. En este caso, Manuel Adorni debería remitir el DNU al parlamento, como máximo, al cumplirse 10 días de su publicación en Boletín Oficial.

De hecho, el artículo 18 de aquella ley prescribe que la Bicameral trate el DNU de oficio si el Jefe de Gabinete no manda el decreto dentro del plazo estipulado. Los integrantes de la comisión de DNU tendrán, a partir de ese momento, otros 10 días para dictaminar.

Lorena Pokoik, en Diputados.

En tanto, el artículo 20 de esa norma establece que «vencido ese plazo sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto». A eso se refirió el ex ministro de Defensa y ex titular de la AFI, Agustín Rossi, cuando admitió en declaraciones a Radio 10 que «se está conversando con los bloques para poder llevarlo al recinto, pero eso tiene plazos legales».

Un diputado peronista asumió ante LPO que «todavía no está clara la estrategia del bloque». Aunque delegaba esa tarea en las autoridades de la bancada, se quejó de que hubiera «declaraciones pero nada más».

El DNU introduce una alteración sustancial del sistema democrático al otorgar a la SIDE facultades coercitivas incompatibles con el orden constitucional y el principio republicano de división de poderes.

Hasta Sergio Massa había circulado entre los legisladores del Frente Renovador un texto de pomposos bullet para intervenir en el ágora de Twitter, según comentaron en el bloque de Martínez.

Hay, sin embargo, una zona gris para los que están debatiendo el camino a seguir dentro del peronismo. La oposición cree que tiene el número para voltear el decreto pero también presume que Menem puede neutralizar su pelea por abrir el recinto, razón por la cual también existe la chance que alguna organización tramite un amparo ante el Poder Judicial frente a la afectación de garantías constitucionales.

El Gobierno de Río Negro permitirá a partir de la semana próxima la apertura paulatina y escalonada de comercios en 28 ciudades y localidades de la provincia. En principio se habilitará a los comercios a abrir tres días a la semana, de manera tal de ir reiniciando la marcha del circuito económico en esos lugares….

A poco más de dos semanas de que comience el período ordinario de la Legislatura cordobesa, el próximo 1° de febrero, existe una discusión aún solapada, pero en la que entran diversos actores con sus respectivos intereses: la modificación de la ley provincial 8435 que garantice la estabilidad laboral de los jueces de paz en los juzgados del interior cordobés.

Es decir, que se asegure el carácter de vitalicio o la inamovilidad para el cargo y no tener que renovar su mandato cada cinco años y por concurso como ocurre actualmente. O, en su defecto, que los cargos estén atados únicamente a cuestiones de conductas que deban evaluar desde el Tribunal Superior de Justicia.

Reclamo y expectativa de los titulares de los juzgados de paz que choca de manera directa con los intereses y la realidad de los intendentes que, desde las gestiones del exgobernador Juan Schiaretti se quedaron sin reelección eterna y en 2023, cuando se amagó con una presión por parte de los alcaldes con el argumento de las consecuencias de la pandemia en sus últimos mandatos, el exmandatario coqueteó con una marcha atrás que luego no se concretó.

Por lo que hoy, en todos los pueblos del interior cordobés, y más aún en aquellos por donde están distribuidos los 310 juzgados de paz se vive una relación tensa entre los magistrados y los intendentes.

Llaryora lanza una ofensiva contra los estatales: «Los vamos a limar desde las bases» 

Fricción de la que está al tanto Llaryora, porque hace algunas semanas se lo trasladaron en una recorrida por Miramar, donde el mandatario dijo acerca del tema que «va a haber noticias»; y pedido que también sigue de cerca el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). No sólo por el lobby que los jueces de paz empezaron hace un tiempo con el recientemente electo presidente de la Corte cordobesa, Domingo Sesín; sino porque con él también tiene diálogo Guillermo Vega, el entrerriano que lidera la Junta Federal de Justicia de Paz (Jufepaz).

En la Unicameral anterior, durante la última gestión de Schiaretti, se avanzó con la posibilidad de esta modificación a la ley provincial y hubo un proyecto de los legisladores oficialistas Ramón Giraldi y Alejandra Piasco que tomó estado parlamentario sobre el final del 2023, aunque luego no se discutió en el recinto.

Ninguno de los dos legisladores continúa en la Cámara y ahora los jueces de paz van por otros viguistas como Leonardo Limia y Julieta Rinaldi para intentar reflotar la discusión antes del Mundial. «Esto se iba a tratar antes del final del 2025, pero como vinieron todas las modificaciones en la Justicia, Llaryora frenó esta discusión y ahora los jueces de paz creen que si no se debate antes del Mundial están al horno», sintetizó a LPO una persona al tanto de las conversaciones.

Esto se iba a tratar antes del final del 2025, pero como vinieron todas las modificaciones en la Justicia, Llaryora frenó esta discusión y ahora los jueces de paz creen que si no se debate antes del Mundial están al horno

En Córdoba, todos creen que Llaryora fijará la fecha de la elección en el primer cuatrimestre del 2027, bien lejos del escenario nacional con lo cual, después de la cita mundialista se van a acelerar los tiempos de todo el arco político mediterráneo. Y en esa inercia temen quedar enredados con su reclamo los jueces de paz.

Sin olvidar que la relación entre ellos y los intendentes suele tener fricciones. «Hay de todo: algunos que inquietan, otros que decididamente hacen política y muchos que están 24/7 y con una guardia permanente. Porque no hay que olvidarse que intervienen no sólo en cuestiones institucionales, sino también en aspectos más complejos. Sobre todo, en el proceso electoral completo cuando la fecha de la elección local no va pegada a los comicios provinciales», dicen.

El presidente de la Corte cordobesa, Domingo Sesín, con Llaryora 

El recorrido del reclamo puede empantanarse en la propia interna del peronismo o destrabarse por el pragmatismo que implica el juego de necesidades políticas y electorales.

Por ello, las conversaciones, aunque con menos expectativa, también se llevan adelante con un sector de la oposición en la Legislatura. Hay diálogos con el radicalismo que pone el foco en el accionar de algunos jueces de paz del norte cordobés a los que los parlamentarios tildan de «poco prolijos» como para darles el beneficio del cargo vitalicio.

«Esa es la más simple: si alguien actúa mal deberá accionar el TSJ y sacarlo. No es tan difícil», señaló una fuente a este sitio.

Lo concreto es que la modificación por el artículo de «estabilidad laboral» en la ley 8435 asoma como una de las primeras discusiones en los pasillos de la Legislatura cordobesa en el año previo a las elecciones. 

En el marco del ‘Día Mundial de la Actividad Física’, la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina y el equipo de Río Negro Deporte llevaron adelante distintas propuestas con el objetivo de concientizar sobre la importancia de incorporar la actividad física a la vida diaria. Al respecto, el Director de Deportes Damián…

Más de un asado hubo en el cierre del 2025 entre el senador y anfitrión, Luis Juez, y el visitante ilustre al country de la zona sur de la capital cordobesa, el diputado libertario Gabriel Bornoroni. Los que se hicieron durante el mes de diciembre en la casa de Juez contaron con la compañía de algunos laderos del entorno de ambos y el objetivo central no estuvo en discusión: ganar la provincia de Córdoba y sacar al peronismo después de 25 años en el poder.

Quién será el encargado de encabezar la fórmula para enfrentar a Martín Llaryora, que irá en busca de su reelección, es lo que todavía no se termina de dilucidar. Aunque hay señales, gestos. Entre ellos, el más importante parece ser la decisión de Juez de enfriar su objetivo de ser candidato a gobernador, mientras espera a ver qué hará Bornoroni.

El senador aguarda el carreteo del libertario y, sobre todo, espera que se desdibuje el radical Rodrigo de Loredo; el único del tridente de opositores que llegará al 2027 desde el llano y, por lo que muestra la foto de los últimos meses, distanciado de la sociedad Bornoroni-Juez.

Una persona al tanto de estos encuentros de fin de año entre el senador y el diputado libertario aseguró a LPO que Juez interpreta algo fundamental: Bornoroni representa en Córdoba al ala del Gobierno nacional que quiere ganar provincias, derrotar gobernadores. Sobre todo, peronistas; y en ese lote está, sin dudas, Llaryora.

Es decir, Bornoroni al ser el referente de Karina y los Menem en la provincia mediterránea pertenece al esquema libertario que le insiste a Javier Milei con disputarle el poder a los gobernadores en 2027. A diferencia de lo que piensa, por ejemplo, Santiago Caputo con el entendimiento que debería existir con los mandatarios provinciales a futuro.

Bajo esa teoría, Bornoroni y Juez comenzaron a puntear lo que viene, la presencia en algunos festivales del verano y el rol que tendrán en la próxima visita de Milei a Córdoba para la que se especulan dos escenarios: uno, es el festival de Doma y Folklore en Jesús María, público afín a las ideas libertarias, pero lugar de desembarco de Victoria Villarruel en los dos últimos veranos; el otro es más curioso y para algunos poco probable, como la inauguración de un parque acuático al que el Gordo Dan y las Fuerzas del Cielo vienen promocionando.

El objetivo central de las charlas de Juez y Bornoroni no estuvo en discusión: ganar la provincia de Córdoba y sacar al peronismo después de 25 años en el poder

Por fuera de esa agenda de corto plazo, Juez proyecta para el año que recién comenzó que De Loredo volverá a tener inconvenientes para tomar el control de la UCR. De manera tal que reitera cuando habla con su entorno que lo del radical como tercera pata de la alianza opositora es inviable y sospecha de los profundos entendimientos entre la tropa radical y el llaryorismo. Por ejemplo, con lo sucedido por la Procuraduría del servicio penitenciario y la silla reservada a una radical, como lo contó LPO, y que luego dirigentes de la propia UCR intentaron salir a despegarse.

De manera tal que no es raro que el deloredismo, alejado ya del nuevo eje opositor entre el senador y el diputado, haya decidido fortalecer el vínculo con intendentes a los que ya no le exige el purismo radical -hay cuentas en redes en las que les sacaron hasta los colores-, sino que pone como primer condicionamiento que peguen sus elecciones con los comicios provinciales para ver cuánto impacta la figura de De Loredo en el primer casillero.

Pero esto no es todo. En la capital cordobesa hubo llamados y contactos entre dirigentes que actualmente reportan a De Loredo y tantearon a la mano de obra libertaria peleada o bloqueada por Milei vía Karina para armar una alianza opositora blue. Mano de obra que, al igual que él, también tiene llegada a Santiago Caputo, en algunos casos; y otros que simplemente están enojados por el desaire en el armado de las listas en las dos últimas elecciones, como la libertaria Verónica Sikora. Con ella, en los últimos días, hubo diálogo por parte de dirigentes que ahora están cerca de De Loredo.

Todo esto, mientras en el campamento de De Loredo guardan municiones para una réplica en contra del juecismo, tras los dardos que lanzó el Frente Cívico al tratar de instalar las sospechas de un acuerdo entre el peronismo y el deloredismo.