Durante años, la inteligencia estatal ocupó un lugar marginal en el debate público argentino: un subsistema opaco, poco discutido y, salvo en momentos de escándalo, resguardado de la política visible. Ese régimen de invisibilidad no fue solo una consecuencia de su función, sino también una condición de su estabilidad institucional.El DNU 941/25, que el presidente firmó el último día del año, fue presentado como una reorganización necesaria del sistema de inteligencia. Pero leído con atención dice algo muy incómodo: la inteligencia deja de ocupar un rincón modesto y silencioso del Estado para extenderse sobre ministerios, registros, fuerzas armadas y de seguridad y flujos cotidianos de información. No es una reforma técnica ni un ajuste administrativo: es una decisión política que redefine quién decide, qué se observa y bajo qué lógica se vuelve legítima esa observación y el espionaje en general.
Uno de los primeros cambios estructurales es la reconfiguración de la centralidad del poder en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). La Ley 25.520 ya la establecía como órgano rector del Sistema de Inteligencia Nacional, pero el DNU refuerza y densifica ese lugar. En la SIDE se concentran la conducción estratégica, el control presupuestario, la coordinación interagencial y la definición de prioridades. La SIDE no solo produce inteligencia: decide qué información es relevante, quién debe producirla y cómo debe circular. En paralelo, el decreto crea comunidades obligatorias de información —la Comunidad de Inteligencia Nacional y la Comunidad Informativa Nacional— que integran ministerios, fuerzas de seguridad, organismos técnicos y registros administrativos al circuito de inteligencia. Toda una red dedicada al espionaje interno. Así, la frontera entre administración pública e inteligencia se vuelve porosa: áreas que antes generaban datos para políticas sectoriales pasan a alimentar un sistema orientado a la anticipación de riesgos estratégicos.
Esa centralización vino acompañada, además, por un incremento sostenido de los fondos reservados destinados a la SIDE. En un gobierno que hace de la austeridad una bandera y que no dudó en recortar partidas sensibles —desde discapacidad y educación hasta salud o salarios de las propias fuerzas de seguridad y armadas—, resulta llamativo que el presupuesto de inteligencia haya sido ampliado por decreto en cuatro oportunidades en los últimos dos años y que en 2025 alcance los 107 mil millones de pesos. El debate sobre los fondos reservados no es nuevo y, por su visibilidad, suele encontrar un lugar relativamente rápido en la agenda política. Pero detenerse solo allí corre el riesgo de perder de vista lo más significativo: no cuánto dinero se asigna, sino para qué tipo de sistema de inteligencia se lo asigna.
Otro cambio relevante modifica el estatuto del secreto. El DNU establece que todas las actividades del sistema de inteligencia revisten carácter encubierto y las justifica en nombre del “riesgo estratégico nacional”. No es una novedad absoluta: desde 1983, la democracia argentina convivió con un sistema donde el secreto fue la regla y el control, la excepción. Pero la sanción de la Ley 25.520 en 2001 —la primera Ley de Inteligencia Nacional— representó un punto de inflexión político e institucional. Cerró un trabajo iniciado durante la transición democrática que incluyó las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior, orientadas a delimitar funciones, establecer controles y separar la inteligencia de la represión interna. Aunque esa ley nunca logró desarmar del todo el núcleo opaco heredado, sí expresó un consenso democrático: el secreto debía ser contenido, regulado y justificado. La diferencia es que ahora el DNU invierte esa lógica. El secreto deja de ser una práctica heredada o tolerada y vuelve a constituirse como un principio normativo explícito, blindado jurídicamente.
A esto se suma la habilitación de funciones policiales para los organismos de inteligencia, incluyendo la posibilidad de “repeler agresiones” y realizar “aprehensiones” en flagrancia, claramente explicitado en la letra del decreto. No se trata de un detalle menor: la detención de personas es una de las expresiones más intensas del poder estatal y, desde el regreso a la democracia, había quedado explícitamente separada de la actividad de inteligencia. Reintroducir esa facultad en un sistema que opera bajo secreto y con controles débiles no sólo amplía competencias: reabre una zona históricamente sensible de la democracia argentina, donde inteligencia, seguridad y coerción estatal vuelven a superponerse.
Pero el desplazamiento más profundo no está en estas atribuciones visibles, sino en un cambio menos evidente y más decisivo.
El núcleo del DNU es la expansión del campo de la contrainteligencia. No es un cambio organizativo ni procedimental, sino epistemológico y político. La contrainteligencia deja de limitarse al espionaje clásico y pasa a abarcar fenómenos difusos como la influencia, la injerencia o la interferencia en los procesos decisorios. Su enfoque es preventivo, multidimensional y se proyecta sobre todo en el sector público.
Este corrimiento es epistemológico porque cambia qué se considera una amenaza. Ya no hace falta un acto hostil ni una intención comprobable: alcanza con la posibilidad de un daño futuro. Y es político, porque redefine quiénes pueden quedar bajo observación legítima.
Ahora, la inteligencia no sólo se orienta a identificar enemigos externos, sino a monitorear dinámicas internas, flujos de información y efectos potenciales sobre la política. El riesgo no solo se gestiona: se redefine. Y en esa redefinición se juegan nuevos límites —mucho más inciertos— entre seguridad, democracia y poder estatal.
Ese corrimiento, sin embargo, no se traduce de manera inmediata en un sistema plenamente operativo. La reorganización que propone el DNU exige estructuras, recursos humanos, capacidades técnicas y protocolos que hoy no existen o permanecen fragmentados. Por ahora, la reforma no es un hecho consumado, sino la primera habilitación de un andamiaje para una política que acaba de ser explícitamente declarada. Pero la orientación ya está fijada, aún cuando su despliegue efectivo sea incremental o acabe fallando.
Un cambio epistemológico y político
Ninguno de estos cambios tiene lugar en el vacío. En el contexto actual, la contrainteligencia no es un problema abstracto ni una obsesión anacrónica del Estado. En los últimos años, el sistema político argentino enfrentó al menos dos casos testigo que muestran su relevancia.
Por un lado, una infiltración clásica del aparato estatal: actores privados que, aprovechando vínculos informales y zonas grises del sistema de inteligencia, accedieron a información sensible y la utilizaron con fines ilegales, en un entramado documentado por una comisión parlamentaria y cuya figura emblemática fue el caso de Marcelo Sebastián D’Alessio. En 2021, el informe de la Comisión Bicameral dio cuenta de cómo D’Alessio —falso abogado y autoproclamado experto en seguridad— utilizó información obtenida de fuentes reservadas para extorsionar a empresarios, presentándose falsamente como operador con llegada a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y a la Drug Enforcement Administration (DEA). Más allá de la veracidad de esos vínculos, el caso expuso un problema estructural: la circulación informal de información de inteligencia, la debilidad de los controles internos y la facilidad con la que el sistema puede ser capturado para fines privados sin ser detectado a tiempo por los mecanismos de contrainteligencia.
Por otro lado, una amenaza de naturaleza distinta: filtraciones confirmadas en los últimos años de bases de datos estatales —como las que expusieron información personal del Registro Nacional de las Personas— y, más recientemente, una denuncia pública sobre una megafiltración de un terabyte datos de argentinos que aún no cuenta con confirmación oficial plena.
En conjunto, estos episodios expusieron la fragilidad de las infraestructuras digitales y la vulnerabilidad de bases de datos críticas.
Reconocer la plausibilidad del problema es indispensable. El punto ciego aparece cuando se analiza desde qué tradición estatal se intenta conjurarlo. Históricamente, la política de inteligencia argentina se pensó y se practicó en términos esencialmente policiales. Desde el derrocamiento de Perón en 1955, la inteligencia fue concebida como una forma de policía secreta orientada a la detección de la amenaza interna —o, más precisamente, interior— y a la vigilancia política de la sociedad.
Ese molde no fue obra de la democracia, sino de las dictaduras militares. El retorno democrático no logró transformarlo: apenas consiguió contenerlo, limitar sus excesos más visibles y rodearlo de controles formales. La inteligencia siguió siendo, en lo sustantivo, policial, nunca estratégica en sentido pleno, y siempre inclinada a expandir el campo de la sospecha.
El DNU 941/25 no rompe con esa tradición. La actualiza. Y desplaza su eje desde la ideología hacia el riesgo.
Allí donde antes se vigilaban ideas, organizaciones o sujetos identificables, ahora se observan flujos de información, vulnerabilidades técnicas e interferencias posibles. La amenaza deja de ser una figura concreta para convertirse en una condición permanente.
Se trata de administrar escenarios inciertos donde cualquier circulación de datos, decisión administrativa o infraestructura crítica puede volverse sensible.
La ciberseguridad aparece allí como la clave de esta mutación. No como un área especializada ni como una respuesta técnica a delitos informáticos, sino como un principio organizador del modelo de inteligencia. El ciberespacio es definido como un dominio estratégico continuo, sin fronteras claras ni tiempos de excepción. En ese terreno, las amenazas no se anuncian ni se declaran: se presuponen. La prevención deja de ser una reacción frente a hechos consumados y se convierte en una lógica permanente. Todo puede ser interferido, influenciado o vulnerado. Todo debe ser monitoreado antes de que algo ocurra.
Cuando la inteligencia se organiza alrededor del riesgo sistémico, el campo de lo observable se expande inevitablemente: ministerios, agencias, registros, decisiones técnicas y flujos administrativos ingresan en una misma lógica de sospecha preventiva. No porque exista una conspiración concreta, sino porque el riesgo nunca se descarta del todo.
El DNU no inaugura una inteligencia más eficaz frente a amenazas nuevas, sino una inteligencia distinta en su forma de mirar. No más centrada en sujetos peligrosos, sino en entornos inestables. No orientada a conjurar ataques concretos, sino a gestionar vulnerabilidades permanentes.
El problema no es que la contrainteligencia gane centralidad —los casos recientes muestran que tiene razones para hacerlo—, sino que lo haga desde una tradición estatal que tiende a confundir prevención con expansión ilimitada del poder de vigilancia y represión. Allí, donde el riesgo ocupa el lugar del enemigo, la frontera entre seguridad, política y democracia se vuelve cada vez más difícil de trazar.
Aunque fuerte, la apuesta del Ejecutivo no es irreversible. El Congreso conserva la facultad de rechazar el decreto y la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, si logra constituirse, puede condicionar su implementación efectiva. A eso se suma la posibilidad de intervenciones judiciales frente a excesos concretos, especialmente si las nuevas facultades colisionan con garantías constitucionales. El problema no es la ausencia de frenos formales, sino la dificultad histórica para que esos controles actúen de manera temprana y eficaz sobre un sistema que, por definición, opera bajo secreto.
Hay, además, otra dimensión del DNU que no debería quedar fuera del debate público y resulta clave para entender sus efectos de mediano plazo es la reconfiguración del vínculo entre inteligencia, tecnología y mercado.
Un sistema de inteligencia organizado alrededor del riesgo permanente y la ciberseguridad como principio rector no puede sostenerse sólo con capacidades estatales propias. Requiere software especializado, infraestructura crítica, sistemas de monitoreo continuo, análisis de datos, inteligencia artificial y actualización tecnológica constante. En ese terreno, el Estado no produce: compra, sobre todo cuando la política oficial avanza en la destrucción del sistema nacional de ciencia y tecnología y del sistema universitario público que podría generar esas capacidades.
Este corrimiento no es neutro. La ciberseguridad no es solo un problema técnico, sino un campo económico altamente concentrado, dominado por empresas transnacionales y por potencias que exportan tecnología, estándares y criterios de amenaza. Cuando la inteligencia se apoya crecientemente en soluciones externas, no solo se tercerizan capacidades operativas, como nos enseña nuestra propia historia, se importan formas de ver el mundo, modos de clasificar riesgos y prioridades geopolíticas. La dependencia ya no se expresa únicamente en términos financieros o militares, sino en algo más profundo: la capacidad de definir qué debe ser protegido y de quién.
El DNU no privatiza la inteligencia ni lo dice explícitamente. Pero crea las condiciones para que el sistema funcione como una plataforma de demanda permanente para el sector de seguridad, defensa e inteligencia tecnológica. Riesgos que no se agotan, amenazas que se presuponen, vulnerabilidades que siempre pueden ampliarse. El modelo no conoce punto de llegada. En ese esquema, la expansión del sistema se vuelve casi automática y el negocio, estructural.
Lo más inquietante, sin embargo, no es la dependencia ni la comercialización en sí mismas, sino la falta de imaginación política que las acompaña. Frente a problemas reales —infiltraciones, filtraciones, vulnerabilidades digitales y un mundo en guerra— la respuesta vuelve a ser la de siempre: más secreto, más concentración, más poder de vigilancia interna. La inteligencia aparece como un espacio cerrado, técnico, inevitable, sustraído a la deliberación democrática. Como si no hubiera alternativas posibles.
Tal vez el problema no sea solo qué inteligencia necesita el Estado argentino, sino qué tipo de país imagina cuando decide organizarla de este modo. Porque cuando todo se vuelve riesgo, cuando toda circulación es sospechosa y toda solución viene empaquetada desde afuera, la pregunta por la soberanía deja de ser retórica. Se vuelve concreta y urgente.
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