5° FIESTA PROVINCIAL DEL GAUCHO EN CHICHINALES

La #5 Fiesta Provincial del Gaucho tuvo su presentación oficial en el predio de jineteada, el intendente Alberto Pacenti fue el responsable de dar la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación de la región que se acercaron a conocer detalles de las actividades previstas para el sábado 29 de febrero y domingo 1 de marzo. La danza folclórica fue la protagonista de la apertura de la conferencia con dos pequeños bailarines de la agrupación ‘El Semillero’.

«Tuvimos la oportunidad de iniciar esta Fiesta en el 2014 y se ha repetido siempre con un gran éxito y esperamos que la quinta edición también lo sea. Está todo listo, el campo está hermoso así que vamos a estar para recibirlos”, señaló Pacenti.
“Hay un gran grupo de trabajo en la organización y agradezco especialmente a la Flor del Pago y a las Buenas Mozas que hicieron la promoción de la Fiesta durante todo el año”, agregó.

A su turno, la Directora de Cultura Yanina Balma dio a conocer las actividades del sábado 29, que comenzarán con un desfile gauchesco que recorrerá las calles principales de la localidad con la presencia de agrupaciones de distintas ciudades.
A las 21 se dará inicio al festival en el predio Santiago Mansilla con artistas locales y regionales y contará con la locución de Delia Di Donatto. Esa noche se elegirá a las nuevas Flor del Pago y Buenas Mozas. En esta edición 10 ciudades han confirmado a sus representantes. El sábado terminará con un baile familiar a cargo de Banda Marea.

Balma comentó que el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza mediante la cual se impondrá el nombre de Cachy Terbay al escenario mayor de la Fiesta, en homenaje al reconocido cantautor del ‘Portal del Valle’ fallecido hace unos meses atrás. Por su parte, Claudio Acosta en representación de la agrupación ‘Fortín Chichinal’ explicó detalles de la jineteada. “Vamos a tener la suerte de contar con jinetes, caballos y tropillas que recorren el país”, indicó.

Confirmó que ya hay entre 30 y 40 tropillas que ratificaron su asistencia el domingo 1 de marzo. “Van a haber $220.000 en premios y vamos a tener payadores, animadores y relatores que le van a dar a la celebración un gran nivel”, señaló. La entrada será de $200 y con el número de la misma se sorteará una moto.

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  • Quién gana con Ceuta

     

    Cerca del pequeño Aeropuerto de Melilla puede verse una imponente valla fronteriza, incluso antes de poder distinguir con claridad qué casas pertenecen al enclave español y cuáles a las localidades marroquíes colindantes. “La valla” está formada por varias rejas, mallas metálicas, metal oxidado y una zanja, y en el lado marroquí se complementa con alambre de púas financiado por la Unión Europea. Se trata de todo un complejo fronterizo que recuerda más bien a Jurassic Park y no al hecho de que a ambos lados de la frontera puedan vivir vecinos, amigos y familiares. Las dos ciudades, Ceuta y Melilla, pertenecen a España pese a estar ubicadas en continente africano, e incluso tienen estatus de comunidades autónomas, como Cataluña o Andalucía. En cada una viven unas 85 mil personas, y la población se compone a partes iguales de españoles cristianos de origen europeo y de musulmanes, a menudo de origen marroquí. Ambas son españolas desde los siglos XV y XVI, respectivamente, y tienen un gran significado simbólico para la conciencia nacional. La recristianización de España, conocida como la Reconquista, no concluye, según algunas narraciones históricas, hasta la conquista de Melilla en 1497. Simbólicamente, el primer paso en África coincide con el inicio de la expansión global del Imperio español.

    Hoy en día, las fortificaciones de ambas ciudades simbolizan la desigualdad entre el sur global y el norte global, entre las antiguas potencias coloniales —que mantienen su hegemonía por otros medios— y sus antiguas colonias, que intentan, con mayor o menor éxito, mejorar su posición en la competencia estatal. En las montañas que rodean los enclaves se concentran miles de migrantes procedentes de toda África (y, en algunos casos, incluso de Asia Occidental) y aguardan la oportunidad para cruzar las fronteras a nado, trepando o escondidos en un vehículo y así pisar suelo europeo. Con frecuencia se producen víctimas mortales. Sin embargo, nunca antes se había dado una situación como la de finales de julio de 2026: hasta entonces, la violencia de la valla parecía insuperable, salvo contadas excepciones. Esto podría contribuir a explicar el resentimiento que, al parecer, estos acontecimientos provocan en la conciencia europea.

    ¿Por qué hay vallas?

    Quienes hoy tienen más de 40 años recuerdan una infancia sin vallas, en la que bastaba con cruzar a pie una barrera fronteriza más bien simbólica, una alambrada, para ir, por ejemplo, a las playas marroquíes o a la cordillera del Rif. Las economías de los enclaves también estaban interrelacionadas con las de las zonas colindantes, de modo que, por ejemplo, los agricultores marroquíes vendían sus productos en los mercados a los vecinos españoles, que tenían mayor poder adquisitivo y que, a su vez, contrataban a mujeres marroquíes como empleadas domésticas y a hombres marroquíes como trabajadores auxiliares. Sin duda, no se trataba de una convivencia en pie de igualdad, pero estaba muy lejos de la situación de exclusión militar que observamos hoy en día. Quienes son un poco mayores y aún pueden recordar los años 60 o 70 no solo hablan de una convivencia sin vallas, sino también de una convivencia igualitaria en los barrios de los enclaves, donde las familias cristianas, musulmanas y judías, aunque igualmente pobres, se mostraban solidarias entre sí a nivel vecinal. Parece una paradoja: cuando España aún era potencia colonial en el Sáhara Occidental y el dictador Franco aún vivía, se era, en general, más pobre, pero se convivía con los vecinos de forma menos segregada. La valla y la respuesta cuasi militar a la migración no son producto de la dictadura colonial, sino del capitalismo democrático poscolonial.

    Las causas de la construcción de las vallas no hay que buscarlas en el norte de África, ni en la convivencia entre musulmanes y cristianos en la región, sino en la estructura del sistema mundial capitalista. El periodo comprendido entre 1975 y 1985 estuvo marcado por varios cambios radicales. Por un lado, tras la muerte de Franco, comenzó la llamada Transición, la transformación de España de una dictadura católica y chovinista a una democracia orientada hacia Europa. Desde el punto de vista político-económico, esto supuso sobre todo la integración del país en las instituciones europeas, la adhesión a la Comunidad Europea, a la OTAN y al espacio Schengen. Esta integración vino acompañada de un enorme auge económico del que pudieron beneficiarse, en mayor o menor medida, todos aquellos que poseían la nacionalidad española.

    Sin embargo, al mismo tiempo que España ascendía a una posición central en el capitalismo global, este mismo sistema se encontraba inmerso en una transformación fundamental. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el norte de Europa experimentó un crecimiento económico sin precedentes gracias al Plan Marshall, a una producción industrial avanzada y a la importación de materias primas baratas procedentes de las periferias. La relación entre los centros industriales y las periferias se caracterizó por la diferencia de poder del mercado mundial, de modo que muchos acuerdos anteriormente coloniales se transformaron en acuerdos poscoloniales, en los que las antiguas colonias seguían siendo explotadas. Esta configuración de la relación entre los centros y las periferias cambió radicalmente en la década de 1970. La saturación de los mercados europeos, el fin del sistema de Bretton Woods y, sobre todo, la crisis del petróleo provocada por la creación de la OPEP marcaron un cambio radical. El capital respondió a la caída de la rentabilidad con la introducción de la denominada “nueva división internacional del trabajo”, es decir, la exportación de fases de producción a los países del sur global. Esto vino acompañado de los programas de ajuste estructural del Banco Mundial y del FMI, muy conocidos en el hemisferio sur por  las aperturas forzadas de los mercados, privatizaciones y programas de austeridad fiscal. Estas medidas destruyeron a gran escala, en las décadas de 1970 y 1980, las economías de subsistencia, lo que puso en marcha una nueva dinámica migratoria: los antiguos pequeños agricultores se vieron privados de sus medios de vida y emigraron, en un primer momento, a las ciudades en busca de trabajo, pero más tarde también al norte global. Desde el punto de vista de los europeos, era necesario externalizar las fronteras europeas para detener este nuevo movimiento migratorio: así, a España, recién integrada en el centro del sistema mundial, le correspondió la tarea de retener en África a las personas que emigraban a Europa, en su mayoría procedentes de África Occidental. Por eso, en la década de 1990 se construyó una valla en Melilla y Ceuta, sobre la que un joven de Melilla explica: “Esta valla no es para los marroquíes. Esta valla es para los subsaharianos”.

    Nuevas desigualdades

    El establecimiento del régimen fronterizo europeo en Ceuta y Melilla generó nuevas y complejas formas de migración y de desigualdad estructural. En primer lugar, la ciudadanía española trazó una importante línea de desigualdad entre antiguos vecinos. Los españoles cristianos lograron rápidamente un ascenso social, mientras que a los habitantes musulmanes del enclave se les negó durante mucho tiempo la regularización. Así, desde la década de 1980 se fue gestando una segregación entre los grupos de población y los barrios de las ciudades que persiste hasta hoy. Sin embargo, esta desigualdad es especialmente evidente entre quienes viven en los enclaves y quienes tuvieron la mala suerte de encontrarse en el lado marroquí cuando se construyeron las vallas y se fortificaron las fronteras. Los acuerdos de “buena vecindad” entre España y Marruecos permitían a los habitantes de los enclaves y de sus ciudades vecinas marroquíes cruzar la frontera sin visado, siempre que abandonaran la ciudad antes de las diez de la noche. Así se creó una situación en la que los españoles de los enclaves solían ser funcionarios, empresarios y empleados de la administración, a quienes se pretendía atraer a Melilla para trabajar con lucrativas ventajas fiscales, mientras que prácticamente toda la clase trabajadora —artesanos, comerciantes, empleados domésticos, cuidadores— se desplazaban diariamente desde Marruecos a la ciudad. La policía hablaba, en aquel momento, de hasta 30 mil trabajadores transfronterizos al día. Las diferencias salariales entre los enclaves españoles y Marruecos eran tan elevadas que, aunque esta clase trabajadora móvil se veía abocada a una situación precaria y, a menudo, obligada a realizar trabajos en negro en condiciones de explotación extrema, muchas familias marroquíes de esta “población flotante” podían, a pesar de todo, vivir de los euros que ganaban en los enclaves.

    El régimen fronterizo supuso un especial sufrimiento para las llamadas “porteadoras”. Entre los enclaves y Marruecos existía un enorme comercio atípico. Las mercancías podían cruzar por la frontera, en el equipaje de mano, sin pagar aranceles. Empresas europeas se aprovechaban de ello transportando grandes lotes de mercancías hasta la frontera, que luego eran transportadas al otro lado por mujeres —las “porteadoras”— a cambio de un salario de miseria y poniendo en riesgo su salud. Este contrabando, tolerado por las autoridades, alcanzó proporciones enormes: así, desde Ceuta y Melilla se exportaba a Marruecos tanto como desde toda España a Australia.

    La migración de la población flotante y de las porteadoras, caracterizada por la desigualdad y la explotación, fue una consecuencia casi incidental del incipiente régimen fronterizo europeo y de la integración de España en el centro del sistema mundial capitalista. Sin embargo, el objetivo real era frenar la migración por pobreza generada por la globalización neoliberal, cuyo principal instrumento eran los programas de ajuste estructural. Esta migración se manifiesta en los enclaves de dos formas. En primer lugar, en forma de los llamados MENA (menores extranjeros no acompañados), generalmente marroquíes que proceden de zonas rurales de Marruecos o, más a menudo, de los barrios marginales de las grandes ciudades y que intentan escapar a Europa para huir de una situación de pobreza extrema. Estos jóvenes (a veces niños) llegan a los enclaves escondidos en coches o nadando, arriesgando sus vidas. Intentan matricularse en los centros educativos de los enclaves para obtener así un permiso de residencia temporal, o subir como polizones a un ferry con destino a Europa. A menudo viven en la calle y se ven expuestos continuamente a acosos y, en ocasiones, a actos de violencia por parte de la policía, que intenta disuadirles de continuar su ruta migratoria. Esto se aplica tanto a la policía española como a las autoridades marroquíes que, financiadas por la UE, se han convertido desde hace tiempo en cómplices decisivos en la lucha contra la migración: alrededor de los enclaves se han delimitado zonas en las que la policía marroquí actúa con violencia contra los migrantes y, en el peor de los casos, los lleva hasta el desierto para abandonarlos allí a su suerte.

    Esta cooperación de Marruecos con España y la UE queda especialmente patente en el caso de la migración subsahariana. Los africanos occidentales, y últimamente también muchos sudaneses, intentan emigrar a España y a Europa a través de Marruecos, donde a menudo se ven sometidos a una fuerte represión, dado que, por encargo de la UE, deben detener la “migración irregular”. Los migrantes denuncian atracos de los que las fuerzas de seguridad no los protegen y, en algunos casos, incluso robos perpetrados por la propia policía. Quienes son sorprendidos intentando cruzar la frontera hacia uno de los enclaves suelen ser víctimas de violencia e incluso de tortura. Como ya se he dicho, en las montañas que rodean los enclaves se concentran miles de migrantes en campamentos improvisados, ya que no pueden mostrarse abiertamente en la zona debido a la discriminación racial por parte de las autoridades marroquíes. Una y otra vez, estas personas intentan, en grandes grupos y de forma conjunta, cruzar la valla fronteriza y solicitar asilo en territorio español. Una y otra vez, muchos de ellos pierden la vida en el intento.

    Tanto la presión migratoria hacia Europa como el propio régimen fronterizo son, por tanto, de reciente data y se deben a la configuración actual del capitalismo tardío. El propio régimen fronterizo, con sus matices específicos —el acuerdo de buena vecindad, la posibilidad de exportar “equipaje de mano” libre de aranceles—, genera así estos tipos de migración y, con ellos, las desigualdades y la explotación propias de cada uno.

    La nueva normalidad

    En 2020, la situación cambió radicalmente. Hoy el Magreb se presenta con mucha confianza en sí mismo. Marruecos ha construido grandes complejos portuarios junto a los enclaves, entre los que destaca Tánger MED, el puerto más grande de África. Se prevé que los flujos de mercancías del futuro pasen por Marruecos, que se presenta con confianza como la «puerta de África». Además, se han designado zonas de libre comercio en las que las multinacionales pueden establecer sus capacidades de producción. Marruecos también es absolutamente consciente de su importante papel en la contención de la migración hacia Europa y se lo hace saber regularmente a los europeos. Cuando se aplicaron medidas contra el COVID-19 en todo el mundo, también se suspendió el acuerdo de buena vecindad. De repente, decenas de miles de familias marroquíes ya no pudieron desplazarse a los enclaves y así, de un momento a otro, perdieron sus medios de subsistencia. Y viceversa, muchas personas que se habían quedado ilegalmente en los enclaves se vieron de repente atrapadas. Desde entonces, la situación en la frontera se ha convertido en una prueba de fuerza diplomática. Aunque ahora se puede cruzar, se necesita un visado para hacerlo, algo imposible de conseguir para los marroquíes sin recursos. Las porteadoras, por su parte, han desaparecido. Aunque se les prometió encontrarles empleo en las nuevas zonas de libre comercio, cuando en 2023 pregunté por ellas en los enclaves, nadie sabía nada. Parece que comparten el destino de la gente humilde en tiempos de grandes cambios.

    Desde 2020 han surgido nuevas formas de migración y de conflictos en las fronteras. En primer lugar, en 2021 se produjeron protestas y auténticos disturbios, en los que los vecinos de ambos lados de la frontera se manifestaron a favor del restablecimiento de los acuerdos de buena vecindad. Ni los españoles ni los marroquíes estaban contentos con el cierre de la frontera. Por primera vez, también algunos marroquíes intentaron saltar la valla, que supuestamente es “solo para los subsaharianos”.

    Pero, sobre todo, se están multiplicando las incursiones masivas contra las instalaciones fronterizas, que tienen gran repercusión mediática y a menudo son sangrientas. En 2021, unos 9 mil marroquíes lograron llegar a Ceuta; en 2022, entre 2 mil y 3 mil sudaneses asaltaron la valla fronteriza de Melilla, en un incidente en el que la violencia policial en ambos lados produjo al menos 37 muertos. Ahora esta dinámica ha alcanzado su punto más álgido con las aproximadamente 60 mil personas que marcharon a Ceuta, donde también muchos perdieron la vida, sobre todo ahogados en el mar. La mayoría de ellos ya regresaron a Marruecos, principalmente, por la falta de perspectivas para conseguir techo y comida en España. De los que se quedaron, la situación de los menores es especialmente delicada porque no pueden ser deportados sin más. Acontecimientos de esta magnitud solo son posibles si Marruecos suspende su labor como vigilante fronterizo y permite el paso de los migrantes. Este hecho alimenta las especulaciones sobre los motivos geopolíticos de la Casa Real marroquí. Es verdad que no faltan motivos de conflicto: las visitas del presidente español a Argelia, rival de Marruecos; la presión para que se reconozca como legítima la ocupación marroquí del Sáhara Occidental; el castigo a España por su oposición a la guerra de Estados Unidos e Israel (aliados de Marruecos) contra Irán o a la intervención militar de Israel en Palestina y el Líbano, por mencionar solo algunos ejemplos. 

    Sin embargo, esta especulación no llega muy lejos. Ni siquiera Marruecos puede movilizar a sus ciudadanos para una invasión con solo pulsar un botón, como parece creer la derecha europea. Situaciones como esta solo son posibles porque la configuración actual del capitalismo global genera una presión migratoria a la que los europeos responden con muros y vallas, fuera de su continente, para asegurar su hegemonía. Ceuta no es un indicio de debilidad de la protección fronteriza europea, sino una prueba de que en el mundo impera una desigualdad fundamental que sólo puede mantenerse mediante la violencia.

    La entrada Quién gana con Ceuta se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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    Se venció otra privatización menemista: Milei inicia la transición y abre un camino de incógnitas sobre el futuro de las represas hidroeléctricas de Tucumán

     

    Después de 30 años terminó la concesión privada de las represas hidroeléctricas de Tucumán. Milei abrió una transición y crecen las incógnitas sobre su futuro.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    Treinta años después de haber sido entregadas en concesión durante la ola privatizadora del menemismo, las represas hidroeléctricas de Tucumán llegaron al final del contrato que las mantenía bajo administración privada. La decisión del Gobierno de Javier Milei de establecer un período de transición, en lugar de renovar automáticamente la concesión o anunciar una nueva licitación, abre un escenario de incertidumbre sobre el destino de un conjunto de activos estratégicos para la generación eléctrica y para el manejo del recurso hídrico de la provincia.

    El final de una concesión nacida al calor del modelo privatizador de los años 90

    La resolución de la Secretaría de Energía que puso en marcha la transición de las centrales El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo marca un nuevo capítulo en la larga historia de las privatizaciones argentinas, un proceso que comenzó a principios de la década del noventa y que transformó profundamente la relación entre el Estado y los servicios considerados estratégicos.

    Durante el gobierno de Carlos Menem, y luego de la sanción de la Ley de Reforma del Estado en 1989, la Argentina ingresó en una etapa de transferencia al sector privado de empresas y activos que durante décadas habían sido administrados por organismos estatales. Bajo la promesa de mejorar la eficiencia, atraer inversiones y reducir la participación estatal en la economía, el Gobierno nacional avanzó sobre sectores como telecomunicaciones, transporte, energía y servicios públicos.

    En ese contexto, la generación hidroeléctrica también fue alcanzada por el proceso privatizador. Muchas de las obras construidas durante décadas con financiamiento público fueron entregadas bajo esquemas de concesión a empresas privadas, que pasaron a administrar la explotación comercial de centrales que seguían teniendo una importancia estratégica para el sistema energético nacional.

    Así nació Hidroeléctrica Tucumán S.A., la empresa que recibió la concesión de los complejos hidroeléctricos El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, tres instalaciones fundamentales para la provincia. El contrato firmado en 1996 estableció un plazo de explotación privada de 30 años, período que comenzó formalmente el 30 de julio de ese año y llegó a su vencimiento en julio de 2026.

    La fecha de finalización no fue una sorpresa ni una decisión política tomada de manera repentina: estaba contemplada desde el inicio del contrato. Sin embargo, su llegada obliga ahora al Estado a definir qué hacer con un patrimonio energético que vuelve a quedar bajo su órbita después de tres décadas.

    Qué decidió el Gobierno de Milei y por qué no implica una estatización

    La Resolución 168/2026 de la Secretaría de Energía publicada hoy en el Boletín Oficial, no dispuso una estatización de las represas ni anunció la creación de una nueva empresa pública para administrarlas. Lo que hizo fue activar el mecanismo previsto en el contrato de concesión para garantizar la continuidad operativa durante una etapa intermedia, evitando que el vencimiento del vínculo privado genere un vacío de gestión sobre instalaciones que requieren supervisión permanente.

    El Gobierno estableció un período de transición hasta el 15 de diciembre de 2026, durante el cual Hidroeléctrica Tucumán S.A. continuará operando las centrales bajo un régimen especial, mientras la autoridad energética nacional supervisará el funcionamiento de los complejos.

    Para esa tarea fue designada la Subsecretaría de Energía Eléctrica como veedor estatal, con la responsabilidad de controlar la operación, verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas y garantizar que las condiciones de seguridad de las represas permanezcan intactas. Además, se invitó a la Provincia de Tucumán a participar mediante la designación de un representante.

    La medida responde a una cuestión central: una central hidroeléctrica no puede simplemente cambiar de manos de un día para otro. Se trata de infraestructura compleja, vinculada no sólo a la generación de electricidad sino también al manejo del agua, la seguridad de las poblaciones ubicadas aguas abajo y la planificación energética de largo plazo.

    Por eso, aunque la concesión terminó formalmente, la operación continúa bajo un esquema transitorio mientras el Gobierno define el próximo paso.

    Los bienes vuelven al Estado después de 30 años

    Uno de los aspectos más relevantes del proceso es que el vencimiento de la concesión implica el retorno al Estado de los bienes afectados al servicio, tal como estaba establecido en el contrato original firmado durante la década del noventa.

    No se trata de una expropiación ni de una compra. La lógica contractual establecía que, al finalizar el período de explotación privada, las instalaciones, equipamientos y activos vinculados al funcionamiento de las centrales debían quedar nuevamente bajo control estatal.

    Ese punto resulta significativo porque muestra una diferencia entre el discurso político que acompañó las privatizaciones de los años 90 y la realidad jurídica de muchos de esos contratos: las concesiones privadas no implicaban una transferencia definitiva de la propiedad de los recursos estratégicos, sino un derecho temporal de explotación.

    Ahora, tres décadas después, el Estado vuelve a estar frente a la responsabilidad de decidir cómo administrar esos activos.

    La paradoja de un Gobierno que busca privatizar frente al vencimiento de una privatización

    El caso tucumano presenta además una particular contradicción política para la administración de Javier Milei.

    Desde su llegada al poder, el Gobierno libertario impulsó una agenda basada en la reducción del Estado, la apertura económica y la privatización de empresas públicas consideradas ineficientes. Sin embargo, en este caso específico, una concesión privada heredada de la década menemista llegó a su fin y obligó al Estado a asumir nuevamente un rol de supervisión directa.

    La administración nacional tenía distintas alternativas frente al vencimiento: extender la concesión, avanzar rápidamente hacia una nueva licitación o establecer un esquema transitorio. Finalmente optó por esta última opción, dejando abierta la definición sobre el futuro de las centrales.

    La resolución no determina si habrá una nueva privatización, si se buscará un esquema mixto con participación estatal y privada o si el Estado mantendrá algún tipo de control directo sobre las represas. Esa indefinición será uno de los puntos centrales del debate energético en los próximos meses.

    Un recurso estratégico que vuelve al centro de la discusión

    Más allá de la discusión contractual, las represas tucumanas representan un activo estratégico que excede la generación eléctrica. Los complejos de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo cumplen funciones vinculadas al almacenamiento y regulación del agua, al desarrollo productivo regional y a la infraestructura energética de la provincia.

    Por eso, la discusión sobre su futuro no es solamente empresarial: implica definir qué papel tendrá el Estado en la administración de recursos considerados esenciales y cuál será la relación entre la inversión privada y la planificación pública en áreas sensibles.

    La resolución publicada por el Gobierno marca el cierre formal de una etapa iniciada durante el menemismo, cuando una parte importante del patrimonio energético argentino pasó a manos privadas mediante contratos de concesión de largo plazo. Ahora comienza una nueva fase, todavía abierta, en la que deberá definirse si el final de aquella privatización será simplemente el comienzo de otra concesión o si representará un cambio más profundo en la forma de administrar la energía hidroeléctrica tucumana.

     

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