Un total de 31.457 rionegrinas y rionegrinos exceptuados del cumplimiento del aislamiento obligatorio obtuvieron su permiso de circulación a través de la aplicación digital lanzada por el Gobierno de Río Negro.
El permiso tiene validez dentro del territorio provincial y será un complemento al Certificado Habilitante de la Nación. En los últimos días se lanzó una actualización de la app, que suma nuevas funciones y mejora la interfaz.
Esta aplicación se desarrolló como parte de una serie de acciones para monitorear el cumplimiento del aislamiento social, preventivo obligatorio. Se solicitó hacer un uso responsable del permiso, evitando salir de casa si no es estrictamente necesario.
Para acceder a la autorización, la persona interesada deberá ingresar a la plataforma de aplicaciones móviles de su dispositivo (ya sea iOS o Android), instalar la app “CirculacionRN” y registrarse.
Se solicitarán los datos personales, un usuario y contraseña y deberá indicar cuál es la excepción que corresponde. También podrá sumar un vehículo habilitado. En poco tiempo, se determinará su aprobación o rechazo.
Hasta el momento, unos 500 trámites fueron rechazados. Principalmente por errores en el ingreso del nombre, dirección o número de DNI.
El Gobierno nacional modificó por Decreto de Necesidad y Urgencia la Ley de Migraciones e incorporó nuevas causales para impedir el ingreso, cancelar residencias y expulsar extranjeros del país. Bajo el argumento de combatir los «mensajes de odio» contra los argentinos y proteger los símbolos patrios, el DNU 681/2026 introduce conceptos amplios cuya interpretación queda en manos del Estado, abriendo interrogantes sobre sus alcances y el impacto que podría tener sobre la libertad de expresión y los derechos de la población migrante.
Por Ignacio Álvez Alcorta para NLI
El Gobierno amplía las causales para impedir el ingreso y expulsar extranjeros
Con el DNU 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el gobierno de Milei volvió a modificar la Ley de Migraciones Nº 25.871 mediante un decreto de necesidad y urgencia, profundizando el endurecimiento de la política migratoria iniciado meses atrás. La norma incorpora un nuevo inciso al artículo 29 de la ley, que establece las causales para impedir el ingreso al país, y otro al artículo 62, referido a la cancelación de residencias ya otorgadas. A partir de ahora, podrán rechazarse solicitudes de ingreso o dejar sin efecto residencias cuando el Estado considere que un extranjero incurrió en determinadas conductas vinculadas con discursos de odio o actos contra los símbolos nacionales.
El nuevo texto establece que no podrán ingresar ni permanecer en la Argentina quienes hayan dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, quienes inciten a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano argentino por motivos de nacionalidad, quienes participen en actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales o quienes inciten a cometer cualquiera de esas acciones. Paralelamente, el decreto modifica el artículo 63 para establecer que la cancelación de la residencia por estas nuevas causales podrá derivar en la obligación de abandonar el país o directamente en la expulsión, según determine la autoridad migratoria.
Conceptos abiertos que dejan amplios márgenes de interpretación
Aunque el decreto incorpora una cláusula que aclara que no podrán considerarse comprendidas las expresiones de disenso ideológico ni la crítica política, académica o ciudadana, la redacción deja numerosos interrogantes abiertos que probablemente terminarán siendo objeto de discusión judicial.
El primero de ellos es que la norma no define qué constituye exactamente un «mensaje de odio». No se establecen parámetros objetivos ni se remite a una tipificación penal específica. Tampoco se determina qué características debe reunir una manifestación para ser considerada incitación a la violencia contra los argentinos. Esa ausencia de definiciones deja un margen de interpretación muy amplio para la Dirección Nacional de Migraciones y, eventualmente, para los tribunales.
Otro aspecto que permanece en una verdadera nebulosa jurídica es el concepto de «ultraje a los símbolos patrios». El decreto no enumera conductas concretas ni explica si el ultraje debe encontrarse previamente acreditado mediante una sentencia judicial o si bastará con una valoración administrativa. No queda claro, por ejemplo, si una intervención artística, una protesta pública, una performance, la quema de una bandera o una publicación en redes sociales podrían ser consideradas comprendidas dentro de esa figura, ya que el texto evita cualquier precisión.
La misma incertidumbre aparece respecto de la prueba. El DNU no explica quién determinará que una persona emitió mensajes de odio ni cuál será el estándar probatorio exigido. Tampoco establece si será necesaria una condena penal previa, una resolución judicial, un expediente administrativo o simplemente informes elaborados por organismos estatales. En consecuencia, queda abierta la discusión sobre cuáles serán las garantías de defensa para los extranjeros alcanzados por la medida.
Entre la libertad de expresión y las facultades discrecionales del Estado
El propio decreto intenta anticiparse a esas objeciones al sostener que la medida no afecta la libertad de expresión, ya que excluye expresamente el disenso ideológico y la crítica política. Sin embargo, la delimitación entre una crítica protegida constitucionalmente y un supuesto mensaje de odio aparece como uno de los puntos más delicados de toda la reforma.
La dificultad radica en que la decisión sobre dónde termina una opinión política y dónde comienza una conducta que habilite la expulsión quedará inicialmente en manos de la administración pública. Esa amplitud interpretativa podría derivar en cuestionamientos sobre el alcance de las facultades discrecionales del Estado y sobre el respeto de los principios de legalidad y seguridad jurídica.
A ello se suma que la norma tampoco distingue si los hechos deben haber ocurrido dentro del territorio argentino o en el extranjero. La redacción permitiría, en principio, considerar publicaciones realizadas fuera del país o manifestaciones efectuadas años antes del ingreso, sin que el decreto establezca límites temporales ni criterios para valorar la gravedad de cada caso.
Una nueva vuelta de tuerca en la política migratoria de Milei
La modificación se inscribe dentro del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración libertaria durante el último año. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el Ejecutivo avanzó mediante distintos decretos sobre el régimen migratorio, restringiendo derechos y ampliando las facultades de la Dirección Nacional de Migraciones, una estrategia que ya generó presentaciones judiciales y cuestionamientos por parte de organismos especializados en derechos humanos y asociaciones de migrantes.
Con el DNU 681/2026, el Gobierno vuelve a recurrir al mecanismo del decreto para introducir modificaciones en una ley sancionada por el Congreso. Más allá del argumento oficial de proteger a los argentinos frente a expresiones violentas o discriminatorias, la incorporación de conceptos jurídicos abiertos y la ausencia de precisiones sobre su aplicación concreta anticipan un escenario de fuerte debate constitucional. El verdadero alcance de estas nuevas facultades dependerá, probablemente, de cómo las aplique la autoridad migratoria y de las decisiones que adopten los tribunales cuando comiencen a llegar los primeros casos.
El ciclo ‘Mostrá tu talento’ que lleva adelante la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina en la biblioteca al aire libre de la Isla 58 ha tenido una gran recepción durante los domingos de verano. La propuesta está destinada a quienes cantan o tocan instrumentos y que no se dedican profesionalmente a…
La pelea del embajador Peter Lamelas con el gigante de telecomunicaciones chino Huawei esconde un interés de Estados Unidos por quedarse con el control de la red de fibra óptica más grande de Argentina.
La amenaza de la Embajada de EE.UU. a los integrantes de la cooperativa CALF de Neuquén, la principal distribuidora eléctrica de la Patagonia, por un acuerdo con Huawei; y la
advertencia de Lamelas sobre la continuidad de las inversiones estadounidenses en Vaca Muerta, son parte de una estrategia de presión para quedarse con un objetivo mucho más ambicioso.
Fuentes del sector explicaron a LPO que el objetivo real de Estados Unidos es que el gobierno de Javier Milei les entregue el control de la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo) que opera Arsat y fue desarrollada durante el gobierno de Cristina Kirchner.
La Refefo tiene, según datos oficiales, 36.500 kilómetros de fibra óptica desplegada y 31.500 kilómetros iluminados, es decir activos. Se trata de una infraestructura indispensable para el despliegue de 5G.
Aunque Arsat es superavitaria, el gobierno de Milei la quiere privatizar. Ese escenario es el que quiere aprovechar Estados Unidos para que Milei le entregue esa monumental infraestructura a una empresa estadounidense.
El trasfondo de este debate es la pérdida de soberanía digital de la Argentina, un tema que LPO ya alertó con la entrega por parte de Milei de las bases de datos del Estado nacional a empresas como Amazon, Google o Microsoft.
El ataque de Lamelas a Huawei esconde un interés de Estados Unidos por quedarse con el control de la red de fibra óptica más grande de Argentina
El ataque de Lamelas a Huawei durante el AmCham Energy Summit generó una fuerte reacción de la embajada de China, que calificó los dichos como «una calumnia sin ningún fundamento». «El gobierno chino nunca pide ni pedirá a las empresas recolectar datos para el gobierno, violando las leyes», sostuvo.
Los chinos acusan a Estados Unidos de tener una «mentalidad de guerra fría». «Estorbar el orden de mercado con medidas excluyentes no está en sintonía con la política argentina de apertura económica. Argentina no necesita que nadie le enseñe cómo atraer mejor inversiones extranjeras», dice la embajada china, en una defensa de la soberanía argentina que no se le ha escuchado nunca al canciller Quirno o Milei.
Huawei, en tanto, sostuvo en un comunicado que «es una empresa 100% privada, con presencia en Argentina desde 2001, que opera en estricto cumplimiento de las leyes y regulaciones de cada país». «Desde su fundación en 1987, Huawei ha construido un historial impecable en materia de ciberseguridad y protección de datos», resaltaron.
También desde la cooperativa neuquina CALF rechazaron la presión de Lamelas. «Nosotros no vamos a relegar una transacción comercial con Huawei, excepto que aparezca una empresa que nos dé un mejor producto y a mejor precio», sostuvo el vicepresidente de CALF, Carlos Quintriqueo, en radio Led. «El silencio por parte del Estado, eso es lo que preocupa», advirtió.
En tanto, el gerente de Tecnologías de la Información y Comunicación de CALF,
Sergio Fernández Novoa, dijo en radio Urbana Play que antes de hacer pública la amenaza de la embajada de EEUU le escribieron a Quirno, pero nunca contestó. «Le compramos a otras fábricas chinas, a fábricas europeas y le compramos mucho a fábricas estadounidenses. No tenemos un convenio de exclusividad ni con Huawei, ni con nadie. Le compramos al que nos ofrece mejor precio, mejor financiación y la tecnología que se adapta mejor para ese proyecto», explicó.
De Regina a Bahía, de una villa a la otra, Federico Harina (28) logró esta temporada con el Club Villa Mitre de Bahía Blanca el ascenso al segundo escalón del básquet profesional argentino, la Liga Argentina de Basquet (anteriormente llamada TNA) luego de obtener el segundo puesto en el Torneo Federal en el que partciparon…
La semana pasada estuvo en Villa Regina la trabajadora social María Isabel Peña, integrante de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Junto a la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Regina Luisa Ibarra y a la Directora de Acción Social…
El triunfo del Frente Cívico de Gerardo Zamora con el 66% de los votos y la derrota de La Libertad Avanza en Santiago del Estero exponen los límites del proyecto libertario en el interior argentino y anticipan una nueva disputa por el rumbo político nacional.
Por Roque Perez para NLI
Las urnas de Santiago del Estero dejaron mucho más que un resultado municipal. Detrás del contundente triunfo del Frente Cívico por Santiago, liderado por Gerardo Zamora, aparece una señal política que incomoda a la Casa Rosada: el discurso de La Libertad Avanza comienza a encontrar límites concretos cuando abandona el escenario de las redes sociales y se enfrenta al territorio real de la Argentina profunda.
Con el 66% de los votos, el oficialismo santiagueño se impuso en todos los municipios y departamentos donde se disputaron cargos, mientras que la fuerza de Milei quedó relegada al segundo lugar con apenas el 8% de los sufragios. La diferencia no fue solamente numérica: fue una demostración de estructura, presencia territorial y capacidad de representación política frente a un espacio libertario que todavía no logra construir raíces fuera de los grandes centros urbanos.
El resultado tiene una lectura nacional porque ocurre en un momento donde el Gobierno intenta instalar la idea de que su proyecto posee una adhesión social irreversible. Santiago del Estero muestra otra fotografía: una parte importante del electorado argentino continúa votando en función de identidades provinciales, obras públicas, presencia estatal, gestión concreta y vínculos comunitarios que no pueden ser reemplazados por una narrativa basada exclusivamente en la confrontación ideológica.
Un golpe al relato de una Argentina pintada de violeta
Desde la llegada de Milei al poder, La Libertad Avanza construyó una interpretación política según la cual el país habría iniciado una transformación histórica destinada a desplazar definitivamente a las fuerzas tradicionales. Bajo esa mirada, cada elección debía confirmar una expansión permanente del fenómeno libertario.
Pero el mapa electoral argentino es más complejo. Las provincias tienen dinámicas propias, liderazgos locales y estructuras políticas que no desaparecen simplemente porque un movimiento nacional logre una fuerte presencia mediática. Santiago del Estero volvió a mostrar que la política argentina no se define solamente desde Buenos Aires ni desde las tendencias digitales.
El Frente Cívico por Santiago, que gobierna la provincia desde hace más de dos décadas, logró sostener una alianza amplia donde confluyen sectores del radicalismo, del peronismo y fuerzas provinciales. Esa construcción territorial fue precisamente lo que La Libertad Avanza todavía no consiguió desarrollar.
La derrota libertaria adquiere mayor relevancia porque no ocurrió frente a una oposición fragmentada que apenas logró sobrevivir electoralmente, sino ante una fuerza provincial con una identidad consolidada y una red política capaz de competir municipio por municipio. Según los datos difundidos tras los comicios, el espacio de Milei incluso tuvo una representación muy limitada en la disputa por concejalías.
El problema para la Casa Rosada es que Santiago del Estero no aparece como un caso aislado sino como parte de una pregunta más amplia: ¿qué ocurre cuando el ajuste económico impacta sobre comunidades donde el Estado tiene un rol histórico y donde la política se mide por resultados concretos?
El interior frente al experimento libertario
La elección santiagueña expone una tensión central del proyecto de Milei: mientras el Gobierno nacional busca reducir el Estado y presentar esa reducción como una condición necesaria para el crecimiento, muchas provincias construyeron durante décadas una relación política basada precisamente en la presencia estatal.
Escuelas, hospitales, rutas, programas sociales, empleo público y obras de infraestructura forman parte de una discusión que excede la economía y entra directamente en el terreno de la identidad política. En ese punto, el discurso libertario encuentra una resistencia diferente a la que puede enfrentar en sectores urbanos donde predominan otros reclamos.
La elección también representa un desafío para quienes sostienen que el peronismo y los espacios provinciales atraviesan un proceso irreversible de desaparición. La realidad electoral muestra que, cuando existe organización territorial y capacidad de gestión, esos espacios conservan una importante capacidad de representación.
El triunfo de Zamora no implica automáticamente una derrota nacional de Milei, pero sí funciona como una advertencia: el mapa político argentino no está completamente alineado con la lógica libertaria. La Argentina federal sigue teniendo actores propios, intereses locales y tradiciones políticas que no pueden ser anuladas por una construcción presidencial.
Santiago del Estero como primer aviso del desgaste
Toda elección provincial o municipal tiene sus particularidades y sería un error trasladar mecánicamente un resultado local a todo el país. Sin embargo, los procesos políticos suelen comenzar con señales pequeñas antes de transformarse en tendencias más amplias.
Santiago del Estero puede convertirse en una de esas señales porque muestra una contradicción que empieza a aparecer con mayor fuerza: mientras Milei sostiene un discurso de victoria permanente, las urnas comienzan a exhibir territorios donde su fuerza todavía no logra consolidarse.
El Gobierno nacional llegó al poder prometiendo una ruptura total con la política tradicional. Pero para transformar una sociedad no alcanza con ganar una elección presidencial: hace falta construir mayorías, organizar territorios y generar una representación que sobreviva al impacto inicial de un liderazgo carismático.
El resultado santiagueño deja una pregunta abierta para el oficialismo: si el proyecto libertario pretende convertirse en una nueva hegemonía política, deberá demostrar que puede algo más que movilizar adhesiones en redes sociales y grandes ciudades. Deberá disputar la Argentina real, esa que vive en municipios, provincias y comunidades donde la política todavía se construye cara a cara.
Porque allí, en el territorio donde los votos no se consiguen únicamente con consignas, apareció la primera grieta visible en el relato de un triunfo permanente. Santiago del Estero encendió una luz amarilla para Milei: la Argentina profunda todavía no está escrita en color violeta.
Difunde esta nota
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
