Un total de 31.457 rionegrinas y rionegrinos exceptuados del cumplimiento del aislamiento obligatorio obtuvieron su permiso de circulación a través de la aplicación digital lanzada por el Gobierno de Río Negro.
El permiso tiene validez dentro del territorio provincial y será un complemento al Certificado Habilitante de la Nación. En los últimos días se lanzó una actualización de la app, que suma nuevas funciones y mejora la interfaz.
Esta aplicación se desarrolló como parte de una serie de acciones para monitorear el cumplimiento del aislamiento social, preventivo obligatorio. Se solicitó hacer un uso responsable del permiso, evitando salir de casa si no es estrictamente necesario.
Para acceder a la autorización, la persona interesada deberá ingresar a la plataforma de aplicaciones móviles de su dispositivo (ya sea iOS o Android), instalar la app “CirculacionRN” y registrarse.
Se solicitarán los datos personales, un usuario y contraseña y deberá indicar cuál es la excepción que corresponde. También podrá sumar un vehículo habilitado. En poco tiempo, se determinará su aprobación o rechazo.
Hasta el momento, unos 500 trámites fueron rechazados. Principalmente por errores en el ingreso del nombre, dirección o número de DNI.
Grandes compañías estadounidenses y multinacionales con fuerte presencia en el mercado norteamericano salieron a pedir formalmente al gobierno de Donald Trump que no aplique los aranceles adicionales del 25% propuestos sobre miles de productos brasileños, al advertir que la medida también perjudicaría a la economía de Estados Unidos.
Según reveló Folha de San Pablo, empresas como Tesla, Coca-Cola, Nestlé, eBay, Siemens, Faber-Castell, WEG, Bauducco y CSN presentaron observaciones ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), en el marco de la investigación abierta bajo la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense.
Las audiencias públicas sobre el caso se desarrollan esta semana y serán determinantes para definir si Washington avanza con la nueva política arancelaria. Las compañías sostienen que una aplicación generalizada de los aranceles encarecería insumos esenciales para la industria estadounidense, afectaría las cadenas de suministro y terminaría trasladando mayores costos a consumidores y fabricantes locales.
Uno de los casos más relevantes es el de Coca-Cola, que solicitó mantener la exención para los insumos derivados de naranja provenientes de Brasil e incorporar también los productos elaborados a partir de limón.
La empresa argumentó que la producción citrícola estadounidense, especialmente en Florida, sufrió una fuerte caída en los últimos años debido a enfermedades, eventos climáticos y cambios en el uso del suelo, lo que convirtió a Brasil en un proveedor estratégico para abastecer al mercado norteamericano.
Coca Cola argumentó que la producción citrícola estadounidense, especialmente en Florida, sufrió una fuerte caída en los últimos años debido a enfermedades, eventos climáticos y cambios en el uso del suelo, lo que convirtió a Brasil en un proveedor estratégico para abastecer al mercado norteamericano.
Sin esos insumos, advirtió, aumentarían los costos de producción y podrían registrarse problemas de abastecimiento. Por su parte, Tesla alertó que los nuevos aranceles podrían afectar sectores avanzados de la manufactura estadounidense.
La automotriz explicó que aún depende de componentes e insumos críticos provenientes de Brasil y que reemplazarlos por proveedores nacionales llevará tiempo. En su presentación, la empresa sostuvo que la política comercial debería «acelerar la competitividad estadounidense, no restringirla», y advirtió que una suba abrupta de costos terminaría perjudicando tanto a la industria como a los consumidores.
Tesla alertó que los nuevos aranceles podrían afectar sectores avanzados de la manufactura estadounidense. La automotriz explicó que aún depende de componentes e insumos críticos provenientes de Brasil y que reemplazarlos por proveedores nacionales llevará tiempo
Nestlé también pidió excepciones para determinados productos brasileños, entre ellos el colágeno bovino utilizado como insumo en diversos alimentos y suplementos fabricados en Estados Unidos. La compañía señaló que existen pocos proveedores alternativos capaces de garantizar el mismo volumen y calidad, por lo que una sobretasa elevaría significativamente los costos de producción.
En tanto, eBay solicitó que los productos usados y de segunda mano queden excluidos de la medida. La plataforma argumentó que gravar ese tipo de mercaderías no protege a los fabricantes estadounidenses y, en cambio, perjudica a millones de pequeños vendedores y consumidores que dependen del mercado de reventa.
Más del 70% de los vendedores estadounidenses que operan en eBay comercializan artículos usados. Las presentaciones empresariales se producen mientras el gobierno de Trump analiza imponer una tarifa adicional del 25% sobre una amplia gama de productos brasileños como resultado de la investigación comercial abierta contra Brasil.
El USTR deberá resolver en los próximos días si mantiene la propuesta original o amplía la lista de excepciones solicitadas por empresas y asociaciones industriales. El creciente número de compañías que pide flexibilizar las tarifas refleja la preocupación de parte del sector privado estadounidense por el impacto que una escalada comercial con Brasil podría tener sobre las propias cadenas de producción de Estados Unidos, en momentos en que numerosas industrias continúan dependiendo de materias primas e insumos brasileños para mantener su competitividad.
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El RIGI fue presentado como la gran autopista de las inversiones. El Súper RIGI, como su carril rápido. Pero en las primeras escenas aparece otra postal: caños de la India, módulos de China, grúas, excavadoras y equipos importados con beneficios fiscales. La industria mira la lista de compras y pregunta cuánto de esa fiesta queda en el país.
La discusión ya no es abstracta. El régimen tiene proyectos aprobados, otros en evaluación y una promesa de escala que seduce al Gobierno. Pero también dejó expuesta una grieta económica más profunda. Las grandes inversiones pueden traer divisas y empleo. Pero también pueden funcionar como campamentos cerrados, con proveedores externos, baja demanda industrial local y beneficios tributarios que paga el Estado.
El caso más ruidoso apareció en San Juan. El proyecto cuprífero Vicuña, impulsado por Lundin Mining y BHP, prevé una inversión de unos 18.000 millones de dólares hasta 2040. La primera etapa demanda 7.000 millones para poner en marcha el yacimiento Josemaría y luego avanzar hacia Filo del Sol. El objetivo es producir unas 400.000 toneladas anuales de cobre durante 25 años.
Pero la primera gran compra encendió las alarmas. El campamento Batidero fue adjudicado a un consorcio liderado por PowerChina, junto a Beijing Chengdong y la firma santafesina RAFA. La obra contempla una ciudad modular importada desde China para alojar inicialmente 2.500 camas. Por la rotación minera, podría albergar entre 3.500 y 5.000 trabajadores. Con el avance del proyecto, la demanda podría escalar hasta 12.000 personas y requerir 6.000 plazas.
La industria local puso el grito en el cielo. La Cámara Argentina de la Construcción Modular Industrializada sostiene que la obra implica 45.000 metros cuadrados de construcción y más de 4.500 toneladas de acero que llegarían listas para ensamblar. Según los números que manejan los proveedores nacionales, fabricar el campamento en Argentina habría generado entre 400 y 500 empleos directos. Con el esquema importado, quedarían unos 50 puestos vinculados al montaje y la logística.
El campamento Batidero fue adjudicado a un consorcio liderado por PowerChina. La obra contempla una ciudad modular importada desde China para alojar inicialmente 2.500 camas. Fabricarlo en la Argentina habría generado entre 400 y 500 empleos directos, ensamblarlo apenas unos 50 puestos.
El ahorro tampoco parece mover la aguja del megaproyecto. La oferta china rondó los 52 millones de dólares, contra unos 70 millones de la propuesta local. La diferencia es de 18 millones. En una inversión total de 18.000 millones, representa apenas 0,1%. «Si la minería no sirve para desarrollar la economía local, la verdad es que no tiene mucho sentido», dijo Juan Pablo Rudoni, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Modular.
Render del campamento Batidero que Vicuña importará completo de China.
La pelea no queda en la minería. El puerto de Timbúes en Santa Fe sumó otra señal. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación autorizó, por Resolución 37/2026, una modificación del esquema de importaciones del proyecto portuario aprobado bajo el RIGI en noviembre de 2025. La empresa podrá ampliar y actualizar el listado de bienes importados con beneficios tributarios y aduaneros.
En la lista aparecen grampas para grúas, cucharas de almejas, excavadoras y autoelevadores. El proyecto apunta a construir una terminal multimodal sobre la Vía Navegable Troncal, en una zona clave del complejo agroexportador.
«La pregunta que recorre todo el RIGI es si el Estado resigna impuestos para hacer viable una inversión, qué sentido tiene que esa ventaja termine financiando trabajo industrial afuera», comentó a LPO el directivo de una importante constructora.
Por eso, la UIA salió a pedir cambios en el Súper RIGI. La entidad que conduce Martín Rappallini reclamó que el 20% de contenido local no sea una consigna decorativa. Quiere que se aplique a bienes con valor agregado nacional y no se diluya en servicios, movimiento de suelos, obras civiles o contrataciones que igual se harían en el mercado interno.
La pregunta que recorre todo el RIGI es si el Estado resigna impuestos para hacer viable una inversión, qué sentido tiene que esa ventaja termine financiando trabajo industrial afuera.
El texto que logó media sanción en diputados no conformó a los industriales. La redacción habla de bienes, servicios y obras. También habilita la contratación local siempre que la oferta esté disponible y reúna condiciones de mercado en precio y calidad. En una economía con crédito caro y competencia importada subsidiada, esa cláusula parece papel mojado.
El reclamo industrial tiene un dato político adicional. Las provincias mineras vienen pidiendo bastante más que la Nación. El RIGI exige un piso nacional del 20% para compras locales. En varias jurisdicciones, las exigencias van del 50% al 90% entre compre y empleo local. Santa Cruz tiene una regla 90/10 para mano de obra en industrias estratégicas y un piso del 50% para proveedores. Salta, Jujuy y Catamarca tienen umbrales cercanos al 70%. San Juan impulsó metas del 80% para trabajadores locales y 60% para compras a proveedores provinciales.
El mapa muestra una contradicción. La Nación arma un régimen amplio para atraer dólares. Las provincias buscan que esos dólares no pasen como un tren nocturno por el territorio. Las mineras y energéticas, en cambio, piden armonización.
Mientras tanto, la dinámica de los proyectos RIGI tiene dos movimientos. Traen dólares y también los sacan. En la fase inicial ingresa capital, deuda o aportes para cumplir el plan de inversión. Pero al mismo tiempo salen divisas para importar maquinaria, módulos, caños, equipos y tecnología. El saldo de corto plazo puede ser menos virtuoso de lo que aparece en las planillas oficiales.
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