Un total de 31.457 rionegrinas y rionegrinos exceptuados del cumplimiento del aislamiento obligatorio obtuvieron su permiso de circulación a través de la aplicación digital lanzada por el Gobierno de Río Negro.
El permiso tiene validez dentro del territorio provincial y será un complemento al Certificado Habilitante de la Nación. En los últimos días se lanzó una actualización de la app, que suma nuevas funciones y mejora la interfaz.
Esta aplicación se desarrolló como parte de una serie de acciones para monitorear el cumplimiento del aislamiento social, preventivo obligatorio. Se solicitó hacer un uso responsable del permiso, evitando salir de casa si no es estrictamente necesario.
Para acceder a la autorización, la persona interesada deberá ingresar a la plataforma de aplicaciones móviles de su dispositivo (ya sea iOS o Android), instalar la app “CirculacionRN” y registrarse.
Se solicitarán los datos personales, un usuario y contraseña y deberá indicar cuál es la excepción que corresponde. También podrá sumar un vehículo habilitado. En poco tiempo, se determinará su aprobación o rechazo.
Hasta el momento, unos 500 trámites fueron rechazados. Principalmente por errores en el ingreso del nombre, dirección o número de DNI.
El fiscal Franco Picardi citó a declaración indagatoria para el próximo 3 de junio al empresario Alan Pocovi, por sospechas de lavado en la causa Andis, y su testimonio podría complicar a Martín y Lule Menem.
Fuentes de Comodoro Py comentaron a LPO que Pocovi, medio hermano del hijo de Zulemita Menem, formó parte en el entramado de operaciones que coordinaba Miguel Calvete para el presunto desvío de fondos de la Andis. El nombre de Pocovi aparece en los chats de los teléfonos que la Justicia investiga: su rol habría sido el de recibir dinero en una misteriosa oficina de la calle Madero al 900, en el barrio de Catalinas, y concretar las transferencias por millones de pesos que demandaba Calvete.
Desde el gobierno niegan contacto con Pocovi. «Alan Pocovi es hermano de Kevin Pocovi. Kevin Pocovi es medio hermano del hijo de Zulemita. No tiene relación con Martín ni Lule, jamás la tuvieron», aseguran.
La investigación de la causa Andis tramita en el juzgado de Ariel Lijo, que tiene a maltraer al gobierno, y un camarista al tanto del caso admitió que Pocovi también aparece en maniobras sospechosas con contratos de Vialidad Nacional. En los tribunales de Retiro miran de reojo la facilidad del hombre de Calvete para aplicar a distintos rubros.
En efecto, una investigación del portal El Disenso reveló que el titular de Vialidad, Marcelo Campoy, habilitó el otorgamiento de obras por 1292 millones de pesos en mayo de 2025 para la familia Pocovi. Campoy está unido al clan del ex presidente Carlos Menem desde la década del 90 y, de hecho, ocupó el mismo cargo que ahora en 1999, cuando todavía gobernaba el riojano.
El registro de visitas a la Casa Rosada arroja que, en los últimos dos años, Campoy se reunió con Lule Menem en más de 30 ocasiones. «Se reunió en 32 ocasiones en la Casa Rosada; 28 de esas visitas fueron por asuntos privados, ya que estos encuentros no fueron consignados en las actas oficiales de audiencias», dice El Disenso.
Ariel Lijo.
Para colmo, el cuñado de Campoy es Diego Eugenio Cadel, socio comercial del presidente de la Cámara de Diputados en la firma Damg Producciones Deportivas SRL. El emprendimiento de Martín Menem habría surgido en 2008 y está vinculado a la organización y publicidad de eventos deportivos.
Con el arribo de Campoy a Vialidad Nacional, Pocovi logró convertirse en proveedor del Estado para el «Servicio integral de corte de pasto, desmalezado y cortafuego 2025». La empresa que logró la adjudicación se llama He Vras SRL y es una constructora formada entre las PASO de 2023 y el ballotage que Javier Milei le ganó a Sergio Massa.
El nombre de Pocovi aparece en los chats de los teléfonos que la Justicia investiga: su rol habría sido el de recibir dinero en una misteriosa oficina de la calle Madero al 900, en el barrio de Catalinas, y concretar las transferencias por millones de pesos que demandaba Calvete.
La propiedad de la firma está registrada a nombre de Pocovi y Cipriano Arriola Cabrera. Aunque se lo define como «empresario paraguayo», su domicilio fiscal está fijado en un barrio popular de Quilmes y hasta habría cobrado el IFE (ingreso familiar de emergencia) durante la pandemia.
El hallazgo periodístico del portal indica que, lejos de abortar la contratación de esa empresa, por el compromiso de su dueño en la causa Andis, Campoy le extendió en diciembre pasado la exclusividad del contrato hasta junio de este año. Solo habría tenido la astucia de no firmar la prórroga, acción que delegó en Ariel Paz, Jefe de Compras de Vialidad Nacional.
Otro detalle de la jugada es que mientras que el servicio original fue valuado en $1.292 millones, en diciembre se fijó un precio de $2.584 millones para la misma función. Se trata de una suma que duplica el contrato anterior, acaso un acuerdo que mina la confianza en los índices económicos que defiende el gobierno.
Patricia Bullrich fue arrinconada este jueves por los senadores dialoguistas, que amagaron con voltear la sesión cuando se enteraron que el gobierno había modificado el articulado del proyecto del pago a los holdouts de Attestor y Bainbridge.
La convocatoria al recinto había sido realizada para votar el pliego de Carlos «Coco» Mahiques, padre del ministro de Justicia, y darle estado parlamentario a los pliegos de los jueces de las provincias, además de sancionar el proyecto para saldar los últimos 171 millones de pesos con bonistas que no entraron a los canjes de deuda argentinos. Sin embargo, los cambios contrarreloj que metió el gobierno en el dictamen causó una revuelta el miércoles por la noche.
Los senadores aliados detectaron entonces que el oficialismo quería imponer reformas y explicarlas a último momento.
En efecto, la respuesta del bloque libertario ante la inquietud de los opositores fue casi ofensiva. «La traducción legalizada llegará mañana a la mañana porque se firmó después de las 15 y no se pudo legalizar hoy», se excusaron.
Pero, además, la jugada revelaba una desprolijidad. «Fue un error de bonos, se arregló porque no son parte», admitió un libertario.
A Bullrich le habría faltado cintura para resolver el entuerto. En la interlocución con los aliados, que no pasa por su mejor momento debido a la desordenada negociación de los pliegos de los jueces que reclaman los gobernadores, atinó a plantear: «Si quieren, mañana a la mañana Monteverde lo explica en 5 minutos».
Gadano y Carambia.
Esa audacia desató la furia de los senadores radicales, los provinciales del peronismo disidente y los sin techo, como los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.
Por esa razón, la sesión se demoró este jueves, para desconcierto del interbloque de José Mayans. Mientras los legisladores libertarios iban llegando al recinto, Bullrich todavía lidiaba con el piquete de los dialoguistas. «Casi se cae la sesión», dijo un aliado a LPO.
Las preguntas de los senadores eran sencillas y se activaron a partir de una adenda al Anexo A del acuerdo con Attestor. El gobierno alegaba que «se eliminaron del listado del Anexo A algunos bonos que no están en poder de los fondos y se agregó un nuevo bono que uno de los fondos tiene en su poder».
Aunque el gobierno pretende que el grupo encabezado por Attestor informó que algunos de los bonos habían sido transferidos o liquidados después de la conciliación con Argentina, los aliados exigieron que el debate vuelva a realizarse en comisión.
La preocupación era que ese agregado genere un perjuicio para el país, pese a las explicaciones a destiempo del oficialismo.
Según Bullrich, el monto del acuerdo se mantendría en USD104 millones. Aunque el gobierno pretende que el grupo encabezado por Attestor informó que algunos de los bonos habían sido transferidos o liquidados después de la conciliación con Argentina, los aliados exigieron que el debate vuelva a realizarse en comisión.
Pese al contratiempo, Victoria Villarruel pudo darle inicio a la sesión luego que Bullrich contuvo a los legisladores libertarios dispersos en el recinto. La resistencia de los aliados, tal como informó LPO, obedece al malestar que ya causó la tardanza de Juan Bautista Mahiques y Javier Milei para enviar los pliegos de los candidatos de los gobernadores para las vacantes del Poder Judicial.
Si quieren, Monteverde lo explica en 5 minutos.
Si bien el ministro de Justicia logró que la Casa Rosada mande las postulaciones de esos magistrados el martes pasado, los senadores empezaron a firmar los despachos después y se postergó para una próxima sesión su tratamiento en recinto. Fuentes judiciales dejaron la puerta abierta a la chance que el oficialismo y sus aliados acuerden un paquete de pliegos a aprobar contemplando las demandas de las provincias y las de Capital Federal y Buenos Aires.
El único límite tiene una dimensión reglamentaria y otra, política. En lo técnico, cualquier pliego al que se le da ingreso parlamentario requiere aviso público por Boletín Oficial y habilitación del período de recepción de impugnaciones, antes de llegar a la fecha de defensa en audiencia pública.
En general, ese procedimiento dura un mes, cuando apenas quedan 29 días para el inicio del campeonato Mundial de Fútbol. «Si llega el Mundial y los pliegos no se votaron, va a ser muy difícil que suceda después, cuando ya estén todos en campaña electoral», reumió una fuente al tanto de las discusiones.
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