Un total de 31.457 rionegrinas y rionegrinos exceptuados del cumplimiento del aislamiento obligatorio obtuvieron su permiso de circulación a través de la aplicación digital lanzada por el Gobierno de Río Negro.
El permiso tiene validez dentro del territorio provincial y será un complemento al Certificado Habilitante de la Nación. En los últimos días se lanzó una actualización de la app, que suma nuevas funciones y mejora la interfaz.
Esta aplicación se desarrolló como parte de una serie de acciones para monitorear el cumplimiento del aislamiento social, preventivo obligatorio. Se solicitó hacer un uso responsable del permiso, evitando salir de casa si no es estrictamente necesario.
Para acceder a la autorización, la persona interesada deberá ingresar a la plataforma de aplicaciones móviles de su dispositivo (ya sea iOS o Android), instalar la app “CirculacionRN” y registrarse.
Se solicitarán los datos personales, un usuario y contraseña y deberá indicar cuál es la excepción que corresponde. También podrá sumar un vehículo habilitado. En poco tiempo, se determinará su aprobación o rechazo.
Hasta el momento, unos 500 trámites fueron rechazados. Principalmente por errores en el ingreso del nombre, dirección o número de DNI.
A Patricia Bullrich le voltearon la sesión que pretendía convocar para este jueves, entre el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, los senadores de la UCR y sus pares libertarios Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta, unidos en la resistencia al proyecto de ley de Biocombustibles que se dictaminó la semana pasada.
Fuentes del Poder Ejecutivo comentaron a LPO que el gobierno rechaza las modificaciones negociadas por la jefa de la bancada de LLA en el Senado con los legisladores aliados. A la cabeza del bloqueo figura González, un funcionario dependiente del ministro Luis «Toto» Caputo.
También se agruparon en el rechazo los radicales de la provincia de La Pampa y Santa Fe, Daniel Kroneberger, Eduardo Galaretto y Carolina Losada, pero se terminaron plegando el resto de sus colegas de bloque. «La UCR asumió una postura unificada hasta no arreglar por el tema de biodiésel», precisó una legisladora.
Y además, Patricia se encontró con la declaración de rebeldía de dos senadores de LLA. Los puntanos Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta se plantaron contra el proyecto porque la nueva regulación supone un perjuicio para las pymes del sector emplazadas en San Luis. «Es un gran daño para nuestra provincia», contestaron cerca de Arrascaeta.
Con la falta de apoyo de los radicales, que son 10 en total, el oficialismo estaba en serias dificultades para abrir el recinto. Pero con el conato de Abdala y Arrascaeta quedaba condenado al papelón.
Por eso, Bullrich tuvo que optar por bajar la reunión de labor parlamentaria que pretendía para este miércoles, pese a que había tanteado a los aliados en una reunión que mantuvo con ellos el martes por la tarde y había salido confiada a comunicar que habría sesión esta semana.
Sin los radicales, el oficialismo estaba en serias dificultades para abrir el recinto pero con el conato de Abdala y Arrascaeta quedaba condenado al papelón.
Fuentes del Congreso dijeron a LPO que González «no estuvo de acuerdo sobre cómo quedó el dictamen firmado en la Comisión de Minería y Energía por presión del sector del mercado del biodiesel, a pesar de haber sido acordado y trabajado durante muchos meses». Pero, además del lobby del biodiésel, habría llegado un pedido expreso desde la cartera de Caputo para que se baje el tratamiento.
Las empresas medianas vinculadas a la producción de aceite para el biodiesel se oponen a la iniciativa porque avizoran una pérdida de 10 mil puestos de empleo directos e indirectos para el sector.
Las senadoras Alejandra Vigo, Beatriz Avila, Flavia Royón y Carolina Moisés, comprometidas con el impulso del bioetanol por los intereses de sus provincias, intentaron hasta último momento rescatar la chance de llegar al recinto, pero tampoco pudieron lograrlo. Bullrich bajó la convocatoria hasta que se consensúen las modificaciones al dictamen, que había sido firmado en la comisión de Minería, Energía y Combustibles, presidida por la salteña Royón, el último jueves.
La periodista lanzó una acusación explosiva sobre la relación entre Javier Milei y Donald Trump y advirtió que los argentinos podríamos estar siendo utilizados como “títeres de intereses ajenos”. El interrogante que queda flotando es brutal: ¿el Gobierno está defendiendo la soberanía sobre Malvinas o está jugando una partida geopolítica diseñada en Washington?
Por Luis Bulnes Valdez para NLI
Hay preguntas que incomodan porque obligan a mirar detrás del escenario. Y hay preguntas que directamente pueden hacer saltar por los aires el relato oficial. Nancy Pazos puso sobre la mesa una de esas preguntas al analizar la relación entre Javier Milei y Donald Trump y el nuevo protagonismo que el Gobierno argentino le está dando a la cuestión Malvinas. Su planteo fue tan contundente como provocador: detrás del alineamiento entre ambos presidentes podría existir una negociación política y geopolítica que excede ampliamente la relación personal entre dos mandatarios.
Pazos habló de un supuesto “pacto secreto” y sostuvo que los argentinos estaríamos siendo utilizados como “títeres de intereses ajenos”. La afirmación, naturalmente, debe ser presentada como lo que es: una denuncia y una interpretación política de la periodista, no la existencia comprobada de un documento secreto firmado por Milei y Trump. Pero descartarla simplemente como una provocación sería demasiado cómodo. Porque hay algo que sí puede comprobarse: la Argentina de Milei avanzó hacia un alineamiento extraordinariamente estrecho con Estados Unidos, mientras la administración Trump convirtió el respaldo al Gobierno libertario en una pieza importante de su estrategia regional.
Y ahí aparece la pregunta que el poder preferiría evitar.
¿Qué está entregando la Argentina a cambio de ese respaldo?
Pazos apuntó al corazón del modelo Milei
Desde que llegó a la Casa Rosada, Milei convirtió su relación con Trump en mucho más que una alianza diplomática. El Presidente argentino hizo de la admiración por el mandatario estadounidense una verdadera definición estratégica de su Gobierno. Washington pasó a ocupar un lugar privilegiado en la política exterior, mientras la Argentina profundizó sus vínculos económicos, financieros y estratégicos con Estados Unidos.
El cambio no es solamente discursivo. La Casa Blanca y el Tesoro estadounidense adquirieron una gravitación inédita sobre la economía argentina, en momentos en que el Gobierno necesita dólares, financiamiento y respaldo externo para sostener su programa económico.
Eso modifica inevitablemente la relación de fuerzas.
Porque una cosa es que Argentina tenga buenas relaciones con Estados Unidos. Otra muy distinta es que la estabilidad económica de un Gobierno dependa crecientemente del respaldo de una potencia extranjera y, simultáneamente, ese Gobierno adopte una política exterior de alineamiento prácticamente automático con Washington.
Pazos puso justamente el dedo en esa herida.
La cuestión no es si Milei puede reunirse con Trump, si puede admirarlo o si Estados Unidos puede convertirse en un socio privilegiado. Por supuesto que puede. El problema comienza cuando la frontera entre alianza estratégica y subordinación empieza a hacerse demasiado delgada.
Y en el medio aparece Malvinas.
¿Soberanía argentina o ficha de un tablero internacional?
La paradoja es difícil de ignorar.
Durante décadas, la Argentina sostuvo una política de Estado alrededor de la recuperación pacífica de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Gobiernos peronistas, radicales, desarrollistas, conservadores y de diferentes signos ideológicos mantuvieron, con matices, la misma reivindicación.
Ahora, bajo Milei, Malvinas vuelve al centro del discurso presidencial mientras el Gobierno profundiza su alianza con Estados Unidos.
Y Estados Unidos no es una potencia neutral en el Atlántico Sur.
Tiene intereses estratégicos, económicos, militares y geopolíticos propios. El Reino Unido es uno de sus principales aliados internacionales. Las islas constituyen una posición estratégica en el Atlántico Sur y la Antártida y tienen además una creciente importancia vinculada con recursos naturales, pesca, hidrocarburos y rutas marítimas.
Entonces aparece la contradicción que Pazos pone sobre la mesa: ¿puede un Gobierno que busca una relación de dependencia política, financiera y estratégica con Washington llevar adelante al mismo tiempo una política verdaderamente autónoma sobre Malvinas?
La pregunta no supone afirmar que Milei haya cedido la soberanía argentina. No existe evidencia pública que permita sostener se
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