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En el armado político de Axel Kicillof buscarán tener definido un candidato único para la provincia de Buenos Aires sobre fin de año, al tiempo que se entusiasman con una PASO con Federico Otermin o Federico Achaval, los dirigentes posicionados en el Grupo AFA.

Un candidato propio que pueda continuar con las políticas de los últimos seis años en la provincia es el escenario ideal para el Movimiento Derecho al Futuro. Pero mejor es todavía, si ese candidato se consolida en una PASO.

Gabriel Katopodis y Julio Alak son los referentes del axelismo que salieron a posicionarse como precandidatos para suceder a Kicillof en La Plata.

El ministro de Infraestructura busca demostrar gestión y cercanía con la gente. Tiene el respaldo de muchos intendentes gracias a una relación que consolidó con años de trabajo. Quizás su mayor debilidad es que el ajuste del gobierno libertario frenó obras importantes en la provincia, incluso muchas que tenían un financiamiento internacional comprometido.

Los intendentes refuerzan contactos con la Iglesia para contener la crisis social

El intendente de La Plata también se lanzó a la carrera por la gobernación. Su experiencia en múltiples cargos nacionales, provinciales y municipales son su capital más fuerte. Alak empezó a moverse con la vieja guardia del peronismo en una estrategia para captar votos de un peronismo de derecha.

Por el momento, los movimientos de Katopodis y Alak son lentos y dispersos, una campaña de baja intensidad en el marco de un escenario político adverso.

Nicolás Mantegazza, Gastón Granados, Federico Otermin y Federico Achaval.

Dentro del universo del axelismo también aparece el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien la semana pasada volvió a pedir licencia para dejar finalmente al frente del municipio a su esposa Magdalena Sierra.

Fuentes de ese distrito sostienen que Ferraresi está convencido de que no habrá cambios en la ley que prohíbe a los intendentes más de dos mandatos consecutivos y por tanto cree que es momento que Sierra se consolide como la candidata para el año próximo. Mientras tanto, buscará posicionarse como una opción para suceder a Kicillof en la provincia.

En tanto, nadie descarta que surja otro candidato en las próximas semanas. Por caso, LPO adelantó que el ministro de Salud, Nicolás Kreplak encargó una encuesta en la que indaga sobre sus chances de ser candidato.

Caputo le traba a Kicillof obras que cuentan con créditos internacionales aprobados

Kreplak no forma parte del Movimiento Derecho al Futuro, pero es un ministro muy cercano a Kicillof y se sabe que el gobernador lo quiere en su espacio político. Sin embargo, Kreplak evita romper con Máximo y Cristina Kirchner y busca mantener puentes abiertos con los dos espacios.

Para el axelismo la consolidación de un candidato a gobernador a través de una PASO es importante. Por eso ven con buenos ojos al Grupo AFA, el armado de intendentes donde confluyen Otermin (Lomas), Achaval (Pilar), Gastón Granados (Ezeiza) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).

En el MDF creen incluso que en algunos aspectos ese grupo está más ordenado que el propio axelismo, donde todo es más disperso.

«Tengo una decisión clara que es seguir haciendo política. Caminé este último tiempo junto a otros compañeros.Es tiempo de construir, de ponernos de acuerdo», dijo Achaval este miércoles al canal de streaming Uno Tres Cinco.

El intendente eludió posicionarse como el principal candidato del grupo y disparó elogios no solo para Granados, Mantegazza y Otermin. Sino también para Gustavo Cocconi (Tapalqué), Juan Pablo García (Dolores) y Gustavo Walker (Pila), probablemente jefes comunales que el Grupo AFA busca acercar al espacio.

El objetivo del Grupo AFA es consolidarse como una cuarta pata dentro del peronismo de la provincia a la par que el kirchnerismo, el axelismo y el massismo. El espacio nace tras la elección de septiembre del año pasado donde fue clave el arrastre electoral de los municipios del conurbano para la victoria de Kicillof en la elección legislativa bonaerense.

 

La Secretaría de Obras y Servicios informa que a partir del día de la fecha se estarán colocando los divisores en calle Cipolletti y Chacabuco por lo que el carril en dirección oeste – este permanecerá cortado aproximadamente dos semanas. Difunde esta nota

 

Entidades de magistrados y foros de jueces se manifestaron críticamente contra el rechazo del gobierno de Maximiliano Pullaro de cuestionar a una jueza de Menores de Rosario que, hace una semana, anuló un allanamiento porque la policía lo hizo sin solicitar una orden judicial. El gobierno por su parte defendió el procedimiento y cuestiona la decisión de la magistrada como una acción institucional poco sensible a las expectativas de la población frente al delito. «Ponemos el interés de los santafesinos por encima del de las corporaciones», dice uno de los principales colaboradores del gobernador.

Las críticas llegaron en avalancha luego de que la vocera del gobierno, Virginia Coudannes, sacó el tema deliberadamente, en medio de una rueda de prensa rutinaria ante los medios santafesinos. La portavoz del Poder Ejecutivo fue con todo contra la jueza María Dolores Aguirre Guarrochena que invalidó un procedimiento en el que se capturó a un menor de edad acusado de balear un domicilio al que apresaron a doce horas del hecho alegando flagrancia. La jueza dijo que era inaceptable transcurrido tanto tiempo y sin urgencia que no se hubiera solicitado una orden de allanamiento a un juez para eso.

«Si los delincuentes son tan buenos, que se los lleven a sus casas», dijo Coudannes. Esto motivó una declaración formal del Colegio de Magistrados de Rosario. Pero lo más fuerte fue lo que magistrados de todo el país señalaron en sus redes al comentar el tema.

La Justicia le pone un freno a los allanamientos sin orden judicial que impulsa Pullaro

El Colegio de la Magistratura y la Función Judicial de la provincia de Santa Fe manifestó, en un comunicado, «su desacuerdo con las declaraciones públicas vertidas por una funcionaria del Poder Ejecutivo provincial». En el texto indican desde la institución que las discrepancias deben canalizarse «por las vías procesales legalmente previstas y no a través de manifestaciones públicas descalificantes». Y remarca que «no es mediante la disputa mediática que deben encararse las soluciones que afectan a fibras sensibles de nuestra sociedad».

El contenido del comunicado enojó a distintos jueces de Rosario que hablaron con LPO por encontrarlo excesivamente moderado frente a una afrenta que consideran reiterada desde el gobierno santafesino. «Lo del Colegio de Jueces es patético y pusilánime», dijo uno de los magistrados que habló con este medio.

Lo que indica un grupo de jueces molestos con este contenido es que la posibilidad de ejercer la independencia no se hace desde los fallos, sino sosteniendo las resoluciones en la acción política, con manifestaciones que deben ser más contundentes y con funcionarios judiciales que defiendan su autonomía y su criterio en el campo público del mismo modo en que lo hacen desde funcionarios del Ejecutivo.

Desde esta vereda, los jueces manifiestan que efectivamente hay una sumisión de magistrados que se nota en resoluciones judiciales afines a las expectativas del gobierno, aún cuando se piden medidas que no cuentan con los estándares necesarias para avalarlas, sobre todo en procedimientos que implican detenciones, ejecuciones de condenas previstas por la ley y allanamientos. Aducen que hacer algo en contra de lo esperado por el gobierno implica escraches públicos. Como le pasó, dicen, a Aguirre Guarrochena.

Mientras el gobernador @maxipullaro invierte en tecnología, fortalece a la Policía y da más herramientas para combatir el crimen, siguen existiendo miradas garantistas que parecen más preocupadas por proteger a los delincuentes que por acompañar a las víctimas. pic.twitter.com/remuRaQkMY

— Virginia Coudannes (@VirCoudannes) June 25, 2026

El gobierno provincial se juega fuerte por estos temas convencido de que tiene en este punto, el control del delito, por un lado el reaseguro de su plan contra la violencia que durante once años tuvo en Rosario, la mayor ciudad santafesina, la tasa más alta de delitos de alta lesividad como homicidios y balaceras. Durante la gestión de Pullaro los delitos de sangre bajaron el primer año un 65% y se mantuvo durante el segundo año de su mandato con las cifras más bajas desde 2010.

«Como gobierno desde el inicio de la gestión impulsamos reformas que creemos que ponen en el centro al ciudadano, sus necesidades y sus intereses», le dijo a LPO un funcionario del círculo más próximo a Pullaro. «En esas reformas se han generado algunas incomodidades de sectores que preferían y se sentían a gusto con las viejas formas. Pero ya vimos a dónde nos dejaron, en una sociedad indefensa ante el avance del delito y las organizaciones criminales. Ponemos el interés general de los santafesinos por encima de las corporaciones», resumió.

Lo que entiende el gobierno es que los fallos judiciales no deben darles a los delincuentes la idea de que tienen en la Justicia una trinchera donde encuentren amparo. Y promueve una política de persecución que replica el Ministerio Público de la Acusación (los fiscales) de manera alineada donde el actor fundamental contra la criminalidad sea la policía que el Ministerio de Seguridad desde el Ejecutivo maneja de manera directa.

También recuerdan que la ola de delitos que azotó a Rosario y recrudeció a partir de 2013 se dio frente a una pasividad de la Justicia Penal de Rosario, tanto la ordinaria como la federal, que tenía a los mayores referentes de la criminalidad en sus expedientes pero sin realizar conexión de causas. El Poder Judicial se justifica atribuyendo en gran medida a la vigencia por entonces del viejo sistema escrito de juicio y a la falta de fiscalías especializadas que, desde que rige el acusatorio en 2014 en Santa Fe, trabajan ahora con pautas para vincular grupos delictivos tanto por sus hechos como por sus áreas geográficas de influencia. Un argumento poco convincente para absolver al sistema judicial y a sus funcionarios de entonces.

Lo que hizo la jueza Dolores Aguirre Guarrochena fue marcarle un control a esa policía que allanó cuando a su criterio no existía urgencia, ya que habían pasado 12 horas, sin pedir orden a un juez. Por eso la reacción cuando en el caso habían detenido a un menor de edad acusado de disparar contra una vivienda que recibió ocho balazos.

Los jueces replican -de manera masiva pero solo en off- que Pullaro demuestra un afán de imponer favoritos en la Justicia con la finalidad de que produzcan resoluciones afines a su política criminal y de otro tipo. Enumeran que eliminó los puntajes en los concursos de magistrados para acabar con el orden de mérito que pemita discrecionalidad en las selecciones. Que criticaron con dureza a jueces provinciales que mandaron a la Justicia Federal casos de droga con criterios distintos. Y que el gobierno, con aval legislativo, nombró ministros de la Corte Suprema afines sin disponer de las vacantes de quienes aún están en funciones y procura reemplazar.

El tema pegó tan hondo en los foros de jueces de todo el país que La Nación lo recogió en un texto de autor firmado por el juez de Menores de Catamarca Rodrigo Morabito, que indica que la posición de la vocera, y por añadidura del gobierno, «encierra una profunda incomprensión del rol del Poder Judicial».

«Cuando un juez o jueza adopta una decisión que garantiza derechos (aunque resulte impopular) no está emitiendo una opinión personal ni actuando por empatía individual. Está cumpliendo la Constitución. Está aplicando la ley. Está haciendo exactamente aquello para lo que fue investido; controlar el ejercicio del poder y proteger a las personas frente a posibles abusos», dice Morabito.

Magistrados de distintos distritos estuvieron activos sobre este asunto en los chats en la idea de que la defensa de la independencia del Poder Judicial abarca intereses de juezas y jueces de todo el país. «Tratan a la Justicia como oposición, hasta con ínfulas propias de los torpes», dice uno de ellos en un chat nacional de jueces y académicos de Derecho. Asimismo el caso fue abordado por la red de Profesores de Derecho Penal, después de que se viralizó el audio donde Coudannes cuestiona a la jueza de Rosario e invita que se lleva a la casa al chico beneficiado con la anulación del allanamiento.

Un magistrado de Tucumán dijo por ejemplo: «Como decía Chiappini en uno de sus libros: la ignorancia suele ser insolente», en alusión a un doctor en Derecho y especialista en Derecho Procesal y Penal de Rosario.