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De la “hojarasca” a las patentes: las leyes estratégicas que Milei quiere borrar detrás del ajuste silencioso
Mientras el Gobierno vende la derogación de normas “ridículas” como parte de una limpieza burocrática, en el paquete aprobado en Diputados aparecen leyes vinculadas a soberanía tecnológica, producción pública de medicamentos y control estatal sobre contratos con multinacionales. Detrás de la motosierra administrativa emerge otro objetivo: desmontar herramientas históricas de regulación sobre sectores estratégicos.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Federico Sturzenegger eligió una puesta en escena eficaz. Habló de leyes sobre palomas mensajeras, registros absurdos, microfilmaciones olvidadas y regulaciones de otra época para justificar la llamada “Ley Hojarasca”. El relato oficial funciona porque mezcla normas efectivamente obsoletas con otras que, lejos de ser decorativas, todavía expresan una determinada idea de soberanía económica y tecnológica.
Entre esas normas aparece una de las menos discutidas públicamente pero más sensibles del paquete: la Ley 22.426 de Transferencia de Tecnología, sancionada en 1981 y orientada a regular contratos entre empresas locales y compañías extranjeras vinculados a patentes, marcas, licencias industriales, asistencia técnica y know how. La norma obligaba a registrar esos acuerdos y permitía al Estado intervenir frente a cláusulas consideradas abusivas o perjudiciales para el interés nacional. En otras palabras, el Estado conservaba capacidad de supervisión sobre relaciones comerciales donde históricamente existieron enormes asimetrías entre corporaciones multinacionales y empresas argentinas.
La derogación podría pasar inadvertida si no fuera porque uno de los sectores más atravesados por contratos de transferencia tecnológica es justamente el farmacéutico. Patentes, fórmulas, licencias, propiedad intelectual y derechos de fabricación forman parte del corazón económico de los grandes laboratorios internacionales. Y ahí es donde el proyecto libertario empieza a mostrar una coherencia política mucho más profunda que la simple eliminación de “normas viejas”.
El Gobierno no sólo impulsa la caída de la Ley 22.426. También busca derogar la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos y respalda jurídicamente a laboratorios estatales nacionales y provinciales. La combinación resulta difícil de leer como una casualidad: menos capacidad estatal para controlar contratos tecnológicos, menor respaldo político a la producción pública y una apertura cada vez más amplia a corporaciones extranjeras en sectores estratégicos.
La cuestión farmacéutica ocupa desde hace décadas un lugar central en la política exterior de Estados Unidos. Washington históricamente impulsó esquemas de protección de propiedad intelectual favorables a grandes laboratorios multinacionales, especialmente en debates sobre patentes, genéricos y regulación sanitaria. En Argentina, esas tensiones reaparecieron una y otra vez alrededor del acceso a medicamentos, la fabricación estatal y la capacidad del país para desarrollar tecnología propia sin depender completamente de compañías extranjeras.
En ese contexto, las derogaciones promovidas por Milei adquieren otra dimensión. Ya no se trata solamente de “desregular”. Lo que emerge es un cambio de paradigma: pasar de un modelo donde el Estado retenía herramientas de control sobre sectores estratégicos a otro donde esas relaciones quedan prácticamente libradas al mercado y a la capacidad de negociación de grandes actores privados.
La narrativa de la “hojarasca” cumple entonces una función política precisa. Mientras la discusión pública gira alrededor de leyes extravagantes y normas olvidadas, avanzan modificaciones sobre estructuras sensibles vinculadas a medios de comunicación, soberanía tecnológica, patrimonio cultural y producción sanitaria. El paquete aparece diseñado para licuar el debate político detrás de una estética antipolítica basada en la idea de “limpiar privilegios” y eliminar regulaciones absurdas.
La Ley 22.426 nació en un período marcado por discusiones sobre dependencia tecnológica y fuga de divisas. En aquellos años, buena parte de América Latina debatía cómo impedir contratos abusivos donde empresas extranjeras imponían regalías excesivas, restricciones productivas o mecanismos de subordinación económica a compañías locales. Con el tiempo, varias de esas herramientas fueron perdiendo peso práctico por reformas posteriores, pero su existencia seguía representando una concepción política concreta: entender la tecnología y el conocimiento como áreas estratégicas y no simplemente como mercancías sujetas al poder del mercado.
Ahí aparece el verdadero núcleo ideológico del proyecto libertario. Muchas de las normas incluidas en la “Ley Hojarasca” no son derogadas porque hayan quedado inútiles, sino porque expresan principios incompatibles con la lógica política de Milei: intervención estatal, regulación económica, protección de sectores estratégicos y defensa de herramientas de soberanía nacional.
Por eso, detrás de la supuesta limpieza administrativa, empieza a asomar algo bastante más profundo que una depuración burocrática. Empieza a discutirse qué margen de autonomía conserva un país cuando renuncia voluntariamente a regular áreas donde se juegan salud, tecnología, comunicación y poder económico.
La oposición a Furlán lo acusa de victimizarse y no explicar «años de desmanejos» en la UOM
En paralelo a la movida que se realiza este martes frente a la sede de la UOM en rechazo a la intervención del gremio y en apoyo a Abel Furlán, desde la oposición al líder metalúrgico salieron al cruce y lo acusaron de no explicar «años de desmanejos» en el sindicato.
«Furlan se victimiza, pero los metalúrgicos conocemos la verdad», señalaron desde la lista Naranja que enfrentó en la seccional Campana a Furlán y que llevó como candidato a Ángel Derosso.
Como contó LPO, la Justicia dictaminó anular las elecciones nacionales del gremio realizadas en marzo en las que fue ungido Furlán, al advertir que la conducción metalúrgica avanzó con esos comicios a pesar de existir un fallo que las suspendía a partir de la denuncia de la lista opositora en Campana.
La agrupación que lidera Derosso acusa fraude y aprietes con barras durante la elección seccional en la que se impuso Furlán como delegado, paso imprescindible para que pudiera ser electo secretario General nacional más tarde.
«Existen denuncias de fraude y se llenó Campana de barras bravas y policías para condicionar el voto. ¿Quién va a dar explicaciones?», señalaron en la lista naranja, que cruzaron a los gremios que apoyan a Furlán: «No es solidaridad. Es bancar a un tipo que usa la UOM para sus negocios personales».
Este martes, la CTA y sindicatos alejados de la conducción cegetista estuvieron en la sede central del gremio metalúrgico para denunciar «persecución política» del gobierno libertario. Cerca de Furlán también apuntan contra Techint.
«Los afiliados de base sabemos que no hay persecución. Hay años de desmanejos con la plata de los metalúrgicos que Furlan intenta tapar buscando apoyo en otros sindicatos y en la política», cruzaron en la agrupación opositora.
La Justicia le intervino el gremio al sindicalista más combativo y puso a un hombre de Angelici
Así, advirtieron que Furlan «no explica» una serie de temas, entre los que pusieron de relieve la causa que lo investiga por posible defraudación y asociación ilícita a partir del contrato celebrado con la firma USEM S.A., que dirige la ex concejal camporista de Zárate Soledad Calle, cercana al líder metalúrgico y con un rol muy activo en la UOM.
Por ese contrato -que trascendió que es por más de $100 millones por mes- semanas atrás se allanó la sede central del gremio metalúrgico.
«¿Va a culpar a Milei o a Techint de haber armado USEM con su «compañera» Soledad Calle y cobrarle a la UOM por manejar nuestra propia plata? Son cientos de millones de pesos de los metalúrgicos que hasta hoy no tienen rendición de cuentas», señalaron en la oposición, que también apuntó contra «el desastre de la obra social».
«Mientras los ascensores del Sanatorio no funcionan, sobraron más de mil millones de pesos para una sede sindical nueva», apuntaron, a la vez que acusaron a Furlán de negociar «salarios miserables mientras su entorno se enriquecía», cuando «los siderúrgicos llevan dos años sin recomposición salarial».
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El juez Mahiques recibió fuertes presiones para evitar un fallo de Casación contra el lobbysta Busaniche
En la trastienda del fallo de Casación que confirmó todas las investigaciones contra el escribano Santiago Busaniche, un lobbysta del máximo nivel de la Justicia Federal, hubo movimientos eléctricos. Desde adentro del tribunal que falló en este caso de corrupción institucional contaron a LPO que el celular de Coco Mahiques, el camarista que tenía que resolver un caso que venía empatado, se descargaron presiones de todo tipo para que desnivelara a favor del implicado.
El fallo contra Busaniche tocó resortes muy delicados de la justicia y horas antes de la votación hasta circuló sin firma una presunta carta del lobbysta con duras acusaciones al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
En Santa Fe, donde se tramita la causa contra Busaniche se comenta que el lobbysta tenía cercanía con el juez Ricardo Lorenzetti, adversario en el máximo tribunal de Rosatti.
Como sea, dos funcionarios del Tribunal de Casación comentaron a LPO que el camarista Mariano Borinsky había decidido votar en favor de Busaniche argumentando que la acción penal estaba extinguida y esto dejaba a Mahiques en situación de desempatar, porque su colega Guillermo Yacobucci se inclinaba por votar contra el lobbysta.
Mahiques finalmente decidió apoyar la posición contra el lobbysta, lo que permitió ratificar la validez de la investigación y rechazar el pedido de recusación de todos los fiscales hecho por la defensa de Busaniche.
El contexto del dictamen fue una caldera, alimentada por la interna frenética que este tema desata en la Corte Suprema, al punto que de acuerdo a los informantes la notificación de la resolución se demoró un día. Al mismo tiempo Busaniche habría distribuid una carta donde anunciaba su intención de quitarse la vida porque, según dice, van a condenarlo de manera inconstitucional. En un texto de siete páginas donde demuestra un conocimiento muy fino de magistrados a los que nombra y de pormenores del mundo judicial.
Busaniche tiene un pedido fiscal de seis años de prisión por estar involucrado en una causa de extorsión y en una de sobornos que implican la primera al ex juez federal Marcelo Bailaque y al actual juez federal Gastón Salmain, ambos de los tribunales federales de Rosario. Bailaque tiene prisión domiciliaria y renunció durante el trámite de esta causa. Salmain está procesado por la causa de cohecho y aunque le dictaron la prisión preventiva tiene inmunidad por sus fueros.
El tema es incómodo para Lorenzetti por su conexión con personas ligadas a una de las dos causas ratificadas contra Busaniche. Es en relación a la inserción en el caso de extorsión de Héctor Daniel Marchi, el poderoso ex administrador general de la Corte Suprema, quien fue impulsado a ese cargo por el ministro del máximo tribunal, que además lo defendió en soledad cuando lo destituyeron en 2023.
El juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
Oriundo de Rafaela, Marchi fue señalado como el impulsor de una extorsión contra dos agentes bursátiles de Rosario por el testimonio de un arrepentido en esa causa, el ex director regional de AFIP Carlos Vaudagna, partícipe el mismo de esa trama de chantaje. Los abogados de Busaniche pidieron que los fiscales llamen a declarar a Marchi y omitan tomarle juramento por si no resultara un mero testigo del caso, ya que si surgieran sospechas no está obligado a decir la verdad.
El caso en el que está implicado Busaniche tiene al ex juez Bailaque y al financista Fernando Whpei en prisión preventiva y procesados por cohecho. La trama empezó a develarse cuando Vaudagna admitió que en 2019 entre ellos tres armaron una causa judicial contra los agentes bursátiles Claudio Iglesias y Jorge Oneto en un asado en la casa del ex magistrado. En su declaración ampliatoria como arrepentido, en octubre pasado, Vaudagna declaró que Marchi impulsaba desde Buenos Aires ese chantaje, presionando a Busaniche para que a su vez empujara el armado de la causa penal.
Lorenzetti afirma no tener nada que ver con Marchi y tampoco con Busaniche. Pero un trámite casi de rutina para un tribunal de alzada como es la definición de un pedido de nulidad, tuvo un seguimiento y resonancia desmedidos. ¿Qué lo explica? Que lo que se juega en las causas de Busaniche son posiciones de poder real en el más alto escalón. Ya que la actividad de este escribano está en un nudo que conecta a servicios de inteligencia, a jueces de alta jerarquía y a funcionarios del aparato estatal.
Busaniche conoce, tuvo tratos o intercambió favores con más de la mitad de los jueces federales de Comodoro Py. Construyó su influencia pese a ser externo a la Justicia Federal a partir de intercambios con magistrados de todo nivel y hasta habría incidido, según fuentes judiciales, en designaciones de funcionarios que no se definen por concurso.
Los abogados de Busaniche habían acudido a Casación para pedir la nulidad de las investigaciones que tienen doble decisión judicial que confirma las imputaciones y para recusar a los fiscales. Decían además que habían recibido tardíamente una notificación que el tribunal rechazó porque la defensa no negó haberla recibido, por lo que el trámite cumplió su fin.
Tanto Mahiques como Yacobucci rechazaron la idea de que la investigación está extinguida por el vencimiento de plazos. Argumentaron que en casos de corrupción existe un imperativo internacional al que Argentina adhiere de avanzar en el juzgamiento. Yacobucci incluso citó como jurisprudencia el voto de Lorenzetti en un caso como precedente, la causa Price, donde sostuvo que «la fijación de un plazo de caducidad tan breve es irrazonable porque sus consecuencias llevarán a la impunidad, contraria a los principios y valores de la Constitución Nacional y tratados internacionales». Para los entendidos fue un mensaje encriptado.
En el centro, el juez Guillermo Yacobucci.
Desde el lado de la fiscalía ironizaban. «Es increíble el planteo de plazos vencidos. Hotesur es de 2008 y está avanzando. Y esta investigación contra Busaniche, Bailaque y los demás es de 2024».
Para Borinsky, el voto disidente, se vulneró la garantía del plazo razonable en el caso de Busaniche para formalizar la investigación y por tanto debe considerarse extinguida. Borinsky propuso hacer lugar a las impugnaciones de la defensa y anular las decisiones de las instancias anteriores que convalidaron el proceso contra el lobbysta. Por otro lado, Borinsky sí rechazó la recusación de los fiscales que pedían los defensores de Busaniche.
En agosto pasado se dio una situación llamativa en Casación también en el trámite de esta extorsión que ahora implica a Busaniche. Fue cuando de manera sorpresiva se abrió un recurso en favor de un implicado en un rol secundario, en coincidencia con la llegada de Borinsky a integrar la sala que trató el caso. El implicado era el abogado de Rafaela Guillermo Zenklusen.
El abogado de Zenklusen fue Juan Ignacio Pascual, ex secretario de Borinsky cuando era fiscal y redactor junto con él de artículos jurídicos en diversos medios. La defensa la ejerció María Masanti que es del estudio de Pascual. Borinsky había sido designado el 1º de junio del año pasado en esa sala y Pascual diez días después. Borinsky votó abrir el planteo de Zenklusen junto con Mahiques. Pero hay que decir que cuando se trató el caso, Borinsky y el resto de sus colegas votaron por unanimidad contra la pretensión de Zenklusen.
