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¿Y si todo fue parte de un plan?

La trama oculta detrás de las elecciones en Río Negro.


Mientras el país digiere los resultados de las legislativas de medio término, en Río Negro, el tablero político parece haber movido fichas con una estrategia mucho más compleja de lo que aparenta. ¿Fue una elección al servicio de la provincia o una jugada maestra pensada desde la nación, con la mira puesta en el 2027?


El pasado fin de semana, el pulso electoral se sintió en cada rincón del país. Las urnas hablaron y, a primera vista, los resultados parecen dibujar un mapa político predecible. Pero, ¿qué sucedería si les digo que todo fue parte de un plan meticulosamente orquestado, donde las apariencias son solo un velo? En Río Negro, la reciente contienda legislativa de 2025 dejó más interrogantes que certezas, especialmente si nos aventuramos a analizar las movidas de algunos candidatos ya analizados en elecciones anteriores, de un perfil por demás tibio.

La narrativa oficial nos presenta una disputa local, pero al observar los movimientos estratégicos, la sombra de una agenda nacional se proyecta con fuerza. Los principales actores políticos rionegrinos, lejos de batallar por el destino provincial, parecieran haber actuado como peones en un ajedrez mucho más grande. ¿Es posible que la oposición a los Soria haya sido más una excusa que una convicción profunda, especialmente si consideramos las tensiones y acercamientos con figuras como Villaverde?

El ex vicegobernador, cuya relación con los Soria se fracturó, perdió toda chance de mantenerse en el eje gubernamental pos mandato con ellos de cara a 2027. Esta fractura, ¿fue el detonante de una reconfiguración de alianzas que ahora vemos materializada? La inversión desproporcionada en ciudades que, según los datos estadísticos, arrojan una alta concurrencia conservadora –como la notoria inversión en Regina, históricamente con una tendencia a la centro-derecha–, mientras se abandonan ciudades consolidadas como Allen, no es una coincidencia. Es una jugada calculada, un intento de consolidar el voto de centro-derecha, intentando acaparar lo que la «candidata narco» no termina de convencer y que busca alinear los intereses provinciales con la ola libertaria nacional.

No es descabellado afirmar que la Libertad Avanza no solo contaba con sus propios candidatos. Juntos Defendemos Río Negro podría haber operado como un ala no oficial del partido de Milei, expandiendo su influencia de forma sutil pero efectiva. Una hipótesis que cobra aún más fuerza si consideramos episodios recientes como la crítica del peronismo de Río Negro a JSRN por el voto de Agustín Domingo a favor del DNU nacional. Este tipo de alineamientos en cuestiones clave de la agenda federal, más allá de las disputas locales, sugiere una coordinación y una mirada puesta en una estrategia de mayor alcance.

Nos encontramos, entonces, ante una elección que se disputó más al servicio de una estrategia nacional que por la genuina proclamación provincial. Porque si hay algo que no se puede discutir, es que los Soria han logrado revertir una condición de la ciudad, sentando precedentes y ofreciendo un molde de lo que se puede lograr en muchas localidades de esta índole. Por supuesto, las ideas envejecen y, con el tiempo, se destiñen; pero hay logros innegables que marcan un camino. La cuestión es si este camino, por más imperfecto que sea para algunos, fue conscientemente desviado por un «plan» mayor.

La pregunta resuena: ¿Y si este era el plan? ¿Y si lo que vimos no fue una simple elección, sino una intrincada danza de intereses nacionales que utilizaron a Río Negro como escenario, redefiniendo las alianzas y preparando el terreno para una disputa aún mayor en 2027? La política rionegrina, una vez más, nos demuestra que lo que se ve en la superficie, rara vez es la historia completa.


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    Cubriendo así una de las vacantes en la polémica Procuraduría del Servicio Penitenciario cuya creación se votó hace unas semanas en la Legislatura provincial.

    Todo esto, como uno de los datos sobresalientes de un reacomodamiento que implica el reseteo completo del Ministerio Público Fiscal que aceleró hace dos semanas cuando nombró al ex socio de Juez, Carlos Lezcano, como nuevo jefe de los fiscales y tal cual lo contó LPO.

    Llaryora ganó simultáneas, empujó la derrota de Milei en Diputados y aprobó su reforma previsional en Córdoba

    Lo sucedido en la siesta del martes se desprendió de la interna radical porque fueron precisamente algunos correligionarios los que alertaron sobre lo que estaba sucediendo puertas adentro de la Legislatura provincial: la postulación de la radical Florencia Degano para una de las fiscalías adjuntas de la polémica procuraduría del servicio penitenciario. Organismo que se sancionó con fuertes cruces de la oposición en la Legislatura a principios de mes y que el oficialismo se vio obligado a quitar dos artículos centrales: cargos vitalicios y jubilaciones de privilegio para los integrantes de la procuraduría.

    Lo sucedido en la siesta del martes se desprendió de la interna radical porque fueron precisamente algunos correligionarios los que alertaron sobre lo que estaba sucediendo puertas adentro de la Legislatura provincial: la postulación de la radical Florencia Degano para una de las fiscalías adjuntas.

    Sin embargo, el llaryorismo no contó con el aval de la oposición que abandonó el recinto y entre los que, el propio radicalismo se retiró acusando la creación de un organismo ineficiente.

    Porción de la UCR de la que sale ahora una de las postulantes para la fiscalía adjunta como Degano, que llega de la mano del exnegrista Julio Ochoa, un hombre afín al presidente del partido, Marcos Ferrer, y quien ayudó para que Degano llegara al directorio del Tribunal de Cuentas, el organismo provincial controlado por el juecismo.

    Esto exacerbó los ánimos del juecismo que salió con el jefe del bloque del Frente Cívico, Walter Nostrala, a decir: «repudiamos de manera absoluta el acuerdo entre el gobernador Llaryora y radicales para designar en la nueva y vergonzosa estructura de la Procuración Penitenciaria Provincial». «No se tranza con la corrupción, se la combate. ¿Qué favores se están pagando? Por un lado, les recortan a empleados y jubilados y por el otro Llaryora y radicales plasman este inconfesable, costosísimo y espurio acuerdo para repartirse el poder».

    Mismo tono con el que se expresó también el exintendente Ramón Mestre: «la designación de funcionarios judiciales de alto rango entre gallos y medianoche, y la aprobación en general de un presupuesto tramposo para el ciudadano, ambas decisiones, con el supuesto aval de Marcos Ferrer en su carácter de presidente de la UCR, constituyen no sólo una medida inconsulta que nunca fue puesta a consideración en el seno de los organismos partidarios, sino también la pérdida de identidad ideológica».

    Repudiamos de manera absoluta el acuerdo entre el gobernador Llaryora y radicales para designar en la nueva y vergonzosa estructura de la Procuración Penitenciaria Provincial.

    Cerca de la medianoche, radicales de la Unicameral buscaron despegarse de la maniobra en redes al decir que Llaryora «compró» a la dirigente radical, pero lo cierto es que el vínculo entre Degano y Ochoa, y de éste con Ferrer, existe. Y sobre el acuerdo algunos apuntan a la relación del Secretario General de la Gobernación, el ultrallaryorista David Consalvi, un peronista con domicilio en Río Tercero, la ciudad que gobierna Ferrer y en buena parte una especie de garante para asegurar la continuidad de la UCR en la localidad después del 2027.

    En tanto, para la otra fiscalía adjunta fue postulada Guadalupe Trillo, del llaryorismo puro que tambaleó con la purga que hizo en la capital cordobesa el intendente Daniel Passerini en el área de ambiente.

    Asimismo, como Procuradora del mencionado organismo, el llaryorismo postuló a Bettina Croppi, la fiscal general adjunta impulsada por el viguismo y quien tendrá ahora el joystick de las cárceles cordobesas. 

     

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