Mariano Borinsky se reunió este viernes en Casa Rosada con Santiago Caputo y se reavivaron las especulaciones sobre la negociación del gobierno con un sector de Comodoro Py, liderado por Ariel Lijo, para completar las vacantes de la Corte.
Tal como reveló LPO, Lijo, Borinsky, Marcelo Martínez de Giorgi y María Romilda Servini conforman un cuarteto que combina aspiraciones por escalar en el Poder Judicial con la concentración de las causas que más complican a la Casa Rosada. Mientras que Martínez de Giorgi está a cargo del juzgado que investiga la estafa $Libra, Lijo tiene en sus manos las causas de Adorni y las coimas de la Andis, que involucra directamente a Karina Milei.
El encuentro de Borinsky con Caputo, en este contexto, es un desafío directo al ministro Juan Bautista Mahiques, quien Karina Milei nombró para que consiga disimuladamente el freno de esas causas, bajo la promesa que lo postularían a la Procuración General de la Nación, cargo que detenta de forma interina Eduardo Casal desde 2016.
El problema es que también Lijo, que se mueve como primus inter pares con Borinsky y muchos de sus colegas de Comodoro Py, apuesta a recalar en el sillón de Casal. Su puesto es más que codiciado por jueces de peso porque, con la eventual puesta en marcha del modelo acusatorio, el jefe de los fiscales ganaría un poder casi inconmensurable.
Lijo, que se mueve como primus inter pares con Borinsky y muchos de sus colegas de Comodoro Py, apuesta a recalar en el sillón de Casal. Su puesto es más que codiciado por jueces de peso porque, con la eventual puesta en marcha del modelo acusatorio, el jefe de los fiscales ganaría un poder casi inconmensurable.
Por lo demás, el nombre de Borinsky se convirtió en un comodín ante cada vacante de envergadura que aparece en la Justicia y las de la Corte no son la excepción. Aunque convertirse en supremo sea una de las apuestas que se le atribuyen tanto en el Congreso como en los pasillos judiciales, en los tribunales de Retiro dicen que el magistrado se complace con los trascendidos y se cuida de parecer ansioso.
Del encuentro entre Borinsky y el joven Caputo participó, además, Sebastián Amerio, ex viceministro de Justicia desplazado a la Procuración del Tesoro con el desembarco de Mahiques.
Desde el entorno de los funcionarios aseguraron que el presidente Milei está decidido a reformar el Código Penal pero exige que los impulsores originales, como Borinsky, lleguen a un acuerdo con Mahiques que podó ese articulado. Acaso ese sea un objetivo difícil de conseguir en medio de la disputa por las vacantes en la Corte, la Procuración, los juzgados federales y hasta la reforma del reglamento de selección de jueces que impulsan Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
Ariel Lijo.
En efecto, LPO publicó que fueron Karina y Mahiques los que decidieron enterrar el proyecto de reforma de Borinsky y otros colegas, que trabajaron durante dos años. La hermana presidencial y el ministro colaron subas para casi todos los delitos, menos para los de la corrupción política. El efecto Adorni dispara esquirlas sin control.
Lo curioso es que Karina volteó la iniciativa de Borinsky después de la primera reunión entre Mahiques y Milei.
Como sea, la reunión del camarista de la Casación con el asesor presidencial y Amerio demuestra que la pelea descontrolada de Comodoro Py contra el eje de Karina y Mahiques no se detiene. La interna del Poder Judicial podría tramitarse ahora también en la discusión del nuevo Código Penal.
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El equipo económico ya empezó a analizar la posibilidad de reestructurar la deuda con el FMI que vence el año próximo, para aligerar un muro de vencimientos externos que ronda los USD 19 mil millones. Con el riesgo país por encima de los 600 puntos Toto Caputo prepara un plan de contingencia por si no puede volver a los mercados voluntarios de deuda.
Los vencimientos suman USD 18.927 millones y su renegociación es posible si Milei consigue respaldo político de Trump. Ese monto es el total que la Argentina debería pagar el año próximo sumando tres grandes bloques de deuda en moneda extranjera: FMI, otros organismos multilaterales y acreedores privados. Es la proyección del propio FMI.
El desglose revela la estructura del problema. Por un lado, el FMI explica USD 5.544 millones en 2027. Es la parte más rígida. Y tiene un cronograma muy concentrado: pagos en marzo, junio, septiembre y diciembre, combinados con intereses y sobretasas trimestrales. Es el corazón de la «muralla».
Los pagos se distribuyen a lo largo del año, pero con momentos críticos. Marzo abre con más de USD 580 millones. En junio aparece otro pico de USD 625 millones. Septiembre es el mes más pesado, con más de USD 900 millones. Y diciembre vuelve a concentrar pagos por otros USD 625 millones. A eso se suman intereses y sobretasas en mayo, agosto y noviembre. Es un esquema que obliga a tener dólares disponibles casi todos los meses.
El segundo bloque es el de organismos multilaterales excluido el FMI: Banco Mundial, BID, CAF. Ahí aparecen USD 5.897 millones en 2027. Se dividen casi en partes iguales entre intereses y amortizaciones. Es deuda más dispersa, pero igual de exigente. No tiene la visibilidad del Fondo, pero suma presión constante durante todo el año.
El gobierno enfrenta la herencia de Guzmán. No fue una reestructuración de la deuda de Macri, sino un nuevo préstamo para cancelar el anterior. Una refinanciación. Guzmán pateó los vencimientos hacia adelante, pero no modificó la lógica del endeudamiento.
El tercer bloque es el de los acreedores privados en moneda extranjera, con USD 5.245 millones proyectados para 2027. Acá entra la deuda reestructurada por Martín Guzman en 2020 y las emisiones posteriores.
Los bonos surgidos del canje de 2020 pagan intereses en enero y julio. Ahí se concentra buena parte del flujo anual. Pero además, en 2027 se suma un dato clave: el bono USD 2038 empieza a amortizar capital en julio. Es decir, deja de ser solo pago de intereses y pasa a exigir desembolsos de capital.
A eso se le suma la nueva deuda emitida en los últimos meses. El BONAR 2029N paga cupones en mayo y noviembre, mientras que el bono AO27 introduce una lógica distinta: pagos mensuales de intereses desde 2026 hasta su vencimiento en octubre de 2027, cuando además se amortiza todo el capital. Es un goteo constante que termina en un desembolso final.
Y por fuera de estos tres grandes bloques aparece el frente bilateral, encabezado por el Club de París, con pagos semestrales que se extienden hasta 2028. No es el componente principal, pero agrega presión en momentos específicos del calendario.
Para entender la situación hay que hacer una distinción clave: no es lo mismo refinanciar que reestructurar. En los primeros tramos de la negociación de Guzmán había consenso en que el objetivo era reestructurar la deuda tomada en 2018. Es decir, cambiar plazos, tasas y condiciones de un compromiso que ya entonces era considerado impagable.
Sin embargo, el acuerdo terminó siendo otra cosa. No fue una reestructuración, sino un nuevo préstamo para cancelar el anterior. Una refinanciación. Guzmán pateó los vencimientos hacia adelante, pero no modificó la lógica del endeudamiento.
La deuda original, tomada por el gobierno de Mauricio Macri en 2018, el mayor préstamo en la historia del FMI, por hasta USD 57.000 millones, con USD 45.000 millones efectivamente desembolsados; quedó intacta en su estructura.
El resultado es el calendario actual. Un esquema que alivió el corto plazo pero cargó el mediano. Ahora la deuda con el FMI no es un problema futuro. Es un problema presente que ya tiene fecha de vencimiento. Y ese calendario marca un punto crítico: 2027. Ahí se levanta una muralla de pagos que, hoy, nadie en el mercado cree que Argentina pueda afrontar sin una reestructuración.
El estado de situación con el Fondo suma incertidumbre. La revisión del programa, que debía resolverse en noviembre y luego se esperaba para marzo, volvió a postergarse. Ahora el Gobierno apunta a fines de abril, después de la cumbre del FMI y el Banco Mundial. Allí estará Luis Caputo.
Para los mercados, el diagnóstico es claro. Sin un «reschedule de payments» el riesgo país difícilmente baje de manera sostenida. Daniel Marx, Jefe de Negociación de Deuda Soberana entre 1988 y1993, cuando se estatizó la deuda de las empresas privadas, lo explica en términos estructurales: Argentina tiene una proporción inusualmente alta de deuda «privilegiada». Es decir, compromisos con organismos multilaterales y bilaterales que tienen prioridad de cobro. Esa porción representa cerca del 20% del total de la deuda pública, un nivel muy elevado en comparación internacional.
Esa estructura condiciona todo. Porque si no alcanza para pagarle al FMI que tiene prioridad de cobro, nada queda para cumplir con el resto. Y eso, logicamente, impacta en la percepción de riesgo. «Mientras esa carga siga así, el mercado va a mirar con desconfianza», explicó un operador.
En ese contexto, el estado de situación con el Fondo suma incertidumbre. La revisión del programa, que debía resolverse en noviembre y luego se esperaba para marzo, volvió a postergarse. Ahora el Gobierno apunta a fines de abril, después de la cumbre del FMI y el Banco Mundial. Allí estará Luis Caputo.
De esa revisión depende un desembolso de unos USD 1.000 millones y, sobre todo, el waiver por el incumplimiento de la meta de reservas. Sin esa dispensa, el programa queda en falta. «Este delay debe leerse como un reto, pero no hay soltada de mano», deslizó una fuente al tanto de las conversaciones.
Lo concreto es que Argentina corre sobre una cinta de Moebius. Sin acceso a los mercados internacionales, el Tesoro debe pagar sus vencimientos en efectivo. Para hacerlo, el Banco Central le vende los dólares. Es un circuito cerrado donde las reservas no crecen, pero acumular reservas es condición necesaria para conseguir financiamiento.
El balance cambiario pone en números la desconfianza del mercado. En febrero, el último dato disponible, se repitió el patrón que dominó gran parte de 2025: déficit de cuenta corriente, incluso morigerado por ingreso de capitales financieros. La cuenta financiera registró un déficit de USD 115 millones.
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