Una docente estafó a sus compañeras de escuela usando sus tarjetas de crédito y se fugó al exterior

Una docente estafó a sus compañeras de escuela usando sus tarjetas de crédito y se fugó al exterior

 

Una docente cuenta con un pedido de captura internacional por estafar a sus compañeras usando sus tarjetas de débito y crédito en una escuela pública del barrio de Boedo, en la Ciudad de Buenos Aires. La investigación comenzó cuando las maestras comenzaron a detectar consumos reiterados y desmedidos.

La Fiscalía PCyF N°5 Especializada en Ciberfraudes instruyó la investigación luego de las denuncias para reconstruir el rastro de las operaciones ilícitas, delegando tareas en el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad para obtener datos que verifiquen la identidad de la o las personas que realizaron las compras.

Durante la pesquisa se recolectaron testimonios a los involucrados que permitieron establecer 105 compras realizadas, entre ellas comercios con locales a la calle, plataformas de juego online, pasajes de avión y otras por un total de $3.688.287,67, señala el informe del Ministerio Público Fiscal porteño. Es en este periodo que los damnificados señalaron que la acusada sería una docente curricular que se encontraba realizando una suplencia en el nivel inicial.

Ante lo hallado, se realizó un análisis de cada una de las denuncias y se solicitó información a las entidades bancarias correspondientes a las víctimas, con el fin de ampliar el examen sobre las transacciones desconocidas. Asimismo, se llevó a cabo un mapeo de los comercios que permitió verificar la cercanía.

“Con la información aportada por las empresas comerciales involucradas en las compras desconocidas, se realizaron averiguaciones en torno a los beneficiarios de las operaciones y así se logró dar en una de las plataformas de juego online con unas cuentas bancarias asociadas a dos personas que resultaron ser los padres de la sospechosa”, informaron.

Se indicó que, en dicha plataforma, no solo cargaron dinero en una cuenta, sino que incluso lo multiplicaron para luego extraerlos a cuentas de su control y titularidad. Sin embargo, en medio de la investigación se estableció, a partir de los datos aportados por la Dirección Nacional de Migraciones, “que la acusada viajó a Europa sin regresar hasta el día de la fecha”.

Ahora, la Fiscalía imputó al padre de la apuntada por el delito de defraudación mediante uso de tarjeta magnética, previsto en el artículo 173 inc. 15 del Código Penal.

Tras reconocer su culpabilidad en los hechos atribuidos, el hombre acordó con la fiscalía un acuerdo de autocomposición, a través del cual se pudo restituir todo el dinero defraudado de los 22 hechos en que él estuvo involucrado, más los intereses a las denunciantes que ascendió a más de $1.200.000. Finalmente, respecto de la docente implicada en la defraudación, la fiscalía realizó el pedido de captura internacional.

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  • Denuncian a la SIDE por habilitar tareas de espionaje ilegal sobre opositores y grupos sociales

     

    Una denuncia penal presentada por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) contra los jefes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) los acusa de abuso de autoridad por aprobar un Plan de Inteligencia Nacional que habilita tareas de espionaje sobre grupos vulnerables, actores sociales y voces críticas, en abierta violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Desarticular la protesta social a partir de la agudización de la crisis ecónomica y particularmente aplacar la resistencia en las provincias es uno de los principales objetivos luego de la aprobación de la Ley de Bases. Por ANRed.


     

    Hace unos días se filtro parte del Plan de inteligencia para el 2025 (PIN). Las denuncias se hicieron concretas a partir de la públicación de la Revista Crisis. El PIN, elaborado por la SIDE bajo la administración de Javier Milei, instala un esquema de vigilancia y control que apunta directamente contra voces disidentes, opositores políticos, movimientos sociales, ambientalistas, pueblos originarios, periodistas, sindicalistas y referentes opositores. Lejos de tratarse de un plan técnico o preventivo, el PIN operará como una herramienta política de persecución, basada en definiciones vagas y arbitrarias que habilitan el espionaje interno y la criminalización de la protesta.

    Con el pretexto de proteger el “orden constitucional” o el “desarrollo de la infraestructura estratégica”, el gobierno utilizaría la inteligencia estatal para catalogar como amenazas a quienes cuestionen sus políticas.El plan incluso se atreve a identificar el “anarquismo” como forma de terrorismo, en un intento evidente de criminalizar. Detrás se guardan desafios que sabe el gobierno que enfrentará. Todavía están frescas las rebeliones del 2020 contra la instalación de la megaminería en Chubut y el Mendozazo en el 2019 a penas asumido Alberto. Incluso en Jujuy también una rebelión que duró varias semana hasta se realizó un acampe en el centro de CABA (El tercer malón de la paz) . También las jornadas de protesta en toda la costa bonaerense contra las petroleras offshore.

    Hoy organismos de derechos humanos y actores sociales presentaron una denuncia penal contra las máximas autoridades de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, por abuso de autoridad. La acusación se centra en un Plan de Inteligencia Nacional y una orden secreta recientemente revelada, que habilitan a los servicios de inteligencia a vigilar y monitorear a grupos sociales, opositores, periodistas, académicos y ambientalistas bajo definiciones amplias y vagas. El plan amplía de forma riesgosa el concepto de terrorismo y legitima la persecución ideológica, incluyendo el espionaje sobre protestas y reclamos históricos. También apunta al seguimiento de conflictos socioambientales y a pueblos originarios. Todo esto contraviene la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, por lo que se exige una investigación judicial para determinar si ya se realizaron acciones ilegales y quiénes son los responsables.

    El texto fue publicado hoy por el CELS:

    «Denunciamos penalmente por abuso de autoridad a Sergio Neiffert, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y a Diego Kravetz, director general de Operaciones de la SIDE. La denuncia apunta a sus responsabilidades en la aprobación de un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y el dictado de una orden secreta que habilita a la SIDE a “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” de la Argentina y a actores que puedan capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local.

    Una parte sustancial de las tareas de inteligencia, que son esencialmente secretas, estaría volcada a vigilar y caracterizar la conversación pública: lo que se dice y cómo se dice en medios y en redes sociales. Las opiniones comienzan a adquirir las características de una amenaza para el PIN cuando “promuevan la conflictividad” -una práctica de autoridades y grupos afines al gobierno, por otra parte- o cuando erosionen “la confianza” en las instituciones económicas o la reputación de empresas asentadas en el país.

    La extensión de las tareas de inteligencia es enorme y tiene definiciones vagas. Pueden vigilar, según su plan, a “actores de interés”, “actores estratégicos”, “actores no estatales”, actores que tengan la capacidad de “manipular la percepción” de las personas, que promocionen la fragmentación social, sin una explicación de qué significan esos adjetivos y si tienen límites. La definición concreta y operativa queda en manos de los funcionarios de la SIDE: son quienes van a definir quiénes encarnan una amenaza. El PIN habilita la vigilancia secreta de la expresión política opositora en el espacio público, pero también de referentes sociales, economistas, periodistas, académicxs, artistas y cualquier voz crítica.

    Todas estas actividades son abiertamente contrarias a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. Por eso en la denuncia pedimos, además de una serie de medidas de prueba para esclarecer estos hechos, que se determine si ya hubo acciones concretas basadas en la orden secreta y el PIN, para poder definir las responsabilidades penales.

    El PIN contiene “Lineamientos Estratégicos” y “Objetivos Generales de Inteligencia”, del que se desprenden “Objetivos Particulares de Inteligencia” y de ellos “Necesidades de Inteligencia”.

    Las Necesidades de Inteligencia del Objetivo Particular de Inteligencia 5 del Lineamiento Estratégico 3, por ejemplo, habilitan la vigilancia de actividades y expresiones políticas y sociales que consideren amenazas o en proceso de radicalización. Si nos remitimos a medidas o declaraciones de funcionarios para entender cuáles podrían ser esas amenazas podemos remontarnos al año pasado, cuando el gobierno usó ese tipo de calificativos para hablar de manera prejuiciosa y estigmatizante de manifestantes, de grupos anarquistas o antifascistas. El Objetivo Particular de Inteligencia 6 del mismo Lineamiento Estratégico apunta a los “potenciales impactos negativos en el desarrollo del sistema de Defensa Nacional” y allí los sospechosos podríamos ser los organismos de derechos humanos.

    El PIN amplía el concepto de terrorismo de una forma muy peligrosa. Podrían quedar bajo vigilancia actividades y personas por su orientación ideológica o por sus reclamos históricos. El paraguas es tan amplio que habilitaría la vigilancia de manifestaciones públicas y de protestas que pudieran ser “oportunidad” para acciones terroristas. El plan identifica al “terrorismo anarquista” como blanco principal, lo que puede derivar en persecución ideológica: expresar ideas anarquistas sería suficiente para entrar en una lista de vigilancia.

    El Plan de Inteligencia se enfoca también en seguir la conflictividad socioambiental y vigilar tanto al activismo ambientalista como a los pueblos indígenas –grupos que pretendan proteger patrimonios culturales y/o sagrados–. La mirada está puesta en situaciones y actores con capacidad de incidencia política o de obstruir proyectos extractivos, que puedan afectar la “extracción, transporte y/o comercialización” de recursos naturales estratégicos. También incorpora como objetivo el seguimiento de instancias internacionales –sistemas de protección de derechos, cooperación internacional pública y privada– que intervengan frente a “eventos climáticos extremos, la degradación del ecosistema y pérdida de biodiversidad”. Quienes promuevan acciones para evitar estas consecuencias de la matriz productiva extractivista son considerados actores “adversos al interés nacional”.

    Aunque el Estado Nacional lo haya negado en un comunicado breve, está habilitando a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional a desplegar tareas de identificación, seguimiento, monitoreo, búsqueda, producción y acopio de información sobre personas y grupos por razones políticas. Es ilegal y tiene que rendir cuentas.»

     

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  • El Gobierno reformó por decreto la Ley de Migraciones

     

    Imagen ilustrativa

    El gobierno de Javier Milei oficializó el Decreto 366/2025, mediante el cual se implementa una profunda reforma a la Ley de Migraciones, la misma fue votada en el año 2004 por amplia mayoría por el Congreso de la Nación. La medida, publicada en el Boletín Oficial, introduce modificaciones significativas en las condiciones de ingreso, permanencia y acceso a servicios sociales como educación, salud, residencia y trabajo. Entre los principales cambios, se destacan nuevas exigencias para la regularidad migratoria, ciudadanía argentina y cambios en tiempos administrativos y judiciales para la ejecución de expulsiones. Por Pablo Cossio para ANRed. 


    La nueva categorización para el acceso a derechos sociales abre un camino de división entre el propio sector migrante: los residentes permanentes con derechos y los residentes nuevos sin ningún piso de acceso a derechos básicos. El carácter social de la nueva política migratoria abre un paradigma de exclusión para cientos de miles de migrantes que se encuentran tramitando su residencia en el país. 

    Salud y educación

    Uno de los puntos más sensibles es la modificación en el acceso a los servicios públicos de salud. A partir de ahora, a través de una declaración jurada, los extranjeros no residentes que ingresen al país deberán contar con un seguro o abonar la atención en los hospitales públicos nacionales, excepto en casos de emergencia. Es decir, los únicos que podrán acceder de manera gratuita son los residentes permanentes. 

    En el plano educativo, las universidades de gestión estatal establecerán aranceles para los estudiantes que no posean la categoría de residencia permanente. Aunque aún no se ha definido cómo se implementará esta medida, tampoco se conoce la adhesión, por sí o por no, de las instituciones educativas universitarias frente al decreto 366/2025. El cambio de fondo es claro: el acceso igualitario a salud y educación queda ahora supeditado a la categoría migratoria con carácter permanente. 

    Cambios en residencia y ciudadanía

    La validez inicial de la residencia precaria se reduce de 180 a 90 días y su renovación solo podrá realizarse mediante resolución fundada, es decir, presentando un criterio de radicación que valide la estadía en el país. Esta medida refuerza el rol de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), que mantiene la facultad de determinar el cambio de categoría migratoria.

    El acceso a la residencia permanente será más restrictivo: ahora se exige acreditar medios económicos suficientes (tener un contrato de trabajo o ingresos comprobables). A su vez, imitando el modelo de EEUU, se crea la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, en el ámbito del Ministerio de Economía, que evaluará el otorgamiento de la nacionalidad argentina a extranjeros que realicen inversiones calificadas como “relevantes”. Esta medida, totalmente economicista, privilegia a quienes traen dinero al país transformando el derecho a la residencia en una cuestión meritocrática y sujeta al poder adquisitivo (un cipayismo de primera línea). 

    Ingreso, permanencia y expulsiones

    También se amplían los motivos de inadmisión y expulsión, incluyendo la posibilidad de expulsar del país sin necesidad de condena firme, violando el debido proceso y el acceso a un juicio justo. Como todo en este gobierno, la medida roza la inconstitucionalidad y el estado de derecho.

    Además, se establece de forma expresa que quienes hayan ingresado con residencia temporaria o transitoria deberán abandonar el país al finalizar el plazo autorizado. El incumplimiento conlleva sanciones previstas en el artículo 61 de la Ley, que incluyen la expulsión inmediata. 

    El decreto prohíbe expresamente el trabajo remunerado para quienes estén en situación migratoria irregular. Esta medida apunta directamente contra el trabajador migrante que emprende en el espacio público.

    Otro aspecto controvertido es la facultad de la DNM para suspender trámites de residencia en casos en que el migrante esté siendo investigado penalmente, pudiendo otorgar sólo una residencia precaria y restringida. También se incorpora la posibilidad de solicitar la retención preventiva mientras se revisa judicialmente una orden de expulsión.

    En materia administrativa, se elimina la posibilidad de interponer recursos como el de alzada. El único camino será recurrir judicialmente a, por ejemplo, la decisión de expulsión dentro de un plazo de 15 días hábiles judiciales, lo que reduce sustancialmente las garantías procedimentales y el derecho a la defensa. 

    Con la entrada en vigencia del decreto 366, la política migratoria argentina cambia de rumbo de manera drástica, se recortan derechos fundamentales para la población migrante y se avala, una vez más, la criminalización y discriminación. Un país que históricamente se definió como tierra de acogida, enfrenta ahora un paradigma más restrictivo y securitista, con consecuencias directas sobre la vida de miles de trabajadores migrantes que aportan con su fuerza de trabajo al desarrollo del país. Ayer el gobierno de Milei decidió desconocer estos aportes y recortar los pocos derechos sociales, económicos y políticos de miles de migrantes.

     

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  • Francia: trabajadores portuarios bloquean 14 toneladas de armamento que iban a abastecer al ejército israelí

     

    Estibadores franceses se negaron el pasado miércoles a cargar armas de la empresa Eurolinks en un puerto en el golfo de Fos, al considerar que serían utilizadas “por el ejército israelí para continuar la masacre del pueblo palestino”. Hoy, los trabajadores del puerto de Génova, el próximo destino del barco, anunciaron lo mismo. Su siguiente parada sería en Salerno antes de regresar a Haifa. La acción se suma a muchas otras impulsadas por el Movimiento Boicot y Sanciones (BDS) que internacionalmente llama al bloqueo comercial contra el ente sionista con el objetivo de desfinanciar el accionar genocida. Por ANRed. 


    El secretario general de la Confederación General del Trabajo, una de las principales federaciones sindicales de Francia, dijo a la prensa: “Es inaceptable que [los trabajadores portuarios sindicalizados] sean quienes se vean obligados a defender los principios fundamentales del derecho internacional y los valores franceses. El Gobierno debe bloquear de inmediato todas las entregas de armamento al Estado de Israel”.

    A las medidas anunciadas, aunque algunas con desconfianza sobre su implementación definitiva, de gobiernos como España, Inglaterra o Chile, las acciones por parte de sindicatos continúan con el fin de implementar de hecho los bloqueos y que no lleguen mas armas al ente genocida.

    Desde el BDS celebran lo sucedido mientras continúan llamando a diversos tipos de acciones, cada vez mas urgentes, con el fin de frenar el genocidio y continuar enfrentando al régimen de apartheid instalado en todo el territorio Palestino por parte del régimen israelí desde mucho antes de octubre de 2023.

    Hace algo mas de un mes el BDS difundió un llamado de sindicatos palestinos a trabajadores de todo el  mundo a redoblar esfuerzos para frenar este genocidio. Este accionar, junto a muchos otros, es parte de la respuesta que está llegando desde la clase trabajadora organizada.

    Compartimos comunicado del  Movimiento BDS

    ¡BDS funciona!

    Los estibadores han bloqueado la salida de 14 toneladas de suministros militares de Francia para alimentar la industria militar de Israel, mientras este intensifica su genocidio retransmitido en directo contra 2,3 millones de palestinos en Gaza.

    Los medios de investigación revealed.ngo y The Ditch revelaron que el Contship Era, un carguero de la compañía naviera israelí ZIM, llegó la mañana del 5 de junio a Fos-sur-Mer (Francia) para cargar 19 pallets con 14 toneladas de piezas para cartuchos de ametralladora.

    Fueron producidos por la empresa francesa Eurolinks y pedidos por Israel Military Industries (IMI), una subsidiaria de Elbit Systems, la empresa militar líder de Israel.

    Pero ha sido bloqueado.

    Aplaudimos a todos los trabajadores portuarios que hicieron esto posible.

    Los estibadores de Fos-sur-Mer que conocieron el contenido y el destino de los contenedores se negaron a cargarlos en el buque ZIM.

    Mientras investigaban, los estibadores también encontraron y bloquearon otro envío de cañones de armas fabricados por la empresa francesa Aubert et Duval que también fueron comprados por Elbit Systems.

    En un comunicado emitido por el sindicato de trabajadores portuarios, destacan que:

    Los estibadores y trabajadores portuarios del Golfo de Fos no participarán en el genocidio en curso orquestado por el gobierno israelí.

    y que:

    Tras encontrar la carga adicional, advirtieron que responderán de forma diferente en los próximos días y semanas, movilizando a todos los estibadores y puertos del Golfo de Fos, en caso de que se produzcan nuevos intentos de transferir carga militar o de doble uso a Israel a través de estos puertos.

    El Contship Era se trasladará desde Fos-sur-Mer a Génova y Salerno (Italia) en su camino de regreso al puerto israelí de Haifa.

    En Génova, los estibadores se movilizaron inmediatamente y organizaron una protesta en el puerto para mañana, cuando está previsto que llegue el buque, para garantizar que su puerto y su trabajo no sean utilizados por el buque Contship Era de ZIM debido a su participación en la transferencia ilegal de suministros militares a Israel.

    Afirman: “Reiteramos enérgicamente que no queremos ser cómplices del genocidio que continúa en Gaza y que nos oponemos firmemente a todas las guerras”.

    El Contship Era está gestionado por la empresa griega Contship Management, una de las empresas operadoras de barcos más grandes de Grecia.

    Disclose.ngo también reveló que este ya es el tercer envío de este tipo desde principios de 2025.

    3 de abril: El buque portacontenedores Era transportaba 26 pallets, o casi 20 toneladas de carga militar, con destino a IMI en Haifa.

    22 de mayo: El Contship Era transportaba dos millones de piezas para cartuchos de ametralladora:

    Un millón de eslabones M9, utilizados para equipar armas pesadas, Un millón de eslabones M27, diseñados para rifles automáticos ligeros, como el Negev 5, utilizados por las fuerzas israelíes durante el genocidio en curso en Gaza.

    El derecho internacional es claro:

    Basta de armar el genocidio.

    ¡Detengan todas las transferencias de suministros militares y artículos de doble uso a Israel ahora!

     

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  • Precedente en Bariloche: $100 millones de compensación por desigualdad tras la separación

     

    La Justicia de Familia de Bariloche dictó un fallo que sienta precedente en materia de derechos familiares: ordenó a un hombre pagar a su ex pareja una compensación económica de más de $100 millones, actualizable por inflación, luego de comprobar el desequilibrio económico generado tras más de una década de convivencia.

    La mujer dedicó 12 años al cuidado de sus hijas, las tareas domésticas y la administración del hogar, mientras su pareja pudo volcar todo su tiempo al desarrollo de un emprendimiento comercial que hoy continúa funcionando. Tras la separación, ella quedó sin vivienda propia, sin patrimonio y con su carrera profesional relegada.

    La resolución se sustentó en los artículos 524 y 525 del Código Civil y Comercial, que contemplan el derecho a compensación para quien queda en desventaja tras una ruptura convivencial. La jueza destacó que la organización familiar adoptada reprodujo roles tradicionales de género, con un crecimiento económico concentrado en uno de los integrantes a costa de la postergación personal y profesional del otro.

    “No hubo un acuerdo expreso, pero sí una forma de vida común que condicionó el futuro de la mujer y permitió el crecimiento patrimonial de su pareja”, fundamentó la magistrada.

    Testimonios y pruebas

    En el expediente se incorporaron testimonios coincidentes que describieron cómo la mujer asumió todas las tareas de crianza, incluso abandonando un pequeño emprendimiento propio. También colaboró en el negocio y la vivienda común, aportes que no fueron reconocidos formalmente.

    Al momento de la separación, la mujer quedó fuera de la casa familiar y sin acceso a bienes materiales, mientras el hombre retuvo el equipamiento del hogar y los vehículos. Ella debió mudarse con sus hijas a otra ciudad, alquilar una vivienda y sostenerse con ingresos docentes limitados.

    La jueza aclaró que la compensación económica no equivale a una indemnización ni a una extensión de la cuota alimentaria, sino que es un derecho autónomo. Su objetivo es corregir la brecha generada por la desigualdad estructural en la relación y restituir condiciones que permitan a la parte más afectada recuperar cierta autonomía.

    La sentencia también citó estándares internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), para respaldar la decisión.

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  • Foro entre Neuquén y Chile por el trabajo decente: cuándo y dónde se hará  

     

    El Centro de Empleados de Comercio del Neuquén lanzó el Foro Binacional Tripartito para la promoción del trabajo decente, una iniciativa que busca fortalecer el sector comercio y servicios en el marco de la integración con Chile.

    En una entrevista realizada por AM Cumbre 1400, en el programa Cumbre a la Carta, los periodistas Evangelina Zingoni y Lucas Jara, dialogaron con el secretario general del Centro de Empleados de Comercio del Neuquén, Ramón “Colo” Fernández, donde compartió los detalles de esta iniciativa.

    El encuentro se realizará este jueves a partir de las 11 hasta las 20 en el complejo recreativo del Centro de Empleados de Comercio de Neuquén, en Plottier. El evento cuenta con el respaldo de la OIT y la participación de sindicatos, empleadores y representantes del Estado. Durante la jornada se presentará el “Consejo gestor binacional y tripartito” y se debatirá en paneles sobre la realidad laboral de Argentina y Chile, así como las estrategias de integración regional.

    ¿Qué es el foro y cuál es su objetivo?

    El secretario explicó el origen y los objetivos del encuentro, en principio el foro está denominado Foro Binacional Tripartito para la Promoción del Trabajo Decente. Entonces desde la Federación Argentina de Empleo de Comercio a través de la Secretaría Internacional”.

    “Nosotros tenemos bastante tiempo trabajando en relaciones bilaterales y en este caso nos animamos a convocar los gobiernos, a convocar los empresarios y proponer la creación de un consejo gestor.»

    Fernández también comentó que “la idea es fomentar la integración argentino-chilena, desde el punto de vista sociolaboral, teniendo en cuenta el marco regional y latinoamericano”.

    «En lo cual, la actividad que se desarrolla en la región, que es muy fuerte, hemos concurrido a los lagos, hemos estado participando de ello y nos hemos encontrado con un sinnúmero de situaciones que entendemos muy necesarias, de la mirada de los trabajadores. En este sentido, a través de las organizaciones gremiales, llegar a la conformación de este consenso”.

    “Es importante mirar la calidad del empleo de tantas compañeras y compañeros del sector comercio, por eso se aborda desde la mirada del trabajo decente que propone la OIT, en un contexto muy distinto entre países, en relación al marco normativo de protección de los derechos laborales y sindicales de la región”, agregó Fernández.

    Detalles sobre las actividades

    «El encuentro se realizará en nuestro salón de evento y habrá 400 personas convocadas, invitados, compañeros de Chile, de Argentina, empresarios, miembros de los gobiernos, y será desde las 11 hasta las 20, en lo cual se va a concluir con dos paneles en el cual se va a ver desde trabajo, desde los sindicatos y desde los compañeros de Chile para todo el auditorio que va a concurrir”.

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  • Violencia escolar en Roca: un menor atacó a compañero y se aplicó protocolo educativo

     

    En Roca, la denuncia de un incidente de violencia entre dos alumnos de una escuela privada llevó a la activación del protocolo de intervención escolar del Ministerio de Educación de Río Negro. La directora de Educación Privada, Paula Sarramone, confirmó que el dispositivo se encuentra en marcha y explicó que, por la particularidad del hecho, no fue necesario suspender las clases.

    Según fuentes extraoficiales, uno de los menores habría atacado al otro con un tenedor en la Escuela del Valle. Ante esta situación, se convocó un equipo interdisciplinario conformado por psicólogos, psicopedagogos y trabajadores sociales para abordar el conflicto y garantizar la contención de los alumnos y sus familias.

    Cómo funciona el protocolo

    Sarramone detalló que la intervención inicia con la comunicación inmediata a los padres de los menores involucrados, seguida de reuniones para mediar en el conflicto. Dependiendo de la gravedad del hecho, se pueden implementar estrategias a mediano y largo plazo, e incluso suspender las clases si fuera necesario.

    La funcionaria destacó que estos protocolos no dependen de la situación social general, sino que son parte de un mecanismo permanente para manejar conflictos escolares: “El protocolo está porque los conflictos sociales existen desde que existen las relaciones sociales”, afirmó.

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