El jueves 11 se procedió a la apertura de la licitación pública 05/2021 para la provisión de materiales, equipos y mano de obra para la construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI).
En la oportunidad se abrieron los sobres Nº 1 y 2 correspondiente a la empresa Nelli y Fenizi Construcciones SRL.
El acto estuvo presidido por la Secretaria de Economía y Finanzas Mirta Sánchez y participaron la Directora de Economía y Finanzas Marta Muñoz y Elba Durán del Departamento de Compras. También estuvieron presentes responsables de la firma oferente.
Pablo Bertuzzi evalúa inmolarse para retener su cargo en la Sala I de la Cámara Federal porteña votando junto con Mariano Llorens la ratificación de la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi en la causa Libra, quien selló un pacto de impunidad con el gobierno para apartar a las querellas de la investigación que demora el fiscal Eduardo Taiano. El fallo de Martínez de Giorgi habría sido un gesto hacia la Casa Rosada luego que el Senado aprobara el pliego de su esposa, Ana Juan, para el juzgado federal de Hurlingham.
Como informó LPO, Bertuzzi concursó para continuar en su sillón de Comodoro Py, donde fue trasladado por Mauricio Macri en 2018, al igual que su par Leopoldo Bruglia, que prefirió renegar del fallo de la Corte Suprema en 2020 y quejarse ante la CIDH por discriminación. Según Bruglia, a él lo obligan a concursar pero a Carlos «Coco» Mahiques, padre del ministro de Justicia, le prorrogaron su cargo por 5 años más «equiparando el traslado al concurso».
En ese contexto, Bertuzzi rindió el examen ante la comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, quedó en el puesto 24° y escaló hasta el sexto después de las entrevistas personales. Sin embargo, quedó ternado por debajo de la fiscal Cecilia Incardona, a quien describen como «una mujer del sistema» y atribuyen «el respaldo del peronismo».
Fuentes al tanto de la situación dijeron a LPO que «lo que se ve es que el gobierno explota la guerra fría entre Bertuzzi e Incardona para seguir zafando en la causa Libra».
En efecto, la Sala I podría resolver la apelación de las querellas contra lo actuado por Martínez De Giorgi antes de la feria judicial. Integrado por Llorens, Bertuzzi y Bruglia, ese tribunal armaría una mayoría favorable a los hermanos Milei con los votos de los primeros dos jueces, mientras que el tercero, resignado a su inexorable salida, se podría dar el lujo de votar en contra.
La vacante de Bruglia, de hecho, sería cubierta por Pablo Yadarola, un magistrado que jugaría en tándem con Llorens y cuyo pliego sería remitido por el Poder Ejecutivo en la próxima tanda de envíos. El enroque no es más que otra contribución de Juan Bautista Mahiques a Karina Milei.
Pablo Yadarola.
Lo curioso es que, pese a su compromiso, Bertuzzi perdería la pulseada contra Incardona. «Le van a hacer la boba a Bertuzzi, lo van a hacer votar con Llorens bancando el desarme de la causa y después lo tiran por la ventana: arman la rosca con Llorens y Yadarola y le pagan al peronismo con el nombramiento de Incardona», resumió un camarista.
Desde el Poder Judicial remarcaron ante LPO que esa maniobra contra Bertuzzi comprende un plan más ambicioso, que podría incluir un eventual acuerdo libertario con el peronismo: se congela la causa Libra y Karina resigna la provincia de Buenos Aires para que la retenga el PJ en 2027. Esa hipótesis se basa en el respaldo del interbloque de José Mayans al pliego de Ana Juan, la pareja de Martínez de Giorgi, cuando se votó en el Senado.
Los senadores kirchneristas niegan esa versión. Alegan que la postulación de la jueza había sido propuesta durante el gobierno de Alberto Fernández, retirada por la actual gestión en diciembre de 2023 y volvió a remitirse con la llegada de Mahiques al ministerio.
Le van a hacer la boba a Bertuzzi, lo van a hacer votar con Llorens bancando el desarme de la causa y después lo tiran por la ventana: arman la rosca con Llorens y Yadarola y le pagan al peronismo con el nombramiento de Incardona.
Además, los diputados Sabrina Selva, Juan Marino y Juan Grabois se cuentan entre los impulsores más activos de la investigación de la estafa y los abogados del líder de Patria Grande tramitaban desde el viernes la apelación contra lo resuelto por Martínez De Giorgi.
El revuelo en la Cámara Federal porteña quizá se deba a que la nueva composición de la Sala I también podría repercutir en la Sala II, donde se desempeñan Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, quien cumplirá 75 años el próximo 18 de julio sin que su pliego para prorrogarse en el cargo hubiera sido enviado al Congreso por Javier Milei y Mahiques.
En lugar de Irurzun, podrían subrogar allí cualquiera de los tres colegas de la otra sala, designados por sorteo, pero el impacto podría sentirse en la tendencia de Farah a inclinarse en fallos que convengan a la Rosada. En Comodoro Py señalan como ejemplo la disputa entre Ariel Lijo y María Eugenia Capuchetti por llevar la causa de los créditos de los funcionarios libertarios en el Banco Nación.
En abril pasado, la jueza conminó a Lijo para que dejara de intervenir en el caso pero el magistrado se negó y Capuchetti llevó el reclamo hasta la Cámara, donde Farah resolvió a su favor. En el gobierno festejaron la definición, que no estuvo exenta de un cuidadoso seguimiento desde el Ministerio de Justicia.
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A una semana del traspaso, las rutas privatizadas por Luis Caputo ya registran aumentos en las tarifas de peaje cercanas al 20%. Eso, luego de los despidos masivos que el Gobierno aplicó en los corredores días antes de entregarlos a las empresas.
Corresur, el consorcio integrado por las firmas Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco que se quedó con el control de las rutas 3, 205, 226 y la autopista Ricchieri, anunció un incremento del 19,14% en los peajes de la 226 que se suma al aumento del 16% que la estatal Corredores Viales había aplicado meses atrás.
En paralelo, el consorcio privado que tendrá el control de estas rutas durante los próximos 20 años planteó obras menores y de mantenimiento para el corto plazo, confirmando las alertas que entidades de usuarios viales habían lanzado sobre la ausencia de inversiones de magnitud en los pliegos de concesión.
Concretamente, se especificaron tareas como reparación de banquinas, sellado de fisuras y el reemplazo de elementos de seguridad vial dañados, además de trabajos puntuales sobre tramos de las rutas 3 y 226.
Como contó LPO, el Gobierno avanzó en despidos masivos de trabajadores de peajes de esa ruta, días antes de hacer el traspaso a Corresur, que ya anunció que las estaciones operarán sin pago en efectivo y, por ende, el cobro será por medios electrónicos y automáticos.
Además de los 120 trabajadores que se desempeñaban en el tramo de la Ruta Nacional 226 que tiene como epicentro el peaje de Hinojo, en Olavarría, la estatal Corredores Viales echó a 45 empleados del peaje El Dorado, entre Balcarce y Mar del Plata y a otros 35 del peaje La Vasconia entre Tandil y Balcarce.
Mientras, Caputo acelera con la concesión de otro paquete de rutas nacionales. Esta semana se realizó la apertura del segundo sobre de ofertas económicas de la licitación de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones.
Esa etapa incluye más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en los Tramos Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte. En esta instancia se presentaron 13 oferentes y 31 ofertas.
«Vialidad Nacional será el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de los contratos mediante un esquema de control por resultados», señalaron en Economía, donde autorizaron que Corresur aplique un aumento del 19% en peajes a seis días de tomar el control.
En el Gobierno definen a la Red Federal de Concesiones como un nuevo modelo que «se desarrollará sin subsidios del sector público». No obstante, ya en su primer tramo concesionado, Nación lanzó créditos multimillonarios del BICE, el banco que controla Economía, para que las empresas que ganen las concesiones financien las obras.
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