Un exarquero de la selección de Chile sufrió un infarto en pleno partido

Un exarquero de la selección de Chile sufrió un infarto en pleno partido

 

En pleno partido de homenaje a quienes fueron capitanes de la Universidad Católica de Chile se transformó en dramatismo y auxilio desesperado de profesionales médicos. El exarquero Patricio Toledo, de 63 años, debió ser auxiliado de urgencia tras sufrir un infarto agudo de miocardio a los once minutos de iniciado el partido.

El incidente ocurrió ante más de 20 mil personas congregadas en el estadio. Tras desplomarse en el campo, los jugadores y el personal médico rodearon a Toledo para prestar los primeros auxilios y preservar su privacidad. Al mismo tiempo, desde la organización del evento llamaron a los asistentes a mantener la calma por altoparlantes: “Atención, queremos reiterarles por favor el llamado a mantenerse tranquilos y en respeto a la espera de novedades de salud de Patricio Toledo”. Posteriormente, se confirmó su traslado en ambulancia y la suspensión momentánea del encuentro.

a LOS 11 MINUTOS DE INICIADO EL PARTIDO, EL EXARQUERO SE DESVANECIÓ Y FUE ATENDIDO DE INMEDIATO.

De acuerdo con el reporte de EMOL, el director médico de la Clínica Universidad de los Andes, Francisco Espinoza, indicó que el exseleccionado nacional ingresó a las 18.07 horas. El diagnóstico determinó que sufrió un infarto agudo al miocardio, por lo que fue sometido a una angioplastia coronaria. “El procedimiento fue realizado con éxito, se logró ingresar a la arteria obstruida y se logró liberarla de manera exitosa. Es una condición de gravedad, es un evento crítico, que reviste toda la atención para salvar la vida del paciente, eso ocurrió con éxito”, señaló Espinoza, quien además precisó que el paciente permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo estricta observación.

eL COMUNICADO OFICIAL DEL CLUB CHILENO.

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  • Javier Milei prometió inflación cero y confirmó modificaciones en su Gabinete tras las elecciones

     

    Durante una entrevista en LN+, el presidente Javier Milei sostuvo que su administración logrará llevar la inflación a cero en agosto de 2026, y explicó que la política monetaria aplicada desde mediados del año pasado ya está generando resultados.

    “Mi compromiso es con los argentinos: bajar la inflación. El 30% de este año me da asco. Fijamos la cantidad de dinero a mitad del año pasado y, si el rezago de la política monetaria es de 26 meses, para agosto del año que viene la inflación va a ser cero”, afirmó el mandatario.

    Milei defendió el rumbo económico de su gobierno y aseguró que las políticas aplicadas ya permitieron sacar a 12 millones de personas de la pobreza y 6 millones de la indigencia, además de reducir los índices de criminalidad.

    “Si estos indicadores los hubiera logrado otro gobierno, los estarían paseando por todos los canales”, lanzó.

    Cambios en el Gabinete tras las elecciones

    De cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, Milei confirmó que habrá modificaciones en su Gabinete nacional, aunque evitó revelar nombres.

    Sí mencionó que Santiago Caputo, actual asesor presidencial, podría ocupar “un rol central” en la próxima etapa de gestión.

    “Adelantar un cargo es la mejor forma de arruinar a un funcionario. Lo mata”, dijo el Presidente, para justificar su decisión de no anticipar designaciones.

    Milei sostuvo que el resultado electoral definirá la composición del Congreso, y señaló que el objetivo de su espacio es alcanzar un tercio de las bancas para poder impulsar las reformas sin bloqueos.

    “Ganar es lograr el tercio para bloquear las reformas. El Congreso que viene va a ser mucho mejor que el que tenemos ahora”, afirmó.

    Reformas estructurales y consensos políticos

    El mandatario reiteró que su gestión continuará promoviendo acuerdos amplios para aprobar reformas estructurales, y apuntó contra el kirchnerismo, al que calificó como “la máquina de impedir”.

    “No se puede continuar con este nivel de presión tributaria ni con este régimen laboral. Hasta los propios sindicalistas saben que ya no funcionan”, señaló Milei.

    En cuanto al pedido de diálogo realizado por el expresidente Mauricio Macri, el líder de La Libertad Avanza respondió que está dispuesto a dialogar con todos los sectores que compartan las ideas de la libertad.

    El Presidente elogió al candidato bonaerense de LLA, Diego Santilli, a quien definió como “un tremendo candidato que está haciendo una campaña tremenda”. También destacó la labor de Karen Reichardt, segunda en la lista por Buenos Aires.

    Sobre la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, Milei aclaró que “no me defraudó” y que el proyecto de La Libertad Avanza sigue firme:

    “Se cambió el candidato, pero las ideas son las del primer casillero, color violeta y el águila blanca”.

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  • Censura en el Mundial de Clubes: FIFA elimina imágenes de futbolistas que apoyan a Palestina

     

    La FIFA fue objeto de críticas luego de eliminar imágenes promocionales de jugadores del Al Ahly que expresaron su apoyo a Palestina durante el Mundial de Clubes 2025. Mientras se vivieron expresiones en las tribunas apoyando a Gaza contra el genocidio que ya se cobró solo oficialmente 55 mil vidas. Por ANRed.


    La controversia estalló antes del partido inaugural del Mundial de Clubes entre Al Ahly e Inter Miami antes del 15 de junio. La FIFA eliminó de sus plataformas una imagen promocional del mediocampista egipcio Hussein El Shahat. En la foto, el jugador aparecía con una pulsera que decía «Palestina Libre», en señal de apoyo a la causa palestina.

    La denuncia fue realizada por la periodista Leyla Hamed a través de su cuenta en X (antes Twitter), donde afirmó que el organismo rector del fútbol mundial censuró la imagen por motivos políticos. En el sitio web oficial de la FIFA, la imagen de El Shahat fue sustituida, y durante las entrevistas oficiales ya no portaba la pulsera.

    Pero no fue el único caso. También el delantero palestino/danes, Wessam Abou Ali, autor de tres goles en el empate 4-4 ante el Porto, fue objeto de una medida similar. Según reportes, la FIFA eliminó su foto de presentación por llevar el mismo brazalete. En respuesta, el jugador celebró uno de sus goles señalando su muñeca y en otro posó con las manos en la espalda, emulando la figura de Handala, símbolo de la resistencia palestina.

    Wessam Abou Ali, celebra uno de sus goles imitando a Handala.

    Abou Ali, que forma parte del seleccionado palestino, hizo historia al convertirse en el segundo futbolista —después de Pelé— en anotar tres goles en un partido intercontinental. Sin embargo, su gesto solidario también fue invisibilizado por los canales oficiales del torneo.

    En el campo, Al Ahly dominó a Inter Miami en el debut del certamen, aunque el encuentro terminó sin goles (0-0). El equipo egipcio tuvo varias ocasiones claras, un gol anulado por fuera de juego y un penalti desperdiciado por Trezeguet.

    La censura por parte de la FIFA ha reabierto el debate sobre la libertad de expresión de los futbolistas en escenarios internacionales. Mientras el ente rector no ha emitido comentarios oficiales.

    En las Tribunas

    Durante el segundo tiempo del partido entre Seattle Sounders y París Saint-Germain por el Mundial de Clubes, el estadio Lumen Field fue escenario no solo de fútbol, sino también de solidaridad con Palestina.

    Desde la cabecera sur, un grupo de aficionados locales desplegó varias banderas palestinas en apoyo a la resistencias contra el genocidio en curso, visibilizando su mensaje ante millones de espectadores en todo el mundo. En una ciudad como Seattle, conocida por su espíritu activista (inició del movimiento anti-globalización), el gesto no sorprendió: la hinchada de los Sounders, una de las más intensas y politizadas de Estados Unidos, volvió a convertir la tribuna en una plataforma de expresión social, llevando la protesta al certamen internacional.

    link.

    El repudio a la Conmebol por incorporar a Israel

    Mientras tanto en Sudamérica hay un creciente cuestionamiento a la Conmebol, que de manera secreta impuso un acuerdo que permitiría al seleccionado de Israel de ser invitado a jugar la Copa América.

    «Mientras Israel destruye estadios y mutila futbolistas palestines, la Conmebol lo invita a la Copa América», dice un comunicado de repudio publicado por el  Movimiento BDS y el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que recientemente difundió un video alertando y pidiendo la cancelación de dicho acuerdo.

     

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  • Otro golpe al acusado del doble femicidio: el cuerpo hallado es del remisero

     

    El cuerpo que la policía encontró en Entre Ríos es de Martín Sebastián Palacio, el remisero que trasladó a Pablo Laurta el miércoles pasado, según confirmaron fuentes judiciales. “En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios”, había adelantado más temprano el ministro de Seguridad local, Néstor Roncaglia.

    Según explicó, la Policía Científica trabajó en el cotejo de los tatuajes del torso, ya que el cuerpo fue encontrado sin cabeza y sin brazos en la zona de Yerua, a unos 35 kilómetros de Concordia.

    Por su parte, Laurta fue interceptado en Gualeguaychú cuando se preparaba para cruzar a Uruguay con su hijo de 5 años.

    La captura se produjo tras un intenso seguimiento policial y el análisis de cámaras de seguridad, que permitieron reconstruir el recorrido del Toyota en el que se movía el sospechoso. Ese auto luego apareció incendiado, un dato clave para la investigación.

    Investigan el vínculo entre el acusado y el remisero

    Palacios es el remisero que fue contactado por Laurta para que lo llevara desde Entre Ríos hasta Córdoba. Vecinos de la zona contaron que vieron al acusado bajarse solo del auto, rociarlo con nafta, prenderlo fuego y luego alejarse caminando por un campo privado.

    Un video que se conoció en las últimas horas muestra el momento en que se encontraron Laurta y Palacios. En la imagen, que pertenece a la cámara de seguridad de un local de Concordia, se ve cómo el acusado llegó con un bolso en la mano hasta el auto que estaba estacionado en la puerta del comercio.

    Hubo una secuencia que llamó la atención de los investigadores: Laurta y Palacios se saludaron con un beso. Esto plantea la sospecha de que el presunto asesino y el hombre desaparecido se conocían de antemano. Ese vínculo es investigado por estas horas.

    En agosto de 2024, la acusada, identificada como Verónica Troncoso., ya había sido absuelta en un primer proceso. En aquella oportunidad, los jueces reconocieron que se trató de un caso de legítima defensa y que el hecho ocurrió en un contexto de violencia de género. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal apeló esa resolución y el Tribunal de Impugnación la declaró nula, ordenando la realización de un nuevo juicio.

    Los hechos ocurrieron el 24 de diciembre de 2022, cuando, tras una discusión, Troncoso. tomó un cuchillo tipo serrucho y le provocó una herida a su pareja, Walter Vera, que resultó mortal.

    Durante los alegatos finales, la defensora oficial Ivana Dal Bianco sostuvo que “este es un caso de legítima defensa en un contexto de violencia de género”, y remarcó que “no fue una acción planificada, sino una reacción de defensa que debe analizarse con perspectiva de género”.

    Al leer la resolución, la jueza Macedo Font explicó que el tribunal coincidió en que tanto la acusada como la víctima “eran dos personas vulnerables” y que se acreditó “la causa de justificación en un contexto de violencia de género”.

    “A través de los testimonios, se comprobó que el día de los hechos ambos habían ingerido alcohol, discutieron por dinero, hubo violencia previa del hombre hacia la mujer, y que ella actuó para defenderse ante el temor de una nueva agresión”, señaló la magistrada.

    Además, la jueza cuestionó la actuación del Ministerio Público Fiscal durante el proceso y subrayó la necesidad de que la justicia incorpore la perspectiva de género en los casos donde las mujeres son juzgadas por hechos ocurridos en contextos de violencia doméstica o de pareja.

    Con esta decisión, el tribunal reafirmó la importancia de analizar los casos de violencia de género con enfoque diferencial, considerando las condiciones de vulnerabilidad y las dinámicas de agresión que atraviesan las víctimas.

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  • Perdió un ojo por una bala de goma policial en Río Negro: qué falló la Justicia

     

    Un adolescente perdió la visión total del ojo derecho tras el impacto de una bala de goma disparada por un agente policial, durante un operativo de seguridad en Viedma, Río Negro, y, luego de una demanda impulsada por la familia donde el efectivo culpó al adolescente, el menor será indemnizado.

    Según reveló el Poder Judicial rionegrino en base al fallo resultante de la demanda civil iniciada por la madre del joven por daños y perjuicios contra el agente y el Estado provincial, la familia regresaba a su domicilio luego de asistir a una actividad religiosa, cuando notaron la presencia policial por un altercado en la vía pública y se resguardaron en su hogar.

    Desde el interior, según declararon, observaron que uno de los agentes levantó su escopeta, disparó por encima del paredón del hogar, uno de los proyectiles impactó en el adolescente, que se encontraba en la puerta de acceso, y le ocasionó la lesión ocular.

    Durante el proceso de investigación, se realizaron pericias balísticas que determinaron que el disparo se efectuó con una escopeta antitumulto y munición compuesta por balas de goma, desde una distancia menor a la recomendada por el fabricante y sin evidencia de rebote. Por su parte, los resultados médicos oftalmológicos confirmaron la pérdida de visión y una discapacidad visual del 33%.

    El agente policial negó haber actuado de forma indebida y sostuvo que la intervención respondió a una situación de disturbio por lo que argumentó que utilizó el arma conforme a los protocolos vigentes, rechazó la versión sobre la inocencia del joven y aseguró que participó en los incidentes.

    El juez contencioso administrativo evaluó el conjunto de pruebas y concluyó que el disparo que provocó la lesión fue realizado desde la vereda, en dirección al interior de la propiedad, sin que existiera una amenaza que justificara el uso de la escopeta antitumulto en esas condiciones, además, tuvo en cuenta que el operativo inicialmente era por un llamado al 911 por una persona extraviada.

    En el fallo, el magistrado indicó que “la presencia policial tuvo su origen en un requerimiento asistencial, y no en un operativo ante manifestaciones públicas o situaciones de disturbio y desorden público en una primera instancia, por lo cual el empleo del arma antitumulto en ese contexto revela un exceso y desvío de finalidad, contrario a los estándares de necesidad, proporcionalidad y minimización de daños que deben guiar la actuación policial”.

    Por último, se reconoció la indemnización por incapacidad sobreviniente, los gastos derivados del tratamiento psicológico y el daño extrapatrimonial. La condena recayó sobre el efectivo policial y también sobre el Estado. El magistrado también analizó el reclamo de la madre del joven por daño moral. En este punto, se rechazó su pretensión en este proceso por falta de legitimación.

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  • Denuncian a la SIDE por habilitar tareas de espionaje ilegal sobre opositores y grupos sociales

     

    Una denuncia penal presentada por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) contra los jefes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) los acusa de abuso de autoridad por aprobar un Plan de Inteligencia Nacional que habilita tareas de espionaje sobre grupos vulnerables, actores sociales y voces críticas, en abierta violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Desarticular la protesta social a partir de la agudización de la crisis ecónomica y particularmente aplacar la resistencia en las provincias es uno de los principales objetivos luego de la aprobación de la Ley de Bases. Por ANRed.


     

    Hace unos días se filtro parte del Plan de inteligencia para el 2025 (PIN). Las denuncias se hicieron concretas a partir de la públicación de la Revista Crisis. El PIN, elaborado por la SIDE bajo la administración de Javier Milei, instala un esquema de vigilancia y control que apunta directamente contra voces disidentes, opositores políticos, movimientos sociales, ambientalistas, pueblos originarios, periodistas, sindicalistas y referentes opositores. Lejos de tratarse de un plan técnico o preventivo, el PIN operará como una herramienta política de persecución, basada en definiciones vagas y arbitrarias que habilitan el espionaje interno y la criminalización de la protesta.

    Con el pretexto de proteger el “orden constitucional” o el “desarrollo de la infraestructura estratégica”, el gobierno utilizaría la inteligencia estatal para catalogar como amenazas a quienes cuestionen sus políticas.El plan incluso se atreve a identificar el “anarquismo” como forma de terrorismo, en un intento evidente de criminalizar. Detrás se guardan desafios que sabe el gobierno que enfrentará. Todavía están frescas las rebeliones del 2020 contra la instalación de la megaminería en Chubut y el Mendozazo en el 2019 a penas asumido Alberto. Incluso en Jujuy también una rebelión que duró varias semana hasta se realizó un acampe en el centro de CABA (El tercer malón de la paz) . También las jornadas de protesta en toda la costa bonaerense contra las petroleras offshore.

    Hoy organismos de derechos humanos y actores sociales presentaron una denuncia penal contra las máximas autoridades de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, por abuso de autoridad. La acusación se centra en un Plan de Inteligencia Nacional y una orden secreta recientemente revelada, que habilitan a los servicios de inteligencia a vigilar y monitorear a grupos sociales, opositores, periodistas, académicos y ambientalistas bajo definiciones amplias y vagas. El plan amplía de forma riesgosa el concepto de terrorismo y legitima la persecución ideológica, incluyendo el espionaje sobre protestas y reclamos históricos. También apunta al seguimiento de conflictos socioambientales y a pueblos originarios. Todo esto contraviene la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, por lo que se exige una investigación judicial para determinar si ya se realizaron acciones ilegales y quiénes son los responsables.

    El texto fue publicado hoy por el CELS:

    «Denunciamos penalmente por abuso de autoridad a Sergio Neiffert, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y a Diego Kravetz, director general de Operaciones de la SIDE. La denuncia apunta a sus responsabilidades en la aprobación de un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y el dictado de una orden secreta que habilita a la SIDE a “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” de la Argentina y a actores que puedan capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local.

    Una parte sustancial de las tareas de inteligencia, que son esencialmente secretas, estaría volcada a vigilar y caracterizar la conversación pública: lo que se dice y cómo se dice en medios y en redes sociales. Las opiniones comienzan a adquirir las características de una amenaza para el PIN cuando “promuevan la conflictividad” -una práctica de autoridades y grupos afines al gobierno, por otra parte- o cuando erosionen “la confianza” en las instituciones económicas o la reputación de empresas asentadas en el país.

    La extensión de las tareas de inteligencia es enorme y tiene definiciones vagas. Pueden vigilar, según su plan, a “actores de interés”, “actores estratégicos”, “actores no estatales”, actores que tengan la capacidad de “manipular la percepción” de las personas, que promocionen la fragmentación social, sin una explicación de qué significan esos adjetivos y si tienen límites. La definición concreta y operativa queda en manos de los funcionarios de la SIDE: son quienes van a definir quiénes encarnan una amenaza. El PIN habilita la vigilancia secreta de la expresión política opositora en el espacio público, pero también de referentes sociales, economistas, periodistas, académicxs, artistas y cualquier voz crítica.

    Todas estas actividades son abiertamente contrarias a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. Por eso en la denuncia pedimos, además de una serie de medidas de prueba para esclarecer estos hechos, que se determine si ya hubo acciones concretas basadas en la orden secreta y el PIN, para poder definir las responsabilidades penales.

    El PIN contiene “Lineamientos Estratégicos” y “Objetivos Generales de Inteligencia”, del que se desprenden “Objetivos Particulares de Inteligencia” y de ellos “Necesidades de Inteligencia”.

    Las Necesidades de Inteligencia del Objetivo Particular de Inteligencia 5 del Lineamiento Estratégico 3, por ejemplo, habilitan la vigilancia de actividades y expresiones políticas y sociales que consideren amenazas o en proceso de radicalización. Si nos remitimos a medidas o declaraciones de funcionarios para entender cuáles podrían ser esas amenazas podemos remontarnos al año pasado, cuando el gobierno usó ese tipo de calificativos para hablar de manera prejuiciosa y estigmatizante de manifestantes, de grupos anarquistas o antifascistas. El Objetivo Particular de Inteligencia 6 del mismo Lineamiento Estratégico apunta a los “potenciales impactos negativos en el desarrollo del sistema de Defensa Nacional” y allí los sospechosos podríamos ser los organismos de derechos humanos.

    El PIN amplía el concepto de terrorismo de una forma muy peligrosa. Podrían quedar bajo vigilancia actividades y personas por su orientación ideológica o por sus reclamos históricos. El paraguas es tan amplio que habilitaría la vigilancia de manifestaciones públicas y de protestas que pudieran ser “oportunidad” para acciones terroristas. El plan identifica al “terrorismo anarquista” como blanco principal, lo que puede derivar en persecución ideológica: expresar ideas anarquistas sería suficiente para entrar en una lista de vigilancia.

    El Plan de Inteligencia se enfoca también en seguir la conflictividad socioambiental y vigilar tanto al activismo ambientalista como a los pueblos indígenas –grupos que pretendan proteger patrimonios culturales y/o sagrados–. La mirada está puesta en situaciones y actores con capacidad de incidencia política o de obstruir proyectos extractivos, que puedan afectar la “extracción, transporte y/o comercialización” de recursos naturales estratégicos. También incorpora como objetivo el seguimiento de instancias internacionales –sistemas de protección de derechos, cooperación internacional pública y privada– que intervengan frente a “eventos climáticos extremos, la degradación del ecosistema y pérdida de biodiversidad”. Quienes promuevan acciones para evitar estas consecuencias de la matriz productiva extractivista son considerados actores “adversos al interés nacional”.

    Aunque el Estado Nacional lo haya negado en un comunicado breve, está habilitando a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional a desplegar tareas de identificación, seguimiento, monitoreo, búsqueda, producción y acopio de información sobre personas y grupos por razones políticas. Es ilegal y tiene que rendir cuentas.»

     

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  • Fentanilo contaminado: prisión preventiva para Ariel García Furfaro

     

    Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., detrás del fentanilo contaminado, fue procesado con prisión prisión preventiva. El juez federal Ernesto Kreplak consideró que el empresario “es coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” por provocar los fallecimientos de 20 personas,  “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.

    A García Furfaro se le endilga haber intervenido junto a 16 miembros del plantel de ambos laboratorios a través de “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta en “la adulteración del lote 31202 “perteneciente al opioide, el cual se encontraba “destinado al uso público sanitario, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024”.

    “Las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabrica ción caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existieron pluralidad de alertas que no fueron atendidas”, remarca el escrito.

    Además del propietario de HLB Pharma y Ramallo S.A., fueron procesados con prisión provisoria Diego Hernán García (arresto domiciliario), Nilda Furfaro, Javier Martín Tchunkrán, José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi (detención domiciliaria).

    Por otra parte, se dictaminaron los procesamientos sin prisión preventiva de Wilson Daniel Pons, Arzolidys Dayana Astuillo Bolivar, Rocío del Cielo Garay, Eduardo Darchuk, María Victoria García, Edgardo Sclafani y Adriana Iúdica.

    “En el marco de las declaraciones indagatorias de María Victoria García, Wilson Pons, Adriana Iúdica, Edgardo Sclafani, Arzolydis Astudillo, Rocío Garay y Eduardo Darchuk, la fiscalía federal interviniente solicitó distintas medidas de coerción con el fin de asegurar la sujeción al proceso de los imputados e impedir que obstaculicen la investigación”, agrega el documento.

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