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La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina acusados de haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años Rafael Nahuel cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017. La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa». Tras el fallo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal», en referencia a quien fuera en esos años la titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich. Por ANRed.

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El fallo de Sala III de la Cámara Federal de Casación confirmó la condena dictada en diciembre de 2023 por el Tribunal Oral Federal de General Roca contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco prefectos del Grupo Albatros acusados por haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017, en el marco de un operativo para desalojar un predio de Parques Nacionales recuperado por la comunidad mapuche.

La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa«. La condena también implicó la inhabilitación de los cinco condenados para ejercer cargos públicos.

 

El asesinato de Rafael Nahuel había sido juzgado en debate oral y público a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca – con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava – durante los últimos meses de 2023.

Según su grado de participación en el crimen, todos recibieron la máxima pena para el delito imputado, pero ninguno fue condenado a penas superiores a cinco años y ocho meses de prisión, ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado con exceso de legítima defensa.

La causa estuvo plagada de irregularidades y manipulaciones de parte de los propios prefectos y los medios comerciales masivos, que intentaron plantar pruebas y culpar a los/as manifestantes, incluso a quienes asistieron a Rafael Nahuel cuando fue herido con las balas de plomo de los prefectos, como Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca.

«La sentencia no alcanzó a las autoridades políticas»

Tras la noticia, en un comunicado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal«, en referencia a Patricia Bullrich, en ese momento también ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

En la misma línea, señaló que el fallo de la Cámara «estableció inequívocamente el obrar delictivo de esa fuerza de seguridad al mando de Bullrich» y «desmiente las afirmaciones que al momento de los hechos formulasen Patricia Bullrich y Mauricio Macri para encubrir y justificar la brutal acción represiva del Grupo Albatros», que fue realizada el 25 de noviembre de 2017, le costó la vida a Rafael Nahuel y dejó heridas de gravedad a Johana Micaela Colhuan y Gonzalo Coña.

«Bullrich sigue incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurídico vigente, a sabiendas de que son ellos los únicos que terminan respondiendo ante los jueces por hechos execrables, que parecen desconocer que delinque no sólo quien cumple órdenes inmorales e ilegales sino también quien las ordena», agregó la APDH.

En tanto, en declaraciones a ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la APDH agregó: «hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados».

«Lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse. El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del Estado», consideró.

 

 

La derrota de Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina, al caer 5-3 por penales ante Independiente Rivadavia (2-2 en el tiempo regular), generó una onda expansiva de malas noticias en el fútbol de Primera División. Los perjudicados son los clubes que esperaban la consagración del «Bicho» para que se liberaran cupos en la clasificación a la próxima Copa Libertadores y Copa Sudamericana a través de la tabla anual.

El propio Argentinos es uno de los afectados, al perder la vía directa a la Libertadores. Ahora deberá focalizarse en sumar la máxima cantidad de puntos en sus dos partidos restantes para sostener el cuarto puesto de la tabla anual, que lo mantiene en la pelea por la Pre-Libertadores.

Para River Plate, que se beneficiaba de una posible eliminación de un competidor directo, el panorama también se tensa, pues debe seguir compitiendo con Argentinos por los puestos de vanguardia.

La situación es crítica para los equipos ubicados inmediatamente detrás. Clubes como Deportivo Riestra, San Lorenzo y Racing Club ven considerablemente reducidas sus aspiraciones de alcanzar un cupo en la Copa Libertadores. La victoria de Independiente Rivadavia les exige ahora depender exclusivamente de su rendimiento en las dos fechas que restan, sumado a la necesidad de que los equipos mejor ubicados no ganen el Clausura, para mantener una chance de acceder al repechaje de la Libertadores o asegurar su pase a la Sudamericana.

Finalmente, la eliminación de Argentinos complica también a la lista de perseguidores en la lucha por la Sudamericana, entre ellos Barracas Central, Tigre y Huracán. Para estos equipos, y para los más relegados como Estudiantes e Independiente, la esperanza ahora está depositada en un escenario alternativo: que Lanús se consagre campeón de la actual edición de la Copa Sudamericana. Este triunfo continental sería clave para generar un cupo extra de Libertadores, aliviando la presión en la tabla anual.

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Wanda Nara fue designada como autoridad de mesa para las elecciones legislativas 2025 y confirmó que cumplirá con su deber cívico. La mediática, conductora de MasterChef Celebrity (Telefe), compartió en sus redes sociales la notificación oficial en la que se la designa como presidenta de mesa, tachando sus datos personales por seguridad.

La confirmación se dio a conocer a través de sus historias de Instagram, donde mostró el documento que la convocaba para las elecciones del próximo domingo. En la publicación, acompañó la foto con un mensaje que anticipa que asistirá a votar cumpliendo con su responsabilidad cívica, junto a emojis alusivos a urnas de votación, cara de sorpresa y responsabilidad.

Revelan el apodo que le pusieron a Wanda Nara en la Selección

Wanda Nara no pudo disfrutar plenamente de su debut como conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) debido a las recientes polémicas que la rodean. La mediática fue acusada de enviar un mensaje a Enzo Fernández tras la victoria en el Mundial, un hecho que se viralizó rápidamente, aunque, según fuentes cercanas, las integrantes de la Selección ya estaban al tanto desde antes.

Según Ailén Bechara, esposa de un reconocido representante, Valentina Cervantes, pareja del futbolista, habría compartido la situación con las demás jugadoras durante una reunión. Rápidamente, las mujeres de la Selección le asignaron un apodo a la ex de Mauro Icardi: “Tatiana a la vista”, registrado en el chat que comparten las esposas.

Curiosamente, “Tatiana” es el nombre que Wanda Nara utilizó en el pasado para referirse a la China Suárez, a quien acusó de haber arruinado su familia y de mantener una relación con su marido. El escándalo sigue creciendo y afecta la imagen pública de Nara, aunque ella misma aclaró recientemente que muchas de las versiones difundidas son inventos de la prensa.

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Junio sigue ardiendo rojo en la memoria y, como cada año, una vez más diversas organizaciones realizarán una jornada político cultural en la Estación Darío y Maxi este miércoles 25 de junio de 16 a 21.30, al cumplirse 23 años de la Masacre de Avellaneda, en la que, el 26 de junio de 2002 los jóvenes militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki fueron asesinados por efectivos de la Policía Bonaerense, que ese día actuó bajo las órdenes del ex presidente Eduardo Duhalde. Una vez más, se seguirá reclamando juicio y castigo a los responsables políticos. Habrá paneles de debate, una asamblea transfeminista, olla popular, muraleadas, intervenciones culturales, feria autogestiva, muestra fotográfica, música en vivo y una transmisión en vivo de medios alternativos. Enterate de la grilla de actividades. Por ANRed.

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Compartimos la grilla de actividades

MIÉRCOLES 25 DE JUNIO: JORNADA CULTURAL EN LA ESTACIÓN DARÍO Y MAXI

16 HS: Apertura de las actividades.

16HS Anfiteatro de la Estación.

PANEL. Bloque 1: Criminalización de la protesta (La Ciega, Archivo Popular de la memoria, Polo Obrero, La Retaguardia).

PANEL. Bloque 2: La lucha sigue: Nuevas formas de resistencia. Anfiteatro de la Estación (Coordinadora de Jubiladxs, FPDS, El Orejano, FPDS CP, Coordinadora por el Cambio Social, Testimonio por Palestina, Trabajadorxs Hospital Garrahan, Asamblea por el Agua de Mendoza).

16 HS Salida de la Estación.Asamblea Transfeminista Plurinacional Piquetera.

16 HS:Patio y salida de la Estación.Comienzo de Corredor gráfico y Muraleadas.

17 HS:EscenarioTocarán: La Delio Valdez, Quinteto Negro La Boca, Javier Ortega y DJ Pharuk, Les Ñeris, Presidentes Muertos, Norma Aguirre-La Ferni-Mario Tassa.

18 HS: Hall de la EstaciónComienzo de Transmisión en vivo de Medios Alternativos. Antena Negra TV, FM La Tribu, Radio Zona Libre, La Chispa Prensa, Radionauta.

19 HS:Salida de la Estación.Olla Popular.

19:30:EscenarioActo Central junto a Familiares y Compas de Darío y Maxi, Organizaciones e invitadxs.

20:30:Escenario Homenaje a Vicente Zito Lema. Proyecciones de Daniel Malnati. Lecturas por Natalia Bericat.

21:30:Cierre de la Actividad.

23 Años. ¡Justicia por Darío y Maxi!

Memoria para luchar. Organización para vencer.

Las consignas de las jornadas serán #DarioyMaxi, #DarioyMaxipresentes, #MasacredeAvellaneda, #JunioArdeRojo y #EstacionDarioyMaxi.

Junio sigue ardiendo rojo en la memoria

Darío Santillán (21 años, de Quilmes) y Maximiliano Kosteki (22 años, de Guernica) fueron asesinados el 26 de junio de 2002 por policías durante una manifestación en el Puente Pueyrredón, en la localidad de Avellaneda, al sur del conurbano bonaerense. Un crimen que la Policía Bonaerense y el gobierno el entonces presidente Eduardo Duhalde intentaron ocultar, tergiversando los hechos para eludir su responsabilidad material y política. Estos dos crímenes de Estado provocaron una crisis política que apresuró la salida del gobierno del presidente interino Duhalde, quien convocó a elecciones a Presidente para el año siguiente.

En todos estos años, la lucha popular por conseguir que se castigue a los culpables materiales y políticos no cesó. Hasta el momento, solo fueron condenados quienes ejecutaron a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki: los exefectivos de la Policía Bonaerense Alfredo Fanchiotti (excomisario) y Alejandro Acosta (excabo), quienes fueron condenados a prisión perpetua.

Pero el año pasado, familiares y compañeros/as de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, junto a la abogada querellante y organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas, realizaron una conferencia de prensa para «dar a conocer el repudio a la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal N°3, a cargo del Juez Martín Andrea García Díaz, que ordenó liberar al Cabo Alejandro Acosta, uno de los asesinos de Darío y Maxi«.

«En este contexto, el poder judicial avanza con la libertad de Acosta para dar un claro mensaje: la represión policial tiene impunidad gracias al aval judicial, político y mediático. Un pacto con aires a obediencia debida y punto final», denunciaron en ese momento.

En este marco, este miércoles 25 de junio volverán a reclamar contra la impunidad de los autores materiales de la masacre y seguirán reclamando juicio y castigo a los responsables políticos.

Porque junio siempre arde rojo en la memoria.

 

 

Neuquén está impulsando una transformación profunda en su Sistema Público de Salud, con una inversión inédita que consolida una nueva etapa de jerarquización. Según los lineamientos del Plan Provincial de Salud 2024-2027, el objetivo ya no es solo recuperar capacidades básicas tras años de deterioro, sino avanzar hacia un sistema más moderno, tecnológico y accesible para toda la ciudadanía.

Los resultados comienzan a verse con claridad: el 71% de la población neuquina —más de 505 mil personas— se atiende en el sector público, lo que reafirma la decisión política del Estado provincial de priorizar la salud como un derecho.

Infraestructura moderna y una logística renovada

Una de las primeras metas fue revertir el deterioro edilicio y logístico. La administración ordenada de los recursos permitió mejorar instalaciones, renovar flotas y reforzar la atención en toda la provincia.

Entre los hitos más relevantes se destaca la incorporación de 110 vehículos nuevos, asegurando que todos los hospitales cuenten con unidades actualizadas. De ese total, 13 ambulancias clase A cuentan con tecnología de última generación y 2 ambulancias 4×4 permiten llegar a zonas cordilleranas o rurales de difícil acceso. Solo en 2025 se compraron 58 unidades, el doble que en los dos años previos.

En materia de obras, se completó el nuevo Hospital de Mariano Moreno, que reemplaza un edificio de los años 60, y se inauguró el primer Centro de Salud de Villa El Chocón, una inversión de 1.353 millones de pesos. Actualmente, hay 21.530 m² de infraestructura sanitaria en ejecución, fortaleciendo la red de atención primaria.

Alta complejidad: menos derivaciones y más capacidad local

La modernización del equipamiento permitió que el sistema provincial incorpore procedimientos que antes requerían derivaciones a otras provincias. Un ejemplo emblemático es el del Hospital Castro Rendón, que se posicionó como centro de referencia regional tras realizar con éxito una cirugía fetal para tratar un Síndrome de Transfusión Feto-Fetal severo, un hito inédito para la Patagonia.

Este salto en complejidad también está vinculado al fortalecimiento del capital humano, uno de los ejes centrales del plan sanitario.

Talento profesional y tecnología al servicio de la comunidad

La estrategia provincial apunta a consolidar equipos estables y especializados. En 2025 se incorporaron 107 nuevos médicos residentes, pero lo más destacable es la tasa de permanencia: el 95% de los 77 egresados decidió continuar su carrera en el sistema público neuquino. Esto garantiza recambio, especialización y continuidad en los servicios.

En paralelo, Neuquén avanza en la digitalización sanitaria. La plataforma miSalud Neuquén, basada en la Ley de Historia Unificada Digital, permite acceder a información clínica integrada entre los sectores público y privado, agilizando trámites, turnos y seguimiento de tratamientos.

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Una denuncia penal presentada por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) contra los jefes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) los acusa de abuso de autoridad por aprobar un Plan de Inteligencia Nacional que habilita tareas de espionaje sobre grupos vulnerables, actores sociales y voces críticas, en abierta violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Desarticular la protesta social a partir de la agudización de la crisis ecónomica y particularmente aplacar la resistencia en las provincias es uno de los principales objetivos luego de la aprobación de la Ley de Bases. Por ANRed.

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Hace unos días se filtro parte del Plan de inteligencia para el 2025 (PIN). Las denuncias se hicieron concretas a partir de la públicación de la Revista Crisis. El PIN, elaborado por la SIDE bajo la administración de Javier Milei, instala un esquema de vigilancia y control que apunta directamente contra voces disidentes, opositores políticos, movimientos sociales, ambientalistas, pueblos originarios, periodistas, sindicalistas y referentes opositores. Lejos de tratarse de un plan técnico o preventivo, el PIN operará como una herramienta política de persecución, basada en definiciones vagas y arbitrarias que habilitan el espionaje interno y la criminalización de la protesta.

Con el pretexto de proteger el “orden constitucional” o el “desarrollo de la infraestructura estratégica”, el gobierno utilizaría la inteligencia estatal para catalogar como amenazas a quienes cuestionen sus políticas.El plan incluso se atreve a identificar el “anarquismo” como forma de terrorismo, en un intento evidente de criminalizar. Detrás se guardan desafios que sabe el gobierno que enfrentará. Todavía están frescas las rebeliones del 2020 contra la instalación de la megaminería en Chubut y el Mendozazo en el 2019 a penas asumido Alberto. Incluso en Jujuy también una rebelión que duró varias semana hasta se realizó un acampe en el centro de CABA (El tercer malón de la paz) . También las jornadas de protesta en toda la costa bonaerense contra las petroleras offshore.

Hoy organismos de derechos humanos y actores sociales presentaron una denuncia penal contra las máximas autoridades de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, por abuso de autoridad. La acusación se centra en un Plan de Inteligencia Nacional y una orden secreta recientemente revelada, que habilitan a los servicios de inteligencia a vigilar y monitorear a grupos sociales, opositores, periodistas, académicos y ambientalistas bajo definiciones amplias y vagas. El plan amplía de forma riesgosa el concepto de terrorismo y legitima la persecución ideológica, incluyendo el espionaje sobre protestas y reclamos históricos. También apunta al seguimiento de conflictos socioambientales y a pueblos originarios. Todo esto contraviene la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, por lo que se exige una investigación judicial para determinar si ya se realizaron acciones ilegales y quiénes son los responsables.

El texto fue publicado hoy por el CELS:

«Denunciamos penalmente por abuso de autoridad a Sergio Neiffert, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y a Diego Kravetz, director general de Operaciones de la SIDE. La denuncia apunta a sus responsabilidades en la aprobación de un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y el dictado de una orden secreta que habilita a la SIDE a “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” de la Argentina y a actores que puedan capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local.

Una parte sustancial de las tareas de inteligencia, que son esencialmente secretas, estaría volcada a vigilar y caracterizar la conversación pública: lo que se dice y cómo se dice en medios y en redes sociales. Las opiniones comienzan a adquirir las características de una amenaza para el PIN cuando “promuevan la conflictividad” -una práctica de autoridades y grupos afines al gobierno, por otra parte- o cuando erosionen “la confianza” en las instituciones económicas o la reputación de empresas asentadas en el país.

La extensión de las tareas de inteligencia es enorme y tiene definiciones vagas. Pueden vigilar, según su plan, a “actores de interés”, “actores estratégicos”, “actores no estatales”, actores que tengan la capacidad de “manipular la percepción” de las personas, que promocionen la fragmentación social, sin una explicación de qué significan esos adjetivos y si tienen límites. La definición concreta y operativa queda en manos de los funcionarios de la SIDE: son quienes van a definir quiénes encarnan una amenaza. El PIN habilita la vigilancia secreta de la expresión política opositora en el espacio público, pero también de referentes sociales, economistas, periodistas, académicxs, artistas y cualquier voz crítica.

Todas estas actividades son abiertamente contrarias a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. Por eso en la denuncia pedimos, además de una serie de medidas de prueba para esclarecer estos hechos, que se determine si ya hubo acciones concretas basadas en la orden secreta y el PIN, para poder definir las responsabilidades penales.

El PIN contiene “Lineamientos Estratégicos” y “Objetivos Generales de Inteligencia”, del que se desprenden “Objetivos Particulares de Inteligencia” y de ellos “Necesidades de Inteligencia”.

Las Necesidades de Inteligencia del Objetivo Particular de Inteligencia 5 del Lineamiento Estratégico 3, por ejemplo, habilitan la vigilancia de actividades y expresiones políticas y sociales que consideren amenazas o en proceso de radicalización. Si nos remitimos a medidas o declaraciones de funcionarios para entender cuáles podrían ser esas amenazas podemos remontarnos al año pasado, cuando el gobierno usó ese tipo de calificativos para hablar de manera prejuiciosa y estigmatizante de manifestantes, de grupos anarquistas o antifascistas. El Objetivo Particular de Inteligencia 6 del mismo Lineamiento Estratégico apunta a los “potenciales impactos negativos en el desarrollo del sistema de Defensa Nacional” y allí los sospechosos podríamos ser los organismos de derechos humanos.

El PIN amplía el concepto de terrorismo de una forma muy peligrosa. Podrían quedar bajo vigilancia actividades y personas por su orientación ideológica o por sus reclamos históricos. El paraguas es tan amplio que habilitaría la vigilancia de manifestaciones públicas y de protestas que pudieran ser “oportunidad” para acciones terroristas. El plan identifica al “terrorismo anarquista” como blanco principal, lo que puede derivar en persecución ideológica: expresar ideas anarquistas sería suficiente para entrar en una lista de vigilancia.

El Plan de Inteligencia se enfoca también en seguir la conflictividad socioambiental y vigilar tanto al activismo ambientalista como a los pueblos indígenas –grupos que pretendan proteger patrimonios culturales y/o sagrados–. La mirada está puesta en situaciones y actores con capacidad de incidencia política o de obstruir proyectos extractivos, que puedan afectar la “extracción, transporte y/o comercialización” de recursos naturales estratégicos. También incorpora como objetivo el seguimiento de instancias internacionales –sistemas de protección de derechos, cooperación internacional pública y privada– que intervengan frente a “eventos climáticos extremos, la degradación del ecosistema y pérdida de biodiversidad”. Quienes promuevan acciones para evitar estas consecuencias de la matriz productiva extractivista son considerados actores “adversos al interés nacional”.

Aunque el Estado Nacional lo haya negado en un comunicado breve, está habilitando a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional a desplegar tareas de identificación, seguimiento, monitoreo, búsqueda, producción y acopio de información sobre personas y grupos por razones políticas. Es ilegal y tiene que rendir cuentas.»