La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina trabaja desde este martes en la limpieza y desobstrucción de las cañerías del sistema cloacal en un sector del loteo Ledda donde se produjo un desborde de líquidos cloacales.
Al respecto, el Secretario del área Francisco Lucero manifestó que en el lugar estuvieron el tractor con el carro desobstructor y una máquina retroexcavadora. “El personal procedió a retirar trapos y restos de escombros que no permitían el paso de los líquidos y había obstruido la cañería. Con el tractor se destaparon los caños y con la máquina retroexcavadora se estaba pasando por la calle para desagotar los líquidos en la vía pública”, explicó Lucero.
En este sentido, hay que destacar que el pasado 20 de enero se trabajó en la intersección de las calles Paulino Cantero y Lina Cordero, donde el camión atmosférico realizó una tarea similar y además procedió a desobstruir las cámaras en 6 viviendas.
Desde la Secretaría de Obras y Servicios se solicita a los vecinos no arrojar residuos que obstaculicen el funcionamiento del sistema de cloacas.
El Gobierno nacional modificó por Decreto de Necesidad y Urgencia la Ley de Migraciones e incorporó nuevas causales para impedir el ingreso, cancelar residencias y expulsar extranjeros del país. Bajo el argumento de combatir los «mensajes de odio» contra los argentinos y proteger los símbolos patrios, el DNU 681/2026 introduce conceptos amplios cuya interpretación queda en manos del Estado, abriendo interrogantes sobre sus alcances y el impacto que podría tener sobre la libertad de expresión y los derechos de la población migrante.
Por Ignacio Álvez Alcorta para NLI
El Gobierno amplía las causales para impedir el ingreso y expulsar extranjeros
Con el DNU 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el gobierno de Milei volvió a modificar la Ley de Migraciones Nº 25.871 mediante un decreto de necesidad y urgencia, profundizando el endurecimiento de la política migratoria iniciado meses atrás. La norma incorpora un nuevo inciso al artículo 29 de la ley, que establece las causales para impedir el ingreso al país, y otro al artículo 62, referido a la cancelación de residencias ya otorgadas. A partir de ahora, podrán rechazarse solicitudes de ingreso o dejar sin efecto residencias cuando el Estado considere que un extranjero incurrió en determinadas conductas vinculadas con discursos de odio o actos contra los símbolos nacionales.
El nuevo texto establece que no podrán ingresar ni permanecer en la Argentina quienes hayan dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, quienes inciten a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano argentino por motivos de nacionalidad, quienes participen en actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales o quienes inciten a cometer cualquiera de esas acciones. Paralelamente, el decreto modifica el artículo 63 para establecer que la cancelación de la residencia por estas nuevas causales podrá derivar en la obligación de abandonar el país o directamente en la expulsión, según determine la autoridad migratoria.
Conceptos abiertos que dejan amplios márgenes de interpretación
Aunque el decreto incorpora una cláusula que aclara que no podrán considerarse comprendidas las expresiones de disenso ideológico ni la crítica política, académica o ciudadana, la redacción deja numerosos interrogantes abiertos que probablemente terminarán siendo objeto de discusión judicial.
El primero de ellos es que la norma no define qué constituye exactamente un «mensaje de odio». No se establecen parámetros objetivos ni se remite a una tipificación penal específica. Tampoco se determina qué características debe reunir una manifestación para ser considerada incitación a la violencia contra los argentinos. Esa ausencia de definiciones deja un margen de interpretación muy amplio para la Dirección Nacional de Migraciones y, eventualmente, para los tribunales.
Otro aspecto que permanece en una verdadera nebulosa jurídica es el concepto de «ultraje a los símbolos patrios». El decreto no enumera conductas concretas ni explica si el ultraje debe encontrarse previamente acreditado mediante una sentencia judicial o si bastará con una valoración administrativa. No queda claro, por ejemplo, si una intervención artística, una protesta pública, una performance, la quema de una bandera o una publicación en redes sociales podrían ser consideradas comprendidas dentro de esa figura, ya que el texto evita cualquier precisión.
La misma incertidumbre aparece respecto de la prueba. El DNU no explica quién determinará que una persona emitió mensajes de odio ni cuál será el estándar probatorio exigido. Tampoco establece si será necesaria una condena penal previa, una resolución judicial, un expediente administrativo o simplemente informes elaborados por organismos estatales. En consecuencia, queda abierta la discusión sobre cuáles serán las garantías de defensa para los extranjeros alcanzados por la medida.
Entre la libertad de expresión y las facultades discrecionales del Estado
El propio decreto intenta anticiparse a esas objeciones al sostener que la medida no afecta la libertad de expresión, ya que excluye expresamente el disenso ideológico y la crítica política. Sin embargo, la delimitación entre una crítica protegida constitucionalmente y un supuesto mensaje de odio aparece como uno de los puntos más delicados de toda la reforma.
La dificultad radica en que la decisión sobre dónde termina una opinión política y dónde comienza una conducta que habilite la expulsión quedará inicialmente en manos de la administración pública. Esa amplitud interpretativa podría derivar en cuestionamientos sobre el alcance de las facultades discrecionales del Estado y sobre el respeto de los principios de legalidad y seguridad jurídica.
A ello se suma que la norma tampoco distingue si los hechos deben haber ocurrido dentro del territorio argentino o en el extranjero. La redacción permitiría, en principio, considerar publicaciones realizadas fuera del país o manifestaciones efectuadas años antes del ingreso, sin que el decreto establezca límites temporales ni criterios para valorar la gravedad de cada caso.
Una nueva vuelta de tuerca en la política migratoria de Milei
La modificación se inscribe dentro del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración libertaria durante el último año. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el Ejecutivo avanzó mediante distintos decretos sobre el régimen migratorio, restringiendo derechos y ampliando las facultades de la Dirección Nacional de Migraciones, una estrategia que ya generó presentaciones judiciales y cuestionamientos por parte de organismos especializados en derechos humanos y asociaciones de migrantes.
Con el DNU 681/2026, el Gobierno vuelve a recurrir al mecanismo del decreto para introducir modificaciones en una ley sancionada por el Congreso. Más allá del argumento oficial de proteger a los argentinos frente a expresiones violentas o discriminatorias, la incorporación de conceptos jurídicos abiertos y la ausencia de precisiones sobre su aplicación concreta anticipan un escenario de fuerte debate constitucional. El verdadero alcance de estas nuevas facultades dependerá, probablemente, de cómo las aplique la autoridad migratoria y de las decisiones que adopten los tribunales cuando comiencen a llegar los primeros casos.
El Intendente Marcelo Orazi recibió el lunes a la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro, Betiana Minor, ocasión en la que se anunció la incorporación de 5 nuevas cámaras de monitoreo en la ciudad. Con este objetivo, en las próximas semanas se llevará a cabo un relevamiento para definir los puntos…
La idealización monetaria del dólar traduce nuestra dependencia socio-económica. Necesitamos de un gran Otro Tirano que, al igual que lo religioso, nos mate y nos «salve». ¿Carrera de galgos o de caballos? No, carrera entre el dólar y el peso… Es obvio como viene esa competición… Ya no solo le sacó un cuerpo el dólar…
Ingresa en su segmento final el 37° Campeonato Patagónico de Karting. Un certamen que este domingo desarrollará la 7° fecha del calendario en el Kartódromo AKARS de Rincón de Los Sauces (Nqn), lo que significará la segunda visita al trazado en el presente año. Cinco serán las categorías presentes, en las que se registran regresos…
El basquet nacional necesitaba una «buena» para empezar a recuperarse de la triste noticia del retiro de Emanuel Ginóbili y salir del luto. Esa buena llegó ayer de la mano de «Las Gigantes» que empoderadas con buen juego y actitud ganaron el sudamericano de basquet femenino realizado en Tujan Colombia, y lo hicieron con varios condimentos…
Patricia Bullrich intenta descongelar la agenda parlamentaria que el gobierno pretende imponer en el Senado pero, entre sus choques con Victoria Villarruel y sus peleas contra Karina Milei, deambula casi en soledad por los pasillos del Congreso.
Este martes la jefa de la bancada libertaria se reunió con la Vicepresidenta a solas, con el objetivo de desescalar la confrontación, para aceitar el funcionamiento legislativo. «Patricia fue a poner la cara, sabe que lo que hizo fue una locura», explicó un integrante de LLA en referencia a las capturas de pantalla que Bullrich filtró al grupo de WhatsApp oficialista, donde también están incorporados Karina Milei y Lule Menem, con la discusión por chat que mantuvo con Villarruel.
Fuentes al tanto de la conversación, comentaron que la ex ministra siguió negando que la filtración a la prensa hubiese sido obra suya pero la confianza entre la legisladora y Villarruel está rota. «¿Qué le va a decir Villarruel? ¿’Sí, Patricia, después te escribo’? Si acaba de hacer públicos los chats, ¿cómo hacés para confiar y contestar cualquier comentario?», argumentaron.
Tal vez por eso, Bullrich busca desesperadamente que el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, vaya al Senado para explicarles a los integrantes del bloque libertario detalles del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo capítulo sobre extranjerización de tierras ya fue reescrito 15 veces. El problema es que los legisladores están de receso y hay apenas un puñado que podría asistir o enviar a sus asesores para escuchar a los funcionarios del gabinete de Javier Milei.
En efecto, la jefa de bloque podría incluso sufrir el vacío de sus propios colegas libertarios. «No es una reunión importante, van a estar Patricia, Sturze y nuestros asesores», minimizó un senador.
LPO informó el jueves pasado que Bullrich ventiló las diferencias con el ministro por la resistencia del gobierno a incluir en el articulado la facultad para que las provincias sancionen su propio régimen para la enajenación de tierras. Desde el entorno de Sturzenegger, consideran que sería inconstitucional, fundamento que discute la ex ministra.
Karina decidió que el proyecto de Inocencia Fiscal ingrese por Diputados, en lugar del Senado, desautorizando a Patricia y empoderanso a Menem.
La explicación del oficialismo en el Senado para que Bullrich invite a Sturzenegger a defender su proyecto ante los legisladores de Milei desconoce que ese debió ser el primer paso, acaso antes de dictaminar la iniciativa en comisión. «Que vengan a explicarlo ellos, es su proyecto», dijo un senador.
En ese contexto, Karina decidió que el proyecto de Inocencia Fiscal ingrese por Diputados, en lugar de tratarse primero en la Cámara Alta. La definición supone una desautorización a Patricia y un empoderamiento de Martín Menem, que goza de la confianza de la hermana presidencial.
Si bien la Constitución establece que un proyecto de contenido tributario debe iniciar su trámite por Diputados, los libertarios ya recurrieron en otras ocasiones al Senado como cámara de origen pese a que el dictamen en debate incluía artículos dedicados a cuestiones fiscales. El caso más resonante fue el de la reforma laboral, que incluía un paquete fiscal.
Como sea, la hoja de ruta libertaria indicaba hasta el cierre de esta nota que la próxima sesión podría ser el 6 de agosto, fecha en que buscarían llevar al recinto la ley de Sturzenegger.
Difunde esta nota
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
