La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina trabaja desde este martes en la limpieza y desobstrucción de las cañerías del sistema cloacal en un sector del loteo Ledda donde se produjo un desborde de líquidos cloacales.
Al respecto, el Secretario del área Francisco Lucero manifestó que en el lugar estuvieron el tractor con el carro desobstructor y una máquina retroexcavadora. “El personal procedió a retirar trapos y restos de escombros que no permitían el paso de los líquidos y había obstruido la cañería. Con el tractor se destaparon los caños y con la máquina retroexcavadora se estaba pasando por la calle para desagotar los líquidos en la vía pública”, explicó Lucero.
En este sentido, hay que destacar que el pasado 20 de enero se trabajó en la intersección de las calles Paulino Cantero y Lina Cordero, donde el camión atmosférico realizó una tarea similar y además procedió a desobstruir las cámaras en 6 viviendas.
Desde la Secretaría de Obras y Servicios se solicita a los vecinos no arrojar residuos que obstaculicen el funcionamiento del sistema de cloacas.
El gobierno libertario pone cada vez más restricciones.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El paquete de resoluciones publicado este miércoles por el Ministerio de Seguridad Nacional en el Boletín Oficial volvió a dejar expuesta una orientación política cada vez más definida del gobierno de Javier Milei: ampliar mecanismos de vigilancia, reforzar restricciones administrativas y consolidar herramientas de control preventivo sobre la vida social. Detrás de medidas que en apariencia aparecen fragmentadas —estadios, bases de datos, restricciones de concurrencia y sistemas federales de información— se perfila una arquitectura estatal donde el concepto de “seguridad” empieza a extenderse mucho más allá del delito consumado.
La resolución más significativa del día fue la ampliación del programa Tribuna Segura, un sistema que originalmente había sido presentado para controlar el ingreso de barras bravas y personas con antecedentes violentos en espectáculos deportivos. La nueva normativa incorpora ahora la posibilidad de aplicar restricciones vinculadas a incumplimientos civiles, como los registros de deudores alimentarios, y profundiza el uso de mecanismos administrativos para impedir accesos sin necesidad de condenas penales firmes.
Detrás de la narrativa oficial sobre “orden” y “protección”, lo que aparece es otra cosa: el avance de un esquema de prevención estatal basado en el monitoreo permanente y la ampliación de facultades discrecionales del Ejecutivo. El cambio no es solamente operativo. Es político.
De la protesta social al control de conductas
Desde la implementación del protocolo antipiquetes, el Gobierno viene construyendo una lógica donde la protesta social dejó de ser tratada como un fenómeno político para pasar a encuadrarse dentro de la órbita de la seguridad interior. El corrimiento conceptual fue gradual, pero constante.
Las resoluciones publicadas este 13 de mayo profundizan ese camino. En los fundamentos administrativos del nuevo esquema de Tribuna Segura aparecen referencias a controles preventivos sobre manifestaciones y concentraciones públicas, consolidando la idea de que el Estado debe intervenir antes de que exista delito alguno.
No se trata solamente de impedir hechos violentos en una cancha. Se trata de construir herramientas permanentes de identificación, seguimiento y restricción de circulación aplicables a distintos ámbitos de la vida pública.
Ese punto es central porque modifica el paradigma histórico de actuación estatal. El foco ya no está únicamente en castigar delitos comprobados, sino en administrar riesgos potenciales mediante bases de datos, controles cruzados y sanciones preventivas.
Bases de datos, vigilancia y centralización
Otra de las resoluciones relevantes del día fue la vinculada al SIFCOP, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales. Aunque presentada como una actualización técnica y administrativa, la medida refuerza la centralización de información criminal, pedidos de captura, secuestros y alertas judiciales entre fuerzas federales y provinciales.
En términos prácticos, el Ministerio sigue avanzando en la integración nacional de sistemas de vigilancia e identificación. La interoperabilidad de datos permite acelerar operativos y controles, pero también incrementa el poder estatal sobre la circulación de información sensible de millones de personas.
El argumento oficial es la eficiencia. La discusión política, en cambio, pasa por otro lado: qué controles institucionales existen sobre estas herramientas y hasta dónde puede expandirse su utilización.
La preocupación no es abstracta. En los últimos meses el Gobierno ya había endurecido políticas sobre protestas, operativos callejeros y control de movilizaciones, en un contexto social marcado por despidos, ajuste económico y creciente conflictividad.
El orden como narrativa de gobierno
Las medidas difundidas este miércoles también revelan otro aspecto central del modelo Milei: el uso político de la seguridad como construcción discursiva. Deudores alimentarios impedidos de ingresar a estadios, barrabravas bloqueados, presos sin celulares y sistemas federales de monitoreo son decisiones diseñadas para generar impacto mediático inmediato y construir una narrativa de autoridad estatal.
La lógica es clara: instalar la idea de un Gobierno que “pone orden” frente a una sociedad presentada como caótica o fuera de control.
Pero detrás de esa construcción comunicacional aparece una tendencia más profunda y persistente: la expansión de mecanismos administrativos que permiten restringir derechos y movimientos sin intervención judicial plena ni condena firme.
La discusión de fondo recién empieza. Porque mientras el Gobierno presenta estas herramientas como medidas de seguridad modernas y eficientes, crecen las advertencias sobre el riesgo de consolidar un modelo de vigilancia permanente donde cada vez más aspectos de la vida social quedan bajo monitoreo estatal.
Mauricio Macri se entusiasma con el armado de un polo de derecha que contenga a los heridos de La Libertad Avanza como Guillermo Francos, Ramiro Marra y Diana Mondino y le dispute el voto a Javier Milei.
«A prepararse porque viene el próximo paso», dijo el líder del PRO el viernes en Mendoza, en un acto de relanzamiento del partido en el que habló como opositor al gobierno. La novedad fue la aparición de Gabriela Michetti, que estaba retirada de la política desde que dejó la vicepresidencia en diciembre de 2019.
Macri resucitó a su ex compañera de fórmula tanto en la Ciudad como en la Nación para molestar a Milei. Michetti fue la única vicepresidenta del siglo XXI que no le trajo problemas al presidente. Un contraste feroz con Victoria Villarruel, otro de los objetivos de Macri para un polo de derecha en 2027.
«Sacamos a pasear a los fantasmas», dijo a LPO un dirigente del PRO porteño. Clarín adelantó que Macri le pidió a Michetti que lo acompañe durante las giras por las provincias. «Es clave que se tire un poco a la derecha y ya tenemos el outsider que no encontraba Mauricio», dijeron a LPO en el partido amarillo.
Además de Michetti, Macri quiere pasar la ambulancia para recolectar los heridos de La Libertad Avanza, que se acumulan cada mes por obra y gracia de Karina Milei.
Macri terminó en muy buenos términos con Guillermo Francos, el ex jefe de gabinete que se fue mal del gobierno de Milei y ya filtró sus intenciones de ser candidato a gobernador bonaerense.
En el PRO ya hablan de tentar a Diana Mondino, la ex canciller de Milei que se fue tan mal del gobierno, que lo acusó de «corrupto o estúpido» por el caso Libra. Mondino puede ser candidata en Córdoba, la provincia donde Milei arrasó pero empezó a caer y ya es superado en las encuestas por el gobernador peronista Martín Llaryora.
‘Sacamos a pasear a los fantasmas’, dijo a LPO un dirigente del PRO porteño
Ramiro Marra fue uno de los inventores de La Libertad Avanza y si bien nunca se peleó con Milei, fue expulsado del espacio por la propia Karina.
Marra fue candidato en la Ciudad, pero también tiene domicilio en la provincia, si la opción Francos no camina. El dueño de Bull Market pasa el fin de semana en el Conurbano porque necesita un poco de verde para su perro rescatado. Sus colaboradores le reclaman que está obsesionado con la mascota.
Si juega en provincia, Marra puede restar votos libertarios desencantados con Sebastián Pareja, enemigo de Las Fuerzas del Cielo, que es preferido de Karina por encima de Diego Santilli, que para otros funcionarios del gobierno es el candidato natural a gobernador bonaerense.
La pelea entre las huestes de Santiago Caputo y Pareja no es menor. Es un enfrentamiento que escala semana a semana y que ya tuvo peleas de puño de por medio. Este fin de semana, Ramón «Nene» Vera filtró que hará una «Choripaneada por la Libertad» para provocar a los chicos del cielo, que lo acusan de kirchnerista.
El 19 de octubre es el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mamas, éste mes es denominado el “mes rosa” y la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC) invita a pintarse de rosa a todas las instituciones, comercios, edificios y monumentos públicos de todo el país para unirse a ésta causa. Y…
Durante dos días, la Feria ReEmprender se vistió de rojo en su edición especial de ‘Carnaval del amor’. Las casitas de los artesanos, en la Plaza Primeros Pobladores, se convirtieron en el paseo de los reginenses que pudieron observar el trabajo de emprendedores y artesanos. A esta posibilidad, se sumó durante el domingo la caminata…
Una vez más, la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina solicita la colaboración de los vecinos para no depositar en los Puntos Limpios ubicados en distintos sectores de la ciudad residuos para los cuales no están habilitados. Al respecto, recuerda que en estos contenedores se depositan, por separado: papel…
La fiscalía rechazó el pedido de medida cautelar presentado por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad que pretendía suspender de manera inmediata el avance de la licitación de la Vía Navegable Troncal, el plan del gobierno nacional para privatizar el dragado y señalización de la Hidrovía.
La organización, representada por Jonatan Baldiviezo, había solicitado que se ordene a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación frenar todo acto de avance, consolidación o ejecución de la Licitación Pública Nacional e Internacional N°1/2025, justo antes de la apertura de las ofertas económicas prevista para este martes.
El pedido estaba basado en el informe elaborado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), donde se advertían presuntas irregularidades en el procedimiento licitatorio, entre ellas deficiencias ambientales, restricciones a oferentes, cuestionamientos sobre la audiencia pública y problemas en distintas cláusulas del pliego.
Sin embargo, el fiscal explicó que el expediente actual «se ciñe» a investigar una posible deuda de la ex Administración General de Puertos con la empresa Compañía Sudamericana de Dragados y un supuesto direccionamiento vinculado a una licitación anterior, correspondiente al año 2024.
El fiscal explicó que el expediente actual «se ciñe» a investigar una posible deuda de la ex Administración General de Puertos con la empresa Compañía Sudamericana de Dragados y un supuesto direccionamiento vinculado a una licitación anterior, correspondiente al año 2024
Por ese motivo, consideró que el informe de la PIA sobre la licitación 2025 «no encuentra correspondencia con la investigación que aquí se lleva adelante» en relación a esta compulsa y remarcó que ese no es donde debe discutirse el planteo de la ONG.
Además, el fiscal cuestionó la fuerte repercusión mediática que tuvo el informe de la PIA. «Tampoco resulta comprensible la inusitada difusión y trascendencia que los medios periodísticos otorgaron al mencionado informe», sostuvo en el dictamen refiriendo a una nota publicada por La Nación el 15 de mayo. Según indicó, el documento todavía no había sido incorporado al sistema informático cuando comenzó a circular públicamente.
El Ministerio Público también concluyó que no estaban acreditados los requisitos legales necesarios para frenar el proceso licitatorio mediante una cautelar contra el Estado. En ese sentido, afirmó que no se logró demostrar ni la «verosimilitud del derecho invocado» ni la existencia de una «manifiesta arbitrariedad» por parte de la administración pública.
Tampoco consideró probado un «peligro concreto, actual e inminente» que justificara suspender la licitación antes de una sentencia definitiva.
En el dictamen (ver abajo) también se recordó que la misma organización ya había impulsado una acción similar en los tribunales federales de Santa Fe, donde también fueron rechazadas medidas cautelares para intentar detener el proceso de privatización de la Hidrovía.
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