La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina trabaja desde este martes en la limpieza y desobstrucción de las cañerías del sistema cloacal en un sector del loteo Ledda donde se produjo un desborde de líquidos cloacales.
Al respecto, el Secretario del área Francisco Lucero manifestó que en el lugar estuvieron el tractor con el carro desobstructor y una máquina retroexcavadora. “El personal procedió a retirar trapos y restos de escombros que no permitían el paso de los líquidos y había obstruido la cañería. Con el tractor se destaparon los caños y con la máquina retroexcavadora se estaba pasando por la calle para desagotar los líquidos en la vía pública”, explicó Lucero.
En este sentido, hay que destacar que el pasado 20 de enero se trabajó en la intersección de las calles Paulino Cantero y Lina Cordero, donde el camión atmosférico realizó una tarea similar y además procedió a desobstruir las cámaras en 6 viviendas.
Desde la Secretaría de Obras y Servicios se solicita a los vecinos no arrojar residuos que obstaculicen el funcionamiento del sistema de cloacas.
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina invita a la presentación de la Filarmónica de Río Negro este sábado 10 de julio a las 19 horas en el cine teatro Círculo Italiano. La Orquesta de la Secretaría de Estado de Cultura de Río Negro contará con la presencia de Clara Parodi como…
El flamante fiscal General de Córdoba, Carlos Lezcano, dijo en una reunión reservada que «la batalla contra el narcotráfico sabemos que no la vamos a ganar, pero la tenemos que dar de todas maneras». Aunque la frase no quedó registrada, importantes funcionarios del Gobierno provincial la confirmaron a LPO y señalaron que Martín Llaryora fue puesto al tanto de inmediato.
Es que Lezcano la pronunció en el lanzamiento de la Mesa Provincial de Análisis de Narcocriminalidad, un mega organismo consultivo que coordina el Ministerio de Justicia, pero del que participan desde la DAIA hasta la Universidad Nacional de Córdoba.
Por ser fiscal General, Lezcano comanda la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), un grupo de elite creado por José Manuel de la Sota e integrado por policías y ex militares que tiene un presupuesto anual de 38 mil millones de pesos (con 80 millones de pesos de gastos reservados).
El fuero especial antinarco es una de las grandes apuestas de Llaryora: creó nuevas fiscalías en todo el territorio y desplegó nuevas delegaciones de la FPA en el interior provincial. «Menos mal que cuando Lezcano dijo esa barbaridad no estaba el gobernador; no sé cómo hubiera terminado esa reunión», dijo uno de los testigos directos de la polémica frase del flamante jefe de los fiscales cordobeses.
Menos mal que cuando Lezcano dijo esa barbaridad no estaba el gobernador; no sé cómo hubiera terminado esa reunión
Como sea, Llaryora movió las fichas y cercó a Lezcano: primero, bloqueó la mayoría de las designaciones que quería hacer para conformar su equipo de trabajo. Así, colocó al dirigente del PJ Capital Justo Casado en la dirección general del Ministerio Público Fiscal y al histórico técnico Julio Comello en la dirección de Administración de la Fiscalía General. Además de los fondos para el funcionamiento de la fuerza antinarco, el Ministerio Público Fiscal tiene un presupuesto de 704.500 millones de pesos.
«Lo designaron fiscal general por descarte, hizo todo mal y quedó rodeado: duró dos semanas en el ejercicio real del poder», dijo un fiscal que lee la política tribunalicia. El fiscal General tiene un mandato de cinco años (y puede continuar otro período igual), por lo que uno de sus principales desafíos es sostener la voz de mando hasta el final. Sobre todo porque sus fiscales generales adjuntos son vitalicios.
En este caso, Lezcano está rodeado de leones que responden a distintas tribus del peronismo. Héctor David fue ministro de José Manuel de la Sota; José Gómez Demmel representa al schiarettismo puro y Alejandro Pérez Moreno es parte del entramado de abogados de confianza de Martín Llaryora.
Como contó LPO, Lezcano fue militante del PJ y llegó a montar un estudio jurídico con Luis Juez, cuando el ahora libertario era líder de la JP Capital. Aunque se distanciaron en 2003, cuando Juez decidió enfrentar al delasotismo y Lezcano llegó sorpresivamente a ser juez de Control, los puentes entre ambos se mantuvieron. El caso emblemático fue el de Walter Montenegro, que integró el gabinete de Juez en la Municipalidad de Córdoba y a quien Lezcano quiso ubicar como mano derecha en la Fiscalía General. A él también lo bloqueó Llaryora.
El fiscal que analiza los movimientos en el serpentario judicial recurre a la metáfora maradoniana: «Se les ‘escapó la tortura'», dice respecto del flojo análisis de CV que se hizo en el Gobierno provincial al momento de impulsar a Lezcano.
La Municipalidad de Villa Regina y el Movimiento Evita informan que el viernes 21 y sábado 22 de 10 a 16 horas estarán en la ciudad los camiones de salud comunitaria para atención oftalmológica y odontológica. Los mismos se ubicarán en el predio del polideportivo Cumelen. Se otorgarán aproximadamente 120 turnos diarios en oftalmología y…
Si algo le faltaba a este bendito país para estar un poco más cerca del apocalipsis era una final de copa libertadores entre los dos clubes más trascendentes del país. Y como es sudamérica (y Argentina) es lógico que lo programado por la entidad superior del fútbol se modifique. Que éste día no se juega,…
Estas son las frases salientes del intendente de Villa Regina Dr. Marcelo Orazi expresadas en la reciente conferencia de prensa brindada por el Comité de Crisis en el Municipio reginense. «Ratificamos algunas medidas de protección, como la obligatoriedad del barbijo en la vía pública y dentro de los comercios» «La intención del municipio es que…
El Gobierno consolida mecanismos para que el sistema financiero cobre primero.
Por Roque Pérez para NLI
El Gobierno nacional oficializó este jueves un nuevo esquema de descuentos automáticos sobre salarios estatales mediante el Decreto 352/2026 publicado hoy, una medida presentada como una “modernización administrativa” pero que, en los hechos, profundiza un fenómeno cada vez más visible en la Argentina de Milei: la financierización extrema del ingreso de los trabajadores públicos.
El mecanismo habilita a bancos, mutuales, cooperativas y otras entidades autorizadas a cobrar créditos, cuotas y consumos directamente desde el recibo de sueldo de empleados estatales nacionales. Es decir: el dinero puede ser retenido antes incluso de que el trabajador vea depositado su salario. En un país donde la caída del poder adquisitivo empuja a millones a endeudarse para sobrevivir, el Estado pasa a convertirse en garante directo del negocio financiero.
La medida aparece en un contexto económico particularmente delicado. Con salarios públicos deteriorados por la inflación, recortes presupuestarios y pérdida sostenida del consumo, el endeudamiento dejó de ser una herramienta excepcional para transformarse en una condición estructural de supervivencia. Tarjetas, préstamos personales, refinanciaciones y créditos de corto plazo son hoy parte del paisaje cotidiano de amplios sectores asalariados.
En ese escenario, el decreto funciona como una señal política clara: en lugar de discutir recomposición salarial o recuperación del ingreso, el Gobierno consolida mecanismos para que el sistema financiero cobre primero.
Un Estado al servicio del cobro automático
El decreto reglamenta un sistema de “códigos de descuento” aplicable a trabajadores de la Administración Pública Nacional. La lógica parece técnica, pero sus consecuencias son profundamente políticas. Cuanto más automatizado y garantizado es el cobro de préstamos y cuotas, menor es el riesgo para financieras y entidades crediticias.
Y cuando el riesgo baja, el negocio crece.
El sistema de descuento por haberes es especialmente codiciado por bancos y mutuales porque reduce casi a cero la posibilidad de incobrabilidad. No importa si el trabajador llega ajustado a fin de mes: la cuota se descuenta antes. El acreedor cobra primero; el asalariado administra lo que queda.
La paradoja es brutal. Mientras el Gobierno sostiene un discurso de “libertad económica” y retiro estatal, el aparato público se transforma en una estructura de aseguramiento para el circuito financiero privado.
En otras palabras: el Estado se corre de áreas sociales, pero permanece firme cuando se trata de garantizar el flujo de pagos hacia bancos y entidades de crédito.
Salarios débiles, deuda fuerte
La financierización del salario no es nueva en Argentina, pero sí adquiere una intensidad particular en esta etapa. La combinación entre caída de ingresos, apertura económica, tarifazos y recesión genera un terreno ideal para la expansión del crédito de supervivencia.
Ya no se toma deuda para crecer o invertir. Se toma deuda para comer, pagar servicios o llegar al día 20.
En ese marco, el decreto oficializa una lógica preocupante: asumir que el endeudamiento permanente del trabajador estatal es un dato normal del funcionamiento económico. La discusión deja de ser cómo mejorar salarios y pasa a ser cómo hacer más eficiente el cobro de las cuotas.
El problema no es solamente económico. También es político y social. Un trabajador altamente endeudado tiene menos margen de conflicto, menos capacidad de organización y mayor dependencia del ingreso mensual. El salario deja de ser una herramienta de autonomía para convertirse en un flujo parcialmente comprometido de antemano.
El trasfondo silencioso del modelo Milei
La medida encaja además con una dinámica más amplia del modelo económico actual: licuación salarial, retracción del consumo y expansión de mecanismos financieros de corto plazo.
En medio de una economía paralizada, muchas entidades encuentran en el descuento automático sobre haberes uno de los pocos negocios relativamente seguros. Y el Gobierno parece decidido a fortalecer ese esquema.
Detrás del lenguaje administrativo del decreto aparece una definición de fondo: frente a una sociedad crecientemente endeudada, el Estado ya no interviene para limitar la dependencia financiera sino para facilitarla.
Porque cuando el salario no alcanza, la deuda deja de ser una excepción. Y cuando el Estado garantiza el cobro de esa deuda, la precariedad económica se institucionaliza.
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