La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina trabaja desde este martes en la limpieza y desobstrucción de las cañerías del sistema cloacal en un sector del loteo Ledda donde se produjo un desborde de líquidos cloacales.
Al respecto, el Secretario del área Francisco Lucero manifestó que en el lugar estuvieron el tractor con el carro desobstructor y una máquina retroexcavadora. “El personal procedió a retirar trapos y restos de escombros que no permitían el paso de los líquidos y había obstruido la cañería. Con el tractor se destaparon los caños y con la máquina retroexcavadora se estaba pasando por la calle para desagotar los líquidos en la vía pública”, explicó Lucero.
En este sentido, hay que destacar que el pasado 20 de enero se trabajó en la intersección de las calles Paulino Cantero y Lina Cordero, donde el camión atmosférico realizó una tarea similar y además procedió a desobstruir las cámaras en 6 viviendas.
Desde la Secretaría de Obras y Servicios se solicita a los vecinos no arrojar residuos que obstaculicen el funcionamiento del sistema de cloacas.
El RA-10, proyecto iniciado en 2010 durante el gobierno de Cristina Kirchner, entra en su etapa final y podría transformar la producción argentina de radioisótopos para medicina nuclear.
Por Ignacia Fratelint para NLI
Un proyecto científico que comenzó hace 16 años, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, está entrando finalmente en su etapa decisiva. El Reactor Argentino Multipropósito RA-10, una de las mayores apuestas tecnológicas de la historia reciente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), alcanzó un 96% de avance en su montaje y el Gobierno confirmó que antes de fin de 2026 comenzará el proceso de puesta en marcha, con el objetivo de completarlo durante los primeros meses de 2027. Detrás de esa obra hay una infraestructura destinada a producir radioisótopos para medicina nuclear, desarrollar tecnología para la industria y la ciencia y, potencialmente, convertir a la Argentina en uno de los principales proveedores internacionales de estos insumos estratégicos.
El dato político y temporal es importante porque el RA-10 no nació durante la actual administración ni fue concebido como respuesta a una necesidad coyuntural. El proyecto comenzó en 2010, cuando la CNEA inició el diseño de un nuevo reactor multipropósito destinado fundamentalmente a ampliar la producción nacional de radioisótopos. En aquel momento gobernaba Cristina Fernández de Kirchner y la Argentina atravesaba una etapa de fuerte impulso a la ciencia, la tecnología y el desarrollo de capacidades nucleares nacionales. Cuatro años después, en 2014, la Autoridad Regulatoria Nuclear otorgó la licencia de construcción y en marzo de 2016 comenzó la obra civil en el Centro Atómico Ezeiza.
Lo que está ocurriendo ahora, por lo tanto, es el cierre de un ciclo iniciado mucho antes. El reactor atravesó diferentes administraciones, etapas presupuestarias, modificaciones y períodos de distinto ritmo de ejecución hasta llegar al estado actual, en el que la obra civil ya está terminada y se realizan los ensayos preoperacionales necesarios para comprobar que todos sus sistemas funcionen de acuerdo con los parámetros previstos. La propia CNEA informa que el diseño demandó más de un millón de horas-hombre y más de 10.000 documentos técnicos, una dimensión que permite comprender que no se trata simplemente de levantar una construcción, sino de desarrollar y ensamblar una infraestructura tecnológica extremadamente compleja.
De un proyecto de 2010 a una herramienta contra la dependencia sanitaria
El RA-10 no es una central eléctrica. Es un reactor multipropósito de investigación y producción de 30 megavatios, diseñado para aprovechar los neutrones generados por la fisión nuclear en aplicaciones médicas, científicas e industriales. Una de sus funciones centrales será fabricar radioisótopos utilizados en medicina nuclear, entre ellos molibdeno-99, del que se obtiene tecnecio-99m, ampliamente utilizado para realizar estudios de diagnóstico por imágenes. También producirá lutecio-177, utilizado en terapias oncológicas dirigidas, e iridio-192, empleado tanto en medicina como en aplicaciones industriales.
La importancia de esta capacidad aparece con claridad cuando se observa cómo funciona actualmente el mercado internacional. La propia documentación de la CNEA señala que la provisión mundial de molibdeno-99 está fuertemente concentrada y que cinco empresas dominan más del 80% de la producción, mientras buena parte de los reactores utilizados para obtenerlo tienen más de tres décadas de operación. Las fallas y paradas de esas instalaciones pueden generar episodios de escasez que afectan directamente a los sistemas de salud que dependen de estos radioisótopos. Argentina logró históricamente sostener su abastecimiento mediante el reactor RA-3 de Ezeiza, pero ese reactor ya tiene más de 40 años, de modo que el RA-10 fue concebido precisamente para garantizar y ampliar esa capacidad en el futuro.
Ahí aparece una de las dimensiones menos visibles del proyecto: la soberanía sanitaria también depende de capacidades tecnológicas que casi nunca aparecen en las discusiones cotidianas sobre salud pública. Un hospital puede contar con médicos especializados y equipos de diagnóstico de última generación, pero determinados procedimientos requieren radioisótopos cuya producción depende de instalaciones nucleares altamente sofisticadas. Tener la posibilidad de producirlos localmente significa reducir la vulnerabilidad frente a interrupciones internacionales y, al mismo tiempo, construir una capacidad científica que puede proyectarse hacia otros países.
Las cifras proyectadas son particularmente importantes. El RA-10 podrá producir hasta 3.000 curies de molibdeno-99 por semana, una cantidad que la CNEA estima equivalente a aproximadamente una cuarta parte de la demanda mundial; también tendrá capacidad para producir hasta 6.000 curies mensuales de lutecio-177 y hasta 20.000 curies mensuales de iridio-192 medicinal. La capacidad prevista supera las necesidades internas proyectadas, por lo que el reactor fue pensado desde su origen no solamente como una herramienta para garantizar el abastecimiento argentino, sino también como una plataforma capaz de exportar productos de alto valor tecnológico.
La etapa que falta y el debate sobre la inversión privada
El anuncio realizado esta semana introduce, sin embargo, una nueva discusión. El Gobierno confirmó que la puesta en marcha del reactor comenzará antes de fin de año, pero también explicó que para transformar la producción del RA-10 en una actividad comercial a gran escala será necesaria una planta asociada destinada a procesar los materiales irradiados y obtener los radioisótopos. Para financiar su construcción y desarrollar las actividades productivas y comerciales vinculadas con ella, la Secretaría de Asuntos Nucleares anunció un esquema que permitirá incorporar capital privado. El Estado conservará la conducción de la política nuclear y las funciones regulatorias, de seguridad y fiscalización.
Es precisamente allí donde aparece una cuestión que merece discusión más allá de las posiciones políticas coyunturales. El RA-10 es producto de una acumulación de conocimiento científico y tecnológico desarrollada durante décadas por instituciones públicas, particularmente la CNEA, y cuenta además con la participación de INVAP en la gestión y los servicios especializados de ingeniería. Que una empresa privada participe posteriormente en la explotación comercial no borra ese origen, pero sí obliga a preguntarse de qué manera se distribuirá el valor generado por una tecnología que fue concebida, investigada y desarrollada con una fuerte participación estatal. La cuestión no es menor si el reactor efectivamente logra posicionar a la Argentina en un mercado internacional de altas barreras tecnológicas.
La propia historia del proyecto ofrece, además, una respuesta frente a la idea de que las políticas científicas pueden medirse únicamente por resultados inmediatos. Desde el comienzo del RA-10 hasta su puesta en marcha habrán transcurrido alrededor de 17 años, atravesados por distintos gobiernos, ciclos económicos y decisiones presupuestarias. La construcción de capacidades estratégicas requiere precisamente esa mirada de largo plazo: un reactor nuclear no se diseña ni se construye en cuatro años, y tampoco se puede reemplazar de manera rápida el conocimiento acumulado por equipos científicos, ingenieros, técnicos y trabajadores especializados. El RA-10 es, en ese sentido, también una muestra de cuánto tiempo puede demandar convertir una decisión de política científica en una infraestructura operativa.
El reactor tampoco se limitará a la medicina. Entre sus capacidades figura la producción de silicio dopado mediante transmutación neutrónica, un insumo utilizado para fabricar semiconductores de alta potencia destinados a sistemas eléctricos, transporte, energías renovables y otras aplicaciones industriales. También podrá realizar irradiación y ensayos de materiales y análisis por activación neutrónica para investigación y desarrollo. Es decir, detrás de los radioisótopos que pueden terminar en un hospital existe una plataforma tecnológica mucho más amplia, capaz de vincular salud, industria, ciencia y formación de profesionales.
El RA-10 llega así a su última etapa con una historia que permite mirar mucho más allá del anuncio de su futura inauguración. Fue concebido en 2010, comenzó a construirse en 2016 y ahora, en 2026, está a las puertas de su puesta en marcha, después de atravesar más de una década y media de desarrollo. La actual administración puede reivindicar haber llevado el proyecto hasta su fase final y tiene por delante la responsabilidad de ponerlo efectivamente en funcionamiento, pero la tecnología que está a punto de comenzar a operar pertenece a una trayectoria mucho más larga, en la que participaron sucesivos gobiernos, científicos, técnicos e instituciones del Estado argentino.
Si todo el proceso culmina como está previsto, la Argentina tendrá una nueva herramienta para producir medicamentos e insumos esenciales para la medicina nuclear, reducir su dependencia de proveedores externos, abastecer a sus hospitales y competir en un mercado internacional de altísima especialización. Esa posibilidad es, quizás, la dimensión más importante de una obra que durante años permaneció lejos de los grandes titulares. El reactor que comenzó a pensarse durante el gobierno de Cristina Kirchner está finalmente a punto de entrar en servicio, y su verdadero resultado no se medirá solamente por la inauguración de una instalación científica, sino por la capacidad de transformar ese conocimiento acumulado en salud, tecnología, industria y soberanía para las próximas décadas.
La pérdida de los salarios frente a la inflación hizo que 1,7 millones de personas cayeran en la pobreza durante el primer semestre de 2026. La combinación de baja de ingresos y aumento de la canasta básica provocó un incremento de la cantidad de pobres.
Los salarios que más crecieron en el último año fueron los informales. En promedio, un asalariado informal gana la mitad de lo que gana un asalariado formal.
Si se toman en cuenta las cuatro ramas que son las mayores empleadoras del país, comercio, construcción, industria y alojamiento y servicios de comidas, representan al 40 y el 45% de los ocupados con sueldos entre 680 y 825 mil pesos por mes.
Ese monto cubre apenas entre 49% y 59% de la Canasta Básica Total de un hogar tipo, y equivale a entre 51% y 60% de lo que gana un asalariado formal en la misma rama, que cubre entre 83% y 111% de esa canasta.
Los asalariados formales del sector privado cayeron 2,9%, mientras que en el sector público perdieron 2,6%, según calcularon Mariana Sosa, Eduardo Chávez Molina y José Rodríguez de la Fuente del Grupo de estudios sobre desigualdad y movilidad social de la UBA-IGG.
El sector privado no registrado, en cambio, los salarios subieron 19,5%, pero no alcanzaron para compensar el derrumbe públicos y formales.
La última medición del INDEC, del segundo semestre de 2025, había dado un 28,2% de pobres. El nuevo índice estaría entre el 31 y el 32%.
Según publicó Clarín, para Agustín Salvia, del Observatorio de la UCA, si actualizara la composición de las canastas en base a la Encuesta de Hogares 2017/18 (en lugar de la 2004/05 que se aplica actualmente), la pobreza treparía a 38 o 39%.
En medio de las alertas que crecen por el impacto que podrían acarrear las fuertes lluvias previstas para los próximos meses, la diputada provincial Silvina Vaccarezza acusó a Toto Caputo de poner «en la timba financiera» más de 354 mil millones de pesos que se deberían destinar a obras hidráulicas.
Tras un pedido de Acceso a la Información Pública, la legisladora alineada a Emilio Monzó reveló que la gran mayoría del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (303.370 millones) está colocado en Letras del Tesoro Nacional.
Además del grueso de los recursos que se redirigieron a bonos, Vaccarezza expuso que 47,2 millones están inmovilizados en un Plazo Fijo Tradicional Reserva Liquidez y los 50.779 millones restantes a la vista en cuenta.
Vaccarezza sostuvo que el único programa económico del Gobierno es «el de la especulación financiera» y que la prioridad del ministro Caputo «nunca fue la producción ni la inversión productiva».
«Mientras esos recursos permanecen en instrumentos financieros, en el territorio las necesidades siguen siendo urgentes», sostuvo la diputada.
Y agregó: «Los productores miran al cielo preocupados por las lluvias, los caminos rurales necesitan obras y nuestros pueblos y ciudades siguen esperando infraestructura para prevenir inundaciones. Y, para colmo, las obras del río Salado están paralizadas».
Vaccarezza sostuvo que el único programa económico del Gobierno es «el de la especulación financiera» y que la prioridad del ministro Caputo «nunca fue la producción ni la inversión productiva».
«¿Hasta cuándo van a seguir usando como caja los fondos que tienen un destino específico?», preguntó.
El impacto del fenómeno climatolóigico denominado «Súper Niño» genera alertas en la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Axel Kicillof anunció la creación de mesas de acción coordinadas entre la Provincia y los 135 municipios, a la par de una serie de obras de infraestructura.
Más allá de eso, en el campo la preocupación es extrema, más aún con el antecedente del año pasado, cuando numerosas hectáreas del noroeste bonaerense se inundaron y el Gobierno, vía Patricia Bullrich, anunció con 9 meses de demora una asistencia de 1.900 millones a repartir en 20 distritos, anuncio que fue digerido por los productores como «una tomada de pelo».
En la provincia de Río Negro entre 2005 y 2011, se contó con la vigencia de la llamada «ley anticianuro» 3981/05 que prohibía el uso de mercurio y de cianuro en el proceso de extracción, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos. Esta ley fue el resultado de un proceso que implicó la lucha del pueblo…
Una vez más, como cada día de la semana el Barrio Santa Rita de la localidad de Villa Regina se encuentra sometido a la indiferencia de un vecino aserradero del barrio. Muy cerca se encuentra una institución deportiva a la que concurren jóvenes de todas las edades de diferentes puntos de la región. Aquí las…
La Dirección de Acción Social junto a la Dirección de Medio Ambiente, llevaron a cabo varias capacitaciones para las empleadas provenientes del Hogar Municipal “La Esperanza” en el aula virtual del Punto Digital, situada en calle Libertad 25 de nuestra ciudad. Con el fin de un mejor rendimiento en sus tareas diarias, las formaciones se…
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