El empresario Guillermo Tofoni violó un off the record de manera insólita luego de revelar que entregó a los medios «en mano» el material para la investigación sobre el desvío de fondos de la AFA a cuentas fantasma.
La Nación reveló el domingo que la asociación que preside Claudio «Chiqui» Tapia estaba siendo investigada en EEUU por movimientos de fondos a sociedades fantasmas por 42 millones de dólares a la empresa TourProdenter LLC de Javier Faroni, un empresario de espectáculos que pertenece al Frente Renovador.
Tofoni es el impulsor de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) que está vinculado estrechamente a la diputada Juliana Santillán y tiene el aval de Daniel Scioli y Javier Milei para avanzar contra Tapia.
La AFA salió a defenderse tras la investigación y acusó a Tofoni de mover la causa en los medios pese a que el proceso judicial fue rechazado tanto en Estados Unidos como en Argentina.
Con una honestidad brutal, el propio Tofoni se encargó de confirmar las acusaciones de la AFA en su contra y expuso a los periodistas de una manera negligente.
«Días pasados entregué en mano al periodista @nicolaspizzi el resultado de una apertura de documentos que solicité a la Justicia de los EE.UU en el marco de una demanda en curso en la Argentina. Con la convicción moral y ética de aportar claridad y transparencia a la prensa arg», tuiteó Tofoni.
La AFA informó esta semana que la causa que mueve Tofoni ya fue rechazada tanto en la justicia argentina como la estadounidense: «han tenido plena oportunidad de evaluar el vínculo contractual entre las partes, concluyendo que el mismo se encuentra debidamente ajustado a derecho», dijo la asociación en un comunicado.
«Lejos de aceptar esos pronunciamientos, en los últimos días han vuelto a difundirse publicaciones que, sin realizar las mínimas verificaciones ni investigaciones correspondientes, hablan de supuestas irregularidades en la administración de los fondos de la AFA en el exterior, en particular en los Estados Unidos. Dichas afirmaciones, presentadas como ‘investigaciones’, tienen, en rigor, una ÚNICA fuente: viejas presentaciones judiciales impulsadas por el Sr. Guillermo Tofoni, replicadas en distintos ámbitos internacionales luego de los reiterados fracasos obtenidos en sede judicial, recicladas una y otra vez, ahora amplificadas sin mayor análisis por algunos medios», dice el comunicado de AFA.
La Directora de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina Katerina Iogna se reunió esta mañana con integrantes de la Mesa de Turismo Rural. En el encuentro se realizó un balance de las actividades desarrolladas durante el verano y se planificaron las propuestas para llevar adelante en lo que resta del año. Entre otros temas…
El ciclo ‘Mostrá tu talento’ que lleva adelante la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina en la biblioteca al aire libre de la Isla 58 ha tenido una gran recepción durante los domingos de verano. La propuesta está destinada a quienes cantan o tocan instrumentos y que no se dedican profesionalmente a…
Cuando LPO reveló que Toto Caputo y Santiago Bausili sacaron del país las reservas de oro del Banco Central, en un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario.
El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen dónde está el oro y qué tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quién lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro.
En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la «administración» de la reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. «La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado», sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado.
En efecto, hace más de un año, el líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo preguntando si efectivamente envió lingotes de oro al exterior, cuántos, en qué fechas, con qué destino y bajo qué condiciones, tal como reveló LPO en ese momento.
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que «había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas», sin precisar monto, destino ni motivo concreto.
La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo.
El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras. La falta de transparencia no es solo un problema para analistas curiosos.
LPO reveló en exclusiva que la Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es «confidencial» y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos.
La cuestión adquiere otro matiz cuando se mira el contexto internacional: el precio del oro alcanzó niveles récord y ronda los USD 4.400 la onza. Ese aumento de precio actúa como un salvavidas contable para las reservas del país. Aunque las reservas líquidas, las que realmente se pueden utilizar para pagar importaciones o deuda están hundidas, el aumento del valor del oro hace que el deterioro no sea aún peor.
Según estimaciones de analistas de LCG, las reservas netas reales del BCRA podrían estar en torno a USD 18.000 millones negativos, un rojo espeluznante que sería aun peor si el oro de alto precio no estuviese amortiguando parcialmente la caída.
La paradoja es que los lingotes están en destino desconocido y aun así siguen computando como reservas en los balances oficiales. Pero so se sabe si esas onzas están depositadas en el Banco de Londres o Basilea -como trascendió en su momento- y si están aportando rendimiento o fueron depositadas como garantía para obtener financiamiento en dólares.
A esa nebulosa se suma la crítica política. Diversos referentes de la oposición y ex funcionarios, como Martín Redrado, exigieron al BCRA mayor transparencia sobre el manejo del oro y cuestionaron que la entidad evada explicar que hizo con ese activo.
Como sea, la pregunta sigue flotando en el aire: ¿dónde está el oro de la Argentina? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Bausili.
Aunque suene a leyenda rural o a cuento de terror, Argentina es el único país del mundo que conserva una ley nacional vigente inspirada en el miedo popular a los hombres lobo. Mientras en Europa las supersticiones quedaron en tradiciones olvidadas, acá se transformaron en norma escrita, con firma presidencial y todo.
Por Alcides Blanco para NLI
Una superstición que llegó al Boletín Oficial
Durante siglos, en amplias zonas de Europa y América Latina circuló la creencia de que el séptimo hijo varón estaba condenado a convertirse en hombre lobo. En el Río de la Plata, esa figura adoptó nombre propio: el lobizón, una criatura nocturna, maldita y temida, que supuestamente atacaba ganado y personas durante las noches de luna llena.
Ese miedo no era solo simbólico. En comunidades rurales, los séptimos hijos eran marginados, estigmatizados e incluso amenazados, todo por una superstición heredada de la colonización europea y mezclada con mitos guaraníes. El problema no era el monstruo: era la violencia social que generaba el mito.
De la leyenda al Estado
Para frenar esa persecución silenciosa, en 1974 se sancionó la Ley 20.843, conocida como Ley de Padrinazgo Presidencial. La norma establece que el Presidente de la Nación debe apadrinar al séptimo hijo varón o séptima hija mujer, otorgándole reconocimiento oficial y beneficios materiales.
El mensaje era claro: si el Estado reconoce al niño, no hay maldición posible. La ley no menciona hombres lobo, pero su origen está directamente ligado al intento de neutralizar el miedo al lobizón. Fue una forma institucional de combatir la superstición sin nombrarla.
Desde entonces, miles de chicos fueron apadrinados por presidentes argentinos, recibiendo medallas, diplomas y becas. Una política pública nacida del folclore, algo impensado en otros países.
Del mito rural al Congreso Nacional
Lejos de haber surgido de la nada, la Ley 20.843 tiene antecedentes concretos y documentados en la historia argentina. El primer caso registrado de padrinazgo presidencial se remonta a 1907, cuando un matrimonio de inmigrantes alemanes del Volga radicados en Coronel Pringles solicitó al entonces presidente José Figueroa Alcorta que apadrinara a su séptimo hijo varón, siguiendo una tradición heredada de la Rusia zarista, donde se creía que ese nacimiento estaba ligado a la maldición del hombre lobo. El pedido fue aceptado y sentó un precedente informal que se repitió durante décadas. Recién en 1974, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, esa práctica fue llevada al plano institucional: el Congreso sancionó la norma que obliga al Presidente de la Nación a asumir el padrinazgo del séptimo hijo varón o séptima hija mujer. El fundamento oficial no hablaba de monstruos ni supersticiones, pero sí de protección social, integración y educación, en un contexto donde el Estado buscaba evitar la discriminación y la violencia simbólica que todavía pesaban sobre estos nacimientos. Así, una creencia popular que había generado miedo y exclusión terminó transformándose en política pública escrita en el Boletín Oficial.
En Francia y Bélgica, existieron tradiciones similares de padrinazgo del séptimo hijo, pero nunca se consolidaron como leyes modernas y permanentes. En Italia, Portugal o Rumania, los hombres lobo —lupo mannaro, lobisomem, vârcolac— formaron parte del imaginario popular, pero la respuesta fue religiosa o comunitaria, no estatal.
En algunos casos, la Iglesia promovía bautismos urgentes; en otros, las autoridades intentaban erradicar las supersticiones. Ningún país llevó el mito al nivel de una ley nacional vigente, como sí ocurrió en Argentina.
Una rareza jurídica con raíz popular
Lo que distingue al caso argentino no es la creencia, sino la decisión política de legislar contra el daño social de la superstición. Sin discursos racionalistas ni campañas educativas, el Estado eligió una solución pragmática: dar protección oficial a quienes podían ser víctimas del mito.
Así, Argentina terminó siendo —al menos en los papeles— el país más seguro del mundo para nacer en luna llena siendo el séptimo hijo. No porque crea en hombres lobo, sino porque decidió enfrentar una superstición con herramientas institucionales.
Una ley insólita, sí. Pero también un recordatorio de que el folclore, cuando se mezcla con el miedo, puede convertirse en un problema político real.
Empieza a levantar la temperatura, se acerca la primavera, toma mayor protagonismo el turismo en la costa atlántica y el pintoresco balneario de Las Grutas aparece como destino. La villa tiene mucho más que ofrecer que sus hermosas playas paradisiacas de aguas templadas. Como todas las primaveras el Avistaje de Fauna Marina es el foco…
Marco Lavagna escala la guerra con Daniel Scioli y volvió a publicar datos que dejan muy mal parado al ex candidato presidencial.
El informe del INDEC marca que en noviembre ingresaron 2,7% de turistas menos que el año pasado y salieron 763 mil, un 15,3% más que en noviembre de 2024.
Como contó LPO, Scioli está enojado porque los números que publica el INDEC no le gustan. Por eso dejará de financiar los operativos del INDEC que sirven para medir cuántos turistas entran y salen del país y cuánto dinero gastan en la Argentina.
Antes de romper, Scioli puso en duda la metodología de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).
Si bien desde el INDEC anunciaron que seguirán publicando las cifras de turismo, explicaron que lo harán con un «esquema reducido».
Marco Lavagna informó que los turistas que llegaron a la Argentina gastaron 324 millones de dólares, mientras que los viajes al exterior se comieron 550 millones de dólares del Banco Central, un rojo de 226 millones de dólares que conspira contra la intención de Toto Caputo de sumar reservas.
«En noviembre de 2025, ingresaron 795,3 miles de visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país, de los cuales 491,4 miles fueron turistas y 303,9 miles fueron excursionistas», escribieron en el INDEC.
Las salidas al exterior incluyeron a 1.271,4 miles de visitantes residentes por todas las vías internacionales, de los cuales 763,8 miles fueron turistas y 507,6 miles fueron excursionistas.
