Susto en Boca: bomberos apagaron un incendio en la Bombonera

Susto en Boca: bomberos apagaron un incendio en la Bombonera

 

Una situación inesperada generó alarma en La Bombonera la mañana siguiente al Superclásico, que terminó con victoria de Boca. Personal de Bomberos debió acudir de urgencia al estadio debido a un foco de fuego que se desató en la segunda bandeja Sur del recinto.

El incendio se originó en los restos de papel picado utilizados por el recibimiento de la hinchada local durante la jornada del domingo. Según informaron fuentes de emergencia, la causa más probable del incidente fue un cigarrillo encendido arrojado sobre los residuos que permanecían acumulados en esa sección del estadio.

Afortunadamente, la rápida intervención del personal de bomberos permitió controlar la situación de inmediato, evitando la propagación de las llamas y cualquier daño estructural. El suceso no pasó a mayores ni se reportaron heridos, quedando solo como una anécdota de un descuido post-Superclásico.

The post Susto en Boca: bomberos apagaron un incendio en la Bombonera first appeared on Alerta Digital.

 

Difunde esta nota

Publicaciones Similares

  • Ignora a Elon Musk y préstale atención a Russell Vought

     

    Elon Musk fue expulsado de la Casa Blanca de Trump. Su comportamiento errático y sus payasadas lo convirtieron en un blanco fácil para los medios de comunicación. Pero Musk siempre estuvo llevando a cabo la agenda del autor del Proyecto 2025, Russell Vought, que sigue teniendo mucho poder. Por Branko Marcetic |Traducción: Pedro Perucca (Jacobinlat) .


    l abandonar oficialmente la Casa Blanca, Elon Musk se quejó repetidamente de que él y su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) se convirtieron en el «chivo expiatorio» de la administración, absorbiendo la culpa y la indignación por casi todo lo que hicieron el presidente y su equipo que no le gustó a la gente. Lo curioso es que esta es una de las pocas veces que el multimillonario de Tesla tiene razón en algo.

    Durante los últimos cinco meses, Musk fue una bolsa de boxeo muy útil para los demócratas, la izquierda en general, la prensa y cualquiera que quisiera dañar políticamente a la segunda administración Trump. ¿Y quién puede culparlos? Su extraño comportamiento, su flagrante corrupción y su antipatía general eran perfectos para generar clics y compartidos, por no hablar de que lo convertían en un blanco fácil para los críticos de Trump que buscaban vincular al presidente a un barco que se hunde, lo que tuvo consecuencias políticas reales para la administración.

    Así que no es de extrañar que, incluso mientras los medios de comunicación publican artículos en los que se hace un balance de la etapa de Musk en el Gobierno, la cobertura esté salpicada de sugerencias de que no se va de verdad y que seguirá ejerciendo influencia sobre la Casa Blanca de Trump desde afuera, por lo que será responsable de lo que esta haga a partir de ahora. Sin duda, esto será al menos en parte cierto, y el público parece estar de acuerdo. Pero intentar mantener el foco de atención en un Musk que ya se marchó puede que no sea tan eficaz políticamente como esperan los críticos, y se corre el riesgo de no comprender lo que realmente está sucediendo en la Casa Blanca de Trump.

    La realidad es que, aunque Musk era y sigue siendo un conveniente contrapunto político, incluso cuando estaba en el meollo de la acción en la Casa Blanca, solo hacía el trabajo sucio y práctico de otra persona: Russell Vought, el arquitecto del Proyecto 2025 y director de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) de Trump.

    Cualquiera que desee pedirle cuentas a la administración Trump, por no hablar de intentar comprender lo que quieren hacer quienes la dirigen, debe dejar de centrarse en el multimillonario y fijar su atención en Vought. Si la política estadounidense fuera Kill Bill, Musk y su equipo DOGE serían los secuaces extravagantes y pintorescos con los que la Novia pasa la mayor parte de su tiempo y energía, mientras el anónimo Bill espera, impasible, y dirige los hilos desde salas oscuras alejadas de la acción.

    Cambiar el foco de atención a Vought será complicado, porque pasó este primer semestre de máxima indignación por los recortes a DOGE trabajando en silencio y fuera de la vista, porque es mucho menos mediático y menos propenso a generar clics y audiencias que el escandaloso Musk, y en general es una figura menos errática y más entrenada para los medios de comunicación, por lo que no es probable que cree el mismo conjunto de dolores de cabeza políticos para la Casa Blanca. Pero, aparte del propio presidente, él es la fuerza motriz de la agenda de Trump, y ahora va a empezar a actuar como tal.

    El Wall Street Journal informó hace ya un mes que, con Musk fuera de juego, Vought se convertirá ahora en el arquitecto oficial del programa de austeridad de Trump, trabajando con el Congreso para realizar más recortes y obtener la aprobación legislativa de algunos de los ya realizados bajo Musk, al tiempo que recorre los medios de comunicación para vendérselos al público. El domingo pasado, Vought estuvo en la CNN defendiendo los recortes y otras partes de la agenda de la Casa Blanca.

    Pero no es que antes estuviera de brazos cruzados. Vought fue, incluso antes de ser nombrado para un cargo en el Gobierno, el responsable de la desastrosa orden ejecutiva de Trump de enero que suspendía todas las subvenciones federales, que la Casa Blanca se vio obligada a revocar rápidamente. Toda la teoría jurídica y el enfoque en que se basa el DOGE —por la que que el presidente de los Estados Unidos puede simplemente negarse a gastar el dinero que el Congreso ya autorizó para diversos organismos y programas, y puede desmantelarlos o eliminarlos por completo a su antojo— proviene de Vought, que ha estado muy estrechamente involucrado en los recortes del DOGE desde su mismo inicio. En su conjunto, el segundo mandato de Trump siguió muy de cerca el Proyecto 2025, el plan político en cuya elaboración Vought desempeñó un papel fundamental. Y él mismo admitió el año pasado a unos periodistas encubiertos que seguiría influyendo en la política de Trump desde fuera del Gobierno, incluso si no se le concedía un cargo en la Casa Blanca.

    Si se analizan los presupuestos y las políticas que Vought redactó y defendió mientras trabajaba en el Congreso o como activista, se comprueba rápidamente que los recortes atribuidos a Musk se habrían producido de una forma u otra mientras Vought estuviera en la Casa Blanca. A lo largo de los años, se manifestó a favor de privatizar el Servicio Postal de Estados Unidos y derogar el Obamacare, así como de recortar o eliminar el Departamento de Educación, Medicaid, USAID, la radiodifusión pública, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Autoridad Federal de Aviación y muchos más.

    También ayuda a ver hacia dónde es probable que se dirija la administración Trump en el futuro. Vought lleva mucho tiempo teniendo en su punto de mira a grandes prestaciones sociales como la Seguridad Social (que quiere privatizar) y Medicare, y hace dos años reconoció abiertamente que su objetivo es utilizar la actual oleada de recortes para acostumbrar al público a la idea, de modo que en algún momento se pueda atacar a estos grandes programas que antes eran «intocables».

    Pero esto es precisamente por lo que Vought podría, de hecho, convertirse para Trump en un lastre político tan grande como lo fue Musk: solo se necesitarían críticas sustantivas y bien dirigidas, menos propicias para los titulares sensacionalistas que las que suscitó Musk. Hasta ahora, eso no sucedió.

    La prensa liberal tendió a presentar a Vought como un temible «nacionalista cristiano», un término que no significa mucho para el ciudadano medio y que incluso puede resultar atractivo para un público que sigue siendo mayoritariamente cristiano y que, como cualquier población, considera que su propio interés nacional es su máxima prioridad. Mientras tanto, en su entrevista dominical con el director de la OMB, la periodista de la CNN Dana Bash, dedicó mucho tiempo al tema de la teoría de Vought sobre la «incautación» y su constitucionalidad, un tema jurídico importante pero arcano que probablemente no resulte muy interesante para muchos.

    Lo que es acertado y constituye una línea de crítica más eficaz es que la ideología de Vought —un fanatismo militante y antigubernamental que le lleva a considerar como completamente ilegítima la inversión pública en infraestructura y a querer eliminar o vender al mejor postor prácticamente todos los programas gubernamentales, desde Medicaid hasta la NASA— es ajena y poco atractiva para la mayoría de los estadounidenses modernos, incluida la propia base obrera de Trump, y que los perjudicará, a ellos y a sus seres queridos. Una mayoría récord de estadounidenses, la más grande en treinta años, ahora quiere que el gobierno haga más para resolver los problemas del país, no que haga menos o que apenas exista, como sueña Vought.

    Si se conoce la historia de Vought, se sabe que toda su carrera estuvo definida por el hecho de que sus objetivos políticos resultaron tan tóxicos para los estadounidenses de a pie, incluyendo a los votantes republicanos, que nunca pudieron promulgarse democráticamente. La gran queja de Vought es que cada vez que redactaba un presupuesto que eliminaba la asistencia sanitaria para la gente y disolvía la mitad del Gobierno (excepto el Pentágono, por supuesto), nunca se aprobaba, porque los miembros republicanos del Congreso que apoyaban de palabra su ideología antigubernamental se echaban atrás cuando al darse cuenta de que sus electores los destrozarían si se atrevían a ponerla en práctica.

    Esto es lo que finalmente llevó a Vought a Trump. Vought declaró abiertamente que tanto el consenso político estadounidense como la opinión jurídica mayoritaria están tan lejos de su visión antigubernamental y que la única forma de hacerla realidad es tomar medidas radicales y sin precedentes, como confiarle a un presidente todopoderoso la tarea de desmantelar por sí solo el gobierno federal y declararle la guerra a los demás poderes si se interponen en su camino. Esto es asombrosamente antidemocrático, pero también es antidemocrático por necesidad, en tanto está al servicio de una agenda política que resultaría repulsiva para la mayoría de los estadounidenses si estuvieran debidamente informados al respecto.

    De hecho, ya lo demostró: basta con ver la furiosa reacción pública a la suspensión de las subvenciones impulsada por Vought, que obligó a los miembros republicanos del Congreso a presionar a la Casa Blanca para que la revocara, o la ira que los republicanos están expresando en los ayuntamientos por el avance de presupuestos que diezman Medicaid, siguiendo el modelo trazado por Vought.

    La salida de Musk debería ser una oportunidad para volver a centrar la atención en Vought, que logró pasar bastante desapercibido durante los últimos cinco meses gracias a la búsqueda de atención del multimillonario de Tesla. Puede que Vought no sea un personaje tan pintoresco, pero si el público supiera con precisión lo que cree y planea hacer, quedaría igual de perturbado por su influencia en la Casa Blanca.

     

     

    Difunde esta nota
  • Feria de Agricultura Urbana: más de 70 huerteros impulsaron la producción local

     

    La feria de la Agricultura Urbana Neuquina reunió a más de 70 huerteras/os de distintas localidades de la provincia, junto a más de 40 emprendimientos comunitarios vinculados a la producción de alimentos, cosmética natural y productos herbales.

    La iniciativa fue organizada por el Programa de Desarrollo Agroalimentario (PRODA), y la Subsecretaría de Producción, dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria, con el objetivo de fortalecer la economía social, promover la soberanía alimentaria y visibilizar el trabajo de los productores urbanos.

    El evento se desarrolló durante dos jornadas en el Parque Central y el Paseo de la Costa de la ciudad de Neuquén, donde se comercializaron más de 5.000 unidades de productos, alcanzando una recaudación superior a los 10 millones de pesos.

    La feria se vivió en un ambiente de intercambio y aprendizaje, con una amplia participación de vecinos y vecinas que se acercaron a conocer los proyectos, adquirir plantines y compartir experiencias sobre cultivo y producción sustentable. La propuesta incluyó la participación de huertas terapéuticas, proyectos de inclusión y productores locales que, mediante la agroecología, impulsan prácticas sostenibles y comunitarias.

    Producción local y semillas propias

    En esta edición se sumaron emprendedoras y emprendedores de la Sala de Elaboración de Agroalimentos de Centenario “La Celina”, una sala municipal, de uso comunitario en donde vecinos y vecinas de la localidad elaboran conservas dulces, escabeches, salsas y pastas con producción de la localidad.

    Los productos abarcaron plantines hortícolas, aromáticas, florales, ornamentales, cactus y suculentas. Entre los más buscados se destacaron los de tomates, pimientos, ajíes y zapallos, muchos de ellos producidos a partir de semillas locales cultivadas y conservadas por las huerteras, que año a año reproducen variedades propias y adaptadas a la zona.

    Entre los plantines más vendidos se destacaron los de tomates, pimientos, ajíes y zapallos, incluyendo variedades poco comunes o recuperadas a partir de semillas propias cultivadas y conservadas por las huerteras y huerteros urbanos. Esta diversidad genética y cultural representa una parte fundamental de la agricultura urbana agroecológica, que promueve la preservación de semillas locales y saberes populares sobre el cuidado, el cultivo y el uso de las plantas.

    La feria fue vivida como un espacio de encuentro, intercambio y construcción colectiva, tanto entre quienes producen como con las personas que se acercaron a buscar y comprar plantines, conocer los proyectos o hacer consultas sobre cómo comenzar y manejar sus propias huertas en casa. Se estima que más de mil personas circularon por ambos espacios, en el Parque Central y en el Paseo de la Costa, generando un clima de cercanía, diálogo y aprendizaje compartido.

    Una feria con espíritu solidario e inclusivo

    Una de las huerteras contó “volvimos con las bandejas vacías, super contentas. Fue un éxito total”. Además, otra emprendedora resumió: “cada venta era una emoción. Ver a las chicas animarse a charlar con la gente y gestionar su dinero es algo que no tiene precio”.

    Más allá de los resultados económicos, la experiencia reafirmó el valor social, educativo y comunitario que tienen las ferias como instancias de comercialización y visibilización de la agricultura urbana, pero también como instancias de organización, de aprendizaje colectivo y de fortalecimiento de las economías familiares.

    Los grupos participantes no sólo se prepararon para producir, sino también para organizarse colectivamente, acordar precios, proyectar estrategias de venta y aprender sobre los distintos aspectos que hacen al proceso productivo y comercial desde la economía social y solidaria.

    “Fue un espacio muy lindo, nos reencontramos con huerteras conocidas y conocimos a nuevas huerteras”, expresó una participante. “Gracias al equipo del PRODA por el acompañamiento constante, por hacerlo con amor y compromiso. Estos espacios nos fortalecen y nos enseñan a seguir creciendo”.

    Las opiniones recogidas tras la feria coincidieron en destacar la organización, el acompañamiento técnico y humano de los equipos, el clima de camaradería y la alegría del encuentro.

    Inclusión de personas con discapacidad

    Una novedad significativa de esta feria fue la experiencia de inclusión de personas con discapacidad, considerada “muy valiosa en términos emocionales, pedagógicos y de autonomía personal”. 

    Los equipos que acompañan las experiencias de huertas en las que participan personas con discapacidad pudieron destacar que “la feria permite desarrollar habilidades sociales y laborales que no siempre pueden medirse cuantitativamente, pero que tienen un profundo impacto en las trayectorias personales”.

    Además, varias opiniones subrayaron el valor humano del trabajo colectivo, el fortalecimiento de vínculos entre huerteras y la importancia de generar espacios de este tipo con mayor frecuencia.

    En términos más amplios, la agricultura urbana como política pública, desde una perspectiva agroecológica, constituye una estrategia clave para fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria en las ciudades neuquinas. Su expansión permite diversificar la producción local, acercar alimentos frescos y saludables a las familias y recuperar prácticas y saberes populares vinculados al cultivo y al cuidado del ambiente, resaltando el perfil local y la cultura arraigada en nuestra identidad y territorio y generando oportunidades reales de trabajo y aprendizaje en nuestras ciudades.

    El director del Programa, Aldo González, destacó el valor social y productivo de la experiencia, “como programa, llevando adelante estas políticas en nuestra provincia, nos sentimos profundamente agradecidos con las huerteras, huerteros, emprendedoras, instituciones y equipos que hicieron posible esta nueva edición”.

    La feria volvió a demostrar que producir en las ciudades y encontrarse siguen siendo formas esenciales de la organización comunitaria para cultivar vínculos solidarios, futuros saludables y sostenibles para las familias neuquinas desde el desarrollo local”.

    The post Feria de Agricultura Urbana: más de 70 huerteros impulsaron la producción local first appeared on Alerta Digital.

     

    Difunde esta nota
  • Temporal en Neuquén: habilitaron las rutas en la zona petrolera

     

    El jefe de Defensa Civil de Rincón de los Sauces, Carlos Escobar, confirmó que la localidad neuquina se encuentra recuperándose del fuerte temporal registrado durante los últimos días. “Se planificó un corte por seguridad y prevención, desde las 15 hasta las 8 de la mañana, que fue levantado al habilitar nuevamente el tránsito”, explicó el funcionario en diálogo con AM Cumbre 1400.

    El operativo, coordinado entre Protección Civil provincial, Vialidad y la Policía, afectó principalmente los accesos por Desfiladero (Ruta 6) y Carranza (Ruta 5). Desde el lunes, ambas rutas funcionan con normalidad y se continúa con las tareas de limpieza y reacondicionamiento.

    El Arroyo Carranza volvió a habilitarse

    Escobar indicó que el Arroyo Carranza ya puede cruzarse sin inconvenientes, luego de que el caudal bajara y se completaran los trabajos de seguridad. “Ya se habilitaron los cortes y está funcionando con normalidad”, afirmó. Durante la tormenta, las intensas lluvias provocaron un repentino aumento del nivel del agua, lo que sorprendió a varios conductores.

    “Había vehículos que estaban pasando y todavía se podía transitar, pero estos tres autos recibieron el golpe de agua que los pasó por arriba”, relató el jefe de Defensa Civil. Afortunadamente, todas las personas fueron rescatadas y trasladadas a los hospitales de Rincón y Añelo, donde recibieron atención médica. “Están todos bien”, confirmó.

    Un temporal que volvió a poner en alerta a la región

    El funcionario explicó que las lluvias se concentraron principalmente en las afueras de la ciudad, provocando interrupciones en caminos rurales, aunque sin daños graves dentro del casco urbano. “Ahora hemos tenido un cese de las descargas de agua y pudimos reacomodar los servicios”, señaló.

    El fenómeno se suma a otros episodios similares ocurridos en la zona norte de Neuquén, donde la geografía árida y los cauces secos durante gran parte del año agravan el impacto de las lluvias repentinas. Escobar remarcó que, pese a la magnitud del temporal, no hubo víctimas ni daños estructurales importantes, y que la prioridad fue mantener informada a la población.

    Proyecto de puente sobre el Arroyo Carranza

    Ante la reiteración de estos eventos, la municipalidad de Rincón de los Sauces y la Dirección Provincial de Vialidad avanzan con un proyecto para construir un puente sobre el Arroyo Carranza, uno de los puntos más críticos durante las lluvias. “La intendencia viene trabajando en el proyecto para poder gestar este puente. Ya se hizo la licitación correspondiente y está en ejecución”, informó Escobar.

    La obra requerirá tiempo y planificación, ya que el cruce tiene más de 100 metros de extensión y debe contemplar el arrastre de sedimentos y la velocidad del agua en momentos de crecida. “La fuerza con la que baja el caudal es insostenible”, describió el jefe de Defensa Civil, destacando que se trata de una infraestructura clave para evitar nuevos cortes y riesgos para los vecinos.

    De cara a los próximos días, Defensa Civil mantiene un seguimiento permanente del pronóstico meteorológico ante posibles nuevas tormentas. “Estamos haciendo los seguimientos correspondientes y las notificaciones preventivas para mantener informados a los vecinos y transeúntes”, explicó Escobar.

    El funcionario recordó que estos fenómenos son frecuentes en la zona y que la rápida comunicación y el cierre preventivo de rutas resultan fundamentales para reducir riesgos. La prioridad, aseguró, es “prevenir antes que lamentar”.

    Tras el temporal, la localidad retomó su ritmo habitual. Las rutas están habilitadas y en condiciones de tránsito, los servicios se restablecieron y se continúa con tareas de mantenimiento en caminos rurales. “Lo importante es que no hubo víctimas”, destacó Escobar, quien agradeció la colaboración entre los equipos locales y provinciales durante la emergencia.

    The post Temporal en Neuquén: habilitaron las rutas en la zona petrolera first appeared on Alerta Digital.

     

    Difunde esta nota
  • Denuncian a la SIDE por habilitar tareas de espionaje ilegal sobre opositores y grupos sociales

     

    Una denuncia penal presentada por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) contra los jefes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) los acusa de abuso de autoridad por aprobar un Plan de Inteligencia Nacional que habilita tareas de espionaje sobre grupos vulnerables, actores sociales y voces críticas, en abierta violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Desarticular la protesta social a partir de la agudización de la crisis ecónomica y particularmente aplacar la resistencia en las provincias es uno de los principales objetivos luego de la aprobación de la Ley de Bases. Por ANRed.


     

    Hace unos días se filtro parte del Plan de inteligencia para el 2025 (PIN). Las denuncias se hicieron concretas a partir de la públicación de la Revista Crisis. El PIN, elaborado por la SIDE bajo la administración de Javier Milei, instala un esquema de vigilancia y control que apunta directamente contra voces disidentes, opositores políticos, movimientos sociales, ambientalistas, pueblos originarios, periodistas, sindicalistas y referentes opositores. Lejos de tratarse de un plan técnico o preventivo, el PIN operará como una herramienta política de persecución, basada en definiciones vagas y arbitrarias que habilitan el espionaje interno y la criminalización de la protesta.

    Con el pretexto de proteger el “orden constitucional” o el “desarrollo de la infraestructura estratégica”, el gobierno utilizaría la inteligencia estatal para catalogar como amenazas a quienes cuestionen sus políticas.El plan incluso se atreve a identificar el “anarquismo” como forma de terrorismo, en un intento evidente de criminalizar. Detrás se guardan desafios que sabe el gobierno que enfrentará. Todavía están frescas las rebeliones del 2020 contra la instalación de la megaminería en Chubut y el Mendozazo en el 2019 a penas asumido Alberto. Incluso en Jujuy también una rebelión que duró varias semana hasta se realizó un acampe en el centro de CABA (El tercer malón de la paz) . También las jornadas de protesta en toda la costa bonaerense contra las petroleras offshore.

    Hoy organismos de derechos humanos y actores sociales presentaron una denuncia penal contra las máximas autoridades de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, por abuso de autoridad. La acusación se centra en un Plan de Inteligencia Nacional y una orden secreta recientemente revelada, que habilitan a los servicios de inteligencia a vigilar y monitorear a grupos sociales, opositores, periodistas, académicos y ambientalistas bajo definiciones amplias y vagas. El plan amplía de forma riesgosa el concepto de terrorismo y legitima la persecución ideológica, incluyendo el espionaje sobre protestas y reclamos históricos. También apunta al seguimiento de conflictos socioambientales y a pueblos originarios. Todo esto contraviene la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, por lo que se exige una investigación judicial para determinar si ya se realizaron acciones ilegales y quiénes son los responsables.

    El texto fue publicado hoy por el CELS:

    «Denunciamos penalmente por abuso de autoridad a Sergio Neiffert, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y a Diego Kravetz, director general de Operaciones de la SIDE. La denuncia apunta a sus responsabilidades en la aprobación de un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y el dictado de una orden secreta que habilita a la SIDE a “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” de la Argentina y a actores que puedan capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local.

    Una parte sustancial de las tareas de inteligencia, que son esencialmente secretas, estaría volcada a vigilar y caracterizar la conversación pública: lo que se dice y cómo se dice en medios y en redes sociales. Las opiniones comienzan a adquirir las características de una amenaza para el PIN cuando “promuevan la conflictividad” -una práctica de autoridades y grupos afines al gobierno, por otra parte- o cuando erosionen “la confianza” en las instituciones económicas o la reputación de empresas asentadas en el país.

    La extensión de las tareas de inteligencia es enorme y tiene definiciones vagas. Pueden vigilar, según su plan, a “actores de interés”, “actores estratégicos”, “actores no estatales”, actores que tengan la capacidad de “manipular la percepción” de las personas, que promocionen la fragmentación social, sin una explicación de qué significan esos adjetivos y si tienen límites. La definición concreta y operativa queda en manos de los funcionarios de la SIDE: son quienes van a definir quiénes encarnan una amenaza. El PIN habilita la vigilancia secreta de la expresión política opositora en el espacio público, pero también de referentes sociales, economistas, periodistas, académicxs, artistas y cualquier voz crítica.

    Todas estas actividades son abiertamente contrarias a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. Por eso en la denuncia pedimos, además de una serie de medidas de prueba para esclarecer estos hechos, que se determine si ya hubo acciones concretas basadas en la orden secreta y el PIN, para poder definir las responsabilidades penales.

    El PIN contiene “Lineamientos Estratégicos” y “Objetivos Generales de Inteligencia”, del que se desprenden “Objetivos Particulares de Inteligencia” y de ellos “Necesidades de Inteligencia”.

    Las Necesidades de Inteligencia del Objetivo Particular de Inteligencia 5 del Lineamiento Estratégico 3, por ejemplo, habilitan la vigilancia de actividades y expresiones políticas y sociales que consideren amenazas o en proceso de radicalización. Si nos remitimos a medidas o declaraciones de funcionarios para entender cuáles podrían ser esas amenazas podemos remontarnos al año pasado, cuando el gobierno usó ese tipo de calificativos para hablar de manera prejuiciosa y estigmatizante de manifestantes, de grupos anarquistas o antifascistas. El Objetivo Particular de Inteligencia 6 del mismo Lineamiento Estratégico apunta a los “potenciales impactos negativos en el desarrollo del sistema de Defensa Nacional” y allí los sospechosos podríamos ser los organismos de derechos humanos.

    El PIN amplía el concepto de terrorismo de una forma muy peligrosa. Podrían quedar bajo vigilancia actividades y personas por su orientación ideológica o por sus reclamos históricos. El paraguas es tan amplio que habilitaría la vigilancia de manifestaciones públicas y de protestas que pudieran ser “oportunidad” para acciones terroristas. El plan identifica al “terrorismo anarquista” como blanco principal, lo que puede derivar en persecución ideológica: expresar ideas anarquistas sería suficiente para entrar en una lista de vigilancia.

    El Plan de Inteligencia se enfoca también en seguir la conflictividad socioambiental y vigilar tanto al activismo ambientalista como a los pueblos indígenas –grupos que pretendan proteger patrimonios culturales y/o sagrados–. La mirada está puesta en situaciones y actores con capacidad de incidencia política o de obstruir proyectos extractivos, que puedan afectar la “extracción, transporte y/o comercialización” de recursos naturales estratégicos. También incorpora como objetivo el seguimiento de instancias internacionales –sistemas de protección de derechos, cooperación internacional pública y privada– que intervengan frente a “eventos climáticos extremos, la degradación del ecosistema y pérdida de biodiversidad”. Quienes promuevan acciones para evitar estas consecuencias de la matriz productiva extractivista son considerados actores “adversos al interés nacional”.

    Aunque el Estado Nacional lo haya negado en un comunicado breve, está habilitando a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional a desplegar tareas de identificación, seguimiento, monitoreo, búsqueda, producción y acopio de información sobre personas y grupos por razones políticas. Es ilegal y tiene que rendir cuentas.»

     

    Difunde esta nota
  • Vuelos afectados: el paro de controladores pone en vilo a pasajeros y cargas

     

    El conflicto entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) pone en vilo a pasajeros y transporte de cargas en todo el país. Por el momento, las medidas de fuerza se realizan por la noche, afectando las cargas y logística, pero no se descarta que se profundicen para el fin de semana largo entre el viernes 21 y el lunes 24 de este mes.

    Dentro del calendario de paros escalonados anunciados por ATEPSA para el mes, los días 21 y 24 de noviembre se presentan como jornadas de potencial afectación a la actividad aerocomercial.

    Las medidas de fuerza se están llevando a cabo en franjas horarias específicas, principalmente durante la noche (entre las 22:00 y las 06:00 horas), e impactan directamente sobre el transporte de carga. En este lapso, el gremio ha instruido la no autorización de despegues de aeronaves destinadas exclusivamente a esta actividad ni la recepción de sus planes de vuelo.

    El sindicato, que nuclea a más de mil trabajadores esenciales para la seguridad aérea, reclama el incumplimiento de acuerdos laborales y paritarios firmados por la EANA, entidad dependiente del Estado Nacional.

    Impacto en la cadena logística

    La interrupción de las operaciones de carga en horario nocturno ya está generando demoras y complicaciones en la cadena logística y comercial del país. Productos de alto valor o perecederos que dependen de la celeridad del transporte aéreo se ven afectados, lo que puede tener un efecto dominó en los plazos de importación y exportación.

    Según un comunicado difundido por el gremio, a pesar de que las medidas buscan «evitar afectar las operaciones de pasajeros», la «falta de gestión» de EANA «agrava la situación» y profundiza el conflicto colectivo.

    Advertencia de profundización del conflicto

    La tensión podría escalar, mañana se realizará un plenario nacional de delegados de ATEPSA. En esta instancia, los controladores analizarán si profundizan el plan de lucha ante la falta de respuestas de la empresa.

    El sindicato ha advertido que, si EANA no cumple con los compromisos asumidos y no convoca al diálogo, se verán obligados a incrementar las «medidas legítimas de acción sindical». Esto podría implicar una ampliación de los horarios de paro o la extensión de las restricciones a los vuelos comerciales de pasajeros, un escenario que las aerolíneas y los viajeros esperan evitar, especialmente en la víspera del fin de semana largo.

    The post Vuelos afectados: el paro de controladores pone en vilo a pasajeros y cargas first appeared on Alerta Digital.

     

    Difunde esta nota
  • “El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel es una crítica al accionar punitivo del estado”

     

    A comienzos de junio la Cámara Federal de Casación Penal convalidó la sentencia dictada en diciembre de 2023 a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca por la cual fueron condenados cinco integrantes del Grupo Albatros de la Prefectura Naval por el homicidio de Rafael Nahuel. El joven mapuche de 22 años fue asesinado por la espalda mientras escapaba, junto a otros manifestantes, de una persecución brutal en la zona del Lago Mascardi, en Bariloche. En diálogo con ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), afirmó que “la justicia vuelve a ratificar que los imputados nunca debieron haber utilizado sus armas de fuego en aquellas circunstancias”.

    Si bien no se logró el cambio de calificación legal que pretendían las querellas y que hubiera permitido condenas mayores al desestimar la figura de “exceso en la legítima defensa”, lo resuelto por el máximo tribunal penal del país ratifica lo que organizaciones sociales y de derechos humanos vienen denunciando desde hace años: los desalojos de comunidades originarias se realizan con exceso en el uso de la fuerza del estado y provocan daños irreversibles en quienes se manifiestan y reclaman por sus derechos.

    Así ocurrió con el brutal operativo que provocó la muerte de Rafael Nahuel, el joven de 22 años asesinado por una bala de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en 2017 mientras la comunidad Lafken Winkul Mapu intentaba preservar sus tierras.

    Cabe recordar que el hecho fue juzgado en debate oral y público realizado a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca –con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava- durante los últimos meses de 2023, cuando cinco integrantes de la PNA resultaron condenados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma y en exceso de legítima defensa. Cuatro de ellos, como partícipes necesarios y el quinto, como autor del disparo letal.

    Todos recibieron, según su grado de participación en el crimen, la máxima pena para el delito imputado pero ninguno fue condenado a penas superiores a 5 años y 8 meses de prisión ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado y en exceso de legítima defensa.

    Tal como sostuvieron desde el inicio de la causa las querellas de la APDH –en su carácter de organización de la sociedad civil- y la de la familia de la víctima, nunca se probó la necesidad de defensa de los prefectos con sus armas reglamentaria porque, en rigor, nunca existió agresión de los manifestantes.

    No obstante, luego de la sentencia de 2023 existía la posibilidad de que, en instancia revisora, se revirtieran las condenas y se absolviera a los cinco integrantes del Grupo Albatros, tal como lo solicitaron ante la Cámara Federal de Casación Penal las defensas y en un contexto político propicio para el otorgamiento de beneficios a los agentes de seguridad involucrados en graves casos de violencia institucional.

    De allí que la reciente confirmación de la condena por parte del máximo tribunal penal del país no deja de representar un avance porque, tal como sostiene el vicepresidente de la APDH nacional, Guillermo Torremare, “la justicia vuelve a ratificar que los imputados nunca debieron haber utilizado sus armas de fuego en aquellas circunstancias”.

    “Hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados”, agregó.

    “Hoy es muy fácil encontrar artículos periodísticos de la época en los que se afirmaba la inocencia de los agentes de seguridad y el supuesto ejercicio de legítima defensa frente a las agresiones de los integrantes de la comunidad mapuche que resistían el desalojo, pero nunca se aportó una sola evidencia que diera cuenta de esa realidad. Más bien lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse”, amplió Torremare.

    Y concluyó: “El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del estado”.


    Fuente: https://www.andaragencia.org/el-fallo-de-casacion-sobre-el-asesinato-de-rafael-nahuel-es-una-critica-al-accionar-punitivo-del-estado/

    La entrada “El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel es una crítica al accionar punitivo del estado” se publicó primero en Indymedia Argentina Centro de Medios Independientes (( i )).

     

    Difunde esta nota